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ECONOMIA

Flybondi cruzó al gobierno de Axel Kicillof por millonaria multa

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La decisión del Gobierno de la provincia de Buenos Aires de imponer una multa millonaria a la aerolínea Flybondi por las continuas cancelaciones y retrasos ya alcanza los ribetes de polémica. A la pena de $300 millones fijada por el área de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, la «low cost» replicó que impugnará la medida. Y afirmó que la Provincia no tiene competencias para fijar sanciones a la actividad aerocomercial. La aérea incluso argumentó que su «derecha de defensa fue vulnerado». En contrapartida, la administración que lidera Axel Kicillof indicó que la empresa acumuló más de 2.400 reclamos y denuncias en los últimos meses.

Según se informó desde el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires, Flybondi es una de las 6 empresas más denunciadas por las y los viajeros en ese distrito.

Estas denuncias, se indicó de forma oficial, se corresponden con suspensiones y reprogramaciones de vuelos, la imposibilidad de comunicarse con Flybondi para obtener respuestas, y la «inviabilidad para obtener reintegros de pasajes o gastos generados por las cancelaciones (transportes al aeropuerto, pérdidas de hoteles, excursiones y paquetes turísticos)».

«La Provincia también sancionó a la empresa por no publicar en su sitio Web las condiciones de contratación de los servicios, en infracción a la Ley de Defensa del Consumidor», afirmó la dependencia oficial.

Para luego añadir: «desde el Ministerio encabezado por Augusto Costa, se interviene de oficio para garantizar los derechos vulnerados de las y los consumidores, aplicando la multa y exigiéndole a la empresa su adecuación a la ley«.

Flybondi replica a las acusaciones de la Provincia

Por su parte, Flybondi replicó vía un comunicado al que accedió iProfesional en el que expuso su rechazo a «la imputación recibida por parte de la Dirección Provincial de Defensa de los Derechos de las y los Consumidores y Usuarios de la Provincia de Buenos Aires por supuestos incumplimientos a determinados artículos de la ley 24.240 de Defensa del Consumidor».

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«La Dirección Provincial no es competente para entender cuestiones vinculadas a la actividad aeronáutica. Incluso la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires se manifestaron en este sentido en fallos reciente», se añadió desde la «low cost».

Al mismo tiempo, la compañía restó legitimidad a la sanción fijada por la Provincia argumentando que «la industria aeronáutica se rige por el Código Aeronáutico y su reglamentación, la cual establece que la autoridad de aplicación y por ende de fiscalización sobre el accionar de las aerolíneas es la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC)».

Desde Flybondi se remarcó que la ANAC interviene en la instancia administrativa y en la instancia judicial lo hacen los tribunales federales.

La aerolínea también rechazó las críticas a su sistema de atención al público. «Siempre da respuesta a los reclamos canalizados por los canales de comunicación habilitados por la compañía. (Se) brinda toda la información al pasajero para ejercer sus derechos conforme la normativa aplicable», afirmó.

Por último, y respecto de otra imputación de julio del año pasado ligada también al desempeño de la «low cost», Flybondi sostuvo que «su derecho de defensa fue vulnerado, ya que los reclamos mencionados no habían sido notificados previamente a la compañía, impidiéndole conocer su estado y otorgarles el debido tratamiento».

Las advertencias del Gobierno nacional a la low cost

En diciembre pasado, Flybondi quedó en el ojo de los cuestionamientos a raíz de sus continuos vuelos cancelados o reprogramados, con un promedio de servicios afectados que las fuentes oficiales estimaron en hasta un 45% solo para ese mes.

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De acuerdo a la ANAC, la firma ostentó un promedio de casi el 27% en términos de vuelos afectados por algún tipo de cambio durante la mayor parte de 2024.

En ese marco, el oficialismo anticipó que implementaría un régimen de multas del orden de los $200 millones si la compañía no modifica sus deficiencias operativas.

Al mismo tiempo, La Libertad Avanza (LLA) informó que evaluaba suspenderle varias rutas a la «low cost» y hasta se barajó la posibilidad de quitarle a Flybondi su Certificado de Explotador de Servicios Aéreos (CESA), lo cual le impediría seguir operando como aerolínea.



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ECONOMIA

Se dispararon los pedidos de subsidio por desempleo en 2024 y ya hay pronósticos para este año

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Durante el año pasado, ANSES otorgó más de 170.000 seguros de desempleo (en concreto unos 174.048). Estos se otorgaron en medio de la profunda recesión que atraviesa el país, con una caída de la economía del 5,1% tan solo en el primer trimestre del año.

Esta provocó un pico de desempleo similar al de la salida de la pandemia. De todos modos, hacia el segundo semestre la economía repuntó levemente, aunque se prevé que termine el año con un rojo en torno al 3%, según estimaciones privadas

Con todo, los seguros de desempleo entregados en 2024 se incrementaron en un 30% el año pasado, frente a 2023, ya que se habían otorgado 132.731 de estas prestaciones, según datos del organismo. Aunque, también hay versiones de que las altas de 2023 fueron menores, cercanas a las 108.942, lo que mostraría un salto del 60% en los pedidos de subsidio durante el año pasado. Frente a 2022, se duplicaron los pedidos, ya que se habían entregado unos 86.294 seguros, de acuerdo a cifras oficiales.

Por qué se incrementaron los seguros de desempleo y qué espera el Gobierno para este 2025

Los seguros de desempleo se explican por el fuerte aumento del índice de desempleo en 2024, que en el primer trimestre tocó un máximo de 7,7%, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). En ese momento, se estimaban que eran unos 150.000 ocupados menos que en el mismo trimestre de 2023, indicó una medición de Daniel Schteingart, director de Planificación Productiva en Fundar.

Asimismo, el Gobierno espera que en este 2025 las solicitudes por desempleo caigan de la mano del ansiado rebote económico con la llegada de inversiones y crecimiento del crédito. Es que, a pesar del pico del índice de desempleo del primer trimestre, en los períodos siguientes se comenzaron a observar leves desaceleraciones.

De hecho, en diciembre 2024 se registraron para esta prestación 102.603 personas, que cobran en promedio cerca de $215.000, muy por debajo del salario mínimo, vital y móvil, que en diciembre alcanzó los $279.718.

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Ahora bien, el beneficio es equivalente al 75% del importe neto de la mejor remuneración mensual, normal y habitual del trabajador en los seis meses anteriores al cese del contrato de trabajo. La ayuda estatal tiene montos mínimos y máximos determinados con base en el salario mínimo vital y móvil (SMVM) vigente, siendo este valor el monto máximo.

Cabe mencionar que, en el tercer trimestre de 2024, el desempleo se ubicó en el 6,9%, cifra que implicó un descenso en comparación con el trimestre anterior, pero se ubicó por encima del dato de 2023. En la comparativa anual, la tasa de desocupación ascendió 1,2 p.p., de 5,7% a 6,9%, mientras que en la intertrimestral presentó un descenso de 0,7 p.p. (de 7,6% a 6,9%).

Qué se espera para el mercado laboral en este 2025

En 2024, hubo una caída de puestos registrados a costa de una mayor participación de cuentapropistas y trabajadores no registrados. Esto generó, a su vez, una caída en los ingresos promedio de los hogares y mayor desigualdad entre los trabajadores.

Por ende, desde la consultora C-P enfatizaron que «si la recuperación de la actividad genera poco empleo registrado, los efectos perdurarán y delinearán algunos de los aspectos estructurales más negativos del actual proceso económico: la desigualdad«.

Al mismo tiempo, señalaron que pasados los efectos positivos de la desinflación, desde niveles altos, el ancla salarial, así como los cambios distributivos, del patrón del empleo y la política fiscal, «pintan un escenario para 2025 con velocidades de recuperación (de los salarios) lejos de los que se evidenciaron en el 2do semestre».

Requisitos para cobrar la prestación por desempleo

La prestación de desempleo por despido sin justa causa se paga temporalmente por finalización de contrato o por causas externas al trabajador que estuvo en relación de dependencia comprendido en la ley 24.013 de Contrato de Trabajo. En simultáneo con este seguro, que se cobra por hasta 12 meses, se pueden percibir también las asignaciones familiares y se continúa con la cobertura de la obra social a la que están afiliados. Además, los meses del cobro de la prestación se computa como antigüedad para la jubilación o pensión.

Un requisito para cobrar esta prestación es haber permanecido un mínimo de seis meses de trabajo con aportes en los últimos 3 años anteriores al despido o conclusión del contrato. En el caso de los trabajadores eventuales, el requisito es haber trabajado menos de 12 meses en los últimos 3 años y más de 90 días en el último año, antes de la finalización del trabajo.

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