ECONOMIA
Un efecto búmeran para Caputo: por qué el «viejo IPC» tampoco lo ayudará en febrero
Otra ironía de la economía argentina: al final, a Luis Caputo le habría convenido más aceptar la actualización del IPC que propugnaba Marcos Lavagna, porque las cifras de inflación serían menores. Al menos, eso es lo que están indicando los primeros datos de febrero, donde los rubros que se suponía que pisarían el freno están mostrando una peligrosa inercia.
Las consultoras que hacen relevamientos de precios siguen mostrando subas de precio en el sensible rubro de alimentos. Por caso, Analytica midió aumentos por 1,3% en la segunda semana de febrero, con lo que el promedio de las últimas cuatro semanas llega a 2,7%. Y su pronóstico es que el IPC marcará en febrero un 2,8%.
En el caso de la consultora LCG, la medición de la segunda semana fue de 1% en el rubro alimentos, luego del 2,5% que se había registrado en la semana previa. Y el reporte incluye datos preocupantes, como el hecho de que la categoría que lidera los aumentos es la carne, que en la canasta «vieja» del Indec -o sea, la que sigue vigente- tiene una alta ponderación.
En enero, para sorpresa de casi todos los analistas, el rubro de alimentos y bebidas fue el que lideró los aumentos, con una variación de 4,7% en el mes. El mes en que típicamente se produce un pico de precios es diciembre, por una cuestión estacional, incluyendo el incremento de carne por las fiestas. Y la expectativa era que, pasado ese momento, se registrara una moderación.
De hecho, esa expectativa era la explicación que muchos encontraron para que Caputo se resistiera a adoptar la nueva canasta: con el rubro de alimentos bajo control, el ministro prefería que siguiera con su actual ponderación de 26,9% de la canasta del Indec, y no del 22,7% que preveía el nuevo índice.
Pero lo cierto es que, tras el dato de enero, ya se cumplen cuatro meses consecutivos en los que el rubro de alimentos varía más que el promedio del IPC, y siempre al alza. En septiembre la inflación de alimentos fue de 1,9%, en octubre un 2,3%, en noviembre un 2,8%, en diciembre un 3,1% y en enero el explosivo 4,7%, que dejará un inevitable efecto de arrastre estadístico para febrero.
El impacto de la carne
Cuando hay productos que tienen un alto nivel de ponderación en la canasta, el IPC puede registrar variaciones inesperadas por una súbita baja en la oferta, por ejemplo. El caso típico es el de la carne vacuna, al cual la canasta del Indec le sigue asignando hoy la misma ponderación en el presupuesto familiar que la que tenía en el año 2004, a pesar de que hoy el nivel de consumo es de 49,9 kilos anuales per capita, un 35% menos que los 63,9 kilos que se consumían en 2004.
Y los expertos en el negocio ganadero están advirtiendo que, aun cuando la fuerza de la demanda pueda caer en el mercado doméstico, igualmente hay margen para que los precios sigan subiendo. El motivo es la caída en el rodeo vacuno, que hace que los productores retraigan la oferta para recomponer sus stocks.
El mejor reflejo de esa situación está en el mercado de Cañuelas, donde se ve un sostenido aumento del ganado, con el novillito en $5.000 por kilo vivo, un 42% por encima del precio de octubre y un 25% más que en diciembre, cuando se producía el pico estacional del consumo.
Dado que los ciclos biológicos en el sector vacuno son largos, se tardará al menos cuatro años para que, desde el nivel actual de 51 millones de cabezas, se vuelva a los 54 millones que se registraban en 2022. Por eso, los frigoríficos advierten que los precios podrán mantenerse altos por dos años, antes de empezar a bajar.
Está, además, el efecto del tratado comercial con Estados Unidos, que quintuplica la cuota de carne exportable sin aranceles hasta el nivel de 100.000 toneladas anuales. La estimación es que durante todo el año Argentina le venda unas 810.000 toneladas al mercado global, con lo cual se ubicaría en el quinto puesto del ranking, detrás de Brasil, Australia, India u EE.UU., cuyos volúmenes sufrirán recortes.
En otras palabras, no se vislumbra un desplome en el precio de la carne, porque el stock vacuno está en recomposición y porque las exportaciones no dejarán mucho margen al «principio de Menger» que Javier Milei gusta de citar para explicar que los precios bajarán porque la gente no los convalidará.
La solución para abaratar la carne implicaría la importación desde Brasil o Uruguay, una medida que aparejaría polémica política, pero que ayudaría a contener los precios, como ya se está viendo en los rubros que tuvieron las mayores aperturas comerciales, como los de electrodomésticos y productos textiles.
El fantasma de marzo
El cálculo que sí le saldrá bien a Caputo es el del impacto de las tarifas de servicios públicos y los precios regulados. Ya en este mes están llegando boletas más caras, al ponerse en marcha los recortes de subsidios a electricidad y gas para usuarios de ingresos medios.
El rubro de subsidios, si bien ha sido recortado, todavía se lleva un 6% del gasto presupuestario, y la necesidad de recortes se acentuó por la peligrosa tendencia en la recaudación impositiva: las cifras de ARCA marcaron en enero la sexta caída consecutiva, medida en variación interanual real.
Para ponerlo en palabras de Caputo, todavía no se completó el «cambio de precios relativos» entre bienes y servicios, como para que el proceso desinflacionario pueda considerarse consolidado. Traducido: falta aún más recortes de subsidios y, por ende, mayores subas de precios en servicios públicos y en transporte.
Además, hay cuestiones estacionales: marzo, por ejemplo, suele ser un mes de inflación alta, por los ajustes en la matrícula escolar y subas en precios de servicios regulados, tales como las comunicaciones, la medicina prepaga o los seguros.
Esto fue lo que llevó a Caputo a pensar que era mejor posponer el cambio de IPC, ya que la canasta que había diseñado Lavagna aumentaba la ponderación del rubro rubro «vivienda, electricidad, gas y otros», desde el actual 9,4% del presupuesto familiar, a un 14,5%.
La diferencia entre los dos IPC en pugna se ve con claridad si se analiza la inflación de 2024. Ese año, según estimó la consultora Equilibra, el IPC acumulado habría dado 179,8% en vez del 117,8%, una brecha sustancial. Y eso ocurre, sobre todo, por el impacto del «tarifazo» en los primeros meses de la gestión Milei.
En cambio, en 2025, casi no se habrían registrado diferencias si se hubiese actualizado el IPC: el dato de la inflación habría resultado en 32,1% en vez del 31,5%. El motivo es que las subas tarifarias fueron más moderadas -el «estímulo electoral» llevó a que se pospusieran aumentos-.
Lo que viene
La pregunta que se plantea ahora es si la inflación de 2026 se parecerá más a la de 2024-cuando los servicios lideraron los aumentos- o a la de 2025, cuando las variaciones fueron más parejas.
Y, al menos durante el primer trimestre, todo indica que el factor tarifas será importante. Por eso, Caputo se resignó a tener en enero un IPC más alto que el que se habría registrado si hubiese cambiado la metodología de cálculo.
Lo que, en cambio, no está tan claro, es qué tan duradero puede ser el salto estacional en los alimentos y bebidas. Por lo pronto, se prevé que el IPC de febrero refleje una continuidad de esa situación, lo cual hará que se neutralice el efecto de normalidad que el ministro quería mostrar.
Al menos, quedará un consuelo para el ministro tras el giro negativo: el hecho de que se haya negado a instaurar un nuevo índice que podría dar una inflación menor será un argumento para recuperar credibilidad y evitar que los sindicatos quieran imponer algún tipo de «IPC blue» para mejorar sus condiciones de negociación salarial.
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En una entrevista en Infobae en vivo, Antonio Aracre, economista y exjefe de asesores presidenciales, remarcó la urgencia de discutir los efectos de la reforma laboral sobre las pymes argentinas: “Una PYME que contrata dos, tres, cuatro personas y justo tiene una persona que se enferma por un año, no puede bancar ese reemplazo”. El actual militante de La Libertad Avanza detalló que su afiliación surgió a raíz de una apuesta perdida con el presidente Javier Milei: “Si baja de 1200 el dólar, me afilio, prometí. Y un día bajó, así que tuve que cumplir mi palabra”, recordó entre risas.
Durante su paso por el estudio de Infobae a la Tarde, donde dialogó con Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin, Rosendo Grobo y Lara López Calvo, Aracre ahondó en la controversia generada por los cambios en las licencias por enfermedad: “Nadie discute que la gente que tiene una enfermedad grave o no, tiene que tener una solución. La solución es ver cómo puede seguir recibiendo ese ingreso. Lo que no se está discutiendo es que una PYME no puede soportar el 100% del salario de un trabajador enfermo durante un año”.
Según Aracre, el sistema vigente pone en jaque a los pequeños empleadores: “En un concepto actuarial o estadístico, vos tenés millones de trabajadores y cientos de miles de empresas y con un pequeño porcentaje financiamos todo eso. Es típicamente lo que se piensa del seguro”, explicó. Al ser consultado sobre quién debería hacerse cargo de ese costo, fue contundente: “Una compañía de seguros y tenemos que discutir quién fondea esa compañía. No tiene que estar a cargo de la PYME eso”.
El economista diferenció la realidad argentina de otros países: “Se podría decir como España, como Uruguay, como Chile. Estados Unidos, cero protección”. Reconoció, de todos modos, que no acuerda con la redacción final del artículo sobre licencias aprobado en el Congreso: “No estoy de acuerdo quizás con la forma en que está redactado. Ahora, si hay muchos que creen que la solución pasa por dejar todo como está y que una PYME se siga haciendo cargo…”. Aracre insistió en que el Gobierno debe corregir desprolijidades y consensuar un texto aceptado por todas las partes: “Ojalá entre hoy y mañana eso se subsane y se pueda llegar a un texto aceptado por todas las partes. Las empresas grandes no tienen ese problema. Ahora, una PYME sí”.
El exjefe de asesores presidenciales se mostró crítico con sectores que resisten la reforma: “Tengo una cierta desilusión con mis excolegas empresarios, con mucho del periodismo progresista, que no ve la otra cara de esta cuestión. Estoy hablando de los 10 millones de empleados informales o empleados en negro que el día de mañana no van a tener una jubilación, no van a tener un PAMI, no van a tener nada”.
Para Aracre, la legislación laboral argentina quedó obsoleta: “Seguimos queriendo imponer una ley que hace 50 años era fantástica, pero hoy, en los últimos veinte, hizo que el trabajo registrado privado no se mueva de los seis millones de personas. Es evidente que no sirve”.
Puso énfasis en la necesidad de reducir la litigiosidad y la llamada “industria del juicio”: “Países con similares tasas de accidentes de trabajo de Argentina, España y Chile, misma tasa de accidentes de trabajo. ¿Cuánto se judicializa en la Argentina y cuánto en Chile o en España? 10 veces más que Chile en Argentina, 15 veces más que en España, con una cobertura de las ART que en Argentina es mejor que en España y Chile. ¿Qué tenés ahí? La famosa industria del juicio”.
Frente a la pregunta sobre si la reforma generará empleo, Aracre precisó: “Para el blanqueo de gente que hoy tiene un trabajo, pero que no está registrado, yo creo que sí. No te digo ni mañana ni pasado mañana, pero en la medida que la gente comprenda el beneficio de tener una reducción del 80% de los costos laborales, es atractivo”.
Aracre subrayó que la reforma laboral se inserta en una serie de cambios más amplios: “Hay una política fiscal diferente, una política monetaria diferente, una política cambiaria distinta, que te estabilizan la macroeconomía. Pero no siendo suficiente eso, ahora viene una reforma laboral, pronto va a venir una reforma impositiva, después seguramente una reforma previsional, hay una reforma penal pendiente”.
Consultado sobre la falta de propuestas alternativas del peronismo, analizó: “Uno de los grandes triunfos de Milei en la batalla cultural fue hacer que la gente común entienda la cuestión del déficit fiscal. Y lo que es más fácil de entender es la inflación. ¿Cómo hacés desde el peronismo para decirle a la gente que le vas a dar un montón de derechos, pero sin generar déficit?”. Definió la situación como una “pérdida del relato o un relato atractivo para la gente que ya no come vidrios”.
El economista también se refirió a los incentivos para el empleo registrado y propuso un tope de indemnización para pymes: “Yo para las pymes hubiese puesto un tope de indemnización de tres sueldos y punto. Una pyme no se puede bancar la misma indemnización”.
Para el futuro, Aracre auguró que la clave estará en la estabilidad macroeconómica y la simplificación tributaria: “La reforma impositiva este año apunta más a la simplificación que a la reducción importante de impuestos, porque hasta que no haya un crecimiento más sostenido, tampoco podés correr demasiados riesgos fiscales”.
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ECONOMIA
La Justicia británica ordenó a la Argentina revelar activos para hacer efectivo un fallo por los cupones PBI
La Justicia del Reino Unido dispuso que el Gobierno argentino debe entregar información financiera y contractual sobre activos en el extranjero, tras una sentencia que obliga al país a pagar 1.330 millones de euros a los tenedores de bonos cupón PBI. Este proceso se enmarca en la búsqueda de los acreedores por identificar bienes susceptibles de embargo para ejecutar el fallo.
El caso involucra a Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group LLC y Virtual Emerald, cuatro fondos que demandaron a la República Argentina por modificar la metodología de cálculo del Producto Bruto Interno (PBI) durante la gestión presidencial de Cristina Kirchner, cuando Áxel Kicillof se desempeñaba como su ministro de Economía. La modificación, implementada en 2013, redujo los pagos vinculados a los bonos denominados Cupones PBI emitidos en 2005 y 2010. La Corte londinense consideró que esta decisión perjudicó a los inversores.
El proceso judicial permitió a los beneficiarios ejecutar una garantía por 313 millones de euros, depositada por Argentina para apelar el fallo, recurso que fue finalmente desestimado. Todavía resta el pago de unos 1.000 millones de euros, según confirmó la Procuración del Tesoro, que ubicó este litigio como el quinto más relevante en monto para el país.
La orden de la Corte británica exige revelar contratos firmados con petroleras internacionales, empresas del sector energético y cuentas bancarias en el exterior. Sebastián Maril, director regional de Latam Advisors, indicó a través de su cuenta en la red social “X” que la “Corte londinense ordena a la República Argentina entregar información sobre contratos firmados con petroleras internacionales, empresas del sector energético y cuentas bancarias entre otros ítems. Esto ocurre dentro del discovery por activos argentinos en el caso Cupón PBI en Euros”.
La orden de la Corte británica exige revelar contratos con petroleras internacionales, empresas de energía y cuentas bancarias en el exterior para considerarlos plausibles de embargo
El procedimiento judicial del discovery busca identificar activos que puedan ser embargados para asegurar el cumplimiento de una sentencia.
En agosto, un informe técnico del FMI (Fondo Monetario Internacional) mencionó conversaciones entre Argentina y los acreedores, pero los beneficiarios del fallo negaron la existencia de negociaciones. En una carta difundida por PR Newswire, los demandantes declararon: “No hay negociaciones en curso entre ellos y la República”. También informaron al FMI sobre lo que consideran afirmaciones incorrectas y solicitaron la actualización del reporte técnico.
La deuda pendiente se originó en el cupón atado al PBI, instrumento creado como incentivo durante el canje de deuda de 2005 que lideró Roberto Lavagna. El mecanismo establecía pagos adicionales a los bonistas si el crecimiento anual superaba el 3% hasta 2035. El gobierno argentino suspendió los pagos en 2011, cuando la economía dejó de registrar ese nivel de expansión.
Los acreedores afirman que el país “se niega a cooperar con las medidas adoptadas para ejecutar la deuda judicial” y que tampoco abona los intereses diarios acumulados. Además, advierten que ven necesario que la Argentina resuelva sus atrasos externos, especialmente los asociados a emisiones de deuda anteriores, antes de intentar regresar a los mercados internacionales de capital.
En 2023, la justicia británica condenó a la Argentina a pagar el equivalente a unos USD 1.500 millones (1.300 millones de euros más intereses) a los bonistas del cupón PBI. En febrero de 2025 los demandantes ejecutaron una garantía por 313 millones de euros que la Argentina había depositado a través de una Carta de Crédito emitida por Banco Santander. Aunque no se conoce la composición exacta de esa garantía, expertos estiman que está constituida por efectivo o Letras de pago inmediato.
La decisión del Tribunal Superior de Londres tomó como antecedente la intervención del Indec en 2007, cuando Guillermo Moreno, entonces secretario de Comercio Interior, manipuló los datos de inflación. En 2013, el organismo modificó el cálculo del PBI y reportó un crecimiento del 3,2%, lo que impidió el pago a los tenedores de cupones PBI. Esa alteración motivó la demanda de cuatro fondos internacionales.
Con la nueva metodología, el Indec difundió un crecimiento inferior al umbral del 3,22% necesario para activar el pago de estos warrants. Bajo la base previa de 1993, el PBI había subido un 4,9%. Así, el gobierno de Cristina Kirchner evitó en ese momento el desembolso de más de USD 3.600 millones en intereses.
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