El Gobierno confirmó este jueves por la noche que el mandatario Javier Milei vetará la sanción del Senado del proyecto de ley que aumenta las jubilaciones en un 8,1 por ciento, ya que aseguró que esa norma aprobada «tiene como único objetivo destruir el programa económico».

«El Presidente se comprometió con los argentinos a sostener el superávit fiscal a toda costa y así lo hará«, indicó la administración de Milei en un comunicado difundido por redes sociales.

«El Congreso Nacional en un acto de populismo demagógico, sancionó un proyecto de ley irresponsable, ilegal e inconstitucional que establece gastos exorbitantes sin su correspondiente partida presupuestaria, lo que implica necesariamente que el Gobierno vuelva a caer en las viejas prácticas de la emisión monetaria, el aumento de impuestos o el endeudamiento, que son las mismas recetas que nos han llevado al fracaso durante los últimos 100 años», remarcó.

Frente a esto, desde la Oficina del Presidente señalaron que «esta ley implica un gasto adicional del 1,2% del PBI, o lo que es lo mismo, 25% del PBI en términos dinámicos, obligando al Estado a contraer deuda que deberán pagar en el futuro los jóvenes argentinos que, gracias a medidas como ésta, hoy son mayoritariamente pobres».

«Mientras acusan a este Gobierno de licuar a los jubilados, desde enero las jubilaciones han aumentado un 5% en términos reales mientras bajamos el gasto y destruimos la inflación«, indicaron al referir al sistema de actualización previsional que impuso por decreto el Ejecutivo.

El comunicado agregó que el proyecto es una «estafa moral, un acto de demagogia populista y una irresponsabilidad fiscal». «Por lo tanto será vetado por este Gobierno, el cual no tiene miedo de pagar los costos que hagan falta para sacar a este país de la decadencia en la que nos han sumergido», subrayaron.

«Es tiempo de que la dirigencia política elija de qué lado quiere estar: del lado de los que queremos una Argentina distinta luego de décadas de fracaso, o del lado de los extorsionadores que utilizan la política para su propio beneficio personal», cerraron.

El Gobierno anunció que vetará la nueva ley de movilidad jubilatoria: «Es una estafa moral»

Qué cambia con la nueva ley de movilidad jubilatoria

El primero de los cambios importantes que generará la iniciativa opositora sobre la situación actual de las jubilaciones, como se mencionó, es un aumento del 8,1% que se sumará al 12,5% que otorgó el Gobierno por enero, para de esta manera cubrir la totalidad de la inflación de ese mes.

El segundo cambio clave es que el haber mínimo no podrá ser nunca inferior al valor de la canasta básica total de un adulto multiplicado por 1,09. Según el último dato de julio, la canasta se encuentra hoy en $291.471,73, por lo que el nuevo piso para las jubilaciones debería ser $317.704,19. 

Esto sería un aumento bastante significativo si se tiene en cuenta que en julio el haber mínimo fue de $215.581, más un bono de $70.000, lo que llevó la jubilación mínima a $285.581.

No obstante, uno de los puntos más importantes -por su impacto hacia adelante- es el aumento adicional que contempla el proyecto para el mes de marzo de cada año, en un 50% de la variación del índice RIPTE (evolución del salario promedio del sector formal) por sobre la variación del IPC del último año anterior, siempre que ésta sea positiva.

Por último, el cuarto cambio relevante no involucra a los jubilados directamente sino que se trata de una discusión entre el Gobierno nacional y los gobernadores, y se trata del plazo de seis meses para que la Nación cancele las deudas con las cajas jubilatorias provinciales no transferidas.

Un punto clave que irrita a Milei 

La deuda con las cajas provinciales es uno de los temas que más irrita a Milei y los funcionarios que mantienen el diálogo entre la Casa Rosada y los gobernadores, como el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Les molesta que ese punto se haya incorporado a la ley cuando esta administración recién arranca y la deuda es muy anterior.

Las provincias que no transfirieron sus cajas previsionales a la Nación son Buenos Aires, Córdoba, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego y Corrientes. Casi todas tienen sentencias judiciales firmes que obligan a la Nación a pagar esa deuda.

Este fue uno de los puntos que el Gobierno buscó sin éxito modificar en el Senado, en un intento por demorar la sanción de la ley y suavizar su impacto fiscal. El secretario de Hacienda, Carlos Guberman, le advirtió a los senadores que el cumplimiento de ese artículo llevaría a que el Estado «tenga que salir a emitir deuda».

Además de rechazar ese punto, el oficialismo también criticó el aumento adicional anual con el argumento de que pondrá en riesgo la sustentabilidad del sistema previsional. Solo aceptó la recomposición del 8,1%, pero se opuso a que sea retroactiva.

Sin embargo, no logró evitar que el proyecto avance y por eso el Gobierno ratificó la intención de vetar la ley y dar la discusión pública con los legisladores a los que Milei calificó como «degenerados fiscales».

La ley que modifica la fórmula de movilidad de las jubilaciones se encamina así a una pulseada política con argumentos económicos.