La Secretaría de Transporte oficializó cuáles serán las tarifas de peaje para los 741 kilómetros que conforman la llamada Ruta del Mercosur, un corredor estratégico para el tránsito en la Mesopotamia y para el comercio con Uruguay y Brasil.

Esta es la primera concesión vial impulsada por el Gobierno de Javier Milei, que será financiada exclusivamente con lo recaudado por peajes y sin aporte estatal, a diferencia del esquema vigente hasta ahora, bajo gestión del Estado.

Quiénes operarán cada tramo y cuánto costará el peaje en esas rutas

La adjudicación corresponde a la Etapa I de la Red Federal de Concesiones (RFC), cuyos resultados fueron anunciados este jueves. El proceso abarca dos segmentos viales:

Fue concedido a Autovía Construcciones y Servicios S.A., que administrará las rutas nacionales 12, 14, 135, A015 y 117, atravesando Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes. La tarifa ofertada en la licitación fue de $3563,45.

Quedó en manos del consorcio integrado por Obring S.A., Rovial S.A., Edeca S.A., Pitón S.A. y Pietroboni S.A.. Incluye el Puente Rosario–Victoria (RN 174), un enlace clave entre Entre Ríos y Santa Fe. En este caso, el valor propuesto para el peaje fue de $3.385,80.

Actualmente, ambos peajes cuestan $2.000. Es decir que las nuevas tarifas representarán una suba cercana al 80% en el caso del Tramo Oriental y del 70% en el Tramo Conexión.

Sin embargo, según aclararon fuentes oficiales, el incremento no será inmediato: los nuevos valores solo podrán ser aplicados cuando las empresas completen las obras iniciales de mejora y reacondicionamiento de la traza.

Sin aumentos en los peajes hasta que la ruta esté en condiciones óptimas

Desde Transporte explicaron que «hasta que las rutas no tengan transitabilidad óptima, en cuanto a estado de calzada, iluminación, señalética, seguridad, etc. cobrarán el peaje actual». Por eso, se descuenta que los concesionarios buscarán acelerar las intervenciones para habilitar el ajuste tarifario.

La medida quedó oficializada mediante la Resolución 80/2025, que adjudica la concesión para la explotación y mantenimiento de la Ruta del Mercosur.

Este entramado vial conecta cuatro pasos fronterizos y el puente sobre el río Paraná, y facilita la llegada a puertos y polos productivos del Gran Rosario. La expectativa oficial es que esto contribuya a mejorar la logística, el comercio exterior y la competitividad.

Según informó Vialidad Nacional, «en etapas posteriores, la Red Federal de Concesiones sumará nuevos tramos hasta superar los 9.000 kilómetros. El sistema implementado prescindirá de subsidios públicos, a diferencia del modelo anterior, que se mantenía con aportes estatales y no ofrecía beneficios concretos para los usuarios».

Avanza la segunda etapa: 1.800 kilómetros más en licitación

El Ejecutivo también lanzó el proceso licitatorio para la segunda etapa del programa de concesiones, que prevé la participación privada en 1.800 kilómetros adicionales de rutas nacionales.

Los tramos incluidos son:

• Tramo Sur–Atlántico–Acceso Sur: 1.325 kilómetros sobre las RN 3, 205, 206 y las autopistas Riccheri, Newbery y Ezeiza–Cañuelas.
• Tramo Pampa: 547 kilómetros correspondientes a la RN 5 (Luján–Santa Rosa).

La tercera etapa contempla la privatización de otros 4.170 kilómetros, divididos en seis corredores. En total, serán 9.342,04 kilómetros sometidos al nuevo esquema, repartidos en 16 tramos que representan el 20% de la red vial nacional, aunque concentran el 80% del tránsito.

El plan del Gobierno es que buena parte de los caminos hoy bajo administración de Corredores Viales pasen a manos privadas. La empresa estatal integra el listado de ocho firmas sujetas a privatización en la Ley Bases. En la Casa Rosada ya anticipan que buscarán disolverla una vez adjudicados todos los corredores.

La compañía contaba con 3.307 empleados al cierre de junio y cerró el primer semestre con un superávit financiero de $5.200 millones, lo que le permitió operar sin asistencia del Tesoro Nacional.

Lo cierto es que con la privatización de los dos tramos de rutas denominados la «Ruta del Mercosur», se esperan aumentos considerables en los peajes en un futuro cercano, tal como confirmaron desde la Secretaría de Transporte.

La tensión en el sector aeronáutico argentino se intensificó tras veinte días de medidas de fuerza en la terminal de cargas de Ezeiza, y la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) advirtió que las próximas acciones sindicales afectarán a los vuelos de pasajeros.

“Comenzamos el paro por la terminal de cargas pensando en no perjudicar a los pasajeros. Creímos que sería suficiente llamado de atención para el gobierno, pero nos equivocamos”, expresó Juan Pablo Schinello, secretario de Organización de Atepsa, al diario Página/12.

El impacto de la protesta se siente en el sistema logístico, ya que la terminal de cargas nocturna de Ezeiza opera con cerca de diez vuelos por turno, y la medida sindical ha generado retrasos significativos en la entrada de mercaderías al país. Schinello explicó que “se afectó a las aeronaves en tierra, no a las que estaban en vuelo”,.

La organización sindical, que dice agrupar a 2.000 afiliados —de los cuales unos 400 trabajan en el aeropuerto internacional Ministro Pistarini—, sostiene que el 98 por ciento de la carga aérea nacional pasa por esa terminal, con un predominio actual de importaciones sobre exportaciones. Y que el transporte aéreo, más costoso y rápido que el marítimo o fluvial, se utiliza principalmente para productos perecederos y frágiles, como frutas, verduras, órganos para trasplante y herramientas de precisión.

El conflicto tiene dos ejes principales, según la organización gremial: la cuestión salarial y la seguridad operativa. “Si hubiéramos tenido voluntad de hacer daño, hubiéramos empezado por afectar el transporte de pasajeros, desde el día uno. O podríamos afectarlos justo ahora, para el fin de semana largo, que va a haber mayor actividad”, remarcó Schinello, subrayando la decisión de no perjudicar, en principio, a los usuarios. El dirigente también señaló que los trabajadores ingresantes perciben 800.000 pesos mensuales pese a la alta calificación requerida para el puesto.

En ese contexto, la agrupación de los controladores aéreos tomó la decisión de anunciar un cronograma de paros que comenzó los días 3, 6, 9 y 14 de noviembre, y que continuará el 24, 27 y 30 del mismo mes. Las medidas de fuerza se articulan en torno a tres demandas: apertura de paritarias, diálogo real y la defensa de la seguridad, que, según afirman, “no se negocia”.

La dirigencia de Atepsa considera que la situación de los aeropuertos es comparable a la del sistema ferroviario, donde recientemente se produjo el tercer descarrilamiento en poco tiempo, atribuido a la desinversión y la desidia, aunque sin víctimas fatales. El sindicato advirtió que si no recibe las respuestas que espera las medidas de fuerza se incrementarán y comenzarán a afectar primero los vuelos de cabotaje y luego los internacionales.

Fuentes oficiales explicaron a Infobae que existe un acuerdo paritario que se encuentra en ejecución, por lo que se consideran “ilegítimas” todas las medidas de fuerza que lleva adelante Atepsa.

“EANA no está incumpliendo ningún acuerdo. Se llevan realizadas 25 mesas de diálogo en lo que va del año, solo que el gremio no acepta el resultado de las mismas”, señalaron las fuentes, las que descartaron que Atepsa tenga 2.000 afiliados. “Tiene 1300 y cada mes que pasa son menos. El salario mensual promedio de un Controlador de Tránsito Aéreo es de $3,29 millones, el gremio quiere tomar de rehenes a los argentinos”, agregaron.

En agosto pasado, tras medidas de fuerza que dejaron sin volar a más de 15.000 pasajeros, EANA y el sindicato sellaron un entendimiento paritario. Según un comunicado de EANA, “tras las negociaciones, se alcanzó un acuerdo salarial dentro de la pauta oficial”.

El incremento salarial, que se distribuirá en tramos sobre las remuneraciones habituales, normales y permanentes vigentes al 31 de mayo de 2025, se implementó un cronograma de aumentos que tendrá su última etapa en diciembre.

Desde la administración de Javier Milei afirmaron: “El gremio aceptó la oferta original del Gobierno. No negociamos ni cedemos ante paros extorsivos”.

El Ministerio de Capital Humano, mediante la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, subrayó tras el alcance del acuerdo que “las partes lograron acercar posiciones en la mesa de negociación, garantizando así la normalización de todos los vuelos comerciales, tanto nacionales como internacionales”. Además, destacaron la voluntad de diálogo y la responsabilidad para alcanzar una solución que preserve la paz social y la estabilidad del servicio aeronáutico.

El Tesoro de Estados Unidos informó oficialmente este viernes que el mes pasado concretó una operación de venta de Derechos Especiales de Giro (DEGs) a la Argentina por u$s872 millones, destinados a cubrir obligaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En la plaza financiera señalan que esos dólares terminaron contabilizados como parte del swap con Washington que comenzó a utilizarse tras las elecciones.

El dato coincide con el pago del 7 de noviembre, cuando el Gobierno desembolsó u$s796 millones al FMI. En ese momento, el Banco Central (BCRA) apenas contaba con u$s148 millones, lo que alimentó las versiones de que el giro había salido del salvataje estadounidense o de remanentes previos del Fondo.

Los reportes recientes del Fondo de Estabilización Cambiaria (ESF) -herramienta clave para el respaldo de la administración de Donald Trump a Javier Milei- muestran que el 15 de octubre hubo un incremento de 640,8 millones en los DEGs en manos de la Argentina, mientras que EE.UU. redujo su posición en el mismo monto. Hoy, cada DEG equivale a u$s1,4.

El ESF está integrado por dólares, divisas extranjeras y DEGs, la unidad de cuenta del FMI que combina dólares, euros, libras, yenes y yuanes.

La activación del swap y críticas por la falta de información oficial

Para algunos analistas, la confirmación desde Washington deja en evidencia el silencio del Banco Central. «La información que se confirma es por la publicación oficial del Tesoro estadounidense. En el BCRA, la falta de transparencia sigue gozando de buena salud», sostuvo el economista Christian Buteler.

La consultora Outlier coincidió en su reporte diario: «Se confirmó que se activó el swap de monedas con Estados Unidos. En una primera instancia, fue para permitir la salida de las posiciones en pesos del Tesoro estadounidense, lo que en la práctica funcionó como un adelanto del swap, y luego para el pago al FMI. Nuestros cálculos estiman la activación en u$s2700 millones, pero son aproximaciones, porque no hay información oficial disponible. Mucho menos sobre las condiciones».

El informe también recordó que, cuando se anunció el acuerdo, se había prometido transparencia progresiva sobre cada tramo activado. «No se entiende por qué seguimos operando con estos niveles de opacidad», remarcaron.

Días atrás, el presidente del BCRA, Santiago Bausili, justificó la ausencia de información pública sobre el nuevo mecanismo con Estados Unidos. Aseguró que no se comunicó para «respetar las cláusulas de confidencialidad» y que revelar esos movimientos «te arbitra el mercado. Es prudencial».

Además, relativizó la posibilidad de activar más desembolsos del swap y dio por terminada esa etapa: «Me parece que esa situación ya quedó atrás». También destacó la mejora del clima financiero, la recuperación de oferta en el mercado cambiario y las colocaciones privadas de deuda que permitieron a compañías locales captar más de US$3500 millones este mes.

El swap con EE.UU. fue fundamental para evitar que, antes de las elecciones, el dólar perforara la parte superior de la banda de flotación. El Banco Central aportó divisas al mercado para frenar la escalada y desacelerar la pérdida de reservas, en un momento todavía crítico para su balance.

El salvataje de Estados Unidos: qué operaciones hubo hasta ahora

El respaldo de Washington a la gestión de Milei, impulsado por Trump y el secretario del Tesoro Scott Bessent, incluyó también compras de pesos por alrededor de u$s2.000 millones. Esos fondos fueron invertidos en letras del BCRA y, tras las elecciones legislativas, liquidados. Esa salida quedó registrada como la activación parcial del swap previamente anunciado.

La consultora Fernando Marull & Asociados había explicado semanas atrás: «El Gobierno ya habría activado cerca de u$s2.700 millones del swap con EE.UU.; u$s2.000 millones se habrían devuelto al tesoro de EE.UU. (luego de sus intervenciones en el MLC antes de las elecciones) y los restantes u$s700 millones se habrían usado para el pago de intereses al FMI».