ECONOMIA
El BCRA recibirá un préstamo de u$s3.000 millones para fortalecer reservas
La última vez que la Argentina accedió al mercado internacional de capitales fue el 4 de enero de 2018. Fue en el Gobierno de Mauricio Macri, antes de la crisis macroeconómica que llevó el valor del dólar de 17 a 28 pesos y terminó con un acuerdo con el FMI por unos 45.000 millones de dólares.
Ese día el Tesoro realizó una colocación de unos 9.000 millones de dólares a 5, 10 y 30 años de plaz con tasas de 4,6% a 6,9 % anual.
Esas colocaciones se pudieron hacer porque el riesgo país era de 354 puntos básicos, el valor más bajo del Gobierno de Macri. El presidente del BCRA era el actual ministro de Econimia Luis Caputo y Nicolás Dujovne el ministro de Economía y Finanzas,
La gran pregunta de los operadores financieros del mercado local y de Wall Street es si el Gobierno del presidente Javier Milei deberá lograr llegar a ese valor para colocar un bono en el mercado internacional de capitales, si lo podrá hacer antes o si no lo intentará a pesar que el riesgo baje a un valor similar o cercano a ese para no aumentar su deuda en dólares.
Lo que sí es posible es que varias empresas privadas como ya lo hicieron Pampa Energia y Arcor salgan a financiarse en el mercado internacional de capitales.
Qué es el riesgo país
El viernes pasado el indicador se ubicó en en los 769 puntos básicos. Este índice elaborado por el banco estadounidense JP Morgan registro un mínimo desde el 15 de julio de 2019 que llegó a 771 puntos antes de las PASO presidenciales del 12 de agosto de ese año que ganó la fórmula de Unión Por la Patria a Cambiemos por más de 20 puntos.
Hay que destacar que ese indicador era de 1.908 puntos básicos 29 de diciembre en 2023 y cuando Milei ganó las PASO del 13 de agosto de ese año llegaba a los 2.700 puntos.
El indicador es utilizado desde principios de los 90 y sirve para conocer el nivel de «peligro» que representa prestarle dinero a gobiernos o empresas privadas de diferentes partes del mundo
Es un índice que mide el diferencial de tasa que existe entre los bonos de deuda de un país y la tasa de los bonos del Tesoro Americano a 10 años que es del 4,5 % anual ya que estos son considerados los activos de menor riesgo del mundo.
La semana pasada los títulos públicos sostuvieron la tendencia alcista, que posicionó a la deuda argentina como una de las mejores inversiones en lo que va del 2024.
En lo que va del año los bonos de la deuda en dólares ganaron un 70% en promedio, un beneficio que se amplía para los títulos de menor duración, como el GD29 y el GD30, con ganancias de 90 % y 80 %, respectivamente, en diez meses y medio.
El superávit fiscal primario y finaciero, la caída de la inflación al 2,7% mensual en octubre, el programa de emisión cero del BCRA, las compras de dólares para acumular reservas internacionales junto con el aumento récord de los depósitos en dólares producto del blanqueo de capitales son los principales aspectos de un modelo económico que muestra una política fiscal muy contractiva, una política monetaria restrictiva y una política cambiaria muy ortodoxa.
La política ortodoxa de Milei le permite al mercado financiero transitar por un récord en las paridades de los bonos, máximos nominales en la Bolsa de Buenos Aires y reservas internacionales del Banco Central que recuperaron el nivel de los 30.000 millones de dólares, luego de que la entidad efectuara compras netas en el mercado de cambios por más de USD 20.000 millones a lo largo de once meses.
En tanto que los depósitos privados en dólares superan los 34.000 millones mientras que al asumir Milei los mismos llegaban a unos 14.000 millones de dólares.
Aunque el Gobierno ha sugerido que trabaja con un objetivo específico para mejorar el nivel de reservas internacionles, por el momento no se observa algún tipo de movimiento para salir a colocar un bono en el exterior pese a la espectacular caída del riesgo país.
El Gobierno prepara una nueva negociación con el FMI
En ese contexto, el equipo económico, luego del triunfo del republicano Donald Trump en las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, habría decidido retomar las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para un nuevo programa que habilite la posibilidad de conseguir fondos frescos por unos 10.000 millones de dólares para fortalecer la posición de las reservas internacionles brutas y netas para poder salir del cepo cambiario.
La decisión sería finalmente avanzar con lo que sería el acuerdo número 23 en la larga historia de la relación entre la Argentina y ese organismo.
Aunque el proceso formal aún no ha comenzado, ya se iniciaron contactos informales. Se espera que las negociaciones oficiales arranquen en las próximas semanas, coincidiendo con la participación de Milei en la cumbre del G20 en Río de Janeiro, un evento que también contará con la presencia de altos funcionarios del FMI.
El ministro de Economía, Luis Caputo, advirtió que los próximos pasos estarán sujetos a los tiempos burocráticos habituales del organismo, lo que podría extender las negociaciones «durante meses», sin acelerarse por el reciente cambio de administración en la Casa Blanca que recién se hará efectivo el 20 de enero del año proximo.
Milei ya expresó su expectativa de que la administración de Trump brinde un respaldo clave para avanzar en las conversaciones.
El programa vigente con el FMI aún tiene dos revisiones en curso: la novena, que evaluará el cumplimiento de las metas de junio, y la décima, que analizará los objetivos de septiembre.
Fuentes cercanas al ministerio de Economía explicaron a Iprofesional que el diálogo con el FMI es constante y que el principal objetivo del Gobierno es asegurar que el organismo comprenda los próximos pasos de la política económica, especialmente en lo relacionado con el régimen cambiario.
No se avanzará con la eliminación del cepo hasta 2025
Al respecto Caputo afirmó la semana pasada en la reunión anual de FIEL que la unificación cambiaria y la eliminación de los controles tendrán lugar en algún momento de 2025. «A medida que avanzamos, dejamos atrás los efectos de la política monetaria del gobierno anterior y se fortalecen nuestros resultados», aseguró y según el ministro de Economía, octubre fue un punto de inflexión ya se salió de la recesión.
En cuanto al levantamiento del cepo, Caputo aclaró que no se concretará hasta que se tenga la certeza de que no generará desequilibrios en la economía. «No se trata de un plazo fijo, sino de alcanzar ciertas condiciones», enfatizó.
Frente a las críticas sobre el impacto de los controles cambiarios en el crecimiento, sostuvo que es posible crecer bajo este esquema y que, en algún momento del próximo año, el cepo será eliminado.
Además, destacó que «Argentina no debe ganar competitividad mediante devaluaciones, sino reduciendo impuestos, y ese es el próximo objetivo».
En tanto que Milei fue más enfático en su postura en la Gala Anual de la Fundación Endeavor: «Les aviso que, si durante dos meses más repetimos números en esta línea, bajaremos el crawling peg al 1% mensual. Y si logramos tres meses consecutivos en ese nivel, liberaremos el mercado de cambios», anticipó. Sin embargo, la inflación no es el único factor determinante para avanzar hacia la eliminación del cepo; la cantidad de reservas del Banco Central también jugará un papel crucial.
Los expertos de Max Capital opinan que «el Gobierno argentino atraviesa una serie de buenas noticias y resultados positivos. La victoria de Trump en los EEUU y la probable designación de Marco Rubio como secretario de Estado fueron fuertes señales de respaldo estadounidense en el futuro, y la conversación de Milei con Trump consolidó esas expectativas. A nivel local, la oposición no logró modificar la regulación de decretos ejecutivos en el Congreso, y el INDEC publicó un índice de precios al consumidor prometedor para octubre. La inflación bajó a 2.7% mensual».
En tanto que para el economista Gustavo Ber, titular del Estudio Ber, «los activos domésticos se siguen resistiendo a intercalar una decidida corrección -más allá de los vaivenes recientes en los ADR- dado que sigue reinando el optimismo entre los inversores a partir de los avances en el plan de estabilización económica.
No solo el IPC otorgó una positiva lectura, que se trasladó de inmediato en la curva de Lecaps y los futuros, sino también otro mes consecutivo de superávit financiero que sigue otorgando confianza respecto al decidido proceso de consolidación fiscal que se viene llevando adelante».
El dato positivo de inflación de octubre, que marcó una nueva desaceleración, el mercado sigue apostando a que la tendencia desinflacionaria continuará hacia los próximos meses, en especial luego de que el presidente Milei asegurara en redes sociales que podría reducir el ritmo de crawling peg en el dólar oficial podría reducirse de mantenerse estos niveles.
En los últimos meses la dinámica del riesgo país de Argentina se ubica lejos de lo que muestra la realidad de los países de la región pero por ahora la cifra es alta.
Los números de riesgo país más bajos corresponden a Uruguay (91 puntos), Chile (116 puntos), Perú (157 puntos) y Paraguay (158 puntos).
También tienen mejores registros que la Argentina, Brasil (205 puntos), Costa Rica (208 puntos), Guatemala (210 puntos), República Dominicana (214 puntos), Panamá (257 puntos) y México (310).
En los hechos, lo que muestra el riesgo país es la sobretasa que debe pagar un país para colocar deuda pública y privada en el mercado internacional de capitales.
Esto además refleja la capacidad de pago que tiene cada Estado de su deuda, las expectativas de los acreedores y el costo eventual que enfrenta cada país a la hora de buscar financiarse en el exterior.
Argentina recibirá un préstamo REPO
Con relación a ese tema hay que señalar que desde el Banco Central de la República Argentina (BCRA), tendrían casi cerrado un préstamo REPO con tres bancos internacionales, para lograr unos 3.000 millones de dólares para aumentar las reservas internacionales brutas y asegurar parte de los pagos de deuda que vencen en 2025.
Este préstamo podría generar incentivos adicionales para reducir más el riesgo país y acercar a la Argentina nuevamente a los mercados de crédito.
De acuerdo a lo que pudo saber Iprofesional, las negociaciones están adelantadas con Banco Santander, JP Morgan y Morgan Stanley para un acuerdo a casi tres años.
No obstante, se continúa dialogando con otras entidades que podrían sumarse, como es el caso de Citi Bank. La extensión no es casual, ya que la duración debe ser mayor a un año para que las divisas contabilicen dentro de las reservas internacionales.
El BCRA ofrecería como garantía los Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre (Bopreales), y descartaría el uso de parte del oro de la entidad como colateral, ya que esto afectaría el cálculo de las reservas internacionales.
La tasa de interés estaría ligeramente por debajo de los dos dígitos y, si las condiciones financieras siguen mejorando, podría reducirse aún más cuando los Bopreales en cuestión aumentan su paridad.
Un repo (Repurchase Agreement) es un acuerdo de deuda a corto plazo en el que el deudor deposita, a nombre de los acreedores, una garantía generalmente compuesta por títulos de deuda que debe recomprar. En este caso, se trata de una línea contingente que el BCRA utilizará cuando lo considere necesario, dado que, una vez activada, comienzan a correr los intereses.
Al respecto el ministro de Economía, Luis Caputo, había informado que fueron depositados en el Bank of New York los u$s1.700 millones que corresponden a intereses de los cupones que vencen en enero y adelantó recientemente que el
Tesoro compró los u$s2.700 millones de capital en dólares y euros. El superávit fiscal asegura los pesos para afrontar los compromisos, pero las dudas se mantienen sobre la disponibilidad de divisas de un BCRA que mantiene reservas netas negativas por u$s4.000 millones, según cálculos privados.
Es en ese contexto que más allá de asegurar el pago de cupones de enero próximo, la autoridad monetaria continuó con las negociaciones con los bancos para además tener los dólares equivalentes al cupón semestral que se pagan en julio del año que viene. El objetivo sería despejar dudas sobre el pago de la deuda a lo largo de 2025.
En el equipo económico entienden que será importante sostener la baja del riesgo país, que se mantiene en 769 puntos, el nivel más bajos de los últimos cinco años pero todavía hay dudas si es el momento de salir a buscar financiamiento en el mercado internacional de capitales.
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ECONOMIA
Empresas reaccionan a la menor inflación, reducen subas salariales y ajustan números para 2025
Hay un indicador del que se habla poco, pero que resulta más ilustrativo que el propio IPC para argumentar la baja de la inflación: las empresas están empezando a espaciar los períodos de incremento de sueldo nominal.
Una reciente encuesta de la consultora PwC constató que, respecto de su anterior encuesta realizada en abril, había disminuido drásticamente la cantidad de empresas que estaban haciendo ajustes a ritmo mensual o bimestral, al tiempo que la mayor parte de las organizaciones están planeando para el corto plazo hacer ajustes trimestrales.
En abril pasado, cuando la inflación se ubicaba en 8,8% mensual y acumulaba una variación interanual de 289%, la tendencia generalizada en el sector registrado era acortar lo más posible la frecuencia de los aumentos nominales. Así, superaba un 60% de los casos encuestados las compañías que ajustaban los salarios mensualmente o bimestralmente.
Seis meses después, con una inflación mensual ya debajo del 3% y con una expectativa de 35% para los próximos 12 meses -según la encuesta REM del Banco Central-, la situación está empezando a cambiar. Ahora, el porcentaje de empresas con ajustes de cortísimo plazo bajó a 45% mientras que un 54% ya está volviendo a ajustes cada tres o cuatro meses.
Esta encuesta incluye al personal profesional intermedio y jerárquico, lo que implica que tiene en cuenta a muchos que no están alcanzados por los convenios, que se negocian en paritarias. En este momento, las empresas están analizando las expectativas de inflación para el año próximo, de manera de ajustar su estrategia de remuneraciones.
Según Mariela Rendón, experta de PwC en recursos humanos y organización, un 81% de las grandes empresas encuestadas está proyectando para 2025 una inflación de 51%, lo cual da la pauta de cuáles pueden ser las cifras de recomposición previstas.
La encuesta de PwC muestra la tendencia a espaciar los aumentos salariales mientras cae la inflación
La frecuencia de aumento de sueldo: un síndrome histórico de inflación
Para los economistas, este es uno de los síntomas más importantes de que, efectivamente, está ganando fuerza el proceso de desinflación. Porque la frecuencia salarial constituye uno de los principales componentes de indexación inercial en la clásica puja de precios y salarios.
De hecho, cada vez que Argentina ingresó en un proceso de inflación alta, el primer síntoma de «espiralización» de la crisis fue el acortamiento en los períodos de subas salariales nominales.
Un ejemplo clásico es el período previo al «Rodrigazo» de 1975. En un histórico discurso, al asumir como nuevo ministro de economía durante el período de Isabel Perón, Celestino Rodrigo relataba el síntoma del agravamiento del ciclo inflacionario: el primer aumento salarial duró nueve meses antes de que hubiera que actualizar los ingresos para compensar la inflación; el segundo se acortó a seis; el tercero duró cuatro meses y el cuarto no llegó a durar dos meses. Pero la inflación era cada vez más alta.
Una situación parecida ocurrió cuando, una década más tarde, entró en crisis el Plan Austral de Raúl Alfonsín: ante la evidencia de que los problemas fiscales se agravaban, la inflación retomó su senda alcista, y los sindicatos presionaron para un acortamiento de los aumentos, que en el pico de la hiperinflación llegaron a ser mensuales.
Fue ese el motivo por el que, durante la gestión de Alberto Fernández, se produjeron debates internos en el gobierno respecto de la política de ingresos: mientras el ala kirchnerista exigía subas generalizadas por decreto, los funcionarios argumentaban -tanto en el período de Martín Guzmán como de Sergio Massa-, que no se debía forzar a las empresas a dar aumentos mayores a sus posibilidades, porque se corría el riesgo de que trasladaran de inmediato a los precios ese mayor costo operativo.
Fue, de hecho, lo que terminó ocurriendo, como habían anticipado la mayoría de los economistas.
«Cuanto mayor sea el aumento de salarios nominales que logren los sindicatos, mayor será la tasa de inflación del año, porque a los empresarios no les quedará otra que traspasar esas subas a los precios. No discuten el salario real, discuten el nivel de inflación», argumentaba hace dos años Marcos Buscaglia, ex economista jefe de Bank of America Merrill Lynch, quien advertía los paralelismos históricos entre la economía de Alberto Fernández y las anteriores crisis inflacionarias.
El «techo» de Luis Caputo en las paritarias
En 2024, ya con una inflación instalada cómodamente encima de los dos dígitos mensuales, Luis Caputo no tuvo margen político como para tratar de espaciar las subas salariales, aunque sí enfocó su esfuerzo en que los aumentos no se despegaran demasiado de la inflación que preveía el gobierno.
Fue así que se enfrentó a los gremios más fuertes, como el de camioneros, por negarse a homologar paritarias que, según Caputo, no se correspondían a la realidad de la economía nacional, y que conllevaban el riesgo de que la inflación se acelerase.
A inicios de año, Caputo trataba de convencer a empresarios y sindicalistas que la inflación bajaría a un dígito. Y consideraba que la paritaria camionera era un obstáculo en su prédica porque implicaba un ajuste de 25% para el sueldo de marzo y otro de 20% para abril, cifras que ya duplicaban los registros del IPC.
En consecuencia, empezó el conflicto por su negativa a dar el aval oficial. «Si homologamos esto, el próximo va a decir dame 30% en abril y 40% en mayo, y obvio que puede disparar la inflación. Hay que dar algo razonable y compatible con la marcha de la economía», decía entonces el ministro.
Con su característico estilo, Pablo Moyano expresaba su disgusto por la contradicción entre el discurso liberal y la práctica de interferir en negociaciones salariales: «Qué carajo se tienen que meter en un acuerdo entre privados del gremio y las empresas, Caputo o el mismo presidente de la Nación», protestó Moyano, con una lógica que incluso muchos libertarios tuvieron que admitir que tenía peso argumental.
Finalmente, se llegaron a acuerdos para que las negociaciones salariales no derivaran en una conflictividad permanente. Se autorizaron aumentos que, en general, seguían la pauta del Indec, con escalonamientos mensuales y cláusulas de revisión en caso de que hubiese subestimado la inflación. Y, en algunos casos, hubo gremios -como el camionero- que recibiron mejoras por encima de la inflación gracias a los componentes no remunerativos, como los bonos de suma fija.
Pero el objetivo que el gobierno se había fijado era que, a partir de que la inflación volviera a niveles relativamente bajos, los aumentos salariales retornaran a sus ciclos clásicos de subas más espaciadas en el tiempo. De esa manera, razonan, se corta el ciclo de incremento de costos operativos que lleva a las subas de precio continuas.
Lo que viene con los gremios en las paritarias de fin de año
En el ámbito de las negociaciones salariales de convenio, es decir las que son lideradas por los grandes gremios en las paritarias, también empieza a notarse el mismo fenómeno. Unos 30 convenios de gremios del sector privado ya arreglaron aumentos para noviembre, algunos con cláusula de revisión por inflación y con fecha de renegociación para dentro de tres meses.
Uno de los gremios de referencia, el de los bancarios, acaba de anunciar un acuerdo correspondiente a octubre que coincide con el 2,7% del IPC. Se seguirá tomando como referencia el Indec para reajustes mensuales hasta la renegociación del convenio, a realizarse en febrero.
El convenio más numeroso, el de comercio, que involucra a más de un millón de afiliados, negoció subas escalonadas, que totalizan un 8% respecto del nivel de agosto pasado. En marzo está prevista la renegociación del convenio, aunque se podrán pautar correcciones en ese período. En lo que va del año, sumando los conceptos salariales y beneficios extras, los bancarios han logrado un porcentaje cercano al 107% de inflación acumulada desde inicio de año.
Esa tiende a ser la tónica de las negociaciones en los gremios grandes, en la medida en que la inflación sigue en baja y los salarios reales recuperan su poder adquisitivo.
Otro referente del mercado, el gremio metalúrgico, renegoció en octubre, después de haber ajustado en julio, y tomó la cifra acumulada según la medición del Indec.
También en diciembre se reúnen los aceiteros, que protagonizaron uno de los conflictos más duros este año y fueron en septiembre a conciliación obligatoria. En aquel momento, se estableció una recomposición de 26%, que incluyó una suma retroactiva a julio, más subas escalonadas hasta noviembre.
Sueldos de estatales, con retraso
Lo cierto es que, a juzgar por las cifras oficiales, los salarios están evolucionando a un mayor ritmo que la inflación, y no por casualidad el gobierno celebró el hecho de que el IPC de 2,7% de octubre coincidió con una suba salarial de 4,7%.
El argumento oficial es que se está produciendo una mejora en los indicadores sociales: tanto la canasta básica -la que mide la línea de pobreza- como la canasta alimentaria -la que mide la indigencia– tuvieron variaciones más bajas aun que el IPC: 1,2% y 1,4% respectivamente.
Al mismo tiempo, la franja de menores ingresos de la población -que suele coincidir con el sector informal- tuvo en septiembre una recuperación de 10,4%, según la estadística del Indec, lo cual habilita a Javier Milei a reforzar su discurso sobre una disminución de la pobreza.
Claro que, aun con las mejoras de los últimos meses, los salarios siguen por debajo del nivel de hace un año: frente a una inflación acumulada de 209%, los ingresos de los trabajadores aumentaron un 181,9%.
En el sector privado fue donde mejor se defendió el poder adquisitivo, con una acumulación de 197,7%, mientras que el más rezagado fue el sector de empleados públicos, que sólo logró un aumento nominal de 149,7% en un año.
No extraña, en ese contexto, que el sector estatal sea el que está mostrando un mayor nivel de conflictividad a la hora de las negociaciones salariales. En noviembre, los estatales cobrarán un aumento de 2% y en diciembre un 1%, después de un 3% en el bimestre anterior. Esto implica una pérdida real en un período en que la inflación duplicará esas subas nominales. Se negoció que, a modo de compensación, habrá un bono de suma fija por $30.000. De todas formas, el declarado objetivo oficial de seguir recortando la nómina de funcionarios asegura que la conflictividad continuará en los próximos meses.
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