Hace tres meses, Javier Milei echó al jefe de la ANSES Mariano de los Heros. Su pecado fue afirmar que se analizaba una reforma previsional. La Casa Rosada no le perdonó haber metido en la agenda un tema tan sensible cuya comunicación el Gobierno quería preparar con tiempo y estrategia.

Sin embargo, días atrás el ministro de Economía Luis Caputo, confirmó que habrá reforma previsional, aunque el proyecto recién se enviaría tras las elecciones legislativas, y cuando ya esté claro el panorama de otros cambios claves que se impulsan en materia laboral y tributaria. En este escenario, Caputo puso a un hombre suyo al frente de la ANSES, Fernando Bearzi.

Bearzi es el tercer funcionario de la gestión libertaria frente a la ANSES. El primero fue el cordobés Osvaldo Giordano. Las modificaciones reflejan hasta qué punto se trata de uno de los organismos más sensibles de la administración.

El principal pecado de De los Heros no fue solo hablar de un tema que no se quería instalar aún, sino encima dar precisiones sobre la intención oficial de subir la edad jubilatoria, uno de los temas más piantavotos que existe, pero medular para los cambios prometidos por el gobierno ante el FMI.

Nadie duda de que uno de los principales objetivos de la reforma previsional será incrementar la edad jubilatoria. Los 65 años para los hombres y 60 para las mujeres  chocan con una expectativa de vida que creció mucho en las últimas décadas.

En 40 años, la expectativa de vida de los hombres subió de 65 a 76 años en la Argentina. Cada vez son más los abuelos que llegan a superar los 80 años.

Pero Milei no le perdonó el error. Y recordó que «no se puede reformar el sistema previsional si no se reforma antes el sistema laboral».

Justamente se espera que Bearzi tenga mucho para decir cuando se empiece a avanzar con esa reforma, ya que está especializado en el sistema previsional y publicó numerosos trabajos sobre este tema tan delicado.

A qué edad se jubilarán hombres y mujeres, según el plan oficial

Los cambios en el sistema jubilatorio formaron una parte fundamental del reciente acuerdo con el FMI que permite liberar u$s20.000 millones para la Argentina y dieron paso a la salida del cepo cambiario para los individuos.

El Gobierno prometió al Fondo Monetario avanzar en una reforma jubilatoria para seguir apuntalando el ancla fiscal del programa económico. Pero se definió que será la última de las reformas sobre las cuales avanzar, ya en 2026.

El acuerdo con el FMI fija compromisos a cumplir por parte de la Argentina con relación a la implementación de reformas estructurales vinculadas a políticas sociales, como el actual régimen jubilatorio y los programas de asistencia a poblaciones en condiciones de vulnerabilidad.

En el acuerdo, el país se comprometió a simplificar el sistema de jubilaciones y pensiones actual y abordar su sostenibilidad antes de diciembre de 2026.

Para hacer «sostenible» el sistema, se buscará una suba en la edad de retiro. La intención sería ir unificando las edades en hombres y mujeres. Uno de los cambios que se barajan es ir subiendo un año para los hombres a partir del 2027, y dos para las mujeres, de tal forma de unificar la edad jubilatoria en torno de los 70 años a partir del 2030.

En 2027 la edad sería de 66 años para los hombres y 62 para las mujeres, y así sucesivamente.

Pero estos cambios deben analizados a fondos y realizar las verificaciones actuariales correspondientes. Si se respetara esa lógica, en 2028 la edad sería de 67 años para hombres y 64 para mujeres. Y en 2029 68 y 66.

En paralelo, el Gobierno mantendrá la cobertura de programas sociales, como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar, en al menos el 95% del valor de la canasta básica alimentaria durante todo el programa.

La Argentina también completará la integración de bases de datos en un registro social único. Así, se dispone la implementación del Sistema de Indicadores Sociales (SIS) para mejorar la focalización de la asistencia social, con plazo a diciembre de 2025.

Las modificaciones que Javier Milei deberá cumplir con el FMI en materia laboral

Pero antes de la reforma previsional, el Gobierno irá por los cambios en materia laboral, que incluirán flexibilizaciones para negociar salarios y simplificar vínculos entre empresas y trabajadores. Como eje central, se deberán introducir cambios impositivos para eliminar las barreras entre trabajadores informales y formales. Es decir, se buscará achicar el empleo en negro, que afectaría a tres de cada diez empleados.

Según el reporte del staff del FMI, el gobierno trabajará en una reforma integral del sistema de pensiones, centrada en mejorar tanto su equidad como su sostenibilidad. «La iniciativa propuesta buscaría optimizar el sistema fragmentado actual y armonizar mejor las contribuciones con las prestaciones, incluyendo impulsar la formalización del mercado laboral», indicó el Fondo Monetario.

Si bien será la última reforma en la lista de las «tres grandes», el organismo multilateral recordó que la reforma jubilatoria es fundamental para «mejorar la calidad del ancla fiscal», un eje clave para el Gobierno.

Por eso, la Argentina tendrá que cumplir con tres objetivos:

• Mejorar la eficiencia y la equidad del sistema tributario (reforma fiscal).
• Fortalecer el sistema de coparticipación de ingresos y los incentivos de disciplina fiscal en todos los niveles de gobierno.
• Impulsar la sostenibilidad del sistema de pensiones.

Justamente en línea con los objetivos comprometidos ante el FMI, el Gobierno ya dio de baja la moratoria previsional «en un marco más amplio de revisión estructural del sistema de seguridad social», según explicó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

Sistema previsional: la reforma clave que quiere el Gobierno

El acuerdo negociado con el Fondo sostiene que las moratorias previsional «nacieron como una medida excepcional en un momento histórico determinado, con el objetivo de reparar desigualdades estructurales del mercado laboral argentino, particularmente en lo que respecta a la falta de registración laboral».

Y en una dura crítica al kirchnerismo, advierte que «su reiteración y ampliación en el tiempo han desnaturalizado esa lógica excepcional, convirtiéndola de hecho en una vía permanente de acceso a la jubilación sin aportes suficientes y afectando la sostenibilidad y coherencia del sistema».

En su presentación ante el Congreso, Francos dijo que «el fortalecimiento del sistema de seguridad social no se garantiza con excepciones a la legislación, sino con un fuerte compromiso para lograr un aumento en la formalización del empleo y un crecimiento económico genuino y sostenible«.

No obstante, el Ministerio de Capital Humano recordó que continúa vigente la posibilidad de regularizar años de aportes para las personas que están a menos de 10 años de la edad jubilatoria.

Desde la creación de la moratoria (Ley 27.705), hace dos años, accedieron a un beneficio previsional 580.623 personas, de las cuales el 62% son mujeres y el 38% son varones. Entre los 7.437.435 jubilados y pensionados del SIPA, 4.062.221 (54,6% del total) accedieron al beneficio por alguna de las moratorias que se implementaron.

El 74% de los beneficiarios previsionales con moratoria del SIPA son mujeres. A diciembre de 2024 el Estado nacional gastó $1.398.726 millones mensuales en jubilaciones y pensiones otorgadas por moratoria, lo que equivale a 2,57% del PBI.

Mientras hace unas semanas se realizaba una nueva marcha de jubilados para reclamar un aumento en sus haberes, especialistas en materia previsional delinearon en la Cámara de Diputados las claves que debería tener un nuevo sistema jubilatorio.

Sistema previsional: las iniciativas que están dando vuelta por fuera del Gobierno

En la actualidad, la jubilación mínima es de $285.820, mientras que la Pensión Universal de Adulto Mayor (PUAM) -que les corresponde a quienes no llegan a los 35 años de aporte- alcanza los $228.656 y la Pensión No Contributiva es de $200.074.

Entre los especialistas habló Rafael Rofman, investigador principal de CIPPEC y exvicepresidente de Nación AFJP, quien destacó la buena cobertura que tiene el sistema previsional argentino, pero advirtió que ese «muy caro, porque se gasta mucha plata en comparación con otros países similares, es muy injusto, porque trata de forma desigual a gente parecida, y muy ineficiente, gasta mucho más de lo que debería».

Ante los legisladores, el abogado previsional Adrián Troccoli dio un número que sorprendió, al revelar que algunos sectores perdieron la mitad del haber jubilatorio en los últimos siete años, producto de la inflación. También alertó que de la veintena de proyectos en danza en la Cámara baja, ninguno dice de dónde va a salir la plata para financiarse.

Para Diego Bossio, exdirector de la ANSES, el espíritu de una reforma debe «cuestionar los 30 años de aporte como un requisito», aunque entendió que eso no garantiza éxito: «No podemos tomar decisiones en materia previsional sino hacemos mucho más sólido y previsible los ingresos de la ANSES. Hay que transparentar y hay que afectar recursos directamente a la ANSES, sabiendo que en el mercado de trabajo cuatro de cada seis trabajadores están en una situación de informalidad».

El proyecto que cuenta con modificaciones más sensibles es el del rionegrino Agustín Domingo (Innovación Federal) y el de la cordobesa Alejandra Torres (Encuentro Federal), que diseñaron un Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones que flexibiliza el acceso a coberturas previsionales, pero le otorga incidencia a la cantidad de aportes, para que exista un criterio de proporcionalidad a la hora de establecer las retribuciones. Es decir, que no gane la misma jubilación el que aportó los 30 años del que solo contribuyó 20.

El kirchnerismo de Unión por la Patria insiste en prorrogar el esquema de moratoria previsional vencido el pasado 23 de marzo por dos años (aunque hay una redacción del mismo peronismo que busca extenderlo por una década). El mismo objetivo tiene una redacción del Frente de Izquierda.

Además, desde el peronismo apuntan a incrementar de forma excepcional por única vez un 15% las jubilaciones y pensiones, excluyendo a quienes gozan de regímenes especiales y ofreciendo un suplemento a quienes, aún con el aumento, no alcancen el valor de la canasta básica total. El último pretende actualizar el bono de $70.000 para llevarlo a $131.622, cifra a la que se llega al incorporar a ese valor la inflación desde marzo del 2024.

Por su parte, la bonaerense Danya Tavela (Democracia para Siempre) presentó dos iniciativas: la primera para que las mujeres puedan percibir la Pensión Universal para Adulto Mayor (PUAM) desde los 60 años y la segunda para crear una Prestación Proporcional que «reconozca el esfuerzo contributivo realizado en la etapa activa de los trabajadores» que aportaron entre 10 y 29 años. Como no alcanzan la cantidad de aportes para cobrar la jubilación mínima, se sujetarían a un esquema en donde recibirían un porcentaje de la Prestación Básica Universal (PBU), con un adicional del 1,5% por cada año de aportes.

Un proyecto similar fue enviado por el bonaerense Nicolás Massot (Encuentro Federal), que también busca diseñar un modelo que les permita a los trabajadores que no lleguen a los 30 años de aportes recibir un ingreso superior a la PUAM, pero menor a la jubilación mínima. También se ata a la PBU (en marzo del 2025, es del $127.685,44) y a un porcentaje vinculado al tiempo de aporte para definir los haberes.

La Coalición Cívica, por su parte, impulsa que para aquellos trabajadores que no alcanzan la totalidad de los aportes haya incrementos del 2% por cada año aportado hasta alcanzar el 95% del haber mínimo jubilatorio. A esto le suma otra redacción que propone un incremento extraordinario del 12,5% para las prestaciones «conforme a la variación del Índice de Precios al Consumidor» y apunta a establecer este indicador como parámetro para escalonar progresivos aumentos mensuales.

Fin de la moratoria: una solución transitoria para una problemática estructural

Desde el Gobierno dicen que ninguna de estas iniciativas prosperará, sobre todo porque ninguna explica de dónde saldrá la plata para financiera erogaciones extras. «Hoy hay más jubilaciones por moratoria que por aportes, en una proporción de 2 a 1», advierten desde la ANSES. Y señalan que se está ante un sistema deficitario e inviable, por lo que no se entiende que este Congreso considere extenderlo.

Solo por la última moratoria 600.000 personas accedieron a su jubilación.

Un estudio de la Fundación Mediterránea sostiene que la moratoria representó una solución transitoria a una problemática estructural: el requisito legal de 30 años de aportes resulta difícil de alcanzar en un mercado laboral donde poco más de un cuarto de los trabajadores logra cumplir con esta exigencia al momento de alcanzar la edad jubilatoria.

En 2017, el gasto previsional alcanzó el 9,5% del Producto Bruto, una cifra superior al rango del 4-6% que correspondería según la estructura demográfica argentina. Al no ser financiable, se recurrió a modificar la fórmula de movilidad jubilatoria en tres ocasiones (2017, 2019, 2024). Estas modificaciones permitieron que la alta inflación licuara el valor real de las jubilaciones, acumulando una pérdida del 40% entre 2017 y 2024.

En mayo próximo, las prestaciones se reajustarán en un 3,73%, en línea con la inflación de marzo. El haber mínimo será de $296.482 y el máximo, de $1.995.041. Tras el descuento del aporte para el PAMI, los importes netos quedarán en $287.587 y $1.884.233, en cada

Según datos del Indec, el 42% de los trabajadores no tiene aportes: el índice es de 62% entre los cuentapropistas y de 36,1% entre los asalariados. Y para colmo, la mitad de las personas que están aportando no va a llegar a los 30 años de aportes, advirtió Manuel Mera, director de Protección Social del Cippec.

El economista Jorge Colina, del instituto Idesa, propone eliminar el requisito de los 30 años de aportes para jubilarse y disponer que el haber inicial se calcule en función de los años contribuidos, sin importar cuántos sean. La PUAM, que equivale al 80% del haber mínimo, actuaría como un piso garantizado. Hoy esa prestación no exige aportes y requiere tener 65 años, tanto para varones como para mujeres.

Por su parte, Giordano, de la Fundación Mediterránea, sostiene que debería disponerse que la PUAM sea compatible con trabajar, como lo fue en sus inicios. Además, dijo, sostuvo que debería corregirse algo que ocurre hoy, que es que la prestación trata de igual manera a quien hizo pocos o ningún aporte, que a quien contribuyó varios años.

Nicolás Dvoskin, economista del Instituto Argentino para el Desarrollo Económico, alertó que el sistema es semi-contributivo, tanto por los aportes de algunas personas como también en las fuentes de financiamiento, al señalar que gran parte no proviene de aportes y contribuciones, sino de impuestos generales.

En cuanto a los aportes, dijo que en la categoría A monotributo el aporte jubilatorio representa el 3% del haber mínimo con bono. Eso, consideró, no es un sistema contributivo, sino semi contributivo, como también lo es el de personal de casas particulares, en el cual el aporte previsional en la categoría de mayor carga horaria es de $1.384,95. «Obviamente eso no alcanza para pagar una jubilación mínima bajo ningún cálculo actuarial», explicó.

Es otra pata clave que se deberá analizar, ya que, en los últimos años, mientras quedó estancado el número de asalariados del sector privado registrado, subió fuerte el de monotributistas.

Pero hay otros jubilados que piden soluciones urgentes: Marcos Wolman, de la Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados ante los legisladores pidió un «aumento de emergencia» y la «continuidad inmediata de la moratoria».

Dvoskin dijo que, desde que asumió Milei, el haber jubilatorio «perdió 108 dólares con una pendiente negativa por el congelamiento en bonos». También propuso un informe sobre la pérdida medida en los valores de los medicamentos: «Para remedios, los jubilados perdieron 228 dólares, según datos del propio Ministerio de Salud de la Nación». Sin embargo, aclaró que «sin moratorias, la pobreza en adultos mayores sería del triple, pero no es la solución».

Poder Judicial: un dolor de cabeza para el Gobierno

Pero tal vez el mayor dolor de cabeza para el Gobierno llegue, otra vez, desde el Poder Judicial: hace algunas semanas, un nuevo fallo, de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, declaró inconstitucional la ley 27.609, que estuvo vigente entre enero de 2021 y junio de 2024. Y ordenó reajustar el haber de un jubilado.

En la misma dirección ya se habían pronunciado las Cámaras de Mendoza y de Mar del Plata, aplicando una amplia jurisprudencia en favor de reparar la pérdida sufrida por los jubilados y pensionados.

El fallo dice que «no se preservó de forma razonable el poder adquisitivo de la jubilación y, por lo tanto, incumple con la finalidad de la movilidad previsional». El jubilado en cuestión, durante el período marzo 2021 a junio 2024 registró un incremento por movilidad del 987,06%, mientras en igual lapso la variación del IPC fue del 1.445,35%, la de salarios del 1.074,16% (ISSAL) y la de RIPTE del 1.040,14%, según datos publicados por el INDEC y por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano de la Nación, sostiene el fallo.

Para la Justicia, «el poder adquisitivo del beneficio previsional del accionante decayó aproximadamente un 42,16% en relación a la inflación según datos del IPC distanciándose también de la adecuada sustitución con los salarios activos.

Los jueces resolvieron que la ANSES aplique una pauta de reemplazo de la ley 27.609, ordenando el reajuste en un 50% IPC + 50% RIPTE para ser aplicada trimestralmente en los períodos en que se liquidó la ley 27.609, y reparar el perjuicio que causó en los haberes de Palavecino.

En este escenario casi caótico, por el «colapso» que enfrenta la Justicia de la Seguridad Social ante la gran cantidad de juicios de jubilados que ingresan y se van sumando al enorme stock de expedientes, la Cámara Federal de la Seguridad Social le pidió a la Corte Suprema que suspenda por 90 días los plazos para resolver la liquidación de las sentencias firmes.

Se estima que en los juzgados hay unos 270.000 juicios iniciados por jubilados, de los cuales 90.000 tienen sentencia firme. Muchos de esos juicios se arrastran hace años objetando, entre otras causas, el cálculo de los haberes y los cambios en las fórmulas de movilidad.

Lo más duro es que muchos de esos jubilados fueron muriendo a la espera de que la Justicia reparara su reclamo.