Se aceleran los tiempos de la reforma tributaria. Si bien en Washington el ministro Luis Caputo había dicho que el proyecto se enviaría después de las elecciones, la «exitosa» salida del cepo cambiario, el dólar bajo control y la inflación en baja habría convencido al gobierno de avanzar con todo y, de paso, aportar para que la economía domine la campaña electoral.

«Cuanto más se hable de economía, más puntos subimos en la consideración de la gente», le dijo a iProfesional un estratega libertario, al admitir que el gobierno debe mostrarse cada vez más encima de la gestión y tratar de dejar atrás escándalos como el de la criptomoneda $Libra.

Coparticipación: el Gobierno busca bajar el IVA y las provincias deberán competir

En medio de esa estrategia, Caputo -el «mejor ministro de Economía de la historia», según Milei- salió a copar el centro de la cancha. Primero instaló que habrá una oferta difícil de rechazar para quienes tienen más de u$s200.000 millones en el colchón, porque se necesita parte de esa plata para remonetizar una economía en crecimiento. Y enseguida nomás, metió otro gancho al mentón: dijo que ya se tiene avanzada una reforma tributaria para dotar de mayor equilibrio y justicia al pago de impuestos.

Esa reforma no traería buenas noticias para las provincias. El Gobierno sostiene que, en el imaginario popular, todos los impuestos los cobra la Nación, pero a la gente no le queda claro que parte de esos fondos van a las provincias. Sobre todo a la Buenos Aires, gobernada por el peronista Axel Kicillof.

Tal vez por eso, a dos meses de la reforma tributaria anunciada por Javier Milei en marzo, el Gobierno volvió a reflotar su proyecto con la mira puesta en el IVA.

La idea es crear un esquema de alícuotas diferenciadas entre Nación y provincias para que estas últimas compitan por reducir la carga del tributo y así atraer inversiones, con un sistema de reparto de recaudación diferente al vigente.

«Vamos a dividir el IVA entre Nación y provincia. Nosotros cobraríamos lo que le corresponde a Nación, aproximadamente un 9% sobre el 21% que constituye actualmente el IVA. Las provincias, por su parte, establecerán su propio porcentaje de IVA», reveló el ministro Caputo, mientras los gobernadores comenzaban a echar chispas.

Tantas fueron que decidieron reunirse de urgente este martes en el marco de una actividad del Consejo Federal de Inversiones (CFI) en Entre Ríos, para discutir los alcances de la propuesta y definir una posición común. La preocupación gira en torno a la posible afectación de la coparticipación y el avance unilateral del Ejecutivo sobre tributos que, según la Constitución, requieren consenso federal.

Es que e IVA es la principal fuente de recaudación y grava el consumo de bienes y servicios en todo el territorio, incluida la mayoría de las transacciones comerciales, con una alícuota general del 21%. Y lo recaudado se coparticipa entre Nación (46%) y las provincias y CABA (54%). Lo que se busca ahora es descomponer la alícuota de manera que cada parte reciba ingresos en función de la tasa fijada, pero también cada provincia deberá dar la cara ante la población para explicar qué hace con los impuestos que recauda, y preocuparse por cobrarlos.

«Hoy estamos en niveles del 35%; la Nación aporta un 17% y, cuando mirás las provincias, están en 15%. La mejor forma es hacerlos competir, entonces, ¿cómo hacés para que tengan incentivo? Con competencia: habrá algunas que digan que les conviene bajarlo porque más empresas se radican y facturan más», dijo el ministro.

Caputo insistió en que el objetivo es generar «competencia impositiva» entre provincias. «Resulta muy difícil para nosotros negociar directamente con ellas porque no tenemos jurisprudencia sobre las mismas. Consideramos que la mejor estrategia es hacerlas competir entre sí», explicó.

Y señaló que el esquema que impulsa el Gobierno permitirá que cada provincia determine su propia alícuota de IVA. «Nosotros cobramos nuestra parte y ellos definen el resto. Pueden establecer un 11%, un 10% o incluso un 5%. La competencia hará el resto», señaló.

De paso, lanzó un misil contra algunas administraciones, al explicar que mientras a nivel nacional se produjo una reducción significativa del gasto (de 28 puntos del PBI en 2020 a 17 puntos hoy), las provincias apenas disminuyeron su gasto (de 16 a 15 puntos), y los municipios mantuvieron constante el nivel de erogaciones en 3 puntos del PBI.

«El esfuerzo lo hizo Nación», se quejó Caputo, quien pareció decir «ya no más», a los mandatarios provinciales y comunales.

Ingresos Brutos, en la mira de Luis Caputo

En un contexto donde los ingresos brutos representan el 80% de la recaudación provincial, Caputo sostuvo que la única forma efectiva de implementar una reducción impositiva es mediante la competencia fiscal. «Algunas provincias razonarán: ‘Si bajo ingresos brutos, más empresas se radican en mi territorio y termino recaudando más’. Eso es lo que buscamos conseguir con este nuevo esquema», indicó.

Tributaristas creen que el Gobierno eliminará Ingresos Brutos y, bajo el nuevo esquema, las provincias reemplazarían la pérdida de esa recaudación con el nuevo IVA.

«Si dejara de existir ingresos brutos se generaría un bache importante, poque hoy los cinco tributos más distorsivos recaudan 8 puntos del PBI y se necesitan al menos nueve años de alto crecimiento destinando el diferencial entre gasto y recaudación a bajar impuestos», dijo Nadín Argañaraz, titular del instituto IARAF.

Para el economista Martín Kalos, cualquier modificación del esquema de coparticipación requiere un acuerdo federal con aprobación de las 24 legislaturas provinciales y del Congreso.

En tanto, Caputo sostuvo que el problema de la Argentina «no son los dólares, sino la recaudación y, en consecuencia, no hay margen para errar en la secuencia de la baja impositiva».

En este escenario, el Gobierno prepara una modificación de raíz en la relación tributaria que tiene la Nación con las provincias y buscará un cambio en el formato con el que se determina un impuesto central del sistema impositivo como es el IVA.

Para eso, el equipo económico tiene avanzado y en etapa de cierre un proyecto de ley de reforma integral que pondrá a discusión en el Congreso. La estrategia es plantear la discusión desde ahora, con la mira puesta en que una nueva conformación del Congreso la apruebe a fin de año.

Es que semejante modificación requerirá el visto bueno del Congreso, porque modificaría de raíz el entramado tributario vigente. Es por eso que se trata de un cambio que estará integrado a un proyecto más amplio que abarcará otros impuestos. El impuesto al cheque (1,2% sobre transferencias bancarias) está en la mira para darle una fecha cierta de finalización, que podría ser el fin de este año.

Sobre el nuevo esquema para el IVA, la idea es dividir al impuesto en dos. La Nación continuará con una alícuota de base del 9%, del 21% que tiene hoy ese gravamen como tasa, más allá de alícuotas recortadas y excepciones que tienen algunos bienes o servicios. Ese 9% tiene sentido al entender cómo es la coparticipación «primaria» del IVA.

De lo que se recauda por ese concepto, el 42% del total queda en la Nación y el resto es repartido hacia el conjunto de provincias y una parte menor para fondear los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que administra la cartera de Interior, hoy denominado en el gabinete como Vicejefatura de Gabinete del Interior. Ese 42% implicaría, de manera lineal, que a la Casa Rosada le corresponden eso 9 puntos porcentuales del 21% total.

Pero la parte más polémica llegará para los 12 puntos porcentuales restantes: la idea que sobrevuela en los despachos oficiales y que buscará ser plasmado en el proyecto de ley de reforma tributario es establecer un esquema con «criterios objetivos». Ese criterio estaría determinado por el nivel de gasto que cada provincia necesite cubrir.

El asesor financiero Federico Domínguez consideró innecesario un cambio en el régimen de coparticipación general. «Con una ley aprobada por mayoría simple en cada cámara se podría eliminar el IVA y, al mismo tiempo, reemplazarlo por un IVA no coparticipable con una alícuota menor, permitiendo luego que cada provincia fije su propia alícuota de IVA provincial», señaló.

Dijo que las provincias grandes «tendrían mayores incentivos para apoyarlo, pero la mayor competencia beneficiaría a todos».

En tanto, Argañaraz explicó que «lo que está en juego dentro de estas decisiones es si se va a ir a un criterio de coparticipación devolutivo o redistributivo».

Indicó que si se va a avanzar en una idea de que cada provincia cobre en función de lo que desea gastar, dadas las responsabilidades de gasto y la distribución de esa responsabilidad que se haga en el país, eso va a generar diferenciales importantes de alícuotas y obviamente una discusión política intensa».

El Gobierno anticipó que la meta será extender al resto de la economía los beneficios tributarios que hoy existen, por ejemplo, para las empresas que ingresen al RIGI.

Una de las ideas es reducir la cantidad de impuestos sin afectar significativamente la recaudación, priorizando la eliminación de tributos de bajo impacto fiscal. También se mencionó la posibilidad de reducir en 90% la cantidad de impuestos que conforman el sistema tributario.

El Súper IVA enciende las alarmas entre los gobernadores

Por todos estos elementos en juego, el clima entre la Nación y los gobernadores escaló en tensión. Los jefes provinciales sospechan que el súper IVA los terminará perjudicando.

Para analizar estos temas, gobernadores aliados y opositores se reunirán este martes en la ciudad de Paraná, en el marco de un seminario organizado conjuntamente por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y el Gobierno de Entre Ríos, de Rogelio Frigerio. Entre los confirmados están Axel Kicillof de Buenos Aires; Ignacio Torres de Chubut; Maximiliano Pullaro de Santa Fe; Raúl Jalil de Catamarca; y Sergio Zilliotto de La Pampa; todos estarán acompañados por Ignacio Lamothe, presidente del CFI.

Entre los mandatarios provinciales, sostienen que quién recauda es lo central, y luego se verá si es necesario competir.

No todos los distritos tienen los mismos recursos y eso ya marca un diferencial. El sur se organizará con el petróleo, el centro con la soja y similares, y el NOA y Cuyo pueden trabajar el litio o metalíferos.

El «Super IVA» tiene la finalidad de concentrar el tributo a los Ingresos Brutos (IIBB), que representa la segunda mayor fuente de ingresos para las provincias después de la coparticipación.

Algunos gobernadores están molestos, además, por una medida reciente del Gobierno que modifica el esquema de anticipo del Impuesto a las Ganancias y el de retenciones del IVA en operaciones aduaneras.

Esto achica hasta fin de año el monto que se podría haber recaudado por estos dos tributos, que representan el 90% de los fondos que las provincias reciben a través del sistema de coparticipación.

Si bien esto será temporal y se recuperará en meses posteriores, la medida puso en alerta a las provincias, porque comenzará a impactar en junio, cuando los diferentes ministerios de Hacienda están planificando cómo pagar aguinaldos.

El mar de fondo entre algunas provincias y la Nación excede la cuestión impositiva. Es que la reactivación de la obra pública es el tema que más complica a los gobernadores.

La cuestión será también analizada en el encuentro que la Cámara de la Construcción (CAMARCO) realizará el 3 de junio próximo en la Rural, al que asistirán varios gobernadores e intendentes. Para la entidad es clave reactivar la obra pública, que conforma buena parte de los ingresos de sus asociados.

La visión de la Casa Rosada es que las obras viales podrían financiarlas las provincias mismas con aportes de privados. Pero provincias como Santa Fe responden que ya han pedido la transferencia de varias rutas, pero no recibieron respuesta de Nación.

La convocatoria de este martes será coordinada por el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, quien convocó a una cumbre para «sembrar la semilla de un nuevo pacto fiscal».

Mientras tanto, se siguen sumando opiniones. El ex director de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) Osvaldo Giordano sostuvo que la reforma «va en la dirección correcta», aunque requiere coordinación entre jurisdicciones.

«Cobrando bien el IVA se pueden eliminar otros tributos que castigan la actividad económica», afirmó el titular de la Fundación Mediterránea. Giordano elogió la idea de unificar tributos y puso como ejemplo el caso de Brasil, donde el IVA unificado se sitúa entre 27% y 28%.

Pero alertó que «sin un mecanismo claro de distribución y consenso, el modelo argentino podría fracasar en sus objetivos».

El resultado de la reunión dará pistas sobre si es posible avanzar hacia un nuevo esquema fiscal sin romper el siempre delicado equilibrio federal.