Si se analiza el peso relativo del gasto público primario nacional, una primera comparación entre el acumulado de 12 meses a febrero de 2026 y el acumulado de 12 meses a diciembre de 2023 determina una caída equivalente a 5,2 puntos porcentuales del PBI. En efecto, entre ambos periodos el peso relativo del gasto pasó de 19,50% del PBI a 14,32% del PBI. En términos porcentuales, la reducción fue del 26,5%, es decir, algo más de la cuarta parte. El hecho de que esta enorme caída se haya dado en tan solo dos años implica un gran ajuste de corto plazo sobre el flujo económico.

A esto debe sumarse una baja del peso relativo del gasto anual en intereses de deuda. Más allá de la controversia existente con relación a la contabilización o no sobre la línea de una parte de los intereses, lo real hoy en día es que el gasto anual en intereses (sobre la línea) pasó de representar un 1,7% del PBI en el acumulado a diciembre de 2023 a hacerlo con un 1,2% del PBI en el acumulado de 12 meses a fines de febrero de 2026. Esto implica una caída de 0,5 puntos porcentuales del PBI entre ambos periodos.

Entonces, si a la baja de 5,2 puntos porcentuales del PBI del gasto público primario se suma la baja de 0,5 puntos porcentuales del PBI del gasto en intereses, se tiene que la baja del gasto total fue de 5,7% del PBI entre ambos periodos de 12 meses. La caída porcentual en este caso también es del 26,5%.

¿Qué pasó con cada uno de los gastos nacionales?

Lo primero que resulta importante destacar es que solamente dos gastos aumentaron su peso relativo entre ambos periodos, cayendo en consecuencia el de los catorce gastos restantes.

Al analizar los cambios de los gastos más relevantes, se considera apropiado clasificarlos en tres grupos.

El primero está integrado por las Transferencias no automáticas a provincias (23 provincias), Programas sociales, Inversión real directa, Subsidios a la energía y gasto salarial, que sumó una pérdida relativa de 4,07 puntos porcentuales del PBI. De esto surge que la mayor variación negativa de peso relativo la tuvieron las Transferencias no automáticas a provincias, con un 83%. De estar en 1,11 puntos porcentuales del PBI en los 12 meses de 2023, bajaron a 0,19 puntos porcentuales del PBI en los últimos 12 meses.

El segundo componente con mayor caída de peso relativo fue la Inversión real directa, con un 73% y el tercero los Programas sociales con un 56%.

En orden de importancia de caída, le siguieron los subsidios a la energía, las transferencias a universidades, los subsidios al transporte, el gasto salarial, las asignaciones familiares, el consumo de bienes y servicios, las pensiones no contributivas y el PAMI. Este último con baja del peso relativo del 3%.

El segundo grupo está integrado por los gastos cuyo peso relativo prácticamente no tuvieron variación proporcional entre ambos periodos, que son las jubilaciones y pensiones contributivas, que pasaron de 6,15% del PBI a 6,13% del PBI. Es importante destacar que este es el gasto más importante que tiene el gobierno nacional en la actualidad, con una participación relativa del 43%. Este comportamiento evidenciado es consecuencia de que luego del gran ajuste de 2024, la implementación de una suba nominal en función de la inflación de dos meses previos derivó en suba real, dada la baja de la tasa de inflación durante el año 2025.

Por último, el tercer grupo está constituido por los únicos dos gastos cuyo peso relativo aumentó en los últimos dos años. Las transferencias no automáticas a CABA aumentaron 0,04 puntos porcentuales del PBI (56% de incremento) y la Asignación Universal para Protección Social 0,33 puntos porcentuales del PBI (88% de incremento).

¿De cuánto fue el cambio acumulado del peso relativo de cada gasto durante los últimos 26 meses?

Es posible acumular las diferencias de peso relativo, ya sean negativas o positivas, entre el promedio mensual del año 2023 y los 26 últimos meses. Concretamente, se puede calcular cuánto ha bajado o subido de manera acumulada el peso relativo de cada uno de los principales gastos nacionales. Del análisis surge que la caída acumulada del gasto público primario nacional fue de 10,4 puntos porcentuales del PBI durante los últimos 26 meses.

Se aprecia que tres gastos terminaron los 26 meses con una diferencia acumulada de peso relativo positiva. En efecto, la asignación universal para protección social aumentó 0,5% del PBI y las transferencias no automáticas y el PAMI lo hicieron con 0,1% del PBI.

Los trece gastos restantes acumularon una baja de peso relativo. El gasto que más cayó es el relativo a las transferencias no automáticas a las 23 provincias, con 2 puntos porcentuales del PBI. Le siguieron los programas sociales con 1,9 puntos porcentuales, la inversión real directa con 1,8 puntos porcentuales y los subsidios a la energía con 1,5 puntos porcentuales del PBI.

¿De cuánto fue la disminución del gasto medida en pesos reales y dólares?

Otro análisis de interés es el relacionado con el tamaño real del gasto público. Se determina que el gasto primario se redujo $62 billones, comparando el año 2023 con lo acumulado durante los últimos 12 meses.

El de mayor caída real fue, lógicamente, el de transferencias no automáticas enviadas a las 23 provincias. De ser de $11,2 billones en moneda de febrero de 2026 en los 12 meses acumulados de 2023 pasaron a ser de $1,9 billones en los últimos 12 meses.

En el segundo se presentan el gasto del PAMI y de las jubilaciones y pensiones contributivas, que tuvieron caídas reales del 1,7% y del 3,5%, respectivamente.

Por último, en el tercero se presentan los gastos reales en asignación universal para protección social y en transferencias nacionales no automáticas a CABA. Los aumentos fueron del 74% y del 73% respectivamente.

En términos acumulados, la caída de los últimos 26 meses asciende a $122 billones de pesos, medidos en moneda de febrero de 2026. Los programas sociales y las transferencias a provincias se redujeron en casi en $21 billones cada uno.

Si se hacen los cálculos en dólares corrientes, se determina que el gasto primario se redujo USD 32.800 millones, comparando el año 2023 con lo acumulado durante los últimos 12 meses. Si se acumulan los 26 meses transcurridos entre diciembre de 2023 y febrero de 2026, la caída asciende a USD 67.000 millones.

Los gastos que más cayeron en el acumulado de 26 meses, es decir, transferencias no automáticas y programas sociales, lo hicieron en aproximadamente USD 13.000 millones cada uno.

En el otro extremo, los gastos que aumentaron fueron asignación universal para protección social, PAMI y transferencias no automáticas a CABA. Los aumentos acumulados fueron de USD 3.700 millones, USD 400 millones y USD 700 millones, respectivamente.

La discusión por la tasa vial, un clásico conflicto entre productores agropecuarios y municipios argentinos, acaba de dar un giro que puede tener consecuencias mucho más amplias que el caso puntual que la originó. Un fallo de la Justicia en Trenque Lauquen no solo cuestionó el cobro de este tributo en Daireaux, sino que fijó un criterio que, de consolidarse, podría habilitar una ola de reclamos similares en distintos puntos de la provincia.

La sentencia, dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo N°1 a cargo de Pablo Cristian Germain, resolvió un planteo presentado por cuatro productores rurales que cuestionaron la legalidad de la tasa por mantenimiento de caminos rurales. El eje del reclamo fue la falta de prestación efectiva del servicio que justifica ese cobro.

El fallo judicial avanzó sobre ese punto y dejó asentado un principio central en materia tributaria: las tasas requieren una contraprestación específica por parte del Estado. Si ese servicio no se presta, el cobro pierde su sustento jurídico. Con ese criterio, el juez analizó la situación concreta de los productores y, en algunos casos, directamente los eximió del pago.

El precedente que puede cambiar las reglas del juego en toda la Provincia

Más allá del impacto inmediato sobre los productores involucrados, el dato relevante es el alcance potencial del fallo. A diferencia de antecedentes donde la discusión quedaba en aspectos formales, en este caso la Justicia ingresó de lleno en la cuestión de fondo, ya que evaluó si el servicio existía y si los fondos recaudados estaban siendo correctamente utilizados.

Para eso se apoyó en pruebas técnicas: una pericia contable detectó desvíos en la utilización de los recursos provenientes de la tasa vial, mientras que un informe de ingeniería relevó el estado de los caminos rurales en las zonas involucradas. Ese doble respaldo permitió construir un fallo con mayor densidad que otros precedentes.

Desde la óptica de quienes impulsaron la demanda, ese es el punto que abre un escenario nuevo. El abogado de los productores sostuvo que este tipo de resoluciones pueden tener un efecto multiplicador, en la medida en que fijan criterios aplicables a situaciones similares en otros distritos.

La idea de «efecto cascada» no es teórica, ya que el mismo estudio ya lleva adelante acciones en otros partidos bonaerenses como:

La tensión de fondo: tasas que no se traducen en caminos transitables

El caso de Daireaux refleja una tensión que se repite en buena parte del interior productivo. Por un lado, los municipios defienden la tasa vial como herramienta para financiar el mantenimiento de una red extensa y costosa. Por otro, los productores cuestionan tanto el estado de los caminos como el destino de los fondos recaudados.

Para el agro, que un camino esté en mal estado es imposibilidad para trabajar: la maquinaria pesada y los camiones que llevan la producción o traen insumos no pueden transitar. Tampoco los pobladores de las zonas rurales pueden desarrollar sus vidas sin una red de trazas viales rurales en condiciones.

En la causa judicial, ese conflicto quedó expuesto en términos técnicos. Los productores sostuvieron que la tasa se había transformado en un mecanismo de recaudación desvinculado del servicio, mientras que el municipio defendió su potestad tributaria y la complejidad de sostener la red vial en contextos climáticos y financieros adversos.

El fallo no desconoce esa complejidad, pero introduce como límite que la existencia del servicio «no puede ser una presunción abstracta, sino que debe poder demostrarse en forma concreta». Y en este caso, la evidencia aportada no resultó suficiente para sostener el cobro en todos los casos analizados.

Por qué este antecedente preocupa tanto a los intendentes bonaerenses

El punto que más preocupa en el ámbito municipal no es el resultado puntual, sino la posibilidad de que este criterio se replique. Si otros productores avanzan con reclamos similares y logran acreditar situaciones comparables, el impacto podría ser significativo tanto en términos fiscales como institucionales.

El antecedente se vuelve especialmente sensible en un contexto donde muchas comunas dependen en buena medida de este tipo de tasas para sostener servicios básicos. Un cuestionamiento generalizado podría obligar a revisar no solo el esquema de financiamiento, sino también los mecanismos de gestión y control de esos recursos.

Al mismo tiempo, el fallo se inscribe en una tendencia más amplia. En los últimos meses, distintas resoluciones judiciales comenzaron a poner bajo la lupa algunas tasas municipales, en particular cuando se perciben como desvinculadas de servicios concretos o como mecanismos de recaudación encubiertos.

Para Jorge Moroni, abogado de los productores que impulsaron la demanda, el fallo marca un punto de inflexión porque la Justicia dejó de lado las discusiones formales y avanzó sobre el núcleo del problema. Según explicó, el criterio fijado es contundente: los recursos de la tasa vial deben destinarse exclusivamente al mantenimiento de los caminos y, si ese servicio no se presta en condiciones, el cobro pierde sustento y puede ser declarado nulo.

El letrado también puso el foco en la prueba que sostuvo la sentencia. Señaló que las pericias realizadas durante el proceso confirmaron, por un lado, desvíos en el uso de los fondos y, por otro, un estado mayoritariamente deficiente de los caminos rurales evaluados. A su entender, esa combinación fue determinante para que el juez pudiera avanzar sobre casos concretos y, en algunos, incluso eximir directamente del pago de la tasa.

Más allá del resultado puntual, Moroni insistió en que el objetivo de fondo no es dejar de pagar sino modificar el esquema actual. Planteó que los productores están dispuestos a afrontar el costo del servicio, pero exigen transparencia y participación en la administración de los recursos. En ese sentido, consideró que el fallo puede actuar como disparador de cambios más amplios en los municipios, en la medida en que obligue a revisar cómo se gestiona y se justifica el cobro de este tipo de tasas.

Más allá del plano judicial, el caso deja planteado un desafío político y de gestión: la discusión ya no se limita a si corresponde o no pagar la tasa, sino a cómo se organizan y administran los recursos destinados a la infraestructura rural. En algunos distritos bonaerenses existen modelos de gestión compartida, con participación de productores en la definición de prioridades y en el seguimiento de las obras.

En ese escenario, el «efecto cascada» al que aluden los impulsores del reclamo deja de ser una hipótesis y se convierte en una posibilidad concreta. Y con ella, la discusión por la tasa vial podría pasar de ser un conflicto local a un tema de alcance provincial.

En las vísperas de las Pascuas, los precios de los productos típicos aumentaron considerablemente en Argentina. Los consumidores ya encuentran subas en pescados y panificados, con incrementos que varían según el artículo y el canal de compra. Los principales productos de la canasta pascual están bajo la lupa por las diferencias interanuales en sus importes y la comparación frente a la inflación general.

A partir de un relevamiento elaborado por la consultora Focus Market, se identifican alzas de entre 9% y 58% en los precios de pescadería. Entre los principales productos figuran el kanikama, el filette de merluza, el calamar y las milanesas de pescado, cuyas variaciones responden a los movimientos recientes del Índice de Precios al Consumidor. Belén Escobar explicó en Infobae en Vivo Al Amanecer: “Se vienen las Pascuas y llegan con un aumento de hasta 63% en algunos productos”.

La lata de atún de 170 gramos, un clásico de la mesa pascual, exhibe un incremento interanual del 25%, ubicándose por debajo de la inflación acumulada en el mismo periodo, que fue de 33,1 % a febrero según INDEC.

Los aumentos en productos de pescadería

Los especialistas destacan que el kanikama de 250 gramos cuesta $5.200. El precio es un promedio y puede variar de acuerdo con el comercio y la zona. Escobar precisó que, en este caso, el aumento fue de 9%, menor al índice general. El filette de merluza y la milanesa de pescado exhibieron subas también por debajo del IPC, mientras que el calamar registró un ajuste de 58%; este último se utiliza principalmente para la preparación de rabas.

El informe indica que casi todos los cortes tradicionales presentan incrementos moderados respecto al Índice de Precios al Consumidor. Escobar remarcó: “Vemos kanikama por debajo de la variación del IPC” y añadió que no todos los productos registran el mismo comportamiento, ya que el calamar superó ampliamente la inflación.

En el caso del atún, la lata al natural de 170 gramos ronda los $3.600. Escobar detalló: “También con un incremento por debajo de la inflación general, con un 25%”. El valor puede variar según marca y ubicación, y se registró una baja interanual durante la transición presidencial de 24%, fenómeno que interrumpió la tendencia alcista del último año.

Diferencias regionales y hábitos de consumo

Las variaciones de precios no solo dependen del producto sino también de la zona geográfica. Escobar puntualizó: “No es lo mismo también precios en algunos barrios porteños que en otros puntos del interior del país”. El presupuesto familiar suele verse afectado tanto por los aumentos como por la diversidad de marcas y presentaciones presentes en los supermercados y almacenes.

Al mismo tiempo, la rosca de Pascua, tradicional en estas fechas, registra incrementos por encima de la inflación anual. Según Belén Escobar, los aumentos van de 47% a 63%, lo que ubica a este producto en una situación diferente al pescado. Los precios promedio arrojan diferencias marcadas entre comercios industriales y panaderías.

En supermercados, la presentación industrial ronda los $5.150, mientras que en panaderías la pieza más pequeña se oferta a $13.000 y la de 900 gramos alcanza los $25.000.

Este panificado resulta muy estacional y varía su presencia en estanterías fuera de la época de Pascua. Según los testimonios relevados, la oferta en supermercados permite precios más accesibles, pero la elaboración en panaderías mantiene un costo superior debido a la calidad y el tamaño del producto.

Las familias que optan por celebrar con productos tradicionales deben considerar que encontrarán precios dispares y aumentos significativos, lo que exige mayor atención a las promociones disponibles y a los canales de venta elegidos en este contexto de variación de precios.

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