La escasez de mano de obra calificada en oficios técnicos se consolidó como uno de los factores que más inciden en la formación de precios y honorarios en Argentina.

Electricistas, gasistas, plomeros, herreros y soldadores matriculados conforman un segmento clave para el funcionamiento cotidiano de hogares y comercios, en un contexto en el que la demanda de estos servicios se mantiene elevada y la oferta disponible muestra señales de restricción. La ausencia de aranceles de referencia a nivel nacional profundiza la dispersión de valores y deja la definición de precios librada, en gran medida, a las condiciones del mercado.

A diferencia de otras actividades profesionales, los oficios técnicos no cuentan con una estructura tarifaria unificada. Los honorarios se determinan según el tipo de trabajo, la urgencia, la complejidad, la zona geográfica y, en algunos casos, la necesidad de certificaciones o habilitaciones formales. En ese marco, la menor cantidad de profesionales matriculados disponibles se traduce en valores crecientes para determinados servicios y en una amplia variabilidad de precios entre quienes ofrecen tareas similares.

La demanda de servicios técnicos se mantiene firme, impulsada por distintos factores:

• La necesidad de mantenimiento y reparación de instalaciones existentes.
• La postergación en la renovación de bienes durables en muchos hogares, que priorizan extender la vida útil de artefactos y sistemas eléctricos, de gas o sanitarios.
• Esta combinación refuerza la presión sobre un mercado donde la cantidad de profesionales habilitados no crece al mismo ritmo.

Daniel Garro, economista y director de Value International Group (VIG), dijo a Infobae que el problema de fondo no se limita a la cantidad de personas disponibles, sino al tipo de perfil que demanda el mercado. “En Argentina faltan empleados y sobran trabajadores. A las empresas les está costando encontrar empleados, incluso aunque estén matriculados o tengan títulos”, explicó.

Según su análisis, esta diferencia incide directamente en la formación de precios, ya que quienes logran cubrir la demanda con mayores capacidades terminan accediendo a mejores ingresos.

Garro remarcó que la escasez de perfiles que cumplan con los requisitos que hoy demanda el mercado genera una segmentación en los honorarios.

“El que tenga la habilidad de ser empleable, sea profesional o no, va a tener salarios altos. El trabajador va a seguir teniendo salarios bajos. Eso genera una fuerte dispersión en costos”, afirmó el director de (VIG).

En el rubro de la electricidad, los honorarios se fijan mayormente por trabajo realizado. Las tareas más frecuentes, como la instalación de una boca eléctrica completa, presentan valores de mano de obra que oscilan entre 22.000 y 35.000 pesos.

En el caso de instalaciones dedicadas para equipos de aire acondicionado, que requieren circuitos independientes y protecciones específicas, los valores se ubican entre 33.600 y 67.000 pesos.

Las visitas técnicas o diagnósticos, incluso sin ejecución posterior del trabajo, suelen cobrarse entre 20.500 y 30.900 pesos. Cuando se trata de intervenciones de mayor complejidad, como acometidas eléctricas o trabajos en tableros, los montos pueden superar con facilidad los seis dígitos.

La disponibilidad limitada de electricistas matriculados influye no solo en los precios, sino también en los tiempos de respuesta. En situaciones de urgencia, los recargos por trabajos fuera de horario o en días no laborables incrementan aún más los valores finales.

El mercado de gasistas matriculados presenta particularidades adicionales. Muchas tareas requieren certificaciones formales ante las distribuidoras, lo que restringe aún más la oferta. Solo los profesionales habilitados pueden realizar determinadas intervenciones, como pruebas de hermeticidad o trámites de habilitación.

Una visita técnica o diagnóstico puede costar entre $17.000 y $56.000. La instalación de artefactos como cocinas, calefones o termotanques a gas muestra rangos de mano de obra que van desde $61.000 hasta $160.000, según el tipo de equipo y las condiciones de la instalación.

Las pruebas de hermeticidad, necesarias para certificar cañerías, se cobran entre $33.000 y $120.000. En el caso de habilitaciones completas ante la empresa distribuidora, los honorarios suelen ubicarse entre $266.000 y $353.000. Estos valores reflejan, en parte, la menor cantidad de gasistas matriculados disponibles para realizar este tipo de trámites.

José Vargas, economista y director de Evaluecon, dijo a Infobae que “la escasez de mano de obra calificada en estos oficios técnicos tiene una incidencia directa en los honorarios y en la formación de los precios”. Según detalló, la falta de regulación nacional y la escasez de oferta generan “una altísima dispersión de precios en la economía”.

La plomería es uno de los oficios donde la escasez de profesionales disponibles se hace más visible en situaciones de urgencia. Una visita con diagnóstico suele cobrarse entre $17.000 y $25.000. Las destapaciones simples se ubican entre $30.000 y $55.000, mientras que aquellas que requieren maquinaria específica pueden alcanzar valores de entre $50.000 y 90.000 pesos.

Las reparaciones de pérdidas visibles tienen un rango de entre 20.000 y 35.000 pesos. Cuando la pérdida se encuentra empotrada y requiere roturas de paredes o pisos, los valores ascienden a entre $50.000 y 100.000 pesos. La instalación de artefactos sanitarios, como inodoros o bidets, se cobra entre 30.000 y 60.000 pesos, siempre sin incluir materiales.

Vargas contó que la informalidad juega un rol relevante en este segmento.

“La informalidad hace que por ahí el honorario sea relativamente más bajo, y eso contiene un poco que los precios no sean mucho más elevados”, explicó el economista de Evaluecon. Sin embargo, advirtió que esta situación también implica mayores riesgos para los hogares que contratan servicios sin certificación.

En herrería y soldadura no existen listas de precios de referencia ampliamente difundidas. Los trabajos se presupuestan por proyecto, por metro lineal o por hora de trabajo, según el tipo de pieza, el diseño y la complejidad.

En el mercado, la mano de obra suele cotizarse por hora en rangos que pueden ir desde $15.000 hasta $40.000 o más, dependiendo del trabajo.

La escasez de profesionales con disponibilidad inmediata, sumada al costo de los materiales y a los tiempos de fabricación, hace que los valores se definan caso por caso. En muchos presupuestos se separa el costo de la mano de obra del de los insumos y del montaje en obra.

En el caso de los soldadores, la diferencia entre el trabajo en relación de dependencia y el ejercicio independiente es marcada. Mientras los ingresos mensuales como empleados resultan más acotados, los servicios independientes se cotizan a valores más elevados, especialmente cuando se trata de trabajos en estructuras metálicas o en condiciones particulares.

La matriculación y las certificaciones cumplen un rol central en la dinámica de precios. Por un lado, ofrecen mayor seguridad y respaldo técnico. Por otro, reducen la cantidad de oferentes disponibles, lo que impacta en los honorarios. Vargas destacó que muchos organismos sugieren honorarios tentativos, pero aclaró que “la oferta y la demanda en el mercado determinan cuál es el precio”.

Según datos relevados por Evaluecon, entre el 30% y el 35% de los hogares no solicita matrícula o certificación al contratar servicios como plomería o gas. “Muchas veces se da por recomendaciones, cercanía o confianza, y eso forma parte de costos relativamente más bajos”, explicó Vargas. Esta conducta contribuye a sostener la dispersión de precios entre servicios formales e informales.

Daniel Garro, por su parte, sostuvo que la informalidad tendería a reducirse con el tiempo, a medida que el mercado priorice resultados. “La gente va a empezar a mirar si sos bueno haciendo el trabajo o no. Las referencias van a jugar un rol clave”, afirmó.

La información relevada muestra que la escasez de oferta de profesionales matriculados atraviesa a todos los oficios técnicos. La combinación de alta demanda, requisitos de habilitación y ausencia de aranceles regulados genera un escenario de precios heterogéneos y honorarios en alza para determinados servicios.

En este contexto, los hogares y comercios enfrentan una disyuntiva recurrente: contratar a un profesional matriculado, con costos más elevados y mayor respaldo técnico, o recurrir a la informalidad, con valores más bajos pero mayores riesgos. Mientras tanto, la oferta limitada de mano de obra calificada continúa siendo un factor central en la formación de precios en los oficios en la Argentina.

El especialista, que avaló desde el inicio los pilares fiscales, monetarios y cambiarios del programa económico de Javier Milei, reconoció en diálogo con Infobae la desaceleración de la inflación y el repunte de la actividad en términos agregados, pero advirtió sobre el impacto de las importaciones y el cierre de empresas, en especial en las ramas textil y alimentaria.

A pesar de que el Gobierno logró aprobar el primer Presupuesto en años y cumplió con pagos de deuda por más de USD 4.000 millones en los primeros días de enero, persisten nubarrones en la economía real. Los cierres industriales y la debilidad del consumo, en contraste con una mayor apertura y la eliminación de retenciones y regulaciones, concentran parte del debate. Frente a este escenario, Carrino detalla sus expectativas para el año y los desafíos que enfrenta la política económica.

— ¿Cómo evalúa el debut del ajuste de las bandas cambiarias por la inflación de los dos meses previos, con intervención del Banco Central dentro de esos límites?

— Creo que el cambio tuvo que ver con datos de inflación que no fueron tan buenos como se esperaba. Si hay una banda que se ajusta al 1% mensual pero la inflación da muchos meses por encima de 2%, entonces el techo está cayendo en términos reales y eso puede hacer que la cotización del dólar llegue al techo y el Banco Central tenga que comenzar a vender reservas.

Este escenario no es muy deseado por nadie, entonces creo que la solución que se encontró fue que las bandas pasen a ajustarse al ritmo de la inflación. Por supuesto, todavía puede el dólar llegar al techo, o bien podría quedarse tranquilo en el medio. Al primer escenario le resto probabilidad.

— ¿Debería generar preocupación que, mientras el Banco Central compra reservas emitiendo pesos, el Tesoro intervenga comprando esas reservas para esterilizar pesos y pagar deuda?

— Bueno, de alguna forma es lo que ha venido pasando en años anteriores. En 2024 el BCRA compró USD 18.700 millones, y el Tesoro usó USD 15.200 millones para pagar deuda. En 2025 esa dinámica no fue posible porque el BCRA dejó de comprar reservas y hasta tuvo que vender. Pero en lo que va del año, el BCRA compró más de USD 1.150 millones, y las reservas brutas acumulan un aumento de USD 3.300 millones a pesar de que el Tesoro canceló deuda por casi el doble de ese monto.

El problema de fondo sigue siendo el índice de riesgo país que todavía impide que Argentina normalice la refinanciación de los vencimientos de su deuda.

Hasta que esta vía no sea posible, vamos a ver que el superávit fiscal primario se usa para comprar dólares y hacer frente a los compromisos de deuda. Y esos dólares se compran parte al mercado y parte al BCRA, sin por ahora reducir la acumulación de reservas internacionales.

— ¿Considera que el Ministerio de Economía y el Banco Central están reaccionando ante lo que marcan los mercados?

— En parte parecería que sí. Que vieron un clamor por la compra de reservas como una demanda genuina del mercado y entonces decidieron actuar. Tal vez lo mismo con el tema de las bandas, para evitar que el techo siguiera apreciándose en términos reales.

Ahora ya que estamos con el tema del Banco Central y el Tesoro, a mí me gustaría ver una mayor separación entre ambos y una mayor transparencia. Por un lado, no se ha establecido, en ya más de dos años, un objetivo explícito de inflación. Por el otro, tampoco queda tan claro qué instrumento se utiliza. Se ha hablado de M2 Privado, de Base Monetaria Amplia, de Base Monetaria tradicional…

Finalmente, cuando uno mira las series que publica el propio BCRA, encuentra que gran parte de la explicación de la expansión o reducción de la cantidad de dinero está registrada bajo el nombre de “otros” o “resto de operaciones con el sector público”. Entonces: ¿Qué está pasando?

Lo ideal sería que en el área monetaria se haga lo que se busca hacer en otros temas: normalizar las cosas, y para ello se necesita independencia del Banco Central, una política monetaria claramente expuesta, y rendición de cuentas con un informe mensual de objetivos, resultados y una conferencia de prensa periódica. Esto ayudaría a anclar expectativas. La reciente publicación del Informe de Política Monetaria (IPOM), -29 de enero-) es un avance en este sentido.

— Algunos economistas advierten señales de saturación en el plan de estabilización, porque la inflación mensual dejó de bajar y la actividad económica no muestra recuperación. ¿Cómo lo ve usted?

— A mí también me preocupa la aceleración de la inflación de los últimos meses de 2025. Por un lado, tiene que ver con lo que comentábamos más arriba. La política monetaria ha sido lo más “raro” de todo el plan de estabilización.

Se dijo por mucho tiempo que no se emitía más dinero, pero entre 2024 y 2025 la base monetaria aumentó en $33 billones, multiplicándose por 4 contra diciembre de 2023. Entonces si decimos que no emitimos dinero, pero la inflación es 30% anual, rápidamente muchos van a decir que el monetarismo no sirve o que la inflación no es un fenómeno monetario. Tal vez sería mejor decir que se emite dinero por determinados motivos, y que eso puede generar un descenso más lento de la inflación.

De todas formas –y siguiendo un análisis que hice hace unos años con la economista Pamela Morales Jourdan– también es cierto que en todos los países en que hubo éxito en la desinflación desde niveles similares a los que tuvimos nosotros en 2022-2023, el tiempo promedio fue de nueve años hasta llegar a una tasa de un dígito sostenida en el tiempo. Pero dado que en Argentina el resultado fiscal se corrigió de shock, es de esperar que baje mucho más rápido que el promedio de otras experiencias exitosas.

En materia de actividad, lo que surge de los datos es que 2025 fue un año de recuperación, donde hay sectores a los que les cuesta más que a otros, como industria y construcción, que sufrieron mucho en 2024.

Pero, por un lado, la economía necesitaba una reconfiguración: por muchos años se castigó a los sectores eficientes con precios máximos y se premió a los ineficientes con subsidios y proteccionismo. Eso no se puede arreglar sin costos de corto plazo, incluso si el gobierno fuera el más gradualista de los gradualistas.

Por el otro lado, si la mayoría de la dirigencia política, y no solamente el gobierno, acepta ciertas premisas básicas como el valor del equilibrio fiscal, el valor de la disciplina monetaria, y el valor del sector privado para impulsar el crecimiento económico, este año podría ser el segundo año de un largo proceso de crecimiento y estabilidad para el país.

— Para reactivar la economía, y especialmente el empleo, ¿qué considera más relevante: una reforma tributaria o una reforma laboral?

— No tengo una respuesta sobre la relevancia, pero sí sobre la factibilidad. En primer lugar, me arriesgaría a decir que si se quiere arreglar un problema del mercado X, hay que empezar por corregir los defectos de ese mercado. En consecuencia, iría primero por la reforma laboral. Además, las regulaciones son pesos y mochilas distintas a las de los impuestos, pero pesos y mochilas, al fin y al cabo. En ese sentido, cualquier remoción de trabas debe ser bienvenida.

Ahora en cuando a la factibilidad, es mucho más posible desregular un sector y así promover la iniciativa privada en él, que reducir más los impuestos en un contexto donde el margen fiscal tampoco es tan amplio.

A pesar del logro histórico de cerrar 2025 con dos años consecutivos de superávit fiscal primario, por la metodología oficial el superávit financiero el año pasado cerró en 0,2%. ¿Cuánta recaudación se puede sacrificar para bajar impuestos en el corto plazo? Claro, siempre se puede argumentar que se puede bajar los impuestos si se baja el gasto, pero ya hemos visto la resistencia institucional que existe para achicar el gasto público a pesar de las intenciones del presidente Milei.

— ¿La política de apertura económica impulsada por el Gobierno beneficia al consumidor, pero perjudica a la industria manufacturera?

— Como le decía antes, algo de esto podemos llegar a ver. El año pasado, por ejemplo, se duplicó la importación de vehículos automotores según el Indec. Claramente, muchos de estos vehículos son vehículos que el consumidor eligió en detrimento de otros de fabricación nacional y esto puede traer consecuencias negativas en esa industria en particular, o en algunos segmentos de dicha rama.

Ahora bien, hay que aclarar que el crecimiento es desde niveles muy bajos, en 2025 se importó 12,4% por encima del promedio de 2010-2018, mientras que en 2023 se importaron autos 63,4% por debajo de dicho promedio. Además, históricamente las importaciones de autos representaron el 6% del total de importaciones, y si a esto le sumamos otros bienes de consumo, llegamos al 18 por ciento.

Es decir, el 82% de las importaciones de Argentina son bienes de capital u otros insumos para la producción. ¿Qué quiere decir esto? Que sí, que algunas importaciones amenazarán a algunos sectores de la industria local, pero otras los van a potenciar, mejorar y hacer crecer más que antes.

Por último, no se nos tiene que olvidar una regla económica elemental: todo lo que los consumidores de cualquier bien, insumo o de consumo final, se ahorren en la compra de ese bien, porque lo consiguieron más barato gracias a la importación, serán recursos que van a destinarse al ahorro, bajando las tasas de interés de los créditos, o a demandar bienes de otros sectores de la economía, que tendrán así un impulso. Es por esto que existe tanto consenso en la profesión y la academia a favor de la apertura comercial.

— El presidente Javier Milei afirmó que su gestión ya concretó 13.700 desregulaciones. ¿Esta dinámica se percibe más en la macroeconomía que en la micro?

— Hay una realidad con “la micro”, como suele llamarse al día a día del bolsillo de las familias. Si bien hay recuperación del salario real después de la caída de principios de 2024, todavía estamos en niveles lejanos a los de alguna vez en el pasado, como 2017 o 2015.

Además, la necesaria actualización de tarifas hace que las familias hoy tengan menos ingreso para gastar en bienes de consumo, en retail o en esparcimiento, simplemente porque tienen que pagar el verdadero valor de servicios públicos como el gas, la electricidad, el combustible y el transporte. Pero el otro esquema era completamente insostenible. O sea que en el pasado por privilegiar “la micro” se destruyó la macro, y sin macro no hay futuro.

— El debate sobre el nivel del tipo de cambio real parece haberse diluido entre los economistas. ¿Cree que el tipo de cambio actual permite competitividad a la producción nacional?

— Bueno, como le dije alguna vez, el tipo de cambio real, siempre y cuando sea un precio libre, es un precio relativo más de la economía. Y yo creo que el Gobierno no debe intervenir ad-hoc en los precios relativos de la economía. Hoy podría agregar a esto que el dólar oficial en la actualidad es lo más parecido a un precio libre de mercado desde el año 2019 al menos.

Ya no hay restricciones para comprar para atesorar, se pueden girar dividendos del año pasado, las empresas pueden importar… Es decir, casi no hay cepo, y lo que queda de él no tiene efectos sobre el precio del dólar, ya que no hay brecha.

Lo que sí hay es un techo para la banda que está destinado a evitar saltos “disruptivos” pero sin restringir acceso a los mercados. Es decir, mediante la venta de reservas. No será el esquema de flotación más limpio, pero mientras el dólar está entre las bandas, está casi completamente determinado por las fuerzas de la oferta y la demanda.

Y sobre la competitividad, hay que dejar de pensar que vamos a ser más competitivos con un precio más alto para el dólar. Hay que dejar de pensar que, si cierto número de personas viaja a Miami o a Brasil, son una amenaza para la macroeconomía.

La competitividad se consigue con reformas estructurales, orden macroeconómico y menos impuestos y gasto público. Si se hace todo eso, la moneda local se fortalece, y no hay ningún problema con eso. Los países más ricos del mundo tienen moneda fuerte, no “tipo de cambio real alto y competitivo”.

— Algunos especialistas alertan sobre el riesgo de “primarización” de las exportaciones y una posible desindustrialización. ¿Cuál es su mirada?

— La desindustrialización es un fenómeno que ha ocurrido en todos los países desarrollados. En los Estados Unidos, por ejemplo, la industria manufacturera representaba el 25,4% del PBI en 1947. Sin embargo, en 2021 el dato había caído a solo 11% según el Banco Mundial.

La desindustrialización norteamericana, sin embargo, no estuvo acompañada de un masivo desempleo ni de una caída del nivel de vida. De hecho, el PBI per cápita se multiplicó por cuatro en el mismo período, y también creció la esperanza de vida al nacer, pasando de 66,6 a 79,1 años.

Es que el valor que dejan de agregar la industria a la producción nacional, comienzan a aportarlo los servicios. Y esta deriva es un poco inexorable.

Incluso Donald Trump con todas sus medidas proteccionistas no pudo evitar que se siguieran perdiendo empleos industriales. Desde su anuncio de los “aranceles recíprocos” se perdieron 72.000 empleos más en la industria manufacturera. Si consideramos la serie desde 2000, la destrucción de empleo industrial asciende a 4,6 millones.

La pregunta que hay que hacerse entonces es, ¿Cómo es posible que, a pesar de esta destrucción, Estados Unidos tenga la tasa de desempleo en mínimos históricos? La respuesta es que la clave no es crear bienes manufacturados, sino crear valor. Y la economía libre sabe muy bien hacer eso, sin necesidad de proteccionismo estatal por el miedo a la desindustrialización.

— En 2025, las importaciones de bienes de capital mostraron un impulso relevante. ¿Qué impacto prevé sobre la productividad y la competitividad?

— Las importaciones de bienes de capital se incrementaron en 51,3% en dólares el año pasado, llegando a USD 15.000 millones, o el valor nominal más alto de toda la serie histórica. Es un dato a considerar, especialmente cuando se dice que “no llegan las inversiones”. Es cierto que no vemos grandes números de IED cuando miramos las estadísticas del Banco Central, pero sí podemos ver que hay un significativo ingreso de dólares a través de los créditos que están recibiendo las empresas privadas en el país, USD 14.000 millones entre enero y noviembre de 2025.

Entonces uno podría decir que estos créditos se están destinando a comprar bienes de capital que vienen del extranjero. Y esos bienes de capital son los que, si resultan estar bien invertidos, aumentan la productividad de la economía.

No podría decir el impacto exacto que va a tener en el PBI en 2026, pero sí te puedo decir que la forma en la que crecen los países es exactamente esta: aumentando la inversión que mejora la productividad.

— El Gobierno no logró alcanzar los principales supuestos macroeconómicos del Presupuesto 2025 que no aprobó el Congreso, en particular en materia de inflación, PBI, tipo de cambio y saldo comercial. ¿A qué lo atribuye?

— Bueno, para poner un poco en contexto recomiendo a la audiencia una nota de Damián Di Pace donde muestra que, en los últimos años, los presupuestos siempre estuvieron bastante alejados de la realidad. Tal vez una particularidad de este año es que, si bien el Presupuesto quedó demasiado optimista respecto de los hechos observados, la tendencia fue similar. Es decir, mostraba un descenso de la inflación y una recuperación de la actividad económica. Esto, si bien no ocurrió en las magnitudes anticipadas, sí pasó, más allá de que tenemos más inflación y menor crecimiento.

También habría que preguntarse qué habría pasado si la incertidumbre no se iba a las nubes en los dos o tres meses previos a las elecciones legislativas de octubre de 2025. Tal vez los números habrían sido un poco mejores. En cualquier caso, el tema de la inflación lo relaciono con lo que comentaba antes, los problemas de la política monetaria.

— ¿Qué expectativas tiene para 2026 y cómo observa los supuestos del Presupuesto?

— Bueno, claramente hay datos ahí que ya presentan un cumplimiento excesivamente difícil. El dólar hoy en el mercado cotiza ya en estos niveles, o sea que estaríamos proyectando un tipo de cambio que no se va a mover en todo el año. No digo que hay cero posibilidades de que ocurra, pero dada la inflación que aún es alta, me parece que tarde o temprano el dólar algo acomoda. A fin de año podría estar $1.500 o $1.550, igual subiendo menos que los precios.

En materia de inflación, para cumplir con el Presupuesto, los precios deberían subir 0,8% mensual en todo el año, o sea que la tasa de inflación debería derrumbarse un 70% respecto de diciembre. A corto plazo no lo veo, aunque no descarto que, para el segundo semestre, si la política monetaria se vuelve más convencional y menos laxa, entonces veamos números por el estilo.

Finalmente, el PBI sí va a seguir creciendo, pero condicionado, por un lado, a cómo avancen las reformas propuestas en el Congreso y, en segundo lugar, al contexto internacional, que está cada vez más preocupante con Trump, la Fed y el oro subiendo a su récord histórico.

— ¿Le gustaría agregar alguna reflexión final?

— Me ha llevado por todos los temas relevantes de la economía argentina actual, así que agradecerte por la entrevista. Finalmente, tal vez para resumir, decir que –al margen de los matices que he marcado– veo con buenos ojos el rumbo de la política económica del gobierno en general, pero sin dejar de reconocer que, tras años (o décadas) de ignorar principios básicos de economía, lo que estamos atravesando y seguiremos atravesando por algunos años, es una transición que no va a estar exenta de costos. Como diría Milton Friedman, “no hay almuerzo gratis”.

Fotos: Adrián Escandar

El duro enfrentamiento del Gobierno con el grupo Techint dejó un mensaje claro y contundente: la apertura de la economía no tiene marcha atrás y no es negociable. Aunque hay fuertes evidencias sobre la sobreoferta de acero a nivel internacional y las presiones chinas para sacarse de encima parte del stock sobrante a cualquier costo, la posibilidad de abrir una causa por dumping es virtualmente nula.

Techint perdió una licitación por ofertar 40% más caro la fabricación de tubos de acero para un gasoducto clave para la exportación de Gas Natural Licuado. Luego empató la propuesta ganadora en una segunda instancia. Esto fue inicialmente aceptado por YPF y Pampa Energía, pero el resto de las empresas del consorcio Southern Energy se negó. Harbour Energy, Golar y Pan American Energy optaron por hacer cumplir la propuesta ganadora en primera instancia.

La empresa que preside Paolo Rocca tendrá revancha, porque en tres meses habrá una compulsa por otro gasoducto y por un monto que podría quintuplicar el de la licitación polémica. Se trata de un nuevo megaproyecto, firmado el año pasado entre YPF y la italiana ENI, en el que también participa ADNOC, la petrolera estatal de Emiratos Árabes Unidos.

No solo un gigante como Techint ahora se verá sometido a una gran competencia internacional. Todas las empresas que producen bienes transables atraviesan un proceso similar. Los autos chinos representan una porción creciente del mercado de cero kilómetro y la compra de indumentaria, calzado y electrónica por plataformas internacionales ya es moneda corriente.

La apertura económica de Argentina era imprescindible, luego de décadas de fuertes controles y todo tipo de dificultades para importar y acceder a divisas. Esas restricciones llegaron a niveles extremos durante el gobierno de Alberto Fernández, dando lugar a un esquema de elevado nivel de corrupción. Los importadores relatan que debían pagar coima dos veces: para el otorgamiento de las SIRA (permiso para importar) y luego para que les autoricen a girar los dólares.

La apertura, sin embargo, pasa factura. La industria manufacturera, por ejemplo, está 12% debajo de los niveles de producción del año pasado y sigue casi 6% debajo de los niveles de noviembre de 2023, antes del cambio de gobierno. La construcción también está bien por debajo de los niveles previos a la llegada de Milei.

Tanto la industria como la construcción son mano de obra intensiva, por lo que los niveles de empleo de la economía se ven resentidos. Otro de los segmentos de la actividad que explica buena parte del empleo blanco es el comercio mayorista y minorista. La caída se mantiene en este caso también en niveles de 6% respecto a un año atrás.

El impacto sobre los márgenes de rentabilidad es sustancial y afecta prácticamente a todos los rubros. Algunas empresas directamente pasaron a mostrar números rojos. Y otras apenas logran mantenerse a flote.

Por un lado, tuvieron que adaptarse a una mayor competencia: la apertura de la economía las obliga a vender más barato. Esto resultó especialmente notorio en rubros como indumentaria y electrodomésticos. En línea blanca, por ejemplo, los precios cayeron hasta 25% en pesos de un año a otro.

El consumo presenta también realidades dispares. La venta de autos, motos o línea blanca voló el año pasado por la caída de precios y la financiación. Pero el consumo masivo, por ejemplo en supermercados, sigue de capa caída y sin señales de recuperación de corto plazo.

En este caso es la caída de salarios reales la que pasa factura Si bien aumentaron en dólares, la evolución de la inflación sigue por encima de la suba de ingresos. El índice de precios de enero será menor al de diciembre 2025, pero se mantendrá cómodamente arriba del 2 por ciento. La pregunta ahora es cuándo se volverá a perforar ese nivel. No es seguro que sea en febrero.

En un blog divulgado ayer, Domingo Cavallo consideró que el Gobierno va por el buen camino, aún en medio de las dificultades para que la recuperación se sienta en la calle: “La remonetización de la economía vía compra de reservas es la mejor opción para reactivar la economía”, aseguró.

“Lo mejor que podría hacer el Gobierno es acumular reservas y seguir avanzando en el levantamiento del cepo, con garantías de que no será reintroducido bajo ninguna circunstancia. Esto incluye declarar al dólar como moneda de curso legal”, explicó el ex ministro de Economía.

La renovada apreciación cambiaria y las tasas de interés altas al menos a principio de año también implican un escollo para las empresas en un contexto de márgenes cada vez más bajos.

En este contexto todavía complicado para la economía real, los empresarios tienen grandes expectativas en la reforma laboral que se discutirá en el Congreso a lo largo de febrero y que incluye también un capítulo impositivo.

Como repiten en la UIA, se trata de “nivelar la cancha” para poder competir con las importaciones de países que llegan con impuestos muchos más bajos y con esquemas laborales sustancialmente más flexibles y menos onerosos.

Las encargados de transmitir de los beneficios de la reforma laboral tanto al mundo político como en los medios son Patricia Bullrich (ahora como senadora) y del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El ministro del Interior, Diego Santilli, es el encargado de negociar con los gobernadores para obtener los votos en la Cámara Alta.

Pero aún en el caso que la reforma laboral consiga avanzar exitosamente, incluso con algunas concesiones, el tema que más inquieta al mundo empresario es otro: la industria del juicio.

Aunque la reforma es clara al introducir un esquema mucho más rígido para el rol de los abogados laboralistas y particularmente de los jueces, la realidad del mercado es cada vez más preocupante: récord de juicios por accidentes laborales, millonarios fallos por lesiones menores o inexistentes, proliferación de licencias de seis meses o un año por stress laboral.