Y cuando parecía que ya se habían visto todas las complicaciones posibles en la economía argentina, llegó una nueva e imprevista ola de frío, que obligará a incrementar la importación de gas para el invierno.

Esto implica que saldrán más dólares de lo previsto, justo en un momento en que la acumulación de reservas se transformó en un objetivo crítico para el gobierno, y en coincidencia con el reclamo de los industriales por un mejor acceso a las divisas. Además, esto supondrá un imprevisto obstáculo a la disminución del gasto público en el rubro de subsidios -con lo cual también se pone una nota de duda sobre el sostenimiento del superávit fiscal. Y todo esto, por no hablar, sobre el riesgo de que haya sectores que puedan ver interrumpida la provisión de gas.

Si bien las cantidades importadas lucen pequeñas en comparación con las de otros momentos de la historia reciente -en particular, con la del 2022, cuando se produjo el mix de bajas temperaturas, oferta local insuficiente y un boom de precios como consecuencia de la guerra en Ucrania-, de todas forman tienen el potencial de empañar el saldo de dólares con los que cuenta el gobierno.

En los últimos días, la empresa estatal de energía Cammesa hizo llamado internacional de oferentes para comprar 12 cargamentos de fuel oil y gasoil, que le permitieran completar el volumen de combustible necesario para la llegada del invierno. Por causa de la ola de frío -un promedio de seis grados por debajo de la temperatura de hace un año, en las zonas de mayor población-, el consumo se incrementó por encima de lo que habían previsto los funcionarios del área energética para este momento del año.

Hubo, además, una complicación adicional: las inundaciones en el sur de Brasil, que complicaron el plan original de contar con provisión de energía eléctrica desde el país vecino, lo cual obligará a depender más de la cuenta de los combustibles líquidos. Hablando en números, las nuevas importaciones serán por 200.000 toneladas de fuel oil y 350.000 metros cúbicos de gasoil.

Se estima que el costo de estas importaciones, fuera de las previsiones originales, implicará un mínimo de u$s500 millones.

Ya previamente, en abril, se había firmado un acuerdo con Brasil para asegurarse la provisión de gas para las provincias del norte, que estaba en peligro por la abrupta disminución de la llegada de gas boliviano. El mecanismo elegido fue una triangulación del gas que Brasil le compra a Bolivia: como el país vecino está incrementando el uso de la energía hidroeléctrica, que resulta más barata, tiene un sobrante del gas que ya tenía comprometido con Bolivia, y se lo puede vender a Argentina.

Aun así, ese acuerdo no alcanza para resolver el problema de demanda de gas que se genera en invierno, por lo cual se había dispuesto en abril la compra de 10 cargamentos de barco por u$s209 millones. Y antes, en marzo, se había adjudicado otros 10 cargamentos por u$s210 millones.

El gasoducto, a media máquina: no hay gas suficiente frente a la ola de frío

Pero los problemas climáticos no fueron el único factor que obligó a incrementar la importación de gas licuado por encima de lo previsto. Hay, sobre todo, inconvenientes no superados en el sistema de transporte local.

No se puede decir que sea una sorpresa, porque muchos expertos del área energética ya lo habían anticipado a inicios de año. A pesar de que el gobierno anterior había pronosticado que, gracias al gasoducto Kirchner -que abastece desde Vaca Muerta a la red que llega a la región media del país-, se podría abastecer toda la demanda del mercado doméstico, lo cierto es que esa promesa no se cumplió.

En los planes, el nuevo gasoducto incrementaría gradualmente su capacidad de entrega de gas, de manera que en el verano pasado debería haber llegado a un nivel de 17 millones de metros cúbicos por día, para pasar a 21 millones en la segunda etapa en mayo y, eventualmente, llegar a 40 millones de metros cúbicos.

Sin embargo, retrasos en los avances de la obra -que a fin de año solo estaba terminada en la cuarta parte- hacen que todavía se esté con un nivel de inyección de 11 millones de metros cúbicos por día. Además, desde el sector energético alegan que la gestión Milei también tuvo su cuota de responsabilidad, porque no se avanzó con la construcción de plantas compresoras en puntos como Tratayén, Salliqueló y Mercedes, que podrían haber duplicado la capacidad de transporte del gas.

Los críticos hacen mención a que, en el afán fiscalista, la «motosierra» terminó afectando el funcionamiento de la red, y ante un agravamiento de las condiciones climáticas, ahora habrá un costo a pagar con mayores importaciones.

Revisando números: dólares, a la baja

En las proyecciones originales, se había previsto que en 2024 la balanza comercial energética, rompiendo por fin una larga serie de años con déficit, dejaría un robusto superávit de u$s4.000 millones.

Ese es el punto que, ahora, queda bajo sospecha. En el primer cuatrimestre, hubo una situación holgada, en la que gracias a la exportación petrolera y al bajo nivel de importación, se logró un superávit comercial y un saldo energético positivo de u$s2.415 millones.

El gobierno prefirió no trasladar a los consumidores el costo de la importación de gas, lo que implicará un mayor nivel de subsidio

Es un contraste fuerte con los números que se registraban hace un año, cuando para el primer trimestre la venta de petróleo era un 20% inferior a la de este año y, sobre todo, la compra de gas era un 178% más alta. En consecuencia, para el período enero-abril, la balanza comercial energética arrojaba un superávit de apenas u$s263, que ya en mayo se transformó en un déficit.

¿Se repetirá la historia este año? En principio, no debería caerse a una zona deficitaria si se mantienen los niveles de exportación petrolera en torno de u$s900 millones mensuales.

De todas formas, un invierno complicado por bajas temperaturas y con dificultades para abastecer la demanda interna llevará a que los números previstos como superávit energético probablemente sean revisados a la baja.

La pelea por quién paga la cuenta de la importación de gas

El inconveniente de esta situación en la provisión gasífera no solo afecta las cuentas del Banco Central, que contará con un menor aporte de reservas, sino que también tendrá su impacto a nivel fiscal.

Ocurre que la llegada de los barcos con gas licuado implicó un costo que no puede ser trasladado al consumidor en su totalidad, lo que implica un esfuerzo de subsidio que no estaba en los planes originales.

El precio de importación en las últimas licitaciones se definió en u$s9,99 el millón de BTU. Es un precio que luce barato en comparación con el fatídico 2022, cuando en plena crisis geopolítica por la guerra de Ucrania, hubo picos de u$s41. Pero igualmente se trata de un precio alto para los parámetros del mercado argentino, donde la categoría de ingresos medios paga una tarifa de u$s1,20 por millón de BTU.

Esto generó una dura pulseada entre el gobierno y las distribuidoras de gas para determinar quién pagaría la cuenta. Ocurre que, una vez agregado el costo de la regasificación, el gas importado cuesta u$s13 por millón de BTU, y las empresas se resistían a comprarlo a su costo real para revenderlo, en el mejor de los casos a u$s4, asumiendo una pérdida.

Finalmente, tras haber dejado licitaciones desiertas por estas desavenencias, el gobierno aceptó que las distribuidoras pagaran un precio acorde al del tarifario doméstico. Es decir, incrementó su previsión de subsidio, porque también se descartó la posibilidad de que el costo de la importación fuera trasladado a los consumidores residenciales.

Fue, una vez más, una decisión que dejó en evidencia que para el programa económico, la prioridad sigue siendo acelerar la caída de la inflación, aun a costa de hacer más complicado el objetivo del superávit fiscal.