Luego de que el Estado Nacional decidiera interrumpir su participación directa en la importación de Gas Natural Licuado (GNL) y transferirla al sector privado, la licitación para encontrar un nuevo operador sumó sus primeros interesados. Según informó el Gobierno, Energía Argentina (Enarsa) recibió dos ofertas técnicas en el marco del proceso que definirá quién se hará cargo del abastecimiento durante el invierno de 2026.

Se trata de la primera etapa del proceso licitatorio, correspondiente al Sobre 1 (técnico), en la que se evalúan los antecedentes y la capacidad operativa de los postulantes. El cronograma prevé la presentación y posterior apertura de sobres el próximo lunes 13 de abril, mientras que la adjudicación está prevista para el martes 21 de abril.

El proceso apunta a seleccionar a un único operador que se encargará de importar GNL, regasificarlo en la terminal de Escobar y comercializarlo en el mercado interno durante la temporada de invierno, el período de mayor demanda gas.

Esta licitación forma parte del esquema oficial para transferir al sector privado actividades que hasta ahora estaban en manos del Estado. En paralelo, según informó la secretaría de Energía, este jueves 10 de abril se realizará la apertura de ofertas técnicas para la venta de la participación estatal en Citelec, la sociedad controlante de Transener -la mayor transportadora de energía del país-, en línea con la política de desinversión definida por el Gobierno.

Menos participación estatal

El Gobierno había formalizado su decisión de retirar al Estado de la importación de GNL en febrero de este año. La medida fue oficializada mediante la Resolución 33/2026, que estableció un nuevo esquema para garantizar el abastecimiento de gas durante los meses de invierno, cuando la producción local no alcanza a abastecer al mercado interno por limitaciones en el transporte.

A partir de ahora, la operatoria quedará en manos de un privado, que será responsable de coordinar la llegada de buques, gestionar inventarios y operar la terminal de regasificación de Escobar.

El contrato tendrá vigencia anual y cubrirá el período crítico, entre el 1° de abril y el 30 de septiembre. Según puntualizó el ente regulador, el criterio de adjudicación será económico, de manera que ganará la empresa que ofrezca importar el gas al menor costo posible, tomando como referencia el precio internacional más los costos logísticos.

Además, la normativa fija un precio máximo para el gas regasificado, que surgirá de ese esquema competitivo. El cambio también implica el fin de la intermediación estatal en este segmento.

Hasta ahora, el Estado importaba GNL a valores internacionales —entre USD 15 y USD 17 por millón de BTU— y lo revendía en el mercado interno a precios subsidiados cercanos a USD 2,7, absorbiendo la diferencia.

Con el nuevo modelo, ese rol pasa al sector privado, que asumirá tanto la operatoria como el riesgo comercial. La decisión se explica por la falta de capacidad para transportar gas desde las cuencas productoras hacia los centros de consumo, especialmente el AMBA y el Litoral, lo que obliga a recurrir a importaciones en los picos de demanda.

La privatización de Transener

El Gobierno lanzó el proceso de privatización de Transener, la principal empresa de transporte de energía eléctrica del país, mediante un concurso público abierto tanto a oferentes locales como internacionales a fines del año pasado.

La iniciativa, en línea con el proceso de desregulación del Estado que encaró el Gobierno, implica la venta de la participación que Energía Argentina Sociedad Anónima (Enarsa) mantiene en la Compañía Inversora en Transmisión Eléctrica (Citelec), sociedad que controla la operadora de la red nacional de alta tensión.

La medida se apoya en el marco legal vigente y declara a Transener como empresa “sujeta a privatización”, habilitando la venta escalonada de acciones para asegurar la continuidad operativa y el desarrollo de obras. El procedimiento, que se llevará a cabo en varias etapas, prioriza la transparencia y la apertura a inversores nacionales y extranjeros.

Actualmente, el Estado argentino controla de manera indirecta el 26,32% del capital accionario de Transener a través de Enarsa, que posee el 50% de Citelec junto a Pampa Energía, la compañía fundada por Marcelo Mindlin. La estructura accionaria se completa con la tenencia de la Anses y el capital flotante que cotiza en el mercado bursátil local. Citelec también tiene participación en Transener Internacional, con operaciones en Brasil, y en Transba, a cargo del transporte troncal en la provincia de Buenos Aires.

Transener administra más de 12.000 kilómetros de líneas de transmisión en todo el país, a los que se suman más de 6.000 kilómetros bajo la gestión de su controlada. Esto es alrededor del 85% de la red de alta tensión, al mismo tiempo que supervisa el 15% restante de todo el territorio nacional argentino.​

La enajenación de la participación estatal en la transportista eléctrica apunta a captar nuevos fondos para el Tesoro Nacional. El Gobierno ya concretó la venta de las principales represas hidroeléctricas del Comahue, por unos USD 700 millones, lo que permitió reforzar las reservas internacionales en la previa de compromisos financieros relevantes.

El presidente Javier Milei publicó un decreto que habilita adelantos de coparticipación para 12 provincias argentinas. El límite total es de $400.000 millones. La medida salió este lunes en el Boletín Oficial.

Se trata de recursos que ya pertenecen a las propias jurisdicciones por ley. Pero el Gobierno los girará de manera anticipada. Las provincias deberán devolverlos dentro del mismo ejercicio fiscal, es decir, de este año.

El objetivo central es darles liquidez inmediata para cubrir gastos corrientes, en un contexto donde las transferencias automáticas cayeron 6,4% en el primer trimestre y la recaudación sigue en baja.

La herramienta no es nueva. Las provincias ya venían pidiendo adelantos mensuales de manera extraordinaria. La diferencia ahora es que el esquema se sistematiza con un tope global y condiciones definidas.

El marco es de deterioro sostenido de los ingresos provinciales. La coparticipación federal registró una caída de 7% interanual en marzo, según datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

Los recursos propios de las jurisdicciones también muestran contracción. El combo genera problemas para pagar salarios en educación, salud y seguridad, sectores que concentran entre 70% y 80% del gasto provincial.

Cómo funciona el mecanismo de adelantos de coparticipación

Los adelantos de coparticipación son fondos que las provincias reciben por anticipado. Corresponden a su participación en la masa coparticipable de impuestos nacionales. Al adelantarlos, el Estado reduce los envíos futuros.

Esto obliga a las administraciones locales a ordenar sus cuentas dentro del mismo año. No es un préstamo externo: son recursos propios que se anticipan.

El decreto fija una tasa de 15% para estos fondos, muy por debajo de las condiciones del mercado financiero, donde el financiamiento para provincias oscila entre 30% y 45%.

El objetivo del Gobierno nacional es tener margen de negociación con gobernadores aliados. Busca evitar que recurran a endeudamiento más costoso para afrontar compromisos inmediatos.

El monto específico para cada provincia no está definido en la norma. Será la Secretaría de Hacienda quien asigne los fondos según dos criterios:

• La capacidad de repago de cada jurisdicción
• Su participación en la recaudación de impuestos nacionales
• Las necesidades financieras manifestadas
• El cumplimiento de compromisos fiscales previos

Los considerandos del decreto indican que varias provincias manifestaron estar «impedidas, en forma transitoria, de atender financieramente los compromisos más urgentes». Esa fue la razón esgrimida para intervenir.

El nuevo régimen reemplaza la modalidad tradicional de pedidos mensuales. Antes, las provincias informaban sus necesidades y el Gobierno definía montos caso por caso. Ahora hay un marco preestablecido.

Qué provincias pueden acceder y por qué las necesitan

El esquema de adelanto de coparticipación incluye a 12 jurisdicciones: Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.

Entre Ríos ya había sido incorporada a este mecanismo en enero de 2026, por lo que la suma total de provincias alcanzadas es de 13.

Se trata, en su mayoría, de distritos con alta dependencia de los recursos de origen nacional. La caída de la recaudación les reduce la capacidad de pago en sectores clave como educación, salud y seguridad.

En marzo, las transferencias de origen nacional mostraron una baja real de 3,8%, mientras que la coparticipación cayó 7% interanual en términos reales, acumulando tres meses consecutivos en descenso.

Varias de estas provincias enfrentan dificultades estructurales para generar recursos propios. Su matriz productiva depende en gran medida de sectores primarios o de la administración pública.

La caída sostenida de la actividad económica redujo la base imponible provincial. Los tributos locales —ingresos brutos, inmobiliario, automotor— también registran bajas en términos reales.

El adelanto de coparticipación aparece como una herramienta para sostener la liquidez en el corto plazo. Pero no resuelve el problema de fondo: la contracción persistente de los ingresos provinciales.

Provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y CABA quedaron fuera del esquema. Su mayor capacidad de generación de recursos propios y acceso al mercado de crédito las excluyen del mecanismo.

En medio de los cuestionamientos por los funcionarios que recibieron préstamos hipotecarios en el Banco Nación por montos abultados, la entidad financiera estatal negó cualquier tipo de condición preferencial o de agilización en el otorgamiento de esos créditos. Destacó que los mismos fueron otorgados con los mismos requisitos que el resto de beneficiarios de la línea “Más hogares con BNA”, que ya entregó 27.000 créditos desde su lanzamiento en julio de 2024.

“No hubo ningún tipo de acomodo, todos los créditos se otorgaron bajo la normativa del Banco, el proceso es uniforme y todos los clientes acceden al crédito de la misma forma”, dijo Mario Zagaglia, subgerente general de Banca Minorista del Banco Nación, quien rechazó en una entrevista con Radio Mitre que exista alguna “ventanilla para funcionarios” o cualquier atención diferenciada.

El funcionario recordó que en enero pasadado el Nación creó un sistema de gestión del crédito completamente digital. “Mejoró en forma sustancial la experiencia del cliente y la trazabilidad de los préstamos. Hoy la gestión es 100% digital. La solicitud se ingresa 24 por 7, desde cualquier lugar el país. Así, el cliente obtiene un primer ‘preaprobado’ que da inicio al trámite”, explicó Zagaglia.

“En aproximadamente 60 días, luego de elegir la vivienda y de realizarse la tasación y el resto de los trámites vinculados, se puede firmar la escritura de la hipoteca en una sucursal del Nación”, agregó.

La línea crediticia ya entregó 3 billones de pesos en el marco de un plan que espera otorgar 40.000 préstamos en 3 años y que apunta en forma particular a quienes cobran su salario en la entidad, aún cuando también esté disponible para monotributistas o autónomos que puedan cumplir con su el nivel de ingresos requerido. “En el primer trimestre de este año, 9 de cada 10 préstamos hipotecarios entregados en la Argentina los dio el Nación”, aseguró Zagaglia.

“Como todos los bancos del sistema, hacemos diferencias con los que cobran su sueldo con nosotros”, explicó el directivo, por lo que en esos casos, sean o no funcionarios, hay tasas más bajas y otras condiciones más favorables para el que pide el crédito teniendo su cuenta sueldo en el Nación.

“Es muy habitual que para acceder sume un cotitular, normalmente su pareja y hasta dos codeudores, por ejemplo sus padres, que deben cumplir algún lazo de consanguinidad. La mayoría de los bancos del sistema, públicos o privados, tienen condiciones estándar”, dijo Zagaglia, por lo que admitió que, aún cuando el Nación tiene una tasa más baja, el resto de las condiciones del préstamo son similares, “dato más o dato menos”.

A modo de ejemplo, explicó las condiciones de la línea “Más hogares con BNA”, que tiene un monto máximo de USD 470.000. Para recibir un préstamo hipotecario de USD 90.000, equivalente a $125 millones, a un plazo de 30 años, la cuota inicial es de 750.000 pesos. “Es un valor equiparabla al pago de un alquiler y la persona está comprando un activo que queda en su propiedad”, señaló. Para calificar en ese préstamo utilizado como ejemplo, el ingreso mínimo requerido es de 3 millones de pesos

La defensa de Caputo

En medio de la polémica, el ministro de Economía, Luis Caputo, defendió a los funcionarios, varios pertenecientes al Palacio de Hacienda, que tomaron créditos hipotecarios del Nación. Consideró que no hubo ninguna irregularidad y que incluso él mismo los incentivó a gestionar los préstamos.

“En cuanto a los chicos, no hay nada de ilegal ni mucho menos de inmoral. Encuentro realmente patético que se ponga esto como si se estuviera cometiendo algún delito”, manifestó Caputo en relación a los funcionarios que tomaron préstamos hipotecarios en el Banco Nación.

Entre los funcionarios involucrados se encuentran Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior y asesor de Caputo, quien mantiene una deuda inicial de $373.000.000 (unos USD 315.000) desde febrero de 2025, así como Federico Furiase, ex director del Banco Central y actual secretario de Finanzas, que registra un crédito de $367.059.000 (USD 280.787) desde agosto de 2025.

“Los tomaron por recomendación mía. Yo le sugiero a todo el mundo que acceda a créditos hipotecarios porque considero que es una oportunidad única. En primer lugar, porque beneficia al país: el desarrollo del crédito hipotecario ha sido un motor de reactivación fundamental, incluso el más importante”, consideró el ministro.

“Además, es la mayor justicia social: ¿qué es más justo para alguien que tiene trabajo que tener su casa y no tener que esperar 40 años a ver si eventualmente puede ahorrar lo suficiente para pagarla cash?“, dijo en diálogo con LN+.