El último año evidenció un fenómeno inesperado en la economía argentina: la actividad creció 4,4%, pero tanto la cantidad de empresas como el empleo formal registraron caídas. Este comportamiento plantea incógnitas sobre cuán sostenible es una expansión económica que no se traduce en más puestos de trabajo ni en un mayor número de firmas operativas y, en tal sentido, los analistas no prevén un cambio en el corto plazo.

Según un informe de Fundar, en diciembre de 2025, se registró el cierre de 670 empresas, lo que representa una disminución de 0,1% en relación a noviembre. Se trata de la décimo quinta baja mensual consecutiva. En comparación con diciembre de 2024, el número de unidades productivas se redujo en 10.392, es decir, un retroceso interanual de 2,1%, acumulando 22 meses de caídas interanuales.

Desde el inicio de la actual gestión, la cantidad de empresas disminuyó en 22.608, lo que equivale a una reducción del 4,4% del total. Este resultado marca el mayor descenso verificado en los primeros 25 meses de una administración desde 2003.

El análisis muestra que 13 de los 19 sectores experimentaron caídas interanuales de empresas. Entre los sectores con mejores desempeños se encuentran Servicios administrativos (3,8%), Asociaciones y servicios personales (3,6%), Salud (1,0%), Electricidad, Gas y Agua (0,5%) y Petróleo y Minería (0,5 por ciento).

En el período analizado, 14 de las 19 ramas presentaron retrocesos. Desde noviembre de 2023, último mes previo a la actual administración, sobresalieron las bajas en Transporte y almacenamiento (14%, con 5.509 empresas), Inmobiliarias (10,9%, con 3.243 ) y Construcción (8,2%, con 1.785 firmas menos).

A nivel provincial, Neuquén fue la única jurisdicción en la que aumentó la cantidad de empresas desde el inicio del actual gobierno, 1,4%. La Rioja, Catamarca y Chaco fueron las provincias con mayor disminución: 14,9%, 11,8% y 10,6%, respectivamente.

En paralelo, el empleo asalariado formal en el sector privado registró una disminución de 88.848 trabajadores en 2025, luego de que los datos oficiales mostrasen la pérdida de 12.399 puestos de trabajo entre noviembre y diciembre.

En los últimos dos años, la cantidad de trabajadores registrados en unidades productivas cayó 3%, lo que representa una pérdida de 297.716 empleos, al pasar de 9.857.173 a 9.559.457, según datos de CEPA.

El segmento con mayor descenso en la cantidad de puestos de trabajo fue Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria, que registró una reducción de 88.864 trabajadores entre noviembre de 2023 y diciembre de 2025. Esta dinámica responde al programa de recorte del gasto público que impulsó la administración libertaria.

En segunda posición se ubicó la construcción, con 76.059 empleos menos. También se registraron caídas importantes en Industrias manufactureras, con 71.767 puestos menos, y en Servicios de transporte y almacenamiento, que perdió 61.426 empleos.

En diálogo con Infobae, el director de Análisis Macroeconómico de Equilibra, Lorenzo Sigaut Gravina, opinó que el desacople entre crecimiento y la destrucción de empleo formal “se debe a que si bien hubo crecimiento durante la gestión Milei, fue muy heterogéneo y los sectores que tienen muchos trabajadores asalariados privados formales, como la construcción y la industria, mostraron unas caídas fuertes, que se replicaron en el empleo”.

En cambio, afirmó, las ramas de la actividad económica “a las que les ha ido muy bien -agroindustria, minería, energía e intermediación financiera- crearon muy pocos puestos de trabajo”.

A la vez, Sigaut Gravina reconoció que no observa factores que puedan revertir esta dinámica “porque los sectores ganadores más ganadores, los sectores perdedores, más perdedores”. “Lo más probable es que la destrucción de puesto de trabajo de calidad se morigere en el mejor de los casos. Pero creo que todavía vamos a tener destrucción de empleo privado formal asalariado por goteo”, proyectó..

Por su parte, el director de Economía de Fundar, Guido Zack, consideró que al observar el comportamiento mensual de la actividad económica en 2025, se evidencia una suerte de estancamiento.

“En diciembre hay un leve repunte y ese es el dato que usa el Gobierno para decir que, que la economía creció mucho. Pero si se toma noviembre de 2025, la actividad estaba más baja que en noviembre de 2024. Entonces, el desacople no es tan significativo porque la actividad no está creciendo tanto”, dijo Zack.

También advirtió el economista acerca de la disparidad entre los distintos rubros. Precisó que los sectores en expansión, particularmente los vinculados a hidrocarburos no convencionales y minería, “son intensivos en capital” y “no generan mucha mano de obra; mientras que los más afectados, como la industria y la construcción, son intensivos en mano de obra”.

“Si los sectores que más trabajo generan están cayendo y los que menos trabajo generan están subiendo, quizá la actividad puede dar relativamente neutra con una destrucción de puestos de trabajo”, resumió.

Sobre la posibilidad de contrarrestar el crecimiento económico con baja de empleos formales y empresas, observó que distintas variables limitan la capacidad de reacción empresarial: apreciación cambiaria, apertura económica, presión tributaria elevada con impuestos distorsivos, altos costos burocráticos y elevados costos de financiamiento y logísticos.

Durante el cuarto trimestre de 2025, la desocupación registró un aumento, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El porcentaje de personas sin empleo, disponibles para trabajar y en búsqueda activa de trabajo alcanzó el 7,5% de la población económicamente activa, lo que equivale a una suba de 1,1 puntos porcentuales respecto al mismo trimestre del año anterior.

Entre octubre y diciembre pasados, la cantidad de personas en condiciones de trabajar se ubicó en 22,72 millones, con un alza de 69.300 respecto al trimestre previo. El número total de ocupados descendió a 21,08 millones, con una reducción de 142.600 personas, mientras que la cantidad de desocupados sumó 211.900, llegando a un total de 1,64 millones.

Para los economistas de Equilibra, los datos del mercado laboral correspondientes al cierre del año pasado evidencian “un marcado deterioro pese a la expansión del nivel de actividad en dicho período”.

“La mejora concentrada en pocos sectores que no demandan mucha mano de obra en lo grandes centros urbanos explicaría esta paradoja. Por último, el deterioro del mercado laboral ayuda a entender porque aumentó la preocupación al desempleo en la opinión pública”, evaluaron.

Un informe de Invecq coincidió que el desacople entre crecimiento económico y dinámica del empleo “se debe a que los sectores dinámicos (agro, minería, intermediación financiera) son los menos intensivos en empleo”. Sin embargo, al ubicar las cifras en perspectiva histórica, los analistas consignaron que “el dato del cuarto trimestre de 2025 no se aleja de los registros de igual período en 2016 (7,6%) y 2017 (7,2%), y se ubica claramente por debajo de los niveles de los cuartos trimestres de 2018 y 2019, en 9,1% y 8,9% respectivamente”.

“Con estos niveles, no estamos frente a una crisis de destrucción masiva de puestos de trabajo, sino que lo más preocupante es el deterioro en la calidad del empleo, con caída del empleo privado formal e incremento del trabajo informal», concluyeron.

“La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario”. La frase, una máxima del economista Milton Friedman, es repetida como un credo por el presidente Javier Milei y, en esa lógica, el mandatario explica tanto su éxito inicial para bajar la inflación con la que asumió su Gobierno como para pedir paciencia por la interrupción del proceso de desinflación que ya lleva 8 meses. En ese contexto, corresponde preguntarse si la política monetaria que conducen en tándem el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, está ayudando a bajar los precios o, por el contrario, colaboró con las últimas aceleraciones.

Un repaso de los datos oficiales permite reconstruir el sendero de la inflación en los últimos años y el impacto de la gestión actual. Según la serie mensual elaborada por el Indec, la variación del índice de Precios al Consumidor (IPC) mostró un salto en diciembre de 2023, con una suba del 25,5% mensual que marcó el arranque del mandato de Milei. Desde ese pico, la inflación bajó de manera rápida durante los primeros meses de 2024, en línea con el ajuste fiscal, la fuerte contracción monetaria y la estabilidad cambiaria impuesta por el nuevo gobierno.

La secuencia mensual muestra caídas abruptas en el primer semestre de 2025, con registros que tocaron un piso de 1,5% en mayo de ese año. Sin embargo, desde la segunda mitad esa tendencia se interrumpió: la variación del IPC comenzó a subir nuevamente y se estabilizó en torno a 2,9% mensual durante enero y febrero de 2026. El proceso de desinflación dejó de avanzar y la baja de precios perdió dinamismo.

La consultora GMA Capital describe un escenario en el que la política del Gobierno enfrenta un punto de inflexión, tras un éxito inicial sostenido por un ajuste fuerte y un control monetario estricto.

La última información apunta a un contexto en el que el tipo de cambio se mantiene firme, los agregados monetarios crecen cerca de 20% interanual y la actividad económica no termina de repuntar. En ese marco, la inflación dejó de bajar y se instaló en un rango que preocupa tanto al equipo económico como a los analistas privados.

El debate sobre la política monetaria se intensifica ante la falta de resultados visibles en los últimos meses. Kevin Sijniensky, economista jefe de Econviews, aporta una visión crítica sobre la efectividad del actual esquema.

Sijniensky dijo a Infobae que durante la primera parte de la gestión el ancla nominal de la política monetaria era el tipo de cambio, con un crawling peg primero del 2% y luego del 1% mensual. La introducción de bandas cambiarias y la eliminación de la tasa de política monetaria, diluyeron esa referencia. Apuntó: “No existe actualmente un ancla antiinflacionaria fuerte o claramente definida; lo que contribuye a la mayor inercia inflacionaria”.

El economista de Econviews detalló que el Gobierno adoptó como argumento que la cantidad de dinero es la nueva referencia para frenar la inflación, pero la falta de definición precisa en las metas de crecimiento monetario y una comunicación confusa minaron su credibilidad. Además, la volatilidad de las tasas de interés y la dificultad para estimar la demanda de dinero en un contexto tan inestable complican la tarea del Banco Central.

“El ancla monetaria, por ese lado, es débil. El ancla de tasa de interés se perdió una vez que eliminaron la tasa de política monetaria y el esquema en sí ha producido muchísima volatilidad en las tasas. Tampoco es un mecanismo efectivo para bajar la inflación”, explicó. Sijniensky remarcó que, aunque el tipo de cambio sigue operando como ancla implícita, su flexibilidad lo convierte en una referencia menos sólida que la que existía con el crawling peg.

Ante la consulta sobre si la política monetaria es contractiva o expansiva, Sijniensky respondió que sencillamente depende de la dinámica del tipo de cambio. Cuando la cotización se mantiene estable, el Gobierno permite que haya más liquidez y que las tasas bajen (expandiendo). Si aparece presión cambiaria, el Banco Central retira pesos a través de licitaciones del Tesoro, operaciones en el mercado secundario o ajustes en los encajes bancarios.

Sijniensky sintetizó: “Es una política monetaria que cambia cada dos semanas, después de las licitaciones y que depende mucho de si el Gobierno se siente cómodo o no con el tipo de cambio. En este momento diría que es relativamente expansiva, pero en otros momentos ha sido generalmente contractiva”, aseguró.

Para el economista de Econviews, al menos hasta el año pasado, el Gobierno priorizó la baja de la inflación sobre la actividad económica. Este año, la debilidad del consumo y ciertos sectores con bajo dinamismo llevaron a que el oficialismo tolere tasas más bajas, apoyado en un tipo de cambio estable. La gran volatilidad en las tasas de interés y la falta de previsión para los bancos limitaron la baja de las tasas activas y, en consecuencia, la reactivación vía crédito. “Si el Gobierno quiere seguir con el mismo esquema de control de agregados y tipo de cambio flotando entre bandas, al menos podría intentar reducir la volatilidad de la tasa. Eso sería un paso importante”, concluyó el economista.

Fernando Marull, de FMyA, corroboró el giro hacia una política monetaria más expansiva en los últimos meses.

Marull afirmó que, tras una fase de fuerte contracción, la reducción de las tasas de interés significó un cambio: “Si nos guiamos por ese indicador, el sesgo fue expansivo, porque la tasa bajó de 2,8% mensual a 2,2% en los últimos diez meses”. Sostuvo que la política monetaria respondió al contexto y que el objetivo principal hoy es la estabilidad cambiaria, incluso si eso implica mayor liquidez.

Martín Polo, economista de Cohen Aliados Financieros, aportó una visión complementaria: “El Gobierno está haciendo los deberes para bajar la inflación”, pero advirtió que busca generar una expectativa de desaceleración más rápida de la que efectivamente se verifica.

Polo destacó que no hay emisión para financiar el déficit fiscal, la base monetaria no registra subas y el tipo de cambio permanece estable. Sin embargo, la actividad económica baja, la inercia inflacionaria y los precios regulados limitan el margen de maniobra de la política monetaria. “Mucha de la estabilidad del tipo de cambio y la baja de tasas la asocio más a la baja actividad: menos importaciones ayudan en el frente externo y en el mercado de pesos, los bancos prestan menos, la liquidez sube y eso presiona a la baja la tasa”, explicó Polo. Remarcó también que el traslado a precios de la devaluación de 2025 fue paulatino y que el atraso cambiario tampoco colabora con las expectativas.

La visión del Gobierno difiere de la interpretación de los analistas. En la última semana, Federico Furiase, flamante secretario de Finanzas, analizó en el programa “Las 3 anclas” que las condiciones monetarias actuales, con agregados creciendo cerca de 20%, podrían permitir que la inflación retome la trayectoria descendente en abril o mayo.

Furiase atribuyó el freno en la baja de la inflación a factores políticos surgidos en el tercer trimestre de 2025 y a aumentos puntuales en tarifas y precios de la carne. Señaló además que los impactos de la política monetaria llegan primero al tipo de cambio y los precios mayoristas (IPIM), y solo después a los minoristas, por lo que el último dato del IPIM anticiparía un menor registro del IPC en los próximos meses.

Algunas consultoras identifican los próximos meses como clave, con expectativas de reinicio en el proceso de desinflación. Un análisis reciente estima que la inflación debería desacelerar hacia mayo en un contexto de tipo de cambio estable y sin cambios mayores en los precios relativos. Para abril, no obstante, advierte sobre el impacto de incrementos en combustibles y una política más expansiva orientada a fomentar el crédito, factores que podrían retrasar la reanudación del descenso inflacionario.

La evolución de tasas, la reacción del crédito y el comportamiento de los precios regulados figuran como determinantes para la trayectoria del índice de precios.

La decisión tomada esta semana por el Gobierno para reformular el patentamiento de medicamentos podría, al menos por el momento, poner un freno a la histórica disputa entre los laboratorios extranjeros y sus pares nacionales. Bajo el paraguas del acuerdo comercial con EEUU, el Gobierno avanzó en un nuevo esquema que permite que ambos sectores sostengan su negocio. Al mismo tiempo, y considerando la impronta aperturista del Gobierno, los medicamentos se distinguen de otros sectoresen lo referente a los precios. No hay expectativas de que el nuevo escenario permita que los consumidores argentinos paguen menos por los medicamentos en virtud de una mayor competencia, al menos por el momento.

Distintas fuentes de los sectores involucrados y expertos en propiedad intelectual coincidieron ante la consulta de Infobae en que el Gobierno encontró una solución salomónica. En el futuro, los comercializadores locales de los nuevos productos farmacéuticos que sean patentados en el país deberán pagarle a los dueños de esas patentes, lo que claramente favorece a los laboratorios extranjeros. A la vez, la decisión oficial incluyó un punto clave: quienes hoy producen localmente medicamentos sin retribuir al dueño de la patente podrán seguir haciéndolo sin pagar nada, lo que claramente favorece a los laboratorios nacionales.

La frase se repite entre quienes conocen el tema: “Era esto o nada”. El acuerdo intermedio permitió salir de un escenario difícil de sostener. Las restricciones al otorgamiento de nuevas patentes eran casi totales y limitaban la inversión. En el gobierno destacan que con la decisión se revertirá esa situación, ya que existirá la seguridad jurídica necesaria para la investigación y el desarrollo.

En esa línea, la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEMe) que representa a los laboratorios extranjeros, elogió la medida y pidió “previsibilidad en materia de propiedad intelectual, ya que se trata de crear las condiciones necesarias para promover la innovación y favorecer la llegada de nuevas terapias a nuestro país. La actualización del marco normativo es un paso fundamental para generar un entorno más previsible para la inversión, la investigación, el desarrollo y la incorporación de avances en salud”.

La medida también dejará a muchas empresas locales que fabrican copias o genéricos con la potestad de seguir haciéndolo sin limitaciones. Ese negocio no sufrirá modificaciones, ya que el nuevo esquema solo se aplica hacia el futuro. Y los laboratorios extranjeros, que en teoría podrían reclamar por las patentes de los productos que ya están hoy en las farmacias, prefieren mirar hacia adelante y enfocarse en el negocio que viene.

De esa forma, ambos sectores avalaron un desenlace regulatorio que parece cerrado. Desde ambos sectores entienden que para que el nuevo sistema empiece a andar no se requiere ninguna reglamentación adicional. Aunque, claro está, siempre puede haber alguna letra chica, como en toda regulación.

La resolución conjunta dictada esta semana lleva la firma de Mario Lugones, ministro de Salud, Luis Caputo, ministro de Economía, y Carlos María Gallo, titular del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), un organismo que pasa a ser clave. Anuló otra similar de 2012 que fijaba “pautas de patentabilidad”, una serie de restricciones que “no existen en ninguna parte del mundo” según el ministro de Desregulación, Federico Stuzenegger, uno de los defensores de la medida. A partir de ahora, el INPI analizará caso por caso si el producto tiene la suficiente innovación y escala industrial para merecer la patente. Ya sin la traba de las “pautas” preestablecidas, el INPI se manejará con la ley de Patentes sancionada en 1996 durante el gobierno de Carlos Menem.

Un interrogante sobre el nuevo esquema que abren algunos expertos tiene que ver con la capacidad operativa y técnica que tiene el INPI para llevar adelante su nuevo rol. En el mercado destacan que, más allá de lo que digan las regulaciones, el organismo sufrió en los últimos dos años el desfinanciamiento de la mayoría del sector público, con personal técnico que a menudo busca trabajo en empresas privadas para escapar de los salarios congelados.

Esa situación abre dudas sobre si el Instituto va a contar con los recursos para manejar la cantidad de “examinadores” necesaria para agilizar los procedimientos, ya que el farmacéutico no es el único sector que quiere patentar sus invenciones. Un dato reciente grafica el escenario y llamó la atención de quienes conocen su funcionamiento: el INPI acaba de duplicar todos los aranceles que cobra para sus trámites, que también estaban congelados, tal vez en busca de mayores fondos para sostener a su estructura técnica.

Un punto crítico de la letra chica que viene, aún cuando no haya ninguna reglamentación adicional, es que aún está pendiente la creación de la Agencia Nacional de Evaluación de Financiamiento de Tecnologías Sanitarias (ANEFiTS), un organismo técnico y autárquico que dependerá del Ministerio de Salud. Anunciado por el Gobierno en marzo del año pasado, está agencia analizará medicamentos y tecnologías médicas antes de autorizar su compra con fondos estatales.

La Anefits, orientada a racionalizar el gasto público en salud, otorgará una habilitación previa a la validación técnica de la Anmat que requiere cualquier medicamento. Así, podría establecerse una evaluación económica en forma previa a la sanitaria. Un productos que no tenga el OK de la Anefits, no podrá ser comprado en el sistema público de salud. Por lo tanto, en su creación reside también un capítulo central de la aplicación del nuevo sistema.

En muchos mercados, el Gobierno de Javier Milei abrió la importación y quitó muchas regulaciones con el objetivo de tener una vía más para reducir la inflación. Los medicamentos no parecen ser el caso. Nada indica, según las fuentes consultadas por Infobae, que el nuevo sistema impacte sobre los precios que paga el consumidor en las farmacias.

En su defensa de la medida, Sturzenegger dijo que con ella “la Argentina vuelve al mundo”, que termina con restricciones que no existen en ningún lado y que “representa una mejora trascendental en el respeto de la propiedad intelectual en nuestro país”. Habló de “mayor competencia en el largo plazo”. Pero en ningún caso mencionó la perspectiva de remedios más baratos.

Un elogio impensado llegó por el lado de Elisa Carrió. La líder de la Coalicion Cívica consideró la medida como “lo más importante que se hizo en la Argentina en los últimos años” porque apunta a “cesar el proteccionismo escandaloso de los laboratorios nacionales todavía ‘en desarrollo’”. Carrió cerró su mensaje en X con un deseo: “Espero que esto abarate los precios”.

Por el momento, nada indica que ese deseo vaya a cumplirse. Así como la resolución conjunta generó una primera reacción de positiva, sin peleas legales a la vista, la cuestión de los precios enciende al rojo vivo la disputa entre ambos sectores del negocio farmacéutico.

Las voces de los laboratorios del exterior aseguran que no es posible que la Argentina tenga medicamentos más caros que el resto de la región si desde hace tanto tiempo los productores locales pueden vender sin retribuir por las patentes y que eso se debe a un contexto de escasa competencia, que esperan esta medida empiece a modificar. Juzgan que los precios, en muchos casos, tienen un nivel injustificado.

Al mismo tiempo, desde los productores locales la réplica es clara. En el documento que publicó la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA) se asocia a las patentes con un monopolio para sus dueños, lo que naturalmente sube los precios en lugar de bajarlos. También destacaron un estudio de FIEL de 2024 que indica que gracias a los medicamentos genéricos y biosimilares se ahorraron más de USD 2.200 millones anuales.

CILFA adivirtió sobre las solicitudes de patentes “evergreening”, las que cubren innovaciones menores en medicamentos ya instalados en el mercado, que “no aportan efectos terapéuticos ni ningún otro valor, salvo preservar monopolios y obstaculizar durante años el lanzamiento de medicamentos competidores”. En la vereda de enfrente rechazan esas acusaciones, mucho más a partir de ahora: voces afines a CAEME explican que si no hay “actividad inventiva”, uno de los requisitos centrales para otorgar una patente según la ley de 1996 que vuelve a tener vigencia plena, el INPI la negará.

En los laboratorios locales, la postura es diferente. “Con más patentes habrá menos competencia y más privilegios monopólicos”, explican. Y aseguran que los precios seguirán ajustados a la dinámica actual del mercado. Y advierten que si en el futuro aparecen “patentes indebidas sobre desarrollos menores vinculados a medicamentos, habrá menos competencia y eso impactará en mayores precios”.