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ECONOMIA

Crece el conflicto por los despidos en el Estado: ATE anunció nuevo paro para el viernes

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El gremio de estatales ATE votó la realización de un nuevo paro nacional para este viernes en el marco de un plan de lucha contra los despidos en el sector que dispuso el gobierno del presidente Javier Milei.

Luego de distintas medidas de protesta este miércoles, con epicentro en la Secretaría de Trabajo, se decidió en una asamblea la convocatoria a otro paro.

«Le vamos a dar pelea y le vamos a sacar la motosierra», aseguró el titular de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, y resaltó que «este fin de semana se recibieron miles y miles de telegramas de despidos, en todos los casos ilegales y arbitrarios». Según destacó, «son más de 11 mil despidos fehacientemente comunicados en todo el país«.

El rionegrino remarcó que las ocupaciones pacíficas en ministerios y organismos públicos de la jornada se dieron «a pesar de que el Gobierno decidió llenar de policías todas las dependencias públicas».

En esa línea, Aguiar había afirmado que el Gobierno va «por la cabeza de los 70 mil contratados«. Y sumó: «Por eso, a la tarde, en un plenario de más de mil delegados, vamos a definir la profundidad del plan de acción y vamos a proponer una nueva medida de fuerza general antes de que termine esta semana».

«(El presidente Javier) Milei decidió tercerizar el ajuste: ahora la motosierra la tiene Techint, porque el secretario de Trabajo (Julio Cordero) es un gerente de Recursos Humanos de ese grupo empresario. Pero le vamos a dar pelea y le vamos a sacar la motosierra», añadió.

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ATE mantuvo asambleas y reuniones en distintos puntos del país en rechazo a los miles de despidos llevados a cabo por el Gobierno nacional

Al justificar el ingreso de los cesanteados a sus lugares de trabajo, Aguiar afirmó que «la comunicación del despido resulta absolutamente ineficiente en términos jurídicos» y destacó que el empleo público cuenta con altos índices de precarización.

«Esto es responsabilidad absoluta de todas las gestiones que se sucedieron por la Casa Rosada y no le dieron solución a este fraude laboral de 70 mil trabajadores que deberían estar en planta permanente: acá no hay ñoquis y el pueblo empieza a darse cuenta», sumó Aguiar.

Para finalizar, Aguiar sostuvo: «El ñoqui más caro que tiene el Estado es alguien asumió el 10 de diciembre y se pasa el 80% de su jornada laboral jugando en las redes sociales».

Tensión en edificios públicos por despidos

Luego de una mañana cargada de tensión en distintos edificios públicos, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) mantuvo asambleas y reuniones en distintos puntos del país en rechazo a los miles de despidos llevados a cabo por el Gobierno nacional.

Según sostuvo el Secretario General de ATE Rodolfo Aguiar, el sindicato «cumplió el objetivo» luego de que muchos trabajadores ingresaran por la fuerza a las reparticiones para participar de las protestas.

«Los despedidos y despedidas ingresaban llorando, quiero decirle al Presidente que estas lágrimas no van a ser gratis», advirtió Aguiar, quien sostuvo que unos 1.000 delegados del gremio van a realizar un plenario de oficinas públicas para decidir de qué manera continuarán las protestas.

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Desde ATE hubo intercambio de mensajes con Pablo Moyano, con el pedido de un nuevo paro general

También reveló que intercambió mensajes con Pablo Moyano y le pidió a la CGT que ponga fecha de un nuevo paro general. «Ya lo dijimos en nuestra central sindical, la CTA autónoma, también ante la CTA de los trabajadores, necesitamos reeditar el 24 de enero», insistió Aguiar.

Empleados públicos: incidentes en edificios públicos

Durante la mañana, hubo una serie de conflictos tanto en el Instituto Nacional contra la Discriminación, el Racismo y la Xenofobia (INADI) como en la Secretaría de Trabajo. Luego de forcejear con las fuerzas de seguridad, trabajadores estatales ingresaron al edificio del INADI, mientras que en la Secretaría de Trabajo de la Nación hubo retención de tareas por empleados cesanteados y una protesta llevada adelante por ATE (Asociación de Trabajadores del Estado).

El operativo de seguridad que se montó en las inmediaciones del INADI intentó frenar sin éxito a los trabajadores que ingresaron al organismo, traspasando los molinetes. Parte del personal declaró que notificaron «casi 40 despidos» y que la policía, que estaba presente en el lugar, «tenía orden de reprimir».

El Gobierno dispuso un fuerte operativo de seguridad en distintos edificios públicos, para frenar las protestas de los empleados estatales. Muchos de los empleados se enteraron de su desvinculación en el mismo momento y otros recibieron, mediante correo electrónico institucional, la comunicación de la cesantía de sus contratos.

Uno de los testimonios que se viralizó fue el de una mujer, empleada del INADI, que había ingresado a trabajar en el año 2008 y que le faltaban meses para jubilarse. «En mi legajo tengo los agradecimientos de todas las personas que beneficié con mis gestiones. Me quedo sin ingresos hasta que salga mi jubilación«, expresó la mujer.

Por su parte, los trabajadores del ex Ministerio de Trabajo de la Nación, que actualmente es una de las secretarías que dependen del Ministerio de Capital Humano, decidieron realizar una protesta con retención de tareas por 14 contratados a los que desvincularon sin motivo.

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La oposición presentó un plan para eliminar retenciones definitivamente

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El debate por las retenciones al campo se reavivó en los últimos días tras el anuncio del gobierno de Javier Milei de establecer una baja temporal del 20 % en la alícuota hasta el 30 de junio.

Ahora la Coalición Cívica fue por más y redobló la apuesta. Presentó un proyecto para impedir la suba de los niveles actuales del gravamen y eliminarlas en un plazo de 5 años.

Con esta propuesta, los diputados que responden a Elisa Carrió se hacen eco del descontento del campo por el anuncio del gobierno nacional, quiénes pidieron que la rebaja en lugar de tener vigencia hasta mitad de año sea permanente y que se elimine el tributo definitivamente.

Se presenta también días antes de la reunión que mantendrá mañana el ministro de Economía, Luis ‘Toto’ Caputo, con dirigentes de las entidades de la Mesa de Enlace.

La iniciativa de la CC lleva las firmas de los diputados Maximiliano Ferraro, Victoria Borrego, Marcela Campagnoli, Mónica Frade y Paula Oliveto.

Retenciones: ¿qué plantean los diputados de la CC?

Entre otras cuestiones, el proyecto, establece en el artículo 1° inmovilizar los derechos de exportación en los valores que se encuentran hoy con la baja temporal. Esto es 26% para soja y subproductos; 9,5% para trigo, maíz, cebada y sorgo; y 5,5% para girasol y subproductos.

De esta manera, a través del proyecto, los diputados de la CC proponen fijar por ley un esquema de reducción progresiva de alícuotas, con una disminución anual del 20% hasta su eliminación total al cabo de cinco años.

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Si bien se modifica el código aduanero y se elimina el impuesto, la iniciativa no quita todas las retenciones de golpe.

«A pesar de las reiteradas promesas de alivios definitivos, la eliminación de los derechos de exportación sigue pendiente, sin un compromiso concreto para su eliminación en el corto o mediano plazo», afirma la iniciativa en sus fundamentos.

En este sentido, los diputados de la CC recuerdan que desde esa fuerza «hemos sostenido siempre la necesidad de ‘dejar en paz al campo’ y reafirmamos nuestro compromiso con la eliminación total de estos tributos en el menor tiempo posible».

«La eliminación permanente de este tributo incentivará la producción, fortalecerá la competitividad del sector y permitirá un desarrollo sostenido del agro, beneficiando la recaudación de otros impuestos y la actividad económica en general», aseguran en la CC.

Otra de las cuestiones que plantea el proyecto es la derogación del artículo 755 del Código Aduanero que permitió el aumento de los derechos de exportación sin la intervención del Congreso de la Nación «en clara contravención con el principio de legalidad que rige en materia tributaria», se afirma en el proyecto.

La critica del campo a la medida de Javier Milei

El anuncio del Gobierno de una baja hasta junio en los derechos de exportación (DEX) para soja, trigo y maíz generó en un principio un respaldo casi unánime desde distintos sectores que representan al campo pero con el correr de los días surgieron críticas a la medida.

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Por ejemplo, referentes del agro de Salta, Jujuy, Tucumán, Chaco y Córdoba cuestionaron el tiempo en el que regirá la medida y consideraron que deja afuera a medianos y pequeños productores.

Ese planteo será tema de debate seguramente en la reunión que mantendrán los dirigentes de la Mesa de Enlace con Caputo, quien según fuentes del gobierno defenderá la medida en busca de ratificar la prioridad de su programa económico de mantener el equilibrio fiscal.

La venta de granos y la liquidación de exportaciones todavía se mantiene bien por debajo del promedio que se registraba antes del anuncio de baja de retenciones, lo que da cuenta de que persisten las dudas en el sector.



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