Cada vez está más cerca el final para quienes buscan acceder a la jubilación a través de la moratoria previsional de ANSES. La fecha límite es el 23 de marzo. Ese día vence el plazo para adherirse a este régimen, que permite a hombres y mujeres regularizar aportes previsionales y alcanzar los 30 años requeridos para jubilarse.

Se trata de la última semana en vigencia de la moratoria previsional para que quienes aún no iniciaron el trámite lo hagan antes del cierre definitivo.

Quiénes aún pueden acceder a la moratoria previsional ANSES

Hay aún personas que tienen tiempo para iniciar el trámite en Mi ANSES. Si no lo hacen, habrán perdido la oportunidad de acogerse al beneficio.

Para hacerlo, deberán cumplir con dos requisitos fundamentales: tener la edad para jubilarse, que es de 60 años en las mujeres y 65 para los hombres, y no contar con los 30 años de aportes necesarios.

El organismo previsional habilitó la posibilidad de iniciar el pedido de jubilación invocando esta Ley 27705 a través de la atención virtual que dispone cada titular a través de su clave de mi ANSES.

El propio organismo en la Atención Virtual dispone lo siguiente:

• Debido a la alta demanda de turnos, vas a ser atendido con posterioridad al 23/3 (fecha de finalización de la moratoria dispuesta por el capítulo II de la Ley 27.705).
• Tené en cuenta que hasta el 23/3 podés iniciar la solicitud de Plan de Pago de Deuda Previsional por Atención Virtual y completar el trámite con posterioridad a la fecha límite.

Chau moratoria previsional ANSES: qué pasa cuando venza el plazo

A partir de esa fecha, quienes no hayan completado el procedimiento y no cumplan con los años de aportes necesarios, ya no podrán acceder a la jubilación a través de la moratoria previsional.

Solo permanecerá la posibilidad de hacer un pago al contado y jubilarse de esta manera. Los montos a pagar para regularizar los años de aportes faltantes son los siguientes:

• 5 años: $1.635.720
• 10 años: $3.271.440
• 15 años: $4.907.160
• 20 años: $6.542.880
• 25 años: $8.178.600

Es muy importante asegurarse los aportes con los que se cuenta, a fin de establecer con certeza la cantidad de años que se requiere para no abonar de más, dado que cada unidad de aporte que se regulariza, con la mal llamada «compra», ronda alrededor de $27.000.

Qué pasa con las personas en edad de jubilarse que no pueden pagar para regularizar

Para aquellas personas en edad de jubilarse que no puedan acceder a ese costo, la alternativa que tendrán es la de acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que tiene requisitos y montos distintos a la jubilación ordinaria (representa el 80% de la mínima, actualmente en $279.121,71, que con el bono de $70.000 se alcanza un total de 349.121,71 pesos).

Con el cierre de este sistema, quienes no cumplan con los requisitos podrán acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que equivale al 80% de la jubilación mínima.

Esta pensión, creada en 2016 bajo la Ley de Reparación Histórica, está destinada a adultos mayores sin acceso a una jubilación. Para acceder a ella es necesario:

• Tener 65 años o más (sin distinción de género).
• Ser argentino o haber residido en el país por al menos 10 años (para naturalizados) o 20 años (para extranjeros).
• No cobrar ninguna jubilación, pensión o seguro de desempleo.

¿Cómo tramitar la PUAM?

El trámite para solicitar la PUAM se realiza ante la ANSES y requiere:

• Obtener una clave de seguridad social a través del sitio web de ANSES.
• Verificar y actualizar los datos personales.
• Solicitar un turno para realizar el trámite presencial en una oficina de ANSES.

El monto de la PUAM en marzo de 2025 asciende a $293.300, considerando el bono extraordinario de $70.000 para jubilados que perciben la mínima. Además, incluye cobertura de salud a través de PAMI y acceso a asignaciones familiares como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la ayuda escolar anual.

Qué es la moratoria previsional de ANSES

La moratoria previsional es un régimen especial implementado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) que permite a aquellas personas que no completaron los aportes necesarios para jubilarse acceder igualmente a un beneficio previsional. Este mecanismo está diseñado para quienes, por diversas razones, no pudieron realizar los aportes requeridos durante su vida laboral, facilitando su inclusión en el sistema jubilatorio.

La legislación establece que para acceder a la jubilación ordinaria es necesario cumplir con dos requisitos: haber alcanzado la edad jubilatoria (60 años para las mujeres y 65 años para los hombres) y contar con al menos 30 años de aportes previsionales. Sin embargo, una parte significativa de la población no logra cumplir con este último requisito. La moratoria previsional surge como una herramienta para saldar esa deuda de aportes a través de un plan de pagos en cuotas descontadas directamente del haber jubilatorio.

La implementación de la moratoria previsional fue objeto de debate. Sus defensores destacan que permite a miles de personas, especialmente mujeres que han realizado trabajo no remunerado o informal, acceder a un derecho básico como la jubilación. Por otro lado, sus críticos argumentan que este tipo de regímenes generan una mayor carga fiscal para el Estado y plantean interrogantes sobre la sostenibilidad del sistema previsional a largo plazo.

«La Argentina sigue siendo el país con la indumentaria más cara en la región y en el mundo», admitió Luis Caputo el viernes, cuando, al mismo tiempo, anunció una reducción de aranceles del 35% al 20% a la importación de indumentaria y calzado, del 26% al 18% para telas y del 18% al 16% para hilados, con el fin de que el ingreso de artículos importados más baratos genere competencia y bajen los precios en el mercado local.

De esta forma, se consolidó la desaceleración de la inflación. En los próximos días, se publicará el decreto con la oficialización de la medida. Según Fundar, aunque no toda la ropa es igual de cara, en la Argentina es un 35% más costosa versus seis países de la región. El centro de estudios aseguró que es el rubro más caro de la economía.

Argentina, entre los países con la indumentaria más cara del mundo

En línea con esos datos, los precios en la Argentina son casi un 40% más elevados. Por ejemplo, un jean tiro alto de Zara que en Brasil tiene un costo de 269 reales ($ 58.104, considerando la cotización a $216), el mismo tiene un precio en nuestro país de $89.990, un 35% más, según las plataformas de venta online de la marca de ambos países.

Asimismo, un jean que en Brasil cuesta $ 58.104, en la Argentina $ 89.990, 35% más. Otro caso se da en una campera de cuero de Prune que del otro lado de la Cordillera se consigue por 219.000 pesos chilenos ($ 284.700, considerando una cotización de $ 1,3), mientras que en nuestro país cuesta $ 389.000, casi un 37% más.

Una campera que en Chile sale $ 284.700, mientras que en Argentina está $ 389.000, 37% más. En Hush Puppies, unos mocasines de hombre negros que en Chile cuestan 99.900 pesos chilenos ($ 129.870), en la Argentina salen $ 159.000.

En Hush Puppies, unos zapatos que en Chile cuestan $ 129.870, en Argentina están $ 159.000. En Rapsodia de Chile, un vestido de mujer que cuesta 240.000 pesos chilenos ($ 312.000), en la Argentina sale $ 320.000, $ 8.000 menos. Asimismo, en Rapsodia, un vestido de mujer cuesta $ 312.000 y en Argentina sale $ 320.000, $ 8.000 menos.

Lo mismo sucede con un bolso de gabardina de Bimba y Lola, que en Chile está publicado en el sitio web de esta casa española a 174.000 pesos chilenos ($ 226.200) y en la Argentina figura a $ 293.000, casi un 23% más. De hecho, un bolso en Chile sale $ 226.200, en Argentina cuesta $ 293.000, 23% más.

El problema de los impuestos y el contexto de «dólar barato» en la indumentaria

La situación no es nueva, sino un problema estructural. Por eso, en un contexto de dólar barato como este, se aceleraron los tours de compras al exterior. Si bien no hay datos oficiales de pérdida de dólares por consumos de indumentaria en el extranjero, a modo de referencia, según el Banco Central, salieron por turismo emisivo US$ 862 millones en enero, 72,7% más que en diciembre y 165% más que en el primer mes de 2024.

Los fabricantes, a los que se suele apuntar como responsables de los altos precios, se defienden de las críticas por años de proteccionismo y destacan los gastos que se suman a lo largo de la cadena, con nueve instancias desde el procesamiento de la materia prima hasta la llegada de la prenda al local.

Para ProTejer, el 75% del precio está vinculado a costos y el Estado es el principal responsable: resaltó que el 50,3% del precio de una prenda corresponde a impuestos nacionales, provinciales y municipales, con casos de doble tributación como Ingresos Brutos, que se paga en la provincia de origen y de destino. «De $ 100.000 que sale una remera, $ 50.300 se va en recaudación», graficó.

En paralelo, la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA) señaló que «sin una estrategia integral que contemple la mejora de la competitividad, la medida puede comprometer el empleo, la producción y el desarrollo de la cadena de valor», que emplea a más 540.000 personas y es el principal empleador en La Rioja, Catamarca y Santiago del Estero.

«La industria opera con baja utilización de la capacidad instalada y uno de cada tres empleos perdidos en el último año corresponde al textil. Nos preocupa que la rebaja arancelaria se aplique sin reducir la presión fiscal cercana al 50%, mejorar el acceso al financiamiento y optimizar la logística. La experiencia demostró que una apertura sin planificación puede debilitar la industria local en lugar de fortalecerla», enfatizaron.

«El Gobierno debe cumplir con su promesa de bajar impuestos, cargas sociales, frenar la industria del juicio, bajar los altos costos financieros y levantar el cepo. La rebaja de aranceles destruirá miles de empleos y empresas nacionales», advirtió la Cámara Industrial Argentina de Indumentaria (CIAI).

Y agregó que «favorece la competencia desleal de productos importados, que ingresan a precios irrisorios por el dólar barato y los costos de países asiáticos, como China, India y Bangladesh, que subsidian su producción y exportaciones, y tienen salarios bajos». «Se implementa sin medidas compensatorias para la industria local, con mayor presión impositiva que los países competidores», añadió.

«El Gobierno abre la economía sin nivelar la cancha. Esto ya ocurrió y el resultado fue siempre el mismo: desindustrialización, desocupación y primarización. Se sumará la profundización de la escasez de dólares», concluyó.

El manejo y el depósito de billetes de moneda extranjera suele generar interrogantes entre los contribuyentes. Qué debe tener en cuenta un monotributista

17/03/2025 – 20:53hs

El manejo de dólares en cuentas bancarias suele ser siempre un tema de interés y preocupación para los monotributistas. Con las normativas fiscales en constante evolución, surge la duda sobre hasta qué punto pueden realizar depósitos en esta moneda sin generar alertas en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Comprender los límites y requisitos en este tipo de operaciones es clave para evitar complicaciones con el organismo fiscal y garantizar el cumplimiento normativo.

ARCA: cuál es el monto máximo de dólares que puede depositar un monotributista

A diferencia de los depósitos en pesos, donde ARCA permite ingresos mensuales de hasta $200.000 sin necesidad de justificación, en el caso de los dólares no hay un monto fijo establecido. En su lugar, los bancos y el organismo fiscal analizan el perfil financiero del contribuyente, considerando su historial de ingresos y movimientos bancarios.

Si una persona adquiere regularmente u$s2.000 al mes a través de canales oficiales, se considera razonable que pueda realizar depósitos de hasta u$s10.000 sin que esto implique una señal de alerta para las entidades financieras o ARCA. Sin embargo, cualquier transacción que supere significativamente estos montos podría requerir una justificación adicional.

En ese sentido, para evitar problemas ante eventuales requerimientos, es recomendable contar con documentación que respalde el origen de los fondos. Algunos de los comprobantes que pueden servir como justificativos incluyen:

• Facturas emitidas en moneda extranjera por servicios prestados o bienes vendidos.
• Comprobantes de compra de dólares en mercados oficiales, tales como recibos de casas de cambio o entidades bancarias.
• Escrituras de bienes adquiridos o vendidos en dólares.
• Testamentos o certificados de donación, en caso de haber recibido divisas de terceros.
• Declaraciones juradas de ingresos, que reflejen el origen de los fondos.

¿Cuáles son las sanciones previstas en la Ley Penal Cambiaria?

La ley penal cambiaria pena las siguientes acciones:

• Toda negociación de cambio que se realice sin intervención de institución autorizada para efectuar dichas operaciones
• Operar en cambios sin estar autorizado al efecto
• Toda falsa declaración relacionada con las operaciones de cambio
• La omisión de rectificar las declaraciones producidas y de efectuar los reajustes correspondientes si las operaciones reales resultasen distintas a las denunciadas
• Toda operación de cambio que no se realice por la cantidad, moneda o al tipo de cotización, en los plazos y demás condiciones establecidas por las normas en vigor
• Todo acto u omisión que infrinja las normas sobre el régimen de cambios

Con respecto a las sanciones, esta va en ascenso conforme la reincidencia en la sucesión de hechos, quedando de la siguiente forma:

• La sanción más leve prevista en la norma para la primera vez es la de multa de hasta 10 veces el monto de la operación en infracción
• Ante la primera reincidencia se sanciona con prisión de 1 a 4 años o una multa de 3 a 10 veces el monto de la operación en infracción
• La segunda reincidencia es sancionada con prisión de 1 a 8 años y el máximo de las fijadas en los supuestos anteriores

Cabe resaltar que, en este último supuesto, utiliza la conjunción copulativa «y», por lo que la sanción no es solo de prisión, sino que también se aplica el máximo de la multa fijada en los supuestos anteriores, por lo que se aplica 10 veces el monto de la operación de la infracción.

En el caso de la primera reincidencia utiliza la conjunción disyuntiva «o» (prisión o multa y no ambas). No obstante, cabe mencionar que no hay casos públicos en los que se haya aplicado este tipo de sanciones.