Tokio, 24 ago (.).- La central nuclear de Fukushima Daiichi comenzó hace un año a verter agua residual procesada al Pacífico en medio de protestas dentro y fuera del país, un rechazo que se ha ido disipando después de que no se hayan detectado irregularidades en los niveles de radiación cerca de la planta ni en aguas próximas.

La central, escenario en 2011 del peor accidente atómico desde el de Chernóbil (Ucrania, 1986), empezó a descargar al océano el 24 de agosto del año pasado las enormes cantidades de líquido radiactivo que se acumulaban en sus instalaciones, tras procesarlo para retirarle la mayor parte de los radioisótopos y diluirlo en agua marina.

Las autoridades niponas se decantaron por el vertido marino como la mejor vía para solucionar el acuciante problema del almacenamiento limitado para el líquido dentro de las instalaciones nucleares, y tras descartar otras alternativas por su complejidad técnica o su mayor coste.

Pese a recibir el visto bueno inicial del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), que consideró que el vertido tendría un impacto radiológico «insignificante» en las personas y el medioambiente, la medida generó en su día una firme oposición de cooperativas pesqueras locales y de países vecinos, principalmente de China y de naciones insulares del Pacífico.

Un rechazo diluido

Esta situación ha cambiado a lo largo del último año. En Japón se produjeron el verano pasado manifestaciones en varias ciudades en contra de la medida, protestas ciudadanas que se dieron asimismo en la vecina Corea del Sur, donde los partidos de la oposición fueron también muy críticos con la descarga al Pacífico.

La industria pesquera de Fukushima, lastrada aún por el estigma nuclear que persigue a sus productos desde el desastre de 2011, fue a nivel doméstico la principal voz contraria al vertido, y pactó con el Ejecutivo nipón recibir ayudas económicas como compensación por el previsible impacto en la recuperación de sus actividades.

En 2023, las capturas en aguas de la prefectura alcanzaron las 6.350 toneladas, el nivel más alto desde 2011, aunque todavía una cuarta parte del volumen previo al desastre.

El Foro de las Islas del Pacífico (FIP) o sindicatos de pescadores filipinos también expresaron en su día su inquietud por el posible impacto medioambiental del vertido, una preocupación que se ha ido disipando conforme avanzaba la descarga y al no haberse detectado irregularidades en los análisis llevados a cabo a gran escala en aguas niponas y alrededores.

Vigilado por laboratorios de todo el mundo

Desde el 24 de agosto de 2023 se han efectuado siete rondas de descarga -y está en marcha una octava- de agua procesada procedente de la planta, cada una de ellas consistente en unas 8.000 toneladas de agua tratada de la central.

En total se verterán al Pacífico a lo largo de varias décadas 1,32 millones de toneladas de líquido depurado mediante un complejo sistema de filtrado que elimina la mayor parte de los elementos radiactivos nocivos, menos el tritio (un isótopo nuclear presente en la naturaleza).

El OIEA cuenta con una oficina permanente en la central nuclear nipona para monitorizar el vertido, y envía misiones regularmente sobre el terreno, en las que participan científicos nucleares de todo el mundo.

Las autoridades niponas y laboratorios independientes de países como Estados Unidos, Canadá, China o Corea del Sur también realizan sus propios análisis de las muestras tomadas en aguas y organismos marinos de Fukushima y en costas próximas al archipiélago nipón. Solo la vecina Corea del Sur ha llevado a cabo más de 49.000 test en sus aguas y en sus capturas marinas desde que comenzó el vertido.

Hasta ahora no consta que ninguno de estos test haya arrojado resultados que muestren niveles de residuos radiactivos por encima de los estándares internacionales de seguridad.

China, la principal voz contra el vertido

Pekín, que mantiene unas tensas relaciones diplomáticas con Tokio, ha sido el actor internacional que más ha protestado contra la descarga. Al gigante asiático se sumó Moscú, cuyos lazos con Japón también se tensaron desde la invasión rusa de Ucrania.

Tanto China como Rusia impusieron un veto a la importación de productos marinos procedentes de Japón desde que comenzó el vertido, una medida que mantienen y que han acompañado con frecuentes pronunciamientos criticando esta medida, la última de ellas a través de una declaración conjunta de sus líderes, Xi Jinping y Vladímir Putin, en la cumbre del pasado mayo en Pekín.

El Gobierno nipón considera que esos vetos «no están basados en una perspectiva científica», sino que responden a motivaciones políticas, y continúa defendiendo la «transparencia» y la «seguridad» del vertido con el respaldo del OIEA.