En un movimiento reciente, Huawei Technologies ha solicitado a un juez estadounidense que desestime gran parte de la acusación federal que señala al gigante chino de las telecomunicaciones de intentar robar secretos comerciales de competidores estadounidenses y engañar a bancos sobre sus operaciones en Irán. En una presentación legal realizada el viernes por la noche en un tribunal federal de Brooklyn, Huawei argumentó que las alegaciones de conspiración carecían de fundamento y describió los cargos como resultado de la iniciativa «mal fundamentada» del Departamento de Justicia contra China, que tiene como objetivo procesar a individuos y entidades vinculadas al país asiático.

Huawei, que ha mantenido su inocencia, destacó que varios de los cargos se refieren a actividades que ocurrieron fuera de EE. UU. Además, la empresa señaló que las acusaciones de fraude bancario se basan en una teoría de fraude de «derecho a controlar», que fue desestimada por la Corte Suprema de EE. UU. en un caso diferente el año pasado. La declaración de Huawei fue contundente, afirmando: «El gobierno ha abordado a Huawei como un objetivo fiscal en busca de un delito». El juicio para este caso está programado para el 05.01.2026.

La empresa con sede en Shenzhen, que opera en más de 170 países y cuenta con aproximadamente 207.000 empleados, ha estado bajo el escrutinio de las autoridades estadounidenses. Un portavoz del fiscal federal en Brooklyn, Breon Peace, se negó a hacer comentarios el lunes. El equipo legal de Huawei no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios adicionales.

La batalla legal se remonta a 2018, año que también vio la detención en Canadá de la directora financiera de Huawei, Meng Wanzhou, hija del fundador de la empresa. Los cargos contra Meng fueron finalmente desestimados en 2022. La Iniciativa China, puesta en marcha durante la primera administración del presidente electo Donald Trump en 2018, tenía como objetivo combatir el supuesto robo de propiedad intelectual por parte de Beijing.

Sin embargo, la administración Biden puso fin al programa cuatro años después, en medio de críticas de que conducía a la discriminación racial y obstaculizaba la investigación científica.

Reuters contribuyó a este artículo.

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