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ECONOMIA

Crisis en SanCor: la láctea volvió a incumplir con los sueldos y se acerca a la quiebra

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La crisis que atraviesa uno de los emblemas de la lechería nacional sigue acentuándose y la posibilidad de la quiebra se agiganta en el horizonte. En momentos en que transita el concurso de acreedores, SanCor frenó por completo la actividad en su planta de La Carlota, en la provincia de Córdoba, y aún no completó el pago de los sueldos correspondientes a febrero. En esas instalaciones la compañía producía quesos duros y el destino de los 43 empleados que aún permanecen ligados a la fábrica es una auténtica incógnita. Por estos días, la empresa procesa un mínimo histórico de leche y, dada su condición de concurso, podría caer en la quiebra si no completa el abono de los salarios antes de que concluya marzo.

Según comentaron a iProfesional fuentes del ámbito lechero, la decisión de buena parte de los proveedores de SanCor de dejar de entregar producto a la cooperativa redujo a apenas 70.000 litros diarios el nivel de procesamiento de la compañía.

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SanCor entraría en quiebra si no normaliza el pago de salarios

En sus mejores momentos, la firma llegó a merodear los 4 millones de litros utilizados también a diario. Hasta el momento, el status de convocatoria de acreedores que mantiene la lechera no ha acercado atisbos de una probable mejoría en el rendimiento comercial de SanCor sino todo lo contrario.

A la par de perder más y más presencia en las góndolas de los supermercados, la empresa sigue sin conseguir fondos frescos para reducir su nivel de endeudamiento y, en simultáneo, enderezar la relación comercial con sus proveedores en Santa Fe y Córdoba.

La Carlota dejó de producir quesos duros casi a la par de la declaración del concurso, pero el acotado plantel de operarios se mantuvo asistiendo a las instalaciones más allá de la parálisis en la elaboración de esos productos.

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En el segmento lácteo se señala que SanCor sólo realizó pagos de sueldos esporádicos entre enero y febrero, y que incluso hay empleados a los que se les adeuda parte de sus haberes incluso desde octubre del año pasado.

«La planta de La Carlota ya venía decayendo su producción desde 2017 y ahora directamente entró en parálisis completa. Llegó a tener más de 100 empleados y hoy mantiene a menos de la mitad de esa dotación. Para algunos la opción del retiro voluntario resultó un alivio, pero SanCor dejó de ofrecer esa posibilidad ya en la previa al concurso de acreedores», comentó una fuente de ese sector.

De acuerdo a lo establecido en el concurso de acreedores, SanCor tiene hasta fin de mes para regularizar el pago de los salarios adeudados. Caso contrario, entraría de forma directa en una instancia de quiebra. Hasta el momento, la Justicia no ha dado muestras de querer intervenir en la resolución de los problemas laborales de los que sigue haciendo gala la unión de cooperativas.

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SanCor y un endeudamiento que la mantiene al borde de la quiebra

La compañía posee una deuda valuada en alrededor de 400 millones de dólares. Mientras tanto, la compañía sigue bajando su capacidad operativa y, tras los ínfimos 200.000 litros de leche procesados a diario durante el pasado enero, ahora la unión de cooperativas apenas si mueve 70.000.

«En tanto la empresa no da muestras de encontrar algún tipo de financiamiento para cubrir sus deudas, es lógico que los pocos proveedores que le quedan dejen de enviar leche. Hoy la estructura de tambos ligada a SanCor es casi inexistente y sólo hay entregas puntuales con pagos en el momento. Nadie sabe qué ocurrirá con la compañía de aquí a abril», comentó a iProfesional una fuente de la cuenca lechera santafesina.

A muy poco de haber quedado en fase de concurso preventivo de acreedores, el futuro de SanCor sigue complicándose y en el ámbito de la lechería proliferan los pases de factura por la crisis que afecta a la unión de cooperativas.

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Recientemente, la pirotecnia ganó intensidad en Santa Fe con los cruces entre ex funcionarios provinciales, integrantes de la Mesa de la Lechería santafesina y el gremio ATILRA, quienes se acusan entre sí de haber colocado a la empresa al borde la quiebra.

En el reparto de responsabilidades respecto del momento crítico que atraviesa SanCor, Pedro Morini, ex secretario de Lechería santafesino durante la gobernación de Miguel Lifhschitz, no dudó en señalar al sindicato como un actor que incluso busco hacerse con el control de la lechera.

Atenta a estos dichos, la cúpula de ATILRA, encabezada por Etín Ponce, recogió el guante y la respuesta no se hizo esperar. El gremio sostuvo que Morini manifiesta una «supina ignorancia» y negó todo interés por quedarse con el manejo absoluto de SanCor.

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En el mismo comunicado, ATILRA sostuvo que «hace tiempo que venimos asistiendo a mentiras como la expresada por Pedro Morini, que lo único que generan es un mal diagnóstico y sabido es que en SanCor los malos diagnósticos generaron pésimas decisiones«.

A la par de este contexto, SanCor logró que la Justicia interceda y rehabilite los servicios de electricidad que se le habían suprimido también a inicios de febrero.

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Nuevo paro nacional de empleados judiciales en reclamo de aumento salarial

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Los paros nacionales de los judiciales ya se convirtieron en un clásico de los viernes. Las demandas salariales del gremio apuntan y critican tanto a la Corte Suprema como al Poder Ejecutivo y, a medida que pasan las semanas, el nivel de críticas va creciendo.

Este viernes, entonces, la conducción de la Unión de Empleados de Justicia de la Nación (UEJN) dispuso un nuevo cese de actividades por 24 horas, bajo la consigna de una «urgente recuperación salarial, ante la constante pérdida del poder adquisitivo de nuestros ingresos», según apuntaron voceros gremiales.

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Denuncian un fuerte deterioro del poder adquisitivo

La organización gremial solicitó formalmente una actualización de los sueldos «tras meses de un fuerte deterioro en el poder adquisitivo«, indicó. De hecho, hace un par de días realizó un pedido formal al Alto Tribunal de un incremento bimestral del 15 por ciento. A esto se suma el rechazo al intento de traspaso de la Justicia Nacional a la Ciudad de Buenos Aires.

El secretario General Julio Piumato, explicó que «en enero recibimos una recomposición salarial miserable, por lo que se sigue alargando la pérdida salarial» y agregó que «hoy necesitamos un 26,4 por ciento a enero, por eso le reclamamos a la Corte por la recomposición con una suba del 10 por ciento en febrero y 5 por ciento para marzo para empezar recuperar lo perdido».

La solicitud del sindicato choca con la hoja de ruta del ministerio de Economía que dirige Luis Caputo, quien le marca la cancha al ministerio de Capital Humano y la secretaría de Trabajo con un techo para las paritarias del 1 por ciento mensual, que admite «dibujar» a través de sumas no remunerativas.

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Banderazo Nacional y respaldo a la movilización de CGT

El miércoles pasado Piumato encabezó un nuevo «Banderazo Nacional» en las instalaciones del Palacio de Justicia, donde  reiteró la necesidad de recomponer salariosy cargó contra la Corte Suprema, señalando que «si no se respeta a quienes trabajamos en la Justicia, no se respeta la Justicia; y si no se respeta la Justicia, no hay democracia. Por eso vamos a seguir la pelea por los salarios y contra el traspaso».

Los judiciales también confirmaron su activa participación en la movilización que se llevará a cabo el lunes próximo junto a la Confederación General del Trabajo (CGT) al conmemorarse un nuevo aniversario del Golpe de Estado de 1976.

El dirigente se preguntó: «¿Cuál es el límite admisible de pérdida salarial de sus trabajadores?» y añadió que «la Corte debe defender a toda la Justicia«. Asimismo, subrayó que «recordamos el compromiso asumido con el gremio, de mantener el nivel de los salarios, haciéndose respetar por el gobierno», y exigió a los cortesanos que deje de aceptar el ajuste promovido desde el Ejecutivo, que «pretende someter a empobrecimiento y miseria», afirmó.

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Rechazo al aumento salarial otorgado este año

Piumato recordó que, hasta el momento, solo recibieron una propuesta de suba salarial del 1,5 por ciento en enero y del 1 por ciento en febrero, que fue rechazada. Apuntó que «ya dijimos que no aceptamos esa oferta por insuficiente, por no decir irrisoria y avisamos que no solo queremos la inflación, sino que queremos empezar a recuperar lo que hemos perdido desde diciembre de 2023».

Sostuvo que las cifras del INDEC no reflejan el aumento de precios real en el bolsillo de los trabajadores y subrayó que «muchos ya desconfían de los números que dan, porque vamos a hacer las compras y esos números no se condicen con la realidad» y explicó que «están dibujando la situación, donde los alimentos y el transporte están por encima de lo que marca la inflación».

Por otra parte, la Seccional 2 de la UEJN, junto con el gremio nacional, expresó su «firme apoyo» a la jueza Karina Andrade, quien resolvió la liberación de las personas detenidas durante la represión de este miércoles a la movilización en el Congreso en apoyo a los jubilados. Sostuvo que la decisión de la magistrada se basó en los principios jurídicos que garantizan el debido proceso y la protección de los derechos fundamentales.

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Fabricaciones Militares transfiere minas en Catamarca en medio de su plan de achique y privatización:

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El Gobierno sigue adelante con su hoja de ruta para reducir el tamaño de la estatal Fabricaciones Militares y luego avanzar con su privatización. En ese tono, y a muy poco de desactivar las labores en la fábrica de explosivos de Jáchal, en la provincia de San Juan, el oficialismo hizo efectiva la decisión de transferir a la administración provincial de Catamarca el control del complejo minero Capillitas, basado en la explotación de rocas de aplicación pero con vetas de oro, plata, cobre y plomo. El ejecutivo hizo concreto el cambio a través de un decreto argumentando que busca «ordenar y equilibrar las cuentas públicas, transparentar el gasto y asegurar que los recursos disponibles se asignen de manera eficiente». Desde mediados del año pasado el oficialismo mantiene diálogos con socios ligados a la OTAN que podrían hacerse con el control de la aún estatal.

Según estableció el Gobierno nacional, Capillitas pasó a control de Catamarca Minera y Energética Sociedad del Estado (CAMYEN SE), una compañía que funciona en relación directa con la gobernación de ese distrito.

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«Transfiérense, en los términos del artículo 4°, inciso b) de Ley N° 27.742, los bienes esenciales para la explotación del establecimiento minero que componen el Establecimiento Minero Capillitas con todos los derechos, bienes muebles, inmuebles y sus accesorios», fija el decreto emitido por la Casa Rosada.

«Transcurrido el plazo de hasta SEIS (6) meses desde la fecha de entrada en vigencia del presente decreto, CAMYEN S.E. se encontrará en pleno ejercicio del dominio, administración y dirección del Establecimiento Minero Capillitas», añade en otro apartado.

Al mismo tiempo, se definió que Fabricaciones Militares recibirá un 3% anual de las utilidades sobre las ventas totales de todos los minerales que se extraigan de Capillitas. El pago de ese porcentaje se extenderá por el lapso de tres décadas.

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Fabricaciones Militares y el cierre de Jáchal

A mediados del mes pasado, el oficialismo concretó el cierre definitivo de Jáchal y la opción de una medida similar para Villa María mantiene en vilo a los 1.200 empleados de la estatal, que aún mantiene operativas las instalaciones Río Tercero (Córdoba), Azul (Buenos Aires) y Fray Luis Beltrán (Santa Fe).

A tono con este proceso, La Libertad Avanza (LLA) efectuó una subasta insumos, materiales y utilitarios de Fabricaciones Militares por una suma de base superior a los 605 millones de pesos.

«Los remates se dan en el marco de un convenio que suscribieron el Banco Ciudad y Fabricaciones Militares S.E. por el cual la empresa que brinda soluciones integrales para Defensa, Seguridad y al sector industrial, utilizará la herramienta de subastas públicas online del Banco Ciudad para ofrecer a la venta bienes que ya no requiere», se indicó de forma oficial.

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La estrategia de reducir el funcionamiento de Fabricaciones Militares que sostiene el Gobierno mantiene en estado de alerta y movilización al gremio ATE, que integra a los trabajadores del estado. «No se están subastando solo bienes y tierras con un valor económico, se están perdiendo recursos fundamentales para el desarrollo de la defensa y las políticas públicas», declararon fuentes de la representación de ATE en Villa María.

«Están subastando todos los bienes: la planta completa con la línea productiva, motores, aire acondicionado, contenedores, camionetas, absolutamente todo», añadieron.

La desactivación de Jáchal tiene en vilo a los empleados de Villa María, donde en los últimos meses la actividad de producción de pólvora se redujo a un nivel mínimo. La planta en cuestión integra a más de 280 operarios.

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Venta de Fabricaciones Militares: el principal interesado

Fabricaciones Militares interesa a socios de la alianza OTAN por su capacidad para producir municiones y explosivos a gran escala. En 2024, dos compañías enviaron sendas delegaciones para averiguar condiciones por la estatal: CGS Defence, de República Checa aunque también participada por inversores estadounidenses, y la española Hispania Group.

En torno a la empresa nacional señalan que, de hacerse con el control de Fabricaciones Militares, tanto CGS Defence como Hispania Group podrían reorientar la producción a los fines de abastecer con material bélico a Ucrania y sus aliados contra Rusia.

El desembarco de ambas empresas ocurriría de la mano de la diplomacia estadounidense, de cercanía conocida con el presidente Javier Milei. Vale recordar que, en julio del año pasado, funcionarios del Departamento de Estado de la nación norteamericana recorrieron las instalaciones de la fábrica militar de Río Tercero, Córdoba.

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En concreto, el interés de los funcionarios del Departamento de Estado se concentró en la planta de metalmecánica instalada dentro de la fábrica. Esa área, que en los últimos años fue redireccionada hacia la producción de trenes y vagones, tiene un pasado como fabricante de balas y municiones en general.



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Alquileres: de cuánto será el aumento en abril y que ocurrirá con los precios

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La baja que viene acumulando la inflación en los últimos meses sigue desacelerando el nivel de incrementos que tiene lugar en el segmento de los alquileres. En ese sentido, y a tono con lo ocurrido en marzo –aumento del orden de menos del 150%–, abril iniciará con un salto del 116.8% para quienes aún mantienen contratos sujetos a la ley derogada. El porcentaje representa una caída por demás de pronunciada respecto de la primera mitad de 2024, lapso en el que los alquileres se incrementaron a razón del 265 por ciento. Por otra parte, la oferta continúa ampliándose y ese nicho mostró sólo en el último mes un crecimiento del orden del 45 por ciento. Por otra parte, el valor promedio de los departamentos de dos ambientes se acerca a los 550.000 pesos.

Según indicaron a iProfesional fuentes del ámbito inmobiliario, la merma que evidencia el índice general de precios continúa aminorando la evolución de los contratos. Si bien en ese nicho reconocen que los valores se exhiben altos para el promedio de los ingresos, lo cierto es que el menor ritmo de los incrementos acerca cierto «oxígeno» al bolsillo de los inquilinos.

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Por otra parte, la consolidación de la oferta ampliada también viene alentando un margen de negociación que no se daba en años anteriores.

Alquileres: los incrementos según el tipo de contrato

Con relación al resto de los ajustes que se llevarán a cabo durante el mes próximo, en las inmobiliarias afirman que para quienes tienen acuerdos de actualización trimestral, la suba será inferior al 8 por ciento.

Por su parte, los inquilinos con contratos de ajuste cuatrimestral y semestral deberán cubrir aumentos del 9.7 y el 15.9 por ciento.

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En cuanto a la reducción que vienen exhibiendo las actualizaciones de los alquileres, Marta Liotto, ex presidenta del Colegio Profesional Inmobiliario (CPI), dijo recientemente a iProfesional que «a medida que fue bajando la inflación los valores mensuales se han ido acomodando».

«Mientras la inflación se mantenga en estos índices, y la libre pactación continúe, se seguirán sumando inmuebles a la oferta. Y cuanta mayor oferta tengamos, más se estabilizarán los precios del canon locativo», afirmó.

Asimismo, los incrementos pierden peso específico en cuanto se los compara con la evolución de la inflación general. Así, y de acuerdo a un relevamiento de Reporte Inmobiliario al que accedió iProfesional, el aumento de los precios en la Argentina se ubicó en torno al 122,5% entre enero de 2024 y el mismo mes pero de 2025.

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En comparación con ese guarismo, «… los departamentos usados de calidad standard que se ofrecen en alquiler en el mismo período mostraron un incremento del 96,9% en promedio para el caso de los de un dormitorio y el 92,6% para las unidades de 2 dormitorios».

La consultora da cuenta de un «valor promedio de toda la Ciudad para los departamentos de dos ambientes» del orden de los $548.375, en cambio los inmuebles de tres ambientes presentan valores superiores a los 734.700.

Precios de los alquileres en Capital Federal

Con respecto a los precios vigentes en la Ciudad, en el caso de los departamentos de un ambiente los precios promedio más acotados se dan en Once ($280.000), Tribunales y Centro/Microcentro ($300.000), San Nicolás ($320.000) y Constitución ($325.000).

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Del otro lado se alinean Palermo, Núñez, Villa Crespo, Villa Devoto y Chacarita, con valores del orden de los $400.000, seguidos por Villa Urquiza y Villa Ortúzar ($390.000), y Coghlan ($380.000).

Por el lado de los dos ambientes, los precios más accesibles se distribuyen entre Parque Avellaneda ($300.000), Floresta (320.000), Constitución, Barracas y La Boca (350.000).

En la vereda de enfrente se ubican Belgrano C ($600.000), Villa del Parque, Villa Urquiza, Recoleta, Palermo y Belgrano R (500.000).

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En cuanto a los departamentos de tres ambientes, los precios de menor valía se concentran en La Boca ($400.000), Floresta (420.000), Parque Patricios (430.000) y Nueva Pompeya (450.000).

En cambio, las cotizaciones más altas se dan en Las Cañitas y Recoleta ($800.000), Villa Urquiza (770.000), Palermo (750.000) y Villa Pueyrredón (720.000).

Por último, y en lo referente a los inmuebles de cuatro ambientes, Reporte Inmobiliario afirma que los valores de menor cotización ocurren en Villa Lugano ($450.000), Congreso ($600.000), San Telmo ($650.000), Flores, Parque de los Patricios y Villa Devoto ($700.000).

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En contrapartida, los precios de más tenor se distribuyen entre Recoleta ($990.000), Belgrano y Colegiales ($900.000), Palermo ($880.000), Retiro, Villa Pueyrredón y Villa Crespo ($850.000).



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