El incremento en la demanda de planes sociales aumentó un 60% en el último año, alcanzando niveles históricos en varias provincias del país. De acuerdo a los datos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), en 2024 se registraron más de 174.000 nuevas solicitudes de planes sociales y subsidios por desempleo, superando ampliamente las 108.942 peticiones que habían llegado en el mismo período del año anterior.

Provincia de Buenos Aires y Santa Fe encabezan la lista de jurisdicciones con mayor cantidad de solicitudes, en un contexto complejo de ajuste fiscal, despidos masivos a empleados públicos y una sensible realidad en el mercado laboral, lo que impactó en sectores como construcción, textiles y comercio. Según los datos de Seguridad Social, de las 174.335 altas, las más numerosas corresponden al sector de construcción (54.046 trabajadores), la industria manufacturera (36.233), el comercio (28.790), actividades administrativas (14.150), servicio de transporte (7.158), servicios de comida y alojamiento (6.493) y salud y servicios sociales (5.522).

Teniendo en cuenta las bajas, ya sea por motivo de hallar empleo o porque este seguro es temporal y venció, en diciembre percibieron esta prestación 102.549 personas con un pago promedio de $214.822. Es decir, se destinaron casi 23 mil millones de pesos en un mes. Del total de beneficiarios, 75.066 eran varones y 27.483 mujeres, más de 41.000 residen en provincia de Buenos Aires; 7.882 en Santa Fe; 7.057 en Córdoba; y 5.622 en Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El territorio bonaerense lidera la lista

Puntualmente, la provincia de Buenos Aires, gobernada por Axel Kicillof, concentra la mayor cantidad de beneficiarios, con más de 41.000 solicitudes en el último año. Ello responde a la situación económica de la provincia, que se vio deteriorada en los últimos meses, con un índice de pobreza que alcanzó el 45,7% y una tasa de desempleo de casi el 10%, de acuerdo al informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

En tanto, Santa Fe, bajo el mandato de Maximiliano Pullaro, también experimentó un fuerte crecimiento en la demanda de planes sociales, con más de 7800 solicitudes registradas en 2024. La provincia se está enfrentando a una tasa de pobreza del 42,3% y un desempleo que asciende a 8,5%, cifras que reflejan el impacto de la crisis económica en la región.

Córdoba, gobernada por Martín Llaryora, reportó más de 7.000 solicitudes adicionales en 2024, con una tasa de pobreza del 39,4% y un desempleo del 7,9%. Por su parte, la Ciudad de Buenos Aires, bajo la administración de Jorge Macri, también experimentó un crecimiento en los pedidos de asistencia, aunque en menor medida, con 5.622 solicitudes nuevas. Claramente, el crecimiento de la inflación es un factor determinante; teniendo en cuenta que la suba de precios acumulada en 2024 alcanzó el 211%, lo que redujo el poder adquisitivo y generó una mayor presión sobre el sistema de asistencia social.

Cabe remarcar que mientras perciben este seguro de hasta 12 meses, la mayoría de los usuarios también solventan su economía con asignaciones familiares y otras prestaciones que provee el Estado. Siempre y cuando se tengan al menos 6 meses de trabajo computados con aportes en los últimos tres años anteriores al anuncio del despido o finalización del contrato.

En tanto, en el caso del trabajador de temporada, el requisito es haber trabajado menos de 12 meses en los últimos 3 años y más de 90 días en el último año previo a declarar la situación de desempleo y solicitad la ayuda estatal. El monto de la prestación social y la cantidad de cuotas se calculan según los ingresos y meses trabajados -con aportes- durante los últimos 3 años. Los trabajadores mayores de 45 años cobran durante 6 meses más, dado que se contempla que, debido a su avanzada edad, el mercado no tiene amplias ofertas para ellos.

La visión del Ejecutivo Nacional

Sobre este panorama, el Gobierno prevé una estabilización este 2025 gracias a la baja de la inflación mensual que se ubicaría por debajo del 3% en los meses venideros, junto a un tipo de cambio oficial moviéndose de manera controlada, debería dar como resultado una tasa anual inferior al 30%.

La administración de Javier Milei también apuesta al plan de amnistía fiscal lanzado en agosto del año anterior, el cual, según los funcionarios cercanos al presidente, ya generaron nuevos flujos al sistema financiero con un afloramiento de más de $22.000 millones. Además de la posibilidad de que el Banco Central pueda comprar dólares y aumentar las reservas del BCRA, también la actividad económica debería expandirse este año, principalmente la ligada a la energía, minería, agro (por la baja de impuestos) y demás sectores vinculados a los recursos naturales.

De la misma forma, el Fondo Monetario Internacional pronosticó que el Producto Bruto Interno argentino crecerá un 5% este año y en 2026; dejando a Argentina entre las naciones que tendrán las mayores tasas de crecimiento económico. Todo ello, debería generar que el salario real en promedio también crezca, lo que generarían mejoras en el consumo de los ciudadanos, nuevos puestos de empleo y, en consecuencia, una menor petición de ayuda al Estado.