La motosierra no para, se multiplica. Ese es el espíritu de época que atraviesa la Casa Rosada por estas horas. Desde la mañana, cuando el vocero Manuel Adorni, intenta instalar temas en agenda y sale a responder las críticas. El objetivo es achicar el gasto a como dé lugar. El presidente Javier Milei asegura que hay cientos de miles de millones de pesos que se mueven en forma subterránea por los bolsillos de la «casta», y que una vez que los verifique los eliminará sin contemplaciones.

La semana arrancó con la eliminación del Ministerio de Infraestructura, una cartera sobre la que Milei dudó hasta último momento y que nació maldecida por las sospechas presidenciales sobre la obra pública, caballito de batalla en todos los gobiernos kirchneristas, y por las que un fiscal acaba de pedir 12 años de prisión para Cristina Kirchner en la causa Vialidad. El gabinete queda en ocho carteras, con Luis Caputo a cargo del manejo de la mayoría de los fondos. Solo Sandra Pettovello tendrá presupuesto de cierta magnitud para hacer lo que pueda en materia de asistencia social.

Es posible que Milei siga apelando a recortes y resoluciones de impacto. Ya anunció que avanzará con un proyecto de ley para el cierre del INADI. Hay otros dos organismos en la mira. Y en forma reservada, analiza otra movida fuerte: podría anunciar pronto el cierre de la agencia Télam, cabecera de playa del kirchnerismo en los últimos 20 años. Mauricio Macri la intentó achicar, echando a unos 170 trabajadores. A los pocos meses la Justicia le falló en contra, debió reincorporarlos y casi ninguno devolvió lo que había cobrado por indemnizaciones. Negocio redondo para muchos.

Télam tiene 770 empleados y en 2023 tuvo gastos previstos por 18.000 millones de pesos. En 2024, al no haber publicidad oficial, se quedó sin el manejo estratégico de la pauta, que el kirchnerismo utilizó como herramienta de disciplinamiento de algunos medios.

El ajuste, eje del Gobierno

El ajuste forma parte del núcleo central del Gobierno. Milei apuesta a equilibrar las cuentas como sea. Luis Caputo no deja lugar a dudas, y así se lo explicó a la número dos del FMI, Gita Gopinath, durante su paso por la Argentina. «El ancla del programa es fiscal, no tengan dudas de eso. Vamos a intentar repetir el superávit en febrero», le dijo el ministro de Economía.

Gopinath le consultó por el frente social, y le dijo que era motivo de preocupación sobre la sustentabilidad del modelo. Caputo admitió que hubo algunos ruidos en las primeras semanas porque se detectaron muchas irregularidades en el cobro de planes y en la distribución de comida en los casi 45 mil comedores que hay en el país. Pero le aseguró que eso se está encaminando y adjudicó las protestas a intermediarios que se quedaron sin el negocio de los planes.

asegura que hay cientos de miles de millones de pesos que se mueven en forma subterránea por los bolsillos de la «casta»

Pettovello, por su parte, trabaja para normalizar a más tardar la semana próxima la llegada de comida a 10 mil comedores del conurbano, cuya demanda está sobrepasada porque cada vez se suman más familias de clase media al pedido de alimentos.

En el Gobierno están exultantes porque, aseguran, el Fondo se comprometió a aportar lo que haga falta para garantizar que no haya tensiones sociales exacerbadas. Incluso se habría puesto sobre la mesa la posibilidad de un desembolso de 5.000 millones de dólares y la discusión de un nuevo programa para la Argentina. Milei todavía duda sobre que eso sea necesario. Estima que para marzo-abril la cosecha dejará unos 10.000 millones de dólares en el Banco Central. Eso y el superávit fiscal le permitirían llegar a mitad de año con opciones para decidir la apertura del cepo cambiario reclamada por el mercado financiero.

Nicolás Posse, fortalecido

En el marco del manejo de la caja, también salió fortalecido Nicolás Posse, el jefe de Gabinete, que quedó a cargo de Corredores Viales SA, Agua y Saneamientos SA (AySA) y la Administración General de Puertos (AGP). También de las competencias relacionadas a telecomunicaciones -incluida la licitación del 5G, que podría aportar más de 1.000 millones de dólares-, y de los servicios de comunicación audiovisual, desarrollo satelital y postales.

Además, el gobierno avanzará con un nuevo recorte de empleados en el Estado Nacional, que contemplará las dependencias públicas centralizadas. La decisión es reducir aún más la cantidad de puestos en la administración pública nacional. Desde que llegó al poder el nuevo presidente achicó más de 7.000 cargos en el Estado. La intención es no renovar los contratos que se vencen en marzo en toda la administración pública. La medida alcanza a dependencias y ministerios, e incluye un nuevo recorte de horas extras y la eliminación de choferes y autos en dependencias donde aún no se hizo ese recorte. En esa línea se eliminó el absurdo programa de millas que le daba premios en pasajes a los propios funcionarios, y que venía costando más de 1.000 millones de pesos anuales.

El plan de ‘shock’ fiscal emprendido por Milei arrancó en enero con un sorprendente resultado superavitario en las cuentas públicas, a fuerza de un drástico recorte de gastos y de los efectos de la elevadísima inflación en las partidas presupuestarias. El presidente ratificó que «la motosierra y la licuadora, que son los pilares del ajuste, no se negocian».

Los efectos de su plan de shock ya se vieron, y con contundencia, en enero: en el primer mes del año hubo superávit primario récord de 2 billones de pesos (2.345 millones de dólares), equivalente al 0,2 % del PIB. El resultado financiero (después del pago de intereses de la deuda) fue positivo en 518.408 millones de pesos (604 millones de dólares), equivalente al 0,05 % del PIB, el primer superávit financiero desde agosto de 2012, según ha destacado el propio Gobierno.

n el marco del manejo de la caja, también salió fortalecido Nicolás Posse, el jefe de Gabinete

La importancia del efecto licuadora para el Gobierno

El efecto licuadora es clave: el gasto creció 114,6 % interanual pero, por efecto de la inflación (254,2% interanual en enero), cayó en términos reales un 39,4%. En enero se concretó el mayor recorte real interanual del gasto público de los últimos 30 años. Con ingresos iguales que en 2023, toda la mejora del resultado fiscal fue explicada por la reducción del gasto, según el instituto IARAF.

Los gastos que más se redujeron en términos reales fueron jubilaciones, subsidios a la energía, inversión real directa y transferencias totales a provincias, cuatro ítems que, en conjunto, explican el 70% del total ahorrado. En gastos corrientes, el mayor ajuste se dio en las transferencias a las provincias (-72 % interanual real, acrecentando la tensión con los gobiernos provinciales) y en los subsidios económicos (-64 %), principalmente a la energía (-77,2 %) y el transporte (-17 %). Por su parte, las jubilaciones sufrieron una caída real interanual del 38 %, mientras que también hubo un descenso en términos reales en las asignaciones familiares (-29,3 %) y en otros programas sociales (-23 %), alimentando también el malhumor social.

Pero el mayor ajuste estuvo en el gasto de capital, con una caída real del 86%, y se tradujo en un corte casi total de los giros a provincias para energía, transporte y vivienda, mientras que para educación y para agua potable y obras de alcantarillado hubo una reducción del 96 % real interanual.

El recorte le pegó fuerte a la obra pública: el 80% quedó fuera de combate. También hubo licuadora en salarios estatales y subsidios energéticos, entre otras partidas. La suma de las partes rondó aquí impresionantes $2 billones o alrededor de u$s2.380 millones al tipo de cambio oficial.

La puja con las provincias

Está claro: si hace falta tocar algo serán los recursos que van de la Nación a las provincias, incluidos aquellos que atienden actividades esenciales, como la educación y el transporte público de pasajeros. Ya se vio con la decisión de cobrar de inmediato una deuda de Chubut por unos $13.800 millones, que desató un conflicto de gravedad constitucional que deberá dirimir seguramente la Corte Suprema. También en la decisión de cortar el fondo que Alberto Fernández le había concedido al gobierno de Axel Kicillof, restando recursos a la Ciudad de Buenos Aires.

Además, Milei desactivó el fondo que financia parte de los salarios docentes provinciales, un paquete que en 2023 representó $333.000 millones y que, en los hechos y benefició sobre todo a la provincia de Buenos Aires que se quedó con el 32% del total.

Aunque ahora enfrentado a algunas trabas judiciales, el Presidente también irá adelante con el pase a retiro del sistema que subsidia el transporte automotor de pasajeros en el interior del país. La mira está puesta, nuevamente, en el gasto público nacional y más precisamente en la porción que en una torta de $102.000 millones le toca a los recursos que maneja la Casa Rosada.

En este marco de ajuste,  Caputo acaba de anunciar que desde marzo el aumento a los jubilados será del 27,18%, o sea, en línea con la fórmula que viene aplicándose y corriendo siempre de atrás a la inflación, cuestionada por todo el mundo pero en un punto funcional al plan fiscal del Gobierno. Con el argumento de que se busca «proteger el poder de compra» de las jubilaciones, Caputo agregó a la medida un bono de $70.000 que regirá entre marzo y mayo. Ese combo no recupera ni de cerca la pérdida del poder de compra del 32,5% que el golpe de enero les pegó a las jubilaciones. Un ejercicio hecho por especialistas del Iaraf calcula que para que la jubilación mínima de marzo no pierda poder de compra respecto de la de marzo de 2023, el bono que refuerza el aumento debería ser de $ 170.000, y la inflación no pasar del 3% promedio mensual durante el período que va de marzo a mayo.

Caputo acaba de anunciar que desde marzo el aumento a los jubilados será del 27,18%

Desplome de los salarios

Un informe de Carlos Pérez, director de la Fundación Capital, incorpora al cuadro el desplome de los salarios. Advierte que en diciembre el ingreso real de los trabajadores formales, o sea, registrados y bajo paritarias, tocó los mínimos desde la crisis de 2002, y añade que los privados acumulan siete años consecutivos barranca abajo. En materia de paritarias hay desde acuerdos por diez meses que ya en el primero se abren para que entre un plus a cuenta, hasta convenios móviles atados al movimiento de la inflación y marcados por el poder de fuego de cada gremio. Ganan bancarios, aceiteros, petroleros, mecánicos y empleados de la alimentación.

Pierden unos 7 millones de trabajadores informales. Según la Fundación Capital, perdieron ingresos por alrededor del 30% en diciembre y siguieron sin levantar cabeza en enero. Son asalariados con sueldos que apenas orillan el 50% de lo que cobran quienes están en blanco y que hace rato entraron en la categoría de pobres. Eso explica la caída de entre 8 y 9 puntos en el consumo durante febrero, según la consultora Scentia. Y un derrumbe productivo generalizado en diciembre, dice la estadística del INDEC: desde 11,9% en industria y en electricidad, gas y agua, hasta 8,5% en el comercio mayorista y minorista y 5,2% en la construcción coronaron el fin del último ciclo kirchnerista.

La recesión es la cara más dura del ajuste en progreso. Milei asegura que la economía evolucionará en forma de V, con una caída abrupta y un rebote fuerte. Pero la magnitud del deterioro económico es tan fuerte que empresas y consumidores dudan sobre ese pronóstico y temen que se extienda el período de recesión por varios meses, lo que llevaría los niveles de pobreza y desempleo a lugares impensados.