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ECONOMIA

Doble impacto por las jubilaciones: las razones por las que el problema para Milei no solo es fiscal

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A Javier Milei no sólo le preocupa el impacto que la reforma jubilatoria pueda tener sobre las cuentas fiscales. También cree que le podría implicar un costo en términos electorales, dado que se volvería al achatamiento de la «pirámide jubilatoria», en la que los jubilados de niveles superiores transfieren recursos a los de la franja mínima.

Fue esto lo que llevó al ministro de economía, Luis Toto Caputo, a asegurar que, en realidad, las jubilaciones promedio son de $900.000. La frase traje enorme controversia, dado que más de cinco millones de jubilados y pensionados reciben el cobro mínimo -$309.275 más el bono de $70.000-.

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Pero Caputo no hizo mal las cuentas. Simplemente, lo que quiso expresar es que, en el universo de 7,5 millones de beneficiarios del sistema previsional, apenas un tercio son «jubilados de verdad», porque cumplieron los requisitos de edad y 30 años de aporte a la Anses.

Y, para esa masa, efectivamente, el promedio es de $900.000, con un cobro máximo de $2 millones. Ese grupo de jubilados, donde el gobierno presume que tiene llegada electoral, está compuesto por personas que han expresado su irritación, ante cada moratoria -como la votada en 2023, que agregó 800.000 jubilados nuevos- o ante cada actualización de un bono para compensar la erosión inflacionaria sólo a la franja mínima.

«No sólo es inmoral que regalen jubilaciones a quienes no aportaron nunca, sino que profundiza el déficit estructural del país condenando a las generaciones futuras a la pobreza», decía Milei hace tres años, cuando ya era candidato presidencial.

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Ese fenómeno generó un «achatamiento de la pirámide», de manera que la distancia entre la jubilación mínima y la máxima se iba achicando cuanto más alta era la inflación. Se producía por el efecto de la reforma de Martín Guzmán, que era de tipo «pro-cíclica». Es decir, cuando crecía la economía, subían las jubilaciones -que estaban atadas al nivel de recaudación de la Anses-, pero cuando había recesión, caían en mayor medida. Además, la inflación erosionaba todavía más el poder de compra, dado que los ajustes se realizaban en frecuencia trimestral.

Esto implicaba jubilaciones prácticamente congeladas en medio de un pico inflacionario, donde el único alivio vino por el lado de la suba de los «bonos extraordinarios» que el gobierno anterior había impuesto para los beneficiarios de la jubilación mínima, en un reconocimiento tácito de que la fórmula condenaba a la caída de los haberes.

Jubilaciones: se vuelve a achatar la pirámide

La estrategia de Toto Caputo fue conseguir un doble objetivo: primero, que las jubilaciones, por efecto del plan de shock, tuvieran un menor peso en el gasto público. Es algo que se explica por la enorme incidencia del rubro previsional en el presupuesto -un 45% del total-.

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Fue uno de las medidas más criticadas al gobierno, ya que implicó una licuación inflacionaria de las jubilaciones. Caputo se defendió con el argumento de que la culpa la tenía la fórmula de Guzmán, pero lo cierto es que hasta el propio Fondo Monetario Internacional protestó por considerar que era un ajuste socialmente insustentable. En el peor momento, en febrero del año pasado, la caída del gasto jubilatorio llegó a un impactante 38%.

Caputo se proponía que el costo jubilatorio tuviera un recorte de 0,4% del PBI, y en parte eso se lograría con el congelamiento en $70.000 del bono extraordinario que se había instaurado en el gobierno anterior.

Pero, además, había un segundo objetivo: que se revirtiera aquel achatamiento de la pirámide y que los jubilados de la mitad superior tuvieran un incremento real en sus haberes.

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Los números son elocuentes al respecto: en noviembre de 2023 -último mes antes de la asunción de Milei-, la jubilación mínima, contando el bono, equivalía a un 21% de la máxima. Hoy, un año y medio después, y ya con la nueva fórmula rigiendo a pleno, esa diferencia se agrandó: la mínima cayó a un 18% de la máxima.

¿Qué ocurrirá ahora, tras la reforma votada en el Senado? Se volverá a achatar la pirámide, de manera que la mínima pasará a ser un 19,8% en relación el haber más alto.

El gasto jubilatorio vuelve a crecer

Caputo había logrado ese estiramiento de la pirámide por la combinación de la nueva fórmula atada a la inflación pasada, junto con el congelamiento del bono.

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Ocurre que, en el momento de mayor impacto inflacionario, las jubilaciones estaban perdiendo poder adquisitivo a un ritmo de 33% anual. En noviembre de 2033, las jubilaciones habían aumentado un 74% nominal, contra una inflación de 161%. Pero las de la franja mínima lograban defenderse mejor, gracias al bono, cuya incidencia fue subiendo hasta transformarse en un 30% del cobro total para estos jubilados.

Era una situación que el gobierno de Alberto Fernández justificaba con el argumento de la protección social -a fin de cuentas, los jubilados de la máxima no tienen en riesgo la satisfacción de sus necesidades básicas-, pero se generaba un enojo en buena parte de los jubilados, algo de lo que también se valió Milei en la campaña electoral.

Con el cambio de fórmula jubilatoria, lo que esperaba Caputo es que, en la medida en que la inflación fuera bajando, se produjera una recuperación del poder adquisitivo de las jubilaciones. Pero claro, al congelarse el bono extra, esa recuperación iba a ser más rápida para el tercio de ingresos superiores.

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Desde el punto de vista fiscal, el punto de quiebre se produjo sobre fines del año pasado, cuando, pese a que el gasto jubilatorio total seguía registrando una caída real de 17,5%, las jubilaciones más altas ya habían recompuesto su poder adquisitivo en un 12,4%.

Para enero, ya toda la masa jubilatoria estaba creciendo por encima de la inflación. La variación real marcaba una mejora de 26,5%, algo que no es de extrañar, dado que la base de comparación del año anterior era el momento de peor caída de ingreso jubilatorio.

Desde entonces, la tónica ha sido la misma: el rubro jubilatorio, que al inicio fue la variable de ajuste que permitió eliminar el déficit fiscal, es ahora uno de los rubros que crece en términos reales.

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En junio, según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el gasto jubilatorio tuvo un aumento interanual de 4,5%, y si se considera el primer semestre completo, la suba fue de un 16,7% real. Es decir, números que se ubican bien por encima de la inflación.

Es lo que llevó a Caputo a retuitear el cálculo de Martín Vauthier, que estimó en 32% la caída de las jubilaciones contra la canasta básica durante el gobierno pasado, y una suba de 19% desde que asumió Milei. «Dato destroza relato», fue el comentario de Caputo, cuando ya la derrota oficialista en el Congreso parecía inevitable

Cuánto cuesta la reforma

¿Qué pasará ahora, con el proyecto opositor aprobado? El cálculo de impacto fiscal es de un 0,17% del PBI para este año por el incremento generalizado de 7,2% para toda la masa jubilatoria, a modo de compensación por el ajuste no realizado en enero de 2024. Pero ese costo ascenderá a 0,4% para las cuentas del año próximo.

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A eso se le debe agregar el impacto por la suba del bono extra, desde $70.000 a $110.000, que tendrá un régimen de indexación por IPC. En términos de gasto público, supondría otro 0,22% del PBI. Y la nueva extensión de la moratoria agregaría otro 0,14% anual.

En definitiva, la reforma jubilatoria implicaría un costo de 0,31% para el segundo semestre de este año y de 0,76% para el año próximo, según la consultora Analytica. En cualquier caso, queda en duda el objetivo oficial de terminar el año con su superávit fiscal de 1,6% del PBI.

Pero claro, hay un costo que no se mide en pesos sino en términos políticos. El bono extraordinario, que había nacido como «parche» ante la imposibilidad de que la vieja fórmula indexatoria defendiera a las jubilaciones contra la inflación, ahora quedará institucionalizado como un componente estable de la jubilación mínima. En otras palabras, la medida de emergencia se transforma en permanente.

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Y la pirámide de ingresos se vuelve a achatar. La perspectiva es que esa situación se acentúe, en la medida en que más gente acceda a la jubilación por vía de la moratoria y pase a engrosar la base de la pirámide que cobra el haber mínimo.

Para Milei, en definitiva, el veto a la reforma excede el alcance de una pulseada fiscal: es también parte de la «batalla cultural».

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ECONOMIA

Con el dólar oficial cerca de su récord histórico, gurú de la City revela si es momento de comprar

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Los expertos coinciden que julio será un mes agitado para el dólar. Los primeros días del mes así lo demostraron, con el oficial tocando su máximo histórico y el blue alcanzando los $1.300. El ruido político y un menor ingreso de las divisas del agro podrían ser parte de los motivos.

Sin embargo, para Salvador Di Stéfano, reconocido como uno de los gurúes de la City porteña, este escenario no es motivo de preocupación. De hecho, señaló que puede tratarse de un alza transitoria, por lo que aconseja invertir en pesos.

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Con el dólar en alza, en qué recomienda invertir el Gurú de la City

Tal como se desprende de una de sus últimas columnas en iProfesional, Di Stéfano advirtió sobre un julio «desafiante». En ese escenario, una de las recomendaciones de inversión que dio fue el bono TZVD5: «Es un bono en pesos que ajusta por dólar mayorista (en la jerga financiera se lo llama dólar linked) vence el 15 de diciembre del año 2025 y te paga lo que vale el dólar linked a su vencimiento, lo compras bajo la par y te da un adicional del 6,4%«.

«Hoy tenemos a las cotizaciones del dólar mayorista y dólar financiero muy alineadas, con lo cual esta es una opción fabulosa para los que quieren acopiar dólares. Como verán no tiene sentido comprar dólares billetes, con este bono copias la evolución del dólar y ganas un 6% adicional«, agregó.

En ese sentido, sostuvo que si bien el dólar «está en la mirada de los agentes económicos, aseguró que desde su punto de vista «la suba será limitada»: «Hoy muchos hombres de campo que vendieron la soja para aprovechar la baja transitoria de los derechos de exportación son los mismos que están comprando dólares como resguardo de valor. En 60 días hay que sembrar el maíz, y tendrá que aparecer el dinero para afrontar la campaña, como no se vive del aire, habrá que volver a vender granos o liquidar los dólares comprados».

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Así fue que concluyó: «No nos preocupa la suba transitoria del dólar. Hay ruido político en la relación entre gobierno y gobernadores; por otro lado, el dólar a nivel internacional se está devaluando, hace tiempo que recomendamos euros, el real apreciándose ayuda a que Argentina tenga un peso fuerte».

«La buena noticia para Argentina es que el precio de la soja y el trigo en Chicago supero la cotización de las últimas 10 semanas, y esto podría presagiar un rally alcista para estos productos, no dudamos que podría contagiar al maíz que tiene buenos fundamentos. Vemos muy difícil que se contagie el petróleo, que solo vemos una suba interesante si supera el valor de u$s70. La ganadería está en precios récord en Chicago, y abre las puertas de más ingreso de dólares a la Argentina», detalló.

«Para los que están preocupados por la balanza comercial, cuidado que el segundo semestre puede ser una sorpresa para muchos. No apostaría por una suba del dólar con estos datos en la mano«, concluyó Di Stéfano, quien en sus distintas columnas y apariciones públicas asegura que es momento de «invertir en pesos».

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La oferta del agro y las perspectivas del dólar para julio 2025

La consultora Mega QM explicó que las cerealeras liquidaron en junio unos u$s3.700 millones y presentaron declaraciones por otros u$s8.150 millones, que deberían efectivizarse en julio. Este volumen, si se cumple en tiempo y forma, podría convertir al mes en uno de los más altos en liquidación de la historia reciente.

No obstante, en las primeras ruedas de julio los exportadores optaron por retrasar sus ventas, habilitando un ajuste del dólar que se frenó recién cuando la cotización alcanzó los $1.243. Recién entonces aparecieron la oferta agrícola y el arbitraje de inversores externos.

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La consultora consideró que este comportamiento refleja la cautela de los actores del mercado frente a un escenario de déficit externo creciente y una apreciación cambiaria que puede tornarse insostenible. Al mismo tiempo, la dinámica política podría amplificar la volatilidad en el segundo semestre.

Para 1816, la definición de alianzas electorales en Buenos Aires y la confirmación de candidaturas nacionales serán un punto clave para la confianza de los agentes económicos. La combinación de incertidumbre política y presión externa consolidó un clima de expectativas frágiles.

Así es que, con estos datos, algunos analistas aseguran que el dólar no tiene mucho aire para subir en el corto plazo. Por lo que, en términos de inversión, podría no ser lo más redituable. Sin embargo, el ruido político podría ser un combustible que haga subir al tipo de cambio. Como siempre suele suceder, todo está por verse.

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Las tres provincias favorecidas si cambia el impuesto a los combustibles

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Entre los proyectos de ley propuestos por los gobernadores y aprobados en el Senado de la Nación se cuenta la modificación en la distribución de los Impuestos a los Combustibles, de lograr su sanción y sobrevivir al veto presidencial tendría como principales ganadores en el reparto de fondos a las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, aunque el resto de los distritos también verán mejoras en sus ingresos.

La Cámara alta convirtió en ley el aumento a las jubilaciones, la nueva moratoria previsional, y la emergencia en discapacidad, y además dio media sanción a dos proyectos impulsados por los gobernadores modifican el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y los fideicomisos que son financiados con el impuesto a los combustibles líquidos (ICL).

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A partir de un análisis sobre la modificación del ICL del economista Nadin Argañaraz, y presidente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), en el caso de Buenos Aires el incremento de fondos pasaría de los actuales $203.058 millones al año a $471.435 millones con el nuevo esquema; Santa Fe pasaría de $84.335 a $212.562 millones; y Córdoba de $84.331 a $207.911 millones.

El trabajo hace una suposición de la recaudación anual de impuesto para todo 2025 sólo por el alcance del impuesto a los combustibles que llegaría a los $4.800.000 millones, y a partir de esa cifra las modificaciones propuestas tendrían un impacto del orden del 0,19% del PBI anual ya que implicaría un traspaso de la Nación a las provincias de $1.579.027 millones al año.

En el caso de la Ciudad de Buenos Aires que es la menos favorecida en el actual régimen de dsitribución del impuesto, pasaría de $9.272 a $78.729 millones, seguida por La Rioja que recibe actualmente $26.288 millonesy pasaría a $70.741 millones; o el caso de La Pampa que recibiría lo proppio de $27.247 a $67.593 millones, sólo por citar las del podía inverso.

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La propuesta de las provincias

El proyecto aprobado en el Senado sobre el Impuesto a los Combustibles cambia la distribución de la recaudación entre Nación, provincias y CABA, para lo cual se eliminan los fideicomisos de Infraestructura Hídrica, de Infraestructura de Transporte y de Sistema Vial Integrado, y los fondos Compensador del Transporte, el de Desarrollo Eléctrico del Interior y el de Vivienda.

Los mencionados fideicomisos y fondos nacionales son financiados en forma total o parcial a través del producido del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL), mediante asignaciones porcentuales específicas para cada uno de ellos. La propuesta dispone que el presupuesto asignado a esos fondos sea coparticipado a las provincias de la misma manera que los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

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El proyecto que salió del Senado plantea que este mecanismo de distribución, utilizado para financiar problemáticas específicas de algún sector o actividad económica, es difícil de justificar en el actual contexto fiscal, donde la crisis de ingresos fiscales obliga a focalizar el uso de la totalidad de recursos en atender las responsabilidades indelegables de las provincias (educación, salud, seguridad y justicia), más las recientemente transferidas.

El proyecto modifica los coeficientes de distribución que de acuerdo a la ley vigente es del 10,4% para a las provincias y lo eleva al 57,02%, y también eleva la participación del Tesoro nacional de 10,4% a 14,29%, en una clara menor proporcion.

Así, se aprobó que del total correspondiente a las provincias se debe repartir un 25% en partes iguales entre los 24 distritos, y el 75% restante en base a los coeficientes fijados en la Ley de Coparticipación.

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Millonario atraso en el ICL

En el primer semestre del año, el Gobierno nacional sufrió una significativa pérdida de ingresos fiscales estimada en unos u$s1.200 millones, debido al retraso en la actualización del impuesto a los combustibles. Esta cifra representa un promedio de u$s200 millones mensuales que dejaron de ingresar a las arcas del Estado por la decisión que desde 2021 se viene adotando de diferir el aumento trimestral completo al litro de nafta o gasoil.

Según a la normativa vigente, el ICL y CO2 debe actualizarse trimestralmente de acuerdo a la variación del IPC Nacional, y desde comienzos del 2024 al llegar la nueva gestión se dispusieron incrementos escalonados con el objetivo de aplicar las actualizaciones pendientes.

Sin embargo, a partir de mayo del año pasado hasta hoy se realizaron incrementos parciales de los montos del impuesto, a través de más de una decena de decretos, postergándose la actualización del monto total del impuesto.

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La consultora Economía y Energía que dirige el economista Nicolás Arceo, destacó que la actualización parcial del monto del impuesto en el mes de junio de 2025 significó una pérdida de recaudación estimada en u$s202 milones por las ventas de combustibles.

En ese mismo sentido, se destacó que la pérdida de recaudación para el fisco nacional en 2024 fue de u$s2.011 millones, en tanto que al cierre del primer trimestre el monto ascendía a u$s601 millones de pérdida.

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Récord de compras de ropa en el exterior: los argentinos gastaron u$s1.500 millones en cinco meses

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La apertura de importaciones y las mayores facilidades para hacerlo, sumado a una baja de aranceles y un dólar que puede considerarse «barato», impulsó en los últimos meses un boom de compras en el exterior. Y la ropa, cuyos precios suelen ser más caros en Argentina, fue uno de los productos que más creció.

De hecho, marchas chinas hasta hace un tiempo desconocidas, como Shein y Temu, se volvieron parte de las conversaciones cotidianas en redes y distintos sectores de la sociedad. 

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Así es que, de acuerdo a datos sectoriales, la compra de ropa en el exterior alcanzó en los primeros cinco meses del año un récord histórico: los argentinos gastaron en ese período más de u$s1.500 millones.

Récord de compras de ropa en el exterior: boom del puerta a puerta y gastos por más de u$s1.500 millones

De acuerdo a un informe de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI), en base a datos del INDEC y el BCRA, entre enero y mayo del 2025 hubo un «gasto récord de compras de ropa en el exterior».

Entre enero y mayo de este año, los argentinos gastaron u$s1.572 millones comprando ropa en el exterior. Representó un crecimiento del 136% y anotó una nueva marca máxima: supera por un 9% el anterior récord de 2017.

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Los datos de la CIAI sobre la importación de ropa

También destacó que hubo una «explosión de las importaciones puerta a puerta». Este tipo de consumo creció 211% en los primeros cinco meses del año: solo en mayo, el alza interanual fue del 253%.

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Lo cierto es que con la reciente apertura importadora en la Argentina, el fenómeno Shein gana terreno en el país. Mientras los consumidores celebran la variedad y precio de sus prendas, los fabricantes argentinos y referentes del sector textil alertan sobre sus impactos económicos y sociales.

Fundada en 2008, Shein pasó de ser una pequeña tienda online (inicialmente llamada She Inside) a convertirse en uno de los mayores comercios de moda del mundo. Supera en ventas a gigantes como Zara o H&M y lanza miles de artículos nuevos cada semana para seguir las últimas tendencias. Este modelo de producción exprés dio lugar al término «moda ultrarrápida», con prendas prácticamente desechables por su corta vida útil.

Efecto Shein: más importaciones y dólar barato

El fenómeno Shein desembarcó en la Argentina de forma silenciosa a mediados de la pandemia, cuando consumidores locales comenzaron a animarse a comprar en el exterior aprovechando las ventas online. Pero su auge se vio realmente impulsado en 2024 con la llegada al poder del presidente Javier Milei, cuyo gobierno eliminó barreras a la importación.

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La flexibilización de las compras para consumidores finales permitió que las compras personales al exterior se faciliten: hasta fines de 2024, el régimen puerta a puerta permitía un máximo de cinco envíos anuales por persona, con un tope de u$s1.000 por envío, y solo los primeros u$s400 estaban exentos de aranceles. Hoy se permite importar hasta u$s3.000 por envío, tanto por correo oficial como por couriers privados, con menos restricciones y sin un tope anual estricto. Esa flexibilización aduanera facilitó el acceso a plataformas extranjeras como Shein, Temu o AliExpress, y fue clave en el aumento exponencial de las compras individuales a sitios de moda rápida.

Desde la apertura comercial de Milei, las compras en sitios extranjeros como Shein se dispararon y se encendieron las alarmas entre los empresarios textiles argentinos.

Solo en el primer trimestre de 2025, las importaciones de ropa (y textiles para el hogar) aumentaron 86% y 109% interanual respectivamente, según un informe de la Fundación Pro Tejer. La proporción de ropa importada en el mercado argentino pasó de 56% a 67% del total consumido, reduciendo la participación de la industria nacional del 44% al 33%, el nivel más bajo en una década. Es decir, dos de cada tres prendas que compran hoy los argentinos son producidas fuera del país.

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Buena parte de ese torrente importador proviene de China, y Shein se encuentra entre los principales proveedores de ropa low-cost a los consumidores locales. Sólo en los primeros cinco meses de 2024 ingresaron al país 12 millones de kilos de indumentaria (unos 60 millones de prendas) por vía oficial, sin contar las compras directas por sitios web ni los envíos en pequeños paquetes por correo.

Ante esta inundación de productos foráneos, la industria textil argentina atraviesa momentos difíciles. Según Pro Tejer, más de 10.000 puestos de trabajo se perdieron en 2024, debido al cierre de numerosas pymes y comercios locales. Durante el primer trimestre de 2025, también según Pro Tejer, 6 de cada 10 empresas del sector redujeron su personal y el 72% aplicó medidas como suspensiones o congelamiento de contrataciones. En promedio, el sector perdió entre 500 y 1.000 puestos de trabajo por mes durante el primer semestre del año, marcando un ritmo de destrucción laboral más sostenido que durante el año pasado.

«La ropa es un bien que se deja de comprar cuando no tenés plata. La caída del poder adquisitivo y la apertura de importaciones generan un cóctel alarmante», advirtió Luciano Galfione, presidente de Pro Tejer.

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Claudio Drescher, presidente de la CIAI, señaló que la producción masiva y los precios bajos de Shein hacen imposible competir a los productores argentinos. Incluso grandes empresas internacionales se vieron obligadas a ajustar estrategias ante la irrupción de Shein en el mercado global. Con la reducción de aranceles impulsada por el Gobierno, muchas marcas locales optaron por importar la mayor parte de sus prendas en lugar de fabricarlas.



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