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ECONOMIA

El regreso de un clásico argentino: los libertarios recurren al «techo Moyano» para topear suba salarial

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El gobierno sigue confirmando que es mucho más pragmático de lo que hace parecer su discurso libertario: ya había retado en público a los empresarios por aumentos desmedidos, pospuso las subas de tarifas, luego entró en controversia con las empresas de medicina prepaga y las obligó a retrotraer los precios. Pero la confirmación de su desinhibición para adoptar tácticas del peronismo es el regreso del «techo Moyano».

Esta práctica, instaurada por Néstor Kirchner hace 20 años, consistía en tomar un gremio grande, poderoso y con alta visibilidad, como el de camioneros, para enviar a todo el mercado una señal sobre cuál debería ser el porcentaje máximo de aumentos que el gobierno consideraba saludable.

Esa estrategia llevaba implícito un temor: que si en algún rubro de la actividad se firmara una cifra mayor, eso se tradujera en mayor presión inflacionaria. Los gobiernos saben que, en ocasiones, las cámaras empresariales, para evitar conflictos, se avienen a firmar por cifras que exceden su capacidad, y luego compensan por la vía de trasladar el costo laboral a los precios de sus productos y servicios.

Es así que el «techo Moyano» funcionó en prácticamente todos los períodos de gobierno. Y cuando hubo mala relación -por ejemplo, en el segundo mandato de Cristina Kirchner– fue sustituido por un «techo» alternativo, como el del gremio metalúrgico.

Lo cierto es que Toto Caputo confirmó que no es la excepción a la regla. Como sus predecesores, se preocupa de que el mercado no reciba mensajes erróneos sobre la marcha de la economía. Y por eso había vetado la homologación de la paritaria camionera, que en su versión original implicaba un ajuste de 25% para el sueldo de marzo y otro de 20% para abril. Es decir, cifras muy superiores al IPC de febrero -que dio 13,2%-, al de marzo -que fue de 11%- y al que se pronostica para abril, que rondará el 9,5%.

En consecuencia, vino la negativa a dar el aval oficial. «Si homologamos esto, el próximo va a decir dame 30% en abril y 40% en mayo, y obvio que puede disparar la inflación. Hay que dar algo razonable y compatible con la marcha de la economía», dijo el ministro en una entrevista, cuando todavía el riesgo de un conflicto camionero era una posibilidad cierta.

La amenaza de hacer que «no se mueva ni un papel» por un paro transportista suponía un tema serio, justo en el momento en que entran a diario más de 4.000 camiones cargados de soja y maíz a la zona portuaria de Rosario, para embarcar la cosecha gruesa.

El ministro Caputo había sido contundente en su rechazo a homologar paritarias que superaran la pauta inflacionaria: se apeló a un

El ministro Caputo había sido contundente en su rechazo a homologar paritarias por porcentajes altos: se apeló a un «maquillaje» para acordar con camioneros

Caputo y las expectativas

El ministro ya se había referido sin tapujos a cómo los propios empresarios podían inducir a aumentos desmedidos, que impulsaran la espiral de precios y salarios.

Esta fue su frase textual ante un auditorio de empresarios: «Entiendo perfectamente el productor que remarcó los precios pensando el escenario que los economistas pronosticaban y la reacción natural de no querer bajarlos por las dudas. ‘Mejor hago una promoción’, dicen, y es normal, pero tiene consecuencias porque después el INDEC no capta eso y dice que la inflación es tanto y cuando toca negociar las paritarias se toma un salario que no es. Ahí todo se distorsiona».

La sola alusión a «un salario que no es» y la posibilidad de que una paritaria pueda distorsionar la economía llamó la atención del mercado. Primero, porque sonó contradictorio con el discurso liberal de no interferir en las libres contrataciones entre partes del ámbito privado.

Pero, además, porque presupone que la inflación no solamente se explica por «un fenómeno monetario en todo momento y en todo lugar», como dice la definición de Milton Friedman que gusta citar el presidente Javier Milei. Lo que el ministro aceptaba tácitamente era el temor a que las expectativas pudieran transformarse en un obstáculo para la baja de la inflación.

La postura de Caputo había tenido una respuesta contundente por parte del gremio camionero.

«Qué carajo se tienen que meter en un acuerdo entre privados del gremio y las empresas, Caputo o el mismo Presidente de la Nación», protestó Pablo Moyano, en una frase que varios liberales podrían suscribir sin inconvenientes desde el punto de vista teórico.

Y, en realidad, el propio Caputo admitió que era un tema discutible si el gobierno debía necesariamente homologar paritarias. Pero dijo que, dado que la ley lo obligaba a hacerlo, no admitiría que hubiera un aval oficial a cifras peligrosas.

La solución: un maquillaje

Lo cierto es que, cuando todo parecía dirigirse inexorablemente hacia un conflicto, apareció la fórmula del acuerdo La aportó, claro, Hugo Moyano, quien llamativamente sustituyó a su hijo Pablo en la reunión a la que convocó el gobierno en la Casa Rosada con la CGT.

Todos sospecharon lo que estaba ocurriendo: Pablo es un hombre de carácter impulsivo, que tiende al conflicto, mientras que Hugo tiene más «cintura» política. Y, después de la reunión general, el veterano dirigente camionero tuvo una reunión aparte con el secretario de Trabajo, Julio Cordero, que es formalmente el funcionario con la lapicera para homologar paritarias.

La preocupación del gobierno es que las paritarias se mantengan dentro de la pauta de la inflación proyectada

La preocupación del gobierno es que las paritarias se mantengan dentro de la pauta de la inflación proyectada

Pocos días después se anunció que la paritaria había sido reformulada, que el gobierno había dado su aval y que el temido conflicto quedaba desactivado. Y la fórmula fue un clásico argentino: maquillar los números de forma tal que ninguna de las partes sienta que tuvo que ceder.

Así, Caputo puede ahora mostrarle al mercado que los camioneros recibirán un aumento de 15% por marzo y 9% por abril -en línea con la pauta inflacionaria marcada por el ministro-, pero los camioneros tendrán en sus bolsillos la misma cantidad de pesos que habían previsto desde un inicio. Ocurre que a los aumentos oficiales se les sumará una suma fija, que agregará un 10% para marzo y un 7% en abril.

El propio Pablo Moyano, ante consultas periodísticas, se encargó de aclarar que no había ningún cambio a los efectos prácticos.

«El 25 por ciento de marzo ya está recontra cobrado y este mes se paga el 20 restante», afirmó. Y agregó que habrá un adicional de 2% para los afiliados de las ramas logística, correo y expresos. En mayo, se retomarán las negociaciones para nuevos aumentos.

Al mismo tiempo que se confirmaba la homologación de los camioneros, también se conocía la noticia de que los estatales de la provincia de Buenos Aires habían llegado a un acuerdo por una recomposición salarial de 9,5% para abril. Precisamente, la cifra de inflación proyectada para el mes, y la que cuenta con el aval de Caputo.

Algunos días antes, se había confirmado que en el gremio de comercio -que con 1,2 millón de beneficiarios constituye el convenio más numeroso del país- había firmado un acuerdo por ajustes de 8% en abril y 7% en mayo, sujetos a revisión por inflación.

Una primera confirmación de que el «techo Moyano» vuelve a ser requerida como herramienta de gestión económica, más allá de si los funcionarios de turno son peronistas o libertarios.





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ECONOMIA

El mercado ve difícil que se mantenga el superávitl si baja el impuesto PAIS y aunque vuelva Ganancias

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A la hora de buscar explicaciones para la desconfianza que está expresando el mercado respecto del plan de Luis Caputo, hay datos en la recaudación tributaria de junio que aportan claridad. Una vez más se evidenció que el superávit fiscal, lejos de estar asegurado, depende de medidas transitorias cuyo efecto ya no se verá dentro de pocos meses.

El más notorio es el impuesto PAIS, el gran anabólico de las cuentas fiscales, que el mes pasado aportó nada menos que un 7% de la recaudación total. Es, precisamente, el impuesto que el gobierno se comprometió a reducir en el corto plazo, al aceptar que su aplicación resulta distorsiva para la economía.

Por lo que ha insinuado el gobierno, ya en agosto se debería reducir su alícuota, que del actual 17,5% volvería al 7%. Y en teoría, el año próximo no debería seguir vigente, dado que tendría que salir de escena junto con el cepo cambiario. Al menos, ese fue el argumento que el propio Javier Milei había planteado el verano pasado, cuando en medio del debate por la ley Bases se negó al pedido de los gobernadores provinciales para coparticipar el impuesto PAIS.

La recaudación de impuestos en junio es clara respecto del impacto que tendrá el paulatino recorte de este tributo. Si ya se estuviera aplicando la reducción de 10 puntos en la alícuota, entonces la recaudación total habría disminuido en $445.000 millones, un 4% del total.

Esa cifra supera, por ejemplo, el monto del superávit fiscal primario obtenido en abril pasado. Y también habría sido superior al superávit de mayo, si no fuera porque ese mes se produjo, excepcionalmente, un alto ingreso por un efecto contable post devaluación.

Un superávit que sigue dejando dudas

Es así que quienes tienen dudas sobre la sostenibilidad del superávit se replantean la preocupación por la dependencia que Caputo está demostrando respecto de un impuesto que, de cumplirse con lo prometido, dejará de hacer su aporte justo en un momento recesivo, en el que otros tributos más directamente ligados a la actividad comercial -como el IVA, por ejemplo, ven disminuida su capacidad contributiva-.

Pese a la insistencia de Toto Caputo y Santiago Bausili por transmitir solidez en el plano fiscal, el mercado sigue expresando dudas sobre la sostenibilidad del superávit

En otras palabras, regresan las sospechas de que durante el segundo semestre, que es cuando típicamente aumenta las erogaciones del gasto público, ya no resulte posible sostener el superávit de las cuentas, si al mismo tiempo no se cuenta con la ayuda del impuesto PAIS.

Serán meses en los que, al contrario de lo que ocurrió hasta ahora, el gasto jubilatorio -por lejos, el de mayor incidencia en el presupuesto- empezará a crecer en términos reales por efecto de la nueva fórmula indexatoria. Y hasta los rubros que en otros años salvaron la recaudación, como las retenciones a la exportación del agro, ahora muestran menos pujanza: en junio representaron apenas un 3,8% del total, cuando en otras épocas aportaban cerca del 10%.

Ahora, para complicar más la situación, los analistas creen que, a partir de las nuevas medidas monetarias -que transfieren al Tesoro la responsabilidad de pagar a los bancos por su excedente de liquidez- se hará todavía más difícil el panorama, porque eso requerirá un mayor nivel de superávit primario.

Así lo plantea Jorge Vasconcelos, economista jefe de la Fundación Mediterránea, después de analizar el desafiante calendario de pagos para las arcas fiscales.

«Debería explicitarse cómo la mayor carga de intereses que habrá de enfrentar el sector público no habrá de complicar el cumplimiento de las metas fiscales. No es un tema menor, dadas las dificultades para bajar el riesgo país y la conexión que existe entre la continuidad del cepo y la necesidad del Tesoro de asegurarse licitaciones exitosas ante cada vencimiento de deuda», apunta el economista.

¿Se puede prescindir del impuesto PAIS?

En el último mes, el ingreso tributario se vio potenciado por el hecho de que el impuesto PAIS se aplicó también a las empresas que compraron el bono Bopreal con el objetivo de girar al exterior dividendos o utilidades.

El impuesto PAIS volvió a salvar la recaudación de junio, con un aporte extraordinario por el gravamen a los bonos Bopreal

El impuesto PAIS volvió a salvar la recaudación de junio, con un aporte extraordinario por el gravamen a los bonos Bopreal

Al permitir esa remisión de fondos al exterior, que hacía más de cinco años que estaba vedada a las empresas, el gobierno se aseguró el éxito en la colocación de este bono, con un volumen equivalente a u$s1.743 millones. Traducido a pesos, significa que los inversores entregaron $1,54 billón. Y, como todo está gravado por este tributo, quedaron en la caja de la AFIP $269.000 millones.

Es lo que permitió que en la recaudación de junio el impuesto PAIS haya dado un salto de 38,5% respecto de lo conseguido en mayo.

¿Qué tan grave es actualmente la dependencia del impuesto PAIS? Hasta hace dos meses, lo suficiente como para afirmar que, si no existiera, habría regresado el déficit fiscal. En este momento se está verificando un «oxígeno» proveniente del impuesto a las Ganancias, pero aún así hay dudas sobre la duración de ese fenómeno.

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Aunque baje el impuesto PAIS, ¿la vuelta de Ganancias podrá mantener el superávit?

Ocurre que Ganancias está reflejando el impacto del vencimiento del primer anticipo de las sociedades con cierre diciembre, por el período fiscal 2024. Eso le permitió crecer al punto de que en junio su participación fue el 22% de la recaudación total, cerca de su promedio histórico -cuando durante todo el año había promediado un 14%-.

Pero claro, ese efecto es de corta duración y no se volverá a verificar en los próximos meses. Es por eso que ahora la apuesta es a que en la caja de la AFIP empiece a notarse el impacto de la recientemente aprobada ley Bases.

Con el regreso del aporte que realizarán unos 800.000 trabajadores por el impuesto a los Ingresos -como se rebautizó a la cuarta categoría de Ganancias-, se espera que haya un ingreso tributario lo suficientemente alto como para disimular la pérdida que se producirá por la contribución del impuesto PAIS.

La calculadora de Impuesto a las Ganancias

El gobierno apuesta a que tras la reforma legislativa, Ganancias pueda compensar la disminución del aporte del impuesto PAIS

El gobierno apuesta a que tras la reforma legislativa, Ganancias pueda compensar la disminución del aporte del impuesto PAIS

En los papeles, el regreso de Ganancias permitirá un incremento de 0,4% del PBI, lo cual, según los cálculos de Toto Caputo, disiparía las dudas respecto de la consecución del superávit fiscal. Claro que, a diferencia de lo que ocurre con el impuesto PAIS -cuya recaudación queda íntegramente para el Tesoro-, lo que ingrese por Ganancias se debe coparticipar con las provincias, que se quedan con 58% de la caja.

Pero el gobierno apuesta a que su jugada salga bien. La historia reciente demuestra que Ganancias es uno de esos impuestos que son relativamente inmunes a los momentos recesivos como el actual. A diferencia de tributos como el IVA, cuyo nivel de recaudación está directamente vinculado a la fase -expansiva o recesiva- del ciclo económico, Ganancias suele mantenerse, porque su ingreso depende del incremento nominal de los ingresos, que en una economía inflacionaria tiende a subir.

De todas formas, entre los analistas no hay consenso respecto de cuánto tiempo llevará para que la reforma legislativa sobre Ganancias deje ver plenamente su impacto en las cuentas fiscales. Y esas dudas se acrecentaron por la ralentización en la eliminación de subsidios estatales a la energía, en el marco de la preocupación oficial por acentuar la desinflación.

Tanto es así que todavía se escuchan dudas respecto de si, efectivamente, el impuesto PAIS desaparecerá el año que viene, aun cuando se avance en un desarme del cepo. Eso implicaría reducir la cuenta corriente -la del comercio de bienes- al tiempo que se abre la cuenta capital y financiera, algo que los economistas asocian a una mayor volatilidad del dólar y una economía más vulnerable a los shocks externos.

Mientras tanto, el dólar paralelo sigue batiendo récords a diario, indiferente a las declaraciones de los funcionarios sobre la solidez de la situación fiscal.



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