Un nuevo proyecto de ley busca establecer un marco normativo y un régimen de promoción de inversiones para el desarrollo de la industria del hidrógeno de origen renovable y de bajas emisiones en Argentina, un recurso considerado el futuro de la energía de mediano y largo plazo que a las ventajas competitivas del país puede sumar inversiones millonarias del exterior.

La iniciativa, que ya se encuentra en la Cámara de Diputados, propone complementar el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para adaptarlo a las particularidades de los proyectos de hidrógeno, que requieren plazos de desarrollo más extensos, algo que la industria venía reclamando para destrabar proyectos ya en carpeta. 

Las fuentes consultadas aseguraron que el proyecto está 100% en línea con la mirada de la Secretaría de Energía y del Gobierno nacional, por lo que se puede considerar como el proyecto oficial a partir del cual se buscarán los consensos con el resto de las bancadas.

El Proyecto de ley 3503-D-2025 fue presentado por los diputados Lorena Villaverde (Neuquén-LLA) y Martín Maquieyra (La Pampa-PRO), y establece un marco normativo para promover inversiones en la industria del hidrógeno renovable y de bajas emisiones, declarando estas actividades de interés nacional.

El objetivo principal de esta adaptación es brindar las condiciones de previsibilidad, estabilidad y seguridad jurídica, esenciales para atraer las grandes inversiones necesarias para explotar el potencial de Argentina en la producción de hidrógeno.

El potencial de la Argentina para el futuro de la energía

Argentina cuenta con abundantes recursos eólicos, particularmente en la Patagonia, y solares en Cuyo y el Noroeste. Estas fuentes de energía renovable son esenciales para la producción de hidrógeno verde a través de la electrólisis del agua.

Se estima que para 2050, Argentina podría producir al menos 5 millones de toneladas anuales de hidrógeno de bajas emisiones. Para 2030, el objetivo es superar el millón de toneladas anuales de hidrógeno verde con una capacidad de electrolizadores de más de 5 GW.

Las proyecciones para 2030 y 2050 sitúan a Argentina entre los países con los costos de producción de hidrógeno más bajos a nivel global, especialmente en la región patagónica. El hidrógeno puede contribuir significativamente a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en sectores como la generación de energía y los procesos industriales.

Además, su desarrollo representa una oportunidad para la reindustrialización del país, la creación de nuevos empleos (estimando 50.000 para 2050) y el incremento de las exportaciones (hasta 15 mil millones de dólares para 2050).

Argentina ya produce hidrógeno para industrias como la de fertilizantes y la refinación de petróleo. También cuenta con plantas experimentales de producción de hidrógeno, como Hychico en Chubut y Pico Truncado en Santa Cruz que produce hidrógeno verde.

Un RIGI adaptado a medida del Hidrógeno

El proyecto reconoce que la fase de factibilidad de los proyectos de hidrógeno puede demorar entre dos y tres años, y el inicio de la construcción hasta cinco años, lo que difiere de los tiempos de otras industrias con mayor maduración. Por ello, se busca flexibilizar los plazos y requisitos de inversión del RIGI para esta industria estratégica.

Entre las modificaciones clave, se propone ampliar el plazo de adhesión al RIGI de 2 a 5 años para los proyectos de hidrógeno renovable y de bajas emisiones, contados desde la entrada en vigencia de la nueva ley.

Además, se flexibiliza la exigencia de cumplimiento del monto mínimo de inversión, otorgando un plazo de 3 años desde la adhesión al régimen para alcanzar dicho monto, tanto en proyectos del régimen general como en los de exportación estratégica a largo plazo. La autoridad de aplicación de la ley será la encargada de evaluar los proyectos para la adhesión al RIGI.

El proyecto de ley también declara de interés nacional las inversiones en el desarrollo, producción, transporte, almacenamiento, exportación y uso del hidrógeno de origen renovable y de bajas emisiones, así como sus derivados, en todo el territorio nacional.

Además, se establece una cláusula de estabilidad tributaria por 30 años para los proyectos de inversión vinculados a la cadena de valor del hidrógeno, lo que implica que no serán afectados por la derogación de la ley ni por la creación o incremento de tributos que resulten más gravosos que los vigentes al momento de su sanción. Esta estabilidad se aplicará incluso a proyectos que no adhieran al RIGI.

Justo en su momento más delicado desde el punto de vista político, cuando la ofensiva opositora en el Congreso hace dudar sobre el superávit fiscal y cuando el alza del dólar hace temer por el fin del «ancla cambiaria», el Gobierno recibió una de las mejores noticias del año.

El IPC de junio no solo dio muy por debajo de lo que habían proyectado las consultoras privadas, sino que, además, implica una recuperación de la confianza sobre el plan económico. La euforia -también podría interpretarse como el alivio- quedó más que elocuente en el tuit de Javier Milei, en el que felicita a su equipo económico y dice que el 1,6% «lo festejan los argentinos de bien y lo llora todo mandrilandia».

Como se encargó de marcar el ministro Luis Caputo, es un número que no se veía desde 2018 -exceptuando el registro de abril 2020, atípico porque obedecía al momento de mayor parálisis económica por la cuarentena-.

Ya ese solo dato sería, en sí mismo, motivo para el festejo político. Pero la fiesta resultó completa por el hecho de que, el mismo día, se comunicó la inflación de la canasta básica -la que marca la línea de pobreza- y la canasta alimentaria -la que indica la línea de indigencia-.

En otras palabras, se cerró el primer semestre con un abaratamiento relativo de las canastas que consumen las franjas de menores ingresos de la sociedad. Y eso implica que el próximo dato semestral de pobreza -que se publicará en septiembre, en pleno cierre de la campaña electoral para las legislativas- muy posiblemente volverá a marcar una mejora.

El último censo, que se publicó en marzo pasado y midió el segundo semestre de 2024, dio una pobreza de 38,1% de la población y una indigencia de 8,2%.

Inflación baja y alivio para la franja más pobre

Puesto en números, la canasta de pobreza registró en junio un 1,6%, lo que implica que el acumulado del año está en 10,1%. En cuanto a la canasta de indigencia, su variación mensual fue de 1,1%, con lo cual el encarecimiento acumulado en el primer semestre del año llega a 12,4%.

Es decir, ambos indicadores tuvieron una evolución inferior al IPC general, que en lo que va del año acumuló un 15,1%. Lo que explica esta situación es el hecho de que tanto en la canasta de pobreza como en la canasta alimentaria hay una ponderación menor de los servicios y gastos de recreación, mientras que los alimentos ocupan la mayor parte a la hora de medir la inflación.

Y, en lo que va del año, los alimentos tuvieron una variación menor a los de rubros consumidos por la clase media, como la de educación privada, servicios de comunicación, restaurantes, combustibles y servicios no subsidiados de electricidad, gas y agua.

Es por ello que las canastas básica y alimentaria han tenido casi siempre una evolución inferior al IPC, con la excepción de marzo, cuando por cuestiones estacionales -y por la elevada incidencia de la carne en la estadística del Indec-, los alimentos tuvieron un pico inusual de aumentos.

En esa ocasión, el rubro alimenticio había sido el de mayor incremento -un 5,9%- impulsado por una fuerte suba de precios en carnes y verduras. Como consecuencia, ese mes empeoró la situación de los más pobres, dado que la canasta básica registró una suba de 4% y la de indigencia un 5,9%.

Esa situación se revirtió en los tres meses siguientes, a tal punto que en mayo la canasta alimentaria registró, por primera vez, una deflación -es decir, un abaratamiento nominal-.

¿Cómo está ahora la estadística? Hablando en plata, a fines de junio una familia de dos adultos y dos menores tenía que contar con un ingreso de $1.128.398 para estar por encima de la línea de pobreza. Y el ingreso familiar para estar sobre la línea de indigencia -es decir, para poder consumir una dieta capaz de reponer nutrientes y mantener la salud- se ubicó en $506.008.

Un dato ideal en el debate por las jubilaciones

Para el gobierno, la utilidad política del IPC de junio tiene un «timing» inmejorable, porque además le permite reforzar su argumento en el debate jubilatorio, luego del paquete de reformas aprobado por la oposición.

En ese mes, el ajuste para jubilaciones y pensiones fue de 2,78%, de acuerdo con la nueva fórmula indexatoria, que toma la inflación pasada. En otras palabras, un haber jubilatorio que evoluciona notoriamente por encima de los precios, con el IPC de 1,6%.

Claro, ese 2,78% refiere a la «jubilación pura», sin tener en cuenta el bono extraordinario que cobran los jubilados de la mínima. Dado que ese bono continúa congelado en $70.000, se produce un efecto de achatamiento relativo de la mínima respecto del resto de las jubilaciones.

Aun así, considerando la variación total -jubilación más el bono- los jubilados de la franja mínima también le ganaron a la inflación en junio, aunque por un margen menor: 2,2% de incremento en el cobro frente al 1,6% del IPC.

La revancha política

Tal como había ocurrido el mes pasado, el mayor motivo de festejo para el equipo económico es el hecho de que los precios se movieron muy por debajo de lo que habían pronosticado los economistas críticos.

Después del 3,7% de marzo, las consultoras económicas habían pronosticado que en los meses siguientes se registrarían cifras más altas para el IPC, redondeando un acumulado no menor a 12% para el trimestre abril-junio. En contraste con ese pronóstico, el acumulado trimestral dio 6%, la mitad de las proyecciones.

Aun cuando en mayo la situación se normalizó con un IPC de 1,5%, igualmente los economistas siguieron manifestando sus dudas, por los movimientos cambiarios que se generaron tras el levantamiento del cepo. En junio, particularmente, se notó un regreso de los pequeños ahorristas al atesoramiento de billetes verdes, al tiempo que el tipo de cambio, en apenas 10 días de junio, registraba un salto de 5,5%.

Esto llevó a que entre los economistas se especulara sobre el fin del ancla cambiaria y un inevitable contagio del dólar a los precios. Sin embargo, no es lo que ocurrió en junio. Y el gobierno sostiene que tampoco se verá ese efecto en julio, dado que la apertura comercial con rebajas de aranceles opera como un factor que neutraliza la suba del dólar.

Lo cierto es que Milei está dispuesto a aprovechar políticamente este empujón que le da el alivio inflacionario. Ya en el fin de semana se había hecho eco de una encuesta de la consultora Opinaia en la que se reflejaba cómo una mayoría de 63% de los argentinos está de acuerdo con que es necesaria una reducción del gasto público. Y, en otra demostración de su avance en la «batalla cultural», una mayoría de 56% reconoce un vínculo directo entre el déficit fiscal y la alta inflación.

Es, para el gobierno, una de las mejores noticias posibles, mientras enfrenta la aprobación de un paquete legislativo que, según estima Caputo, este año tendría un costo fiscal de 1,5% del PBI y el año próximo de 2,5%. Es decir, algo que amenaza seriamente el objetivo de terminar este año con un superávit de 1,6% del PBI.

Otro de los tuits que Milei replicó y celebró fue un gráfico «contrafáctico» -publicado por la diputada Sabrina Ajmechet- en el que se proyectó cuál sería el nivel actual de inflación si se hubiera seguido con la expansión del gasto que realizaba Sergio Massa en el final del gobierno anterior. La inflación de junio habría dado, según esa proyección, un 60% en el mes.

La crisis de las jubilaciones y de los fondos provinciales continúa. El gobierno de Javier Milei había dejado trascender que, luego de que el Senado sancionara las leyes que enardecieron al Presidente y a sus tuiteros, se iba a entablar urgente una negociación con los gobernadores, pero el jefe del Gabinete, Guillermo Francos, solo comenzará a llamarlos después de los vetos presidenciales.

«No hay nada concreto hasta ahora», dijo este lunes a iProfesional una alta fuente del Gobierno, al tanto de los movimientos de Guillermo Francos. «Luego de los vetos del Presidente hablaremos», agregó.

El Gobierno espera el veto del Presidente para negociar con las provincias

Desde el lado de los mandatarios provinciales, iProfesional pudo constatar que ninguno de los mandatarios provinciales fue llamado por Francos, ni por su segundo, el viceministro Lisandro Catalán, ni por el asesor presidencial estrella, Santiago Caputo, ahora corrido de las negociaciones políticas.

Los gobernadores «amigos» y los mandatarios peronistas no fueron contactados por la Casa Rosada.

«No llamaron a nadie», aseguró un funcionario cercano al gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio. «Todavía no hubo ningún acercamiento», ratificó otra fuente cercana al gobernador de Chubut, Ignacio Torres. Ambos mantienen un buen diálogo con la Casa Rosada, especialmente Frigerio.

Desde el lado peronista, tres gobernadores confirmaron a este medio que no hubo acercamientos de la Casa Rosada para negociar una demora a los proyectos de ley de recuperación de fondos para las provincias en la Cámara de Diputados ni para respaldar los vetos que prometió el Presidente de todas las iniciativas legislativas que comprometan, según él, el superávit fiscal, uno de sus pilares de campaña para elecciones legislativas del 26 de octubre.

Sin embargo, fuentes legislativas del peronismo aseguraron a iProfesional que el bloque Unión por la Patria, que encabeza el diputado Germán Martínez, intentará avanzar con las leyes que reclaman las provincias para recuperar fondos en una sesión para el martes 22 o el miércoles 23 de julio.

Jubilados, Garrahan, universidades y discapacidad: los proyectos que busca aprobar la oposición

Para precisar, están en juego las siguientes leyes y su consecuente impacto fiscal:

• La coparticipación de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) entre las provincias (0,05% del PBI en 2025 y 0,1% en 2026: 600 millones de dolares).
• La recuperación de la recaudación del Impuesto a los Combustibles Líquidos para obras viales de las provincias (0,15% y 0,3% respectivamente, 1800 millones de dólares).

Ambas tienen media sanción del Senado de la conflictiva sesión del jueves último y el peronismo en la Cámara baja quiere avanzar la semana próxima en sus dictámenes, para luego enviarlas al recinto. Milei anticipó que las va a vetar.

Además:

• El aumento a las jubilaciones del 7,2% para recuperar la inflación no computada en enero del año último y la suba del bono de 70.000 a 110.000 pesos para la mínima (0,9% y 1,3%, respectivamente, 7800 millones de dólares).
• La prórroga de la moratoria jubilatoria por dos años para pasivos que no tienen 30 años de aportes (0,03 y 0,15%, 900 millones de dólares).
• La emergencia para discapacidad con más recursos (0,4% y 0,7%, 4200 millones de dólares).

Estas tres leyes fueron sancionadas con fuerza de ley por las dos cámaras y Milei anunció que las vetará y que si el Congreso rechaza los vetos las judicializará. El Senado comunicará oficialmente este miércoles a Diputados la media sanción y Milei tendrá plazo hasta el 30 de julio para vetarlas, aunque en Diputados piensan rechazar el veto.

En total, las cinco leyes tienen un impacto fiscal de 15.000 millones de dólares, que las propias leyes plantean compensar con la eliminación de exenciones impositivas a los directores de empresas, a las sociedades de garantía recíproca, recortes en la SIDE y recuperación de sobretasas de la deuda con el FMI, entre otros recortes.

Por otra parte, Diputados podría iniciar con mayoría otras leyes molestas para Milei y la Casa Rosada:

Estos dos proyectos ya fueron dictaminados la semana última en la Cámara baja y podrían tratarse la semana próxima, para que luego pasen al Senado.

Los gobernadores que pueden acompañar el veto de Javier Milei

Precisamente, se estima que Guillermo Francos buscará negociar con los gobernadores cercanos la posibilidad de que sus diputados y senadores convaliden el veto de Milei. Les apuntan a los gobernadores de Tucumán, Catamarca (peronistas dialoguistas), Misiones (ex peronista aliado) y los aliados de la UCR y el PRO: Mendoza, Jujuy, Chaco, San Luis, San Juan, Entre Ríos, Chubut y la distante CABA.

«Despues de los vetos hablará Francos con todos», señalaron a iProfesional altas fuentes de la Casa Rosada. Durante el fin de semana el Gobierno dejó trascender que iba a activar el diálogo durante las dos semanas previas a agosto para que una vez vetadas las leyes no tuvieran obstáculos legislativos. «Todavía no llamaron a nadie», ratificaron los gobernadores.

El diputado Oscar Agost Carreño no descartó avanzar con la media sanción de ATN y del Impuesto a los Combustibles, con una sesión autoconvocada por los dos tercios de los diputados del cuerpo, tal como ocurrió en la Cámara alta.

La ley de jubilaciones y de discapacidad podría ser vetada, luego de que el Senado la comunique al Poder Ejecutivo, algo que ocurriría este miércoles, pero Milei se tomaría 10 días.

Entre tanto, comprobará cómo evolucionan en las comisiones de Diputados las medias sanciones del Senado, de ATN y del Impuesto a los Combustibles, que podrían dictaminarse y luego convertirse en ley y también ser vetadas. Al mismo tiempo, en Diputados podrían avanzar los proyectos ya dictaminados, la semana última de universidades y Garrahan, que pasarían al Senado.

En el peronismo aseguran que en la Cámara de Diputados no habrá receso, sino solo para los empleados legislativos. Pero los diputados sesionarán normalmente. Según el peronismo y otros bloques, no estarían conformados los dos tercios para sancionar con fuerza de ley los fondos para las provincias. Por ende, tendrán un trámite ordinario.

«Creo que vamos a tener que hacer el camino normal, con emplazamiento a la Comisión de Presupuesto que preside José Luis Espert para que trate las leyes de las provincias», dijo un empinado diputado del peronismo.

En ese sentido, el bloque que preside Germán Martínez tiene la intención de sesionar el martes 22 o el miércoles 23 para darles media sanción a la emergencia en el Garrahan y en las universidades y sancionar un emplazamiento a Espert para que apure en comisión las leyes de los gobernadores.

Luego de eso, las medias sanciones de Garrahan y de universidades deberían pasar al Senado y en una siguiente sesión se deberían tratar las leyes de las provincias. Solo entonces Milei prevé dictar los vetos y Francos negociar con los gobernadores. Es posible, sin embargo, que las leyes de jubilaciones y discapacidad se veten antes del 30 de julio y las de provincias tengan más días de plazo por ser sancionadas más tarde en la Cámara baja.

«No todos los espacios opositores están convencidos. Están repasando hacia adentro la posibilidad. Veremos la devolución», señalan en el peronismo. Y también está la variable de los gobernadores y las negociaciones con la Casa Rosada. Los peronistas están firmes en no ceder. Pero los gobernadores radicales y del PRO están recalculando post Senado sin definiciones aún. Pero desde la Casa Rosada aseguran que solo negociarán con ellos después de los primeros vetos a jubilaciones y discapacidad.

Los gobernadores se quejan de que entre 2024 y 2025 dejaron de percibir unos 18 billones de pesos de coparticipación y que en mayo el reparto de recursos automáticos a las provincias se contrajo en un 26% en mayo, al tiempo que la recaudación nacional bajó un 18%.