La irregularidad en los créditos bancarios ya superó el 10%, el peor registro desde la crisis de 2001-2002. El foco de los analistas del mercado

16/03/2026 – 11:33hs

El sistema financiero argentino enfrenta una señal de alarma que no se veía desde la salida de la Convertibilidad, en diciembre de 2001. Según los datos más recientes procesados a partir de la Central de Deudores del BCRA, la irregularidad en los préstamos otorgados a las familias encendió todas las luces de emergencia al tocar máximos históricos en más de dos décadas.

No se trata de un problema aislado de una entidad o un sector específico: es un fenómeno que ya afecta a los principales bancos del país.

Un nivel récord y en ascenso

Las cifras son contundentes. En enero de 2026, la mora en los créditos a hogares del sistema financiero subió por decimoquinto mes consecutivo, saltando del 9,3% en diciembre al 10,6% en el primer mes del año, de acuerdo a un adelanto de la consultora 1816.

Para encontrar niveles similares, hay que remontarse a los meses posteriores a la crisis de 2001-2002.

Si se profundiza en el análisis, la situación es aún más crítica en el sector de las entidades no financieras (proveedores de crédito que no son bancos, como emisoras de tarjetas no bancarias o plataformas de e-commerce). En este segmento, la irregularidad ya superó el 27%.

Esto significa que más de un cuarto de los préstamos otorgados por estos canales se encuentra en situación irregular, un nivel de estrés que solo se había visto durante la crisis de 2019 y el año de la pandemia.

Dentro de este ecosistema no bancario, gigantes como Tarjeta Naranja y Mercado Libre, que concentran casi el 60% de este mercado, también han visto cómo la irregularidad de sus carteras de clientes siguió escalando en el inicio del año, siempre de acuerdo al informe de los técnicos de 1816.

El peso de las tasas: ¿una trampa para el deudor?

Gran parte de este fenómeno se explica por el costo del dinero. Aunque las tasas nominales mostraron una leve tendencia a la baja recientemente, en términos reales la carga es asfixiante. En febrero, la Tasa Efectiva Anual (TEA) real promedio de los préstamos personales en bancos alcanzó el 40%, mientras que en las entidades no financieras se estima que rondó un exorbitante 150%.

Si a estos números se les suma el Costo Financiero Total (CFT), que incluye seguros, comisiones e impuestos, el peso sobre el bolsillo de los hogares es mucho mayor. En el caso de los bancos ya supera el 150% anual, con topes de hasta 350% anual.

Esto genera un escenario peligroso: si la inflación se reduce, el peso real de la cuota mensual aumenta, dificultando aún más la capacidad de repago de las familias.

Esta inestabilidad provocó que el ritmo de crecimiento de los préstamos en pesos se estanque.

Perspectivas: ¿hacia dónde va el mercado crediticio?

La creciente morosidad de las familias pone en duda la sostenibilidad del consumo bajo el esquema actual de tasas.

Por otra parte, el balance de los bancos también ya están mostrando secuelas de la súbita suba de la irregularidad en el pago de las cuotas.

De acuerdo al reporte, la mirada de los analistas está puesta ahora en el informe de bancos que el BCRA publicará a finales de marzo, donde se espera la confirmación oficial de estos números.

Sin una reducción en la volatilidad de las tasas y un alivio real para el deudor, el sistema corre el riesgo de consolidar una situación de exclusión crediticia para una parte importante de la población, justo cuando la economía más necesita del crédito para reactivarse.

La guerra en Oriente Medio, con ataques sobre Dubái, y un petróleo que llegó a rondar los 100 dólares, generaba este lunes una creciente prudencia sobre los negocios financieros de Argentina ante la incógnita de una eventual crisis energética global.

La retracción de liquidez y el impacto sobre el riesgo país dominaban la escena, lo que redoblaba la cobertura de inversores en activos sólidos, frente a una semana en la que se conocerán diferentes indicadores de la macroeconomía, coinciden analistas.

Los principales indicadores de Wall Street avanzaban un 1% a las 11 horas, mientras que el panel S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires resta un leve 0,2%, en los 2.637.000 puntos.

Los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- promedian una baja de 1%, que eleva al riesgo país de Argentina en 22 unidades, en los 600 puntos básicos, su rango más alto desde el 12 de diciembre del año pasado.

“Argentina atraviesa un proceso de estabilización macroeconómica orientado a reducir la vulnerabilidad externa y reactivar la inversión privada mediante el fortalecimiento del ahorro interno”, sostuvo a Reuters Víctor Cantori, titular de dela sociedad Bursátil X Inversiones.

“Sin embargo, el escenario base podría verse condicionado por factores externos. Una eventual escalada del conflicto en Irán podría impulsar al alza el precio internacional del petróleo, generando presiones inflacionarias globales, mayor volatilidad financiera y potenciales impactos sobre el comercio exterior argentino”, agregó el especialista.

El índice accionario S&P Merval porteño cedió un 4,6% en las anteriores dos ruedas operativas ante un generalizado desarme de carteras.

En otro orden, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos presentó un memorándum ante un tribunal de Nueva York en respaldo a una moción interpuesta por la Argentina para suspender un proceso de descubrimiento en el caso de nacionalización de la petrolera estatal YPF, según comunicó el sábado 14 la Procuración del Tesoro argentina.

El dólar mayorista continuaba operado debajo de los 1.400 pesos, con la influencia compradora de divisas por parte del Banco Central para reforzar sus reservas internacionales, en línea al compromiso asumido ante el FMI (Fondo Monetario Internacional).

“Desde el comienzo de la guerra en Oriente Medio el peso viene teniendo gran resiliencia, mostrando las bondades del mayor orden macro (…) Hay un superávit primario del 1,7% del PIB”, remarcó Roberto Geretto, analista de Adcap Grupo Financiero, quien resaltó que “el shock petrolero va pegar más que nada por el lado de la inflación”.

El precio del petróleo crudo se aleja de la barrera de los 100 dólares el barril. La variedad WTI (crudo ligero de Texas) en Nueva York cae 4,6%, a USD 94, mientras que el Brent del mar del Norte cede 2,2%, a 96,70 dólares.

Bank of America (BofA) elevó el lunes su previsión para el crudo Brent en 2026 de 61 dólares a 77,5 dólares por barril, alegando el actual bloqueo que se vive en el Estrecho de Ormuz.

El equipo de análisis de materias primas del banco señaló que las nuevas perspectivas reflejan dos escenarios igualmente probables: una resolución rápida que restablezca los flujos en abril y sitúe el Brent cerca de los 70 dólares, o una interrupción más prolongada que se extienda hasta el segundo trimestre y eleve los precios hacia los 85 dólares.

Un conflicto prolongado hasta la segunda mitad del año podría llevar al Brent a unos “astronómicos” 130 dólares, aunque los analistas lo consideran poco probable.

Una vez que termine la guerra, BofA espera que los mercados petroleros vuelvan a un excedente, lo que empujaría al Brent a 65 dólares en 2027.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) implementó un plan de retiros voluntarios dirigido a sus trabajadores permanentes con al menos dos años de antigüedad. Esta medida, oficializada mediante la Resolución 68/2026, se inscribe en el contexto de la política de reducción del empleo público que impulsa el gobierno de Javier Milei y forma parte de la reorganización estatal que respalda la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública junto con la Secretaría de Hacienda.

La decisión surgió tras un proceso administrativo que incluyó evaluaciones presupuestarias, jurídicas y la adecuación a la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 y el Convenio Colectivo de Trabajo de Anses N° 305/98 “E”. El objetivo central consiste en disminuir la planta permanente del sector público, optimizando recursos y ajustando la estructura de la entidad encargada de la seguridad social en Argentina.

El programa, denominado Plan de Retiros de Voluntad Recíproca (RVR), permite a los empleados desvincularse del organismo a través de un acuerdo mutuo, que debe formalizarse ante la autoridad administrativa del trabajo. Este régimen establece una gratificación extraordinaria como incentivo principal, que puede alcanzar hasta $80 millones en una sola cuota, dependiendo de los años de servicio y la remuneración mensual habitual del trabajador.

Para acceder al plan, los trabajadores deben cumplir con un mínimo de dos años de antigüedad y pertenecer a la planta permanente de Anses. La Dirección General de Recursos Humanos del organismo asume la responsabilidad de implementar el proceso, aprobar los modelos de acuerdos de desvinculación y garantizar que cada trámite se formalice ante el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria.

El régimen detalla las exclusiones específicas. No pueden adherirse quienes estén procesados o condenados por delitos contra la administración pública, aquellos que enfrenten procedimientos disciplinarios, empleados que hayan iniciado su trámite jubilatorio o presentado su renuncia, personal mayor de 62 años, ni agentes con litigios laborales pendientes, salvo que desistan expresamente de los mismos. Además, los trabajadores que ocupen cargos sindicales deben renunciar a esa representación y a la tutela sindical para ser admitidos en el plan.

El plazo para adherirse al régimen vence el 5 de abril. Los empleados que se encuentren de licencia anual o por maternidad pueden postergar la firma del acuerdo hasta el fin de su licencia. La adhesión implica la extinción definitiva del vínculo laboral por mutuo acuerdo y el trabajador debe declarar no tener reclamos pendientes contra el organismo, condición indispensable para concretar la desvinculación.

La compensación extraordinaria establecida equivale al 90% del salario bruto mensual por cada año de antigüedad, con un tope máximo de 24 sueldos. Si la suma total a percibir no supera los $80 millones, el pago se efectúa en una sola cuota. Cuando el monto excede ese límite, la gratificación se abona en dos cuotas mensuales, iguales y consecutivas.

Los acuerdos resultantes de este régimen requieren homologación y asesoramiento letrado obligatorio, garantizando la validez legal del proceso y la transparencia en la extinción laboral. Los representantes de Anses ante el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria son los encargados de formalizar las extinciones laborales, lo que refuerza el marco normativo y administrativo del plan.

La restricción para reincorporarse a la administración pública nacional constituye una de las condiciones más estrictas del programa. Quienes acepten el retiro voluntario no podrán reingresar a ningún organismo estatal nacional bajo ninguna modalidad de contratación durante un período de cinco años. Esta disposición pretende desalentar la utilización del beneficio como mecanismo transitorio y consolidar la reducción de la nómina estatal.

La medida se enmarca en un proceso más amplio de recortes en organismos públicos. El cronograma oficial ubica al 21 de marzo como una fecha relevante para avanzar en una nueva etapa de reducción de cargos, en la que se prevé que al menos 5.000 puestos queden vacantes. Esta política responde a la estrategia integral del gobierno nacional de achicar el gasto público y reorganizar estructuras estatales con énfasis en la eficiencia y el control presupuestario.

El plan de retiros voluntarios fue diseñado tras un análisis conjunto de las áreas técnicas y administrativas de Anses, en consulta con la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, así como la Secretaría de Hacienda. La elaboración del régimen contempló tanto los aspectos presupuestarios como los requerimientos legales, para asegurar su encuadre normativo y la viabilidad operativa.

El proceso de adhesión exige la manifestación expresa de la voluntad de desvinculación por parte del trabajador y la aceptación formal del organismo. Cada acuerdo debe documentarse y firmarse ante la autoridad administrativa laboral, con la intervención obligatoria de un asesor legal, garantizando la protección de los derechos de ambas partes.

Las exclusiones previstas buscan evitar que personas con causas penales, conflictos laborales activos o situaciones incompatibles puedan beneficiarse de la gratificación. La renuncia a la tutela sindical para quienes tengan representación gremial constituye otra condición ineludible, reforzando la intención de evitar privilegios o excepciones en la aplicación del régimen.

La gratificación extraordinaria representa un incentivo económico relevante para quienes opten por la desvinculación, especialmente para los empleados con mayor antigüedad y salarios más altos. El tope de hasta 24 sueldos y la posibilidad de percibir hasta $80 millones en una sola cuota marcan el carácter excepcional del plan dentro del marco de políticas estatales de reducción de personal.

La Dirección General de Recursos Humanos de Anses tiene la facultad de aprobar los modelos de acuerdos de desvinculación y supervisar la correcta ejecución de los trámites. El organismo habilitó la representación ante el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria para formalizar los acuerdos y garantizar el cumplimiento de todas las condiciones legales.

El programa excluye a quienes hayan iniciado el trámite jubilatorio o hayan presentado su renuncia, así como al personal mayor de 62 años. De igual modo, los agentes con litigios laborales pendientes solo pueden acceder si desisten explícitamente de sus reclamos. Estas restricciones buscan acotar el universo de beneficiarios y enfocar el plan en la reducción efectiva de la dotación activa.

La medida se suma a otras iniciativas de transformación y modernización del Estado, impulsadas desde el inicio de la gestión de Javier Milei. La Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública y la Secretaría de Hacienda intervinieron en la elaboración y supervisión del régimen, asegurando su alineación con los objetivos de racionalización del gasto y eficiencia administrativa.

El control sobre el regreso al sector público nacional durante cinco años se configura como una barrera adicional que distingue este plan de otros esquemas de retiro voluntario implementados previamente en la administración pública argentina. La prohibición de reincorporación alcanza a todas las modalidades de contratación, incluyendo eventuales, temporarias y contratos de locación de servicios.

El plazo de adhesión, que finaliza el 5 de abril, coincide con el calendario de recortes en organismos públicos. El 21 de marzo se presenta como un hito para la implementación de nuevas medidas, incluyendo la reducción estimada de al menos 5.000 puestos en el sector estatal. La estrategia oficial espera que el plan de retiros voluntarios contribuya a la reestructuración y disminución del gasto, manteniendo la cobertura y operatividad de los servicios esenciales.

La documentación que rige el plan detalla que la compensación se calcula sobre los conceptos mensuales habituales del salario bruto y establece el pago en una o dos cuotas, según el monto a percibir. Los acuerdos requieren la homologación ante la autoridad administrativa laboral, lo que otorga seguridad jurídica tanto para los trabajadores como para el organismo.

El régimen de retiros voluntarios de Anses se inscribe como una herramienta central en la política de ajuste y modernización estatal que lleva adelante el Poder Ejecutivo, dentro de los márgenes legales y con control administrativo reforzado. La posibilidad de acceso al beneficio para el personal de Anses se mantiene restringida a las condiciones definidas en la resolución y su anexo, mientras la administración nacional avanza con su agenda de reorganización y reducción del empleo público.