El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicó el jueves los últimos datos del Índice de Salarios correspondientes a mayo de 2025. En los promedios calculados por el organismo oficial, los salarios le ganaron a la inflación ese mes, recuperando algo de poder de compra real. 

Los datos resumen la marcada desaceleración inflacionaria que se reportó en Argentina a partir de abril, mientras que los salarios sostienen hasta ahoraa un ritmo mensual mayor a la suba de precios.

El Índice de Salarios de mayo para la población económicamente activa fue de 3%, cuando el Índice de Precios al Consumidor que elabora el INDEC había sido de solo 1,5% intermensual, el más bajo reportado durante la gestión de Javier Milei en casi un año y medio. 

A la vez, desde diciembre de 2024 el Índice de Salarios acumuló un alza de 17,2%, por encima de los 13,3 puntos que aumentó la inflación en ese período. Desde mayo 2024, los sueldos en promedio subieron 65,7%, cuando la inflación en ese lapso fue de 43,5%.

Esto habla de una leve recuperación del salario real, sin que se equipare con el poder adquisitivo perdido (siempre hablando en función de los promedios calculados por el INDEC) en 2024. Aunque no todos los sectores habrían logrado esa recuperación. 

Salarios privados pierden contra la inflación

Los datos del INDEC también mostraron que los salarios del sector privado registrado no lograron la mejora real del poder de compra que indica el promedio general.  

Si bien en mayo se incrementaron un 2% y quedaron así por encima del IPC, en los primeros 5 meses del año acumularon solo 11,8% de alza, quedando 1,5% nominal por detrás de la inflación para el mismo período. 

El sector público, que en mayo tuvo una mejora intermensual del 3,3%, si quedó por encima del IPC acumulado hasta ese mes, con 15% de alza. 

Pero es el índice de salarios del sector privado no registrado o informal el que más impulsó el promedio general que hace que hoy los números cierren para el Gobierno. El INDEC asegura que ese segmento tuvo un alza del 40% en los primeros cinco meses del año y del 5,6% en mayo. 

Sobre esta última cifra el INDEC realizó una aclaración metodológica: «En virtud del procedimiento de cálculo para la estimación del componente sector privado no registrado del índice de salarios, para la estimación del componente sector privado no registrado del índice de salarios, el índice mensual construido a partir de la EPH (Encuesta Permanente de Hogares) tiene un rezago de 5 meses, que surge de trabajar con los promedios trimestrales móviles de las medias geométricas de los ingresos horarios de los asalariados no registrados.»

Es decir, por ese rezago, el dato para el sector privado no registrado se debería tener en cuenta la relación entre salarios e inflación de principio de año. Aún en ese caso, la recuperación de los ingresos informales, que el año pasado fueron los más golpeados por la devaluación y la inflación, mostraría cifras mayores a las que tuvieron entonces los precios. 

Por otra parte, al mirar el índice del INDEC para el sector registrado en su conjunto (público y provado) el promedio salarial habla de una suba de 2,4% en mayo, del 12,8% en cinco meses y del 52,1% interanual. Por lo tanto, este segmento que si se posicionó por delante de la inflación en mayo y en la comparativa interanual, en lo que va del año viene perdiendo con la inflación. Será cuestión de seguir de cerca esa evolución para entender si mayo marca el inicio de una recuperación de los ingresos del empleo registrado o si sigue perdiendo salario real.  

En todos los casos, las cifras de inflación históricamente bajas en los últimos meses ayudaron a compensar parcialmente el atraso salarial registrado en 2024, pero en mayo los sueldos del sector formalizado comienzan a mostrar señales de alerta.

Más cambios en el empleo

Si bien uno de los objetivos explícitos del Gobierno de La Libertad Avanza es llevar adelante una reforma laboral que impulse la generación de puestos de trabajo registrados, por el momento los datos oficiales no señalan buenas noticias en ese aspecto.

Un reciente informe de IDESA, en base a datos de la EPH, desnudó que el 40% de los asalariados en el sector privado no están registrados por sus empleadores, y que el 14% de los empleados que trabajan «en negro» facturan como monotributistas, situación que legaliza el vínculo como prestación de servicios y no como una relación laboral de dependencia.

La informalidad está más extendida en microempresas de menos de 10 empleadores, pero a la vez la modalidad de colaboradores externos que facturan como monotributistas prevalece en las compañías más grandes, según aclaró IDESA: «El uso del monotributo como mecanismo para evadir la legislación laboral está más extendido en empresas grandes, donde la informalidad es menor pero la tercerización mediante «falso monotributo» es más frecuente.»

Estos son datos a tener en cuenta también al analizar el Índice de Salarios por segmentos y modalidades de trabajo. Las medidas propuestas como Reforma Laboral buscan atacar la informalidad mediante menores costos y mayor flexibilidad, aunque los datos recientes no reflejan aún un impacto relevante en el incremento del empleo formal, mientras se recuperan más rápido los sueldos del sector no registrado.

Caputo proyecta que Argentina podrá volver a financiarse con una tasa del 8,75% si bajan las tasas globales y el riesgo país sigue en descenso

25/07/2025 – 10:53hs

El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que Argentina tiene chances de recuperar acceso al financiamiento internacional con una tasa inferior al 9%, siempre que se confirme la baja de tasas en Estados Unidos y la reducción del riesgo país continúe en la misma senda.

Acuerdo con el FMI y el impacto de las condiciones externas

En el streaming libertario Carajo, Caputo se refirió al entendimiento alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI): «Firmamos el Staff-Level Agreement. Ahora tiene que ir a la aprobación del board. Va a ser para fin de julio». Según explicó, este es un acuerdo más beneficioso que el previo, que contribuirá a robustecer la estabilidad financiera y facilitar un mejor acceso a los mercados

Y siguió: «Firmamos un excelente acuerdo para el país. Es mejor que lo que teníamos antes, en el sentido de que va a ayudar significativamente a que el país pueda recuperar el acceso a los mercados para poder refinanciar la deuda».

En cuanto a las tasas internacionales, el ministro proyectó que un recorte de la Reserva Federal de Estados Unidos favorecería a Argentina: «Otra cosa que está bueno puntualizar es que, si realmente se da el escenario de tasas internacionales, que es de tres bajas de tasas de acá a fin de año y probablemente dos bajas más en el primer trimestre del año próximo —sería un total de 125 puntos básicos—, sobre una tasa que hoy está en 4,5%, la pondría en 3,25%».

Caputo explicó que, con una reducción del riesgo país a niveles previos, el país podría acceder a tasas más accesibles: «Si volviéramos al nivel de riesgo país que teníamos en diciembre de 2024, que era de 550 puntos, accederíamos a una tasa de 8,75%«. Y añadió: «Es un paso muy importante, porque lo que Argentina necesita es poder acceder a los mercados para poder hacer un roll-over de lo principal».

La acumulación de reservas y la reducción de la deuda pública

Caputo resaltó, por otra parte, que la acumulación de reservas es un pilar del programa económico vigente. «Se habla mucho de la acumulación de reservas. Este es un programa que no ha hecho otra cosa que comprar reservas. De hecho, en los primeros 18 meses de este programa este gobierno compró u$s25.000 millones. Eso es casi el doble de lo que compró el segundo gobierno en sus primeros 18 meses, que fue unos u$13.000 millones», comparó.

No obstante, alertó que la falta de acceso a los mercados para refinanciar deuda obliga a usar esas reservas para los pagos de capital: «El problema es que, si uno no tiene acceso al mercado para refinanciar el capital, entonces esas reservas se van en pagos de deuda, que es lo que ha pasado en estos 18 meses». Además, destacó la significativa reducción del stock de deuda pública: «Hemos bajado la deuda en u$s54.000 millones».

Sobre la relación deuda-PBI, explicó: «En términos de ratio de deuda sobre producto, vamos a ver que la baja es fenomenal. Estamos en un 42,2%. Es la deuda consolidada. Estamos diciendo Tesoro y Banco Central, para que la gente entienda. La hacemos consolidada porque el Tesoro se hizo cargo de la deuda del BCRA».

Para finalizar, Caputo expresó su optimismo acerca del efecto del nuevo acuerdo con el FMI en la confianza de los inversores: «Estamos muy contentos con el acuerdo, porque es mejor que el que teníamos. Al mercado le va a gustar y lo va a tomar muy bien. Además, nos va a permitir más pronto que tarde tener acceso al mercado».

La batalla judicial que ocurre en Lácteos Vidal tras los bloqueos promovidos por el gremio ATILRA entre julio y septiembre de 2022 parece no tener fin. A pocos días de que la empresa debiera afrontar una pena de $47 millones en concepto de multas y sufrir un embargo, ahora la Justicia hizo lugar a un pedido de los abogados de la láctea y decidió imputar a 8 dirigentes sindicales a los que se acusa de promover el hostigamiento y los bloqueos contra Lácteos Vidal. La medida fue establecida por la Fiscalía en lo Penal y Contravencional N° 26 del Ministerio Público de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Luis Arnaudo.

Los dirigentes están acusados de los presuntos delitos de desbaratamiento de empresa, amenazas y compulsión a la huelga contra la pyme. La acción judicial parte de una denuncia presentada por los abogados de Alejandra Bada Vázquez, titular de Lácteos Vidal.

Desde la firma en cuestión se indicó que la figura que se aplica a los sindicalistas no se había usado hasta ahora en los tribunales porteños. Y las fuentes anticiparon que también se activaría una denuncia por presunta asociación ilícita cometida, también, por los acusados.

Representantes de ATILRA, entre los imputados

Con relación a los imputados, la mayoría ligados a la seccional Trenque Lauquen del gremio ATILRA, se trata de Heber Ríos, Sergio Longo, Gastón Moreno, Franco Yedro, Cristian Martín, Diego Alarcón, Rafael Ale y Ariel Sánchez.

Lácteos Vidal también iniciaría una demanda contra el sindicato por daños y perjuicios con la intención de hacerse con un resarcimiento económico por las afectaciones derivadas de las acciones de ATILRA. Se estima que el monto que solicitaría la pyme rondará los 500 millones de pesos.

Relacionado con esto, la empresa afirmó que los bloqueos llevados adelante por el gremio «alteraron el normal funcionamiento de la empresa, ocasionando un perjuicio económico concreto al impedir el ingreso y egreso de mercadería en la planta de Moctezuma, así como la venta y distribución de productos en la sede de CABA».

Asimismo, Lácteos Vidal sostiene que el hostigamiento y los bloqueos respondieron a «una estrategia coordinada por parte de los imputados«, lo cual configuraría una conducta única tipificada en el artículo 174 del Código Penal: obstrucción al funcionamiento de establecimientos industriales o comerciales.

Siempre según la empresa, «se obstaculizó y/o impidió el ingreso y egreso de mercadería, tanto por parte de la propia firma Lácteos Vidal como de sus proveedores y clientes. Todo ello ocurrió en virtud de actuación coordinada de las autoridades de Atilra antes mencionadas».

Lácteos Vidal y el ida y vuelta judicial

El escenario judicial en Lácteos Vidal es tan profuso como cambiante. Así, y previo a esta nueva decisión, a principios de mes la Justicia impuso a la compañía una pena de $47 millones en concepto de multas.

«Nueve de Julio trabajando para pagar embargos. Parece que la libertad es cara en este país, pero bueno, no tiene precio», declaró, respecto de ese nuevo revés económico y judicial sufrido, Alejandra Bada Vázquez, una de las propietarias de la empresa láctea.

«Se amanece con nuevo embargo de 47 millones de pesos. Porque bueno, a pesar de que las empresas tenemos supuestos derechos de despedir y contratar, parece que algunos jueces no se enteraron y entonces ponen multas por no reincorporar gente que no podemos reincorporar porque hacemos alimentos», agregó.

Lo establecido por la Justicia recrudeció el malestar de la compañía con Ignacio Ramonet, el juez a cargo de la causa, quien el mes pasado fue señalado por establecer dictámenes que coinciden con los pedidos que viene realizando ATILRA.

Es a partir de esa presunción que la cúpula de la compañía a través de su apoderado, Eduardo Darriba, presentó en junio una denuncia ante el Consejo de la Magistratura de la Nación para que «se investigue la misma y se determine si los hechos configuran o no causal de mal desempeño y/o delito«, siempre en alusión a las resoluciones de Ramonet.

De acuerdo a fuentes al tanto de la contienda judicial, en la denuncia se menciona la presión ejercida por el sindicato para lograr la reincorporación de los despedidos, y además se hace hincapié en cómo el juez en entredicho viene haciendo lugar a las presentaciones legales de ATILRA.