A diferencia de lo que ocurrió con el sector tabacalero, donde se rechazó el lobby que quería imponer una de las empresas locales sospechada de evasión impositiva, el régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego «sobrevivió» al impacto de los cambios establecidos en la Ley Bases al régimen tributario argentino.

Las empresas ensambladoras de electrónica, que operan en la provincia, supieron jugar «sus cartas» para que diputados y senadores no tocaran y hasta eliminaran artículos que podrían haber puesto en jaque la comodidad con la cual se mueve esa industria en la actualidad.

Lo hace amparada bajo un régimen especial que las beneficia y las protege del nuevo marco normativo que impulsó el gobierno del presidente Javier Milei.

Se trata de un escenario legal de promoción industrial con vigencia hasta el 2038 y prorrogable por otros 15 años, que les permite a las empresas de la isla poder mantener sus ventajas frente a otras compañías del mismo sector pero con plantas productivas en otras provincias.

Régimen de promoción industrial: «prebendas» para pocos

De hecho, el lobby de este sector para extender la las promociones comenzó con el Gobierno del ex presidente Alberto Fernández, cuando desde la cámara que agrupa a estas firmas fueguinas, AFARTE, inició un proceso de negociación para mantener por muchos años más el statu quo alcanzado.

La entidad empresaria está conformada por empresas de capital nacional, extranjero o mixto que poseen sus plantas ensambladoras en Tierra del Fuego y que, en conjunto, generan 15.800 puestos de trabajo y tienen acuerdos de ensamble con grandes jugadores internacionales.

El régimen actual les permite disfrutar de beneficios fiscales y aduaneros y está cerrado para el ingreso de nuevas empresas y productos, aunque el Decreto nacional N° 479/95 las habilita a solicitar la sustitución de productos obsoletos por otros de mayor relevancia comercial.

De igual modo, las autoriza a sellar alianzas comerciales o comprar empresas con los beneficios promocionales vigentes, entre los cuales se destacan la liberación de pago del IVA ventas; exención de impuestos nacionales (IVA compras, Impuesto a las Ganancias); pago reducido de alícuota en Impuestos Internos (6,5%); exención de aranceles a la importación.

Estas ventajas incluyen también a la producción o ensamble de aire acondicionado; horno microondas; teléfonos celulares; monitores; televisores y equipos de audio y video.

José Luis Espert, en contra de los subsidios a Tierra del Fuego

Uno de los principales opositores a que se mantenga este régimen de subsidios a un sector industrial fue el diputado nacional, José Luis Espert, uno de los aliados más cercanos al presidente Milei, quien en su momento reclamó terminar con los beneficios impositivos que reciben las industrias de Tierra del Fuego, provincia en la que dijo se llevan a cabo «negocios truchos de manera prebendaria y corrupta».

Como ejemplo, citó a la prohibición de la cría de salmones como parte de ese lobby de las industrias locales, además de sostener que sin el régimen Tierra del Fuego tendría una industria hidrocarburífera y minera «sin la putrefacción de la promoción industrial que tiene».

Uno de los principales aspectos en los que se centró el debate sobre esta promoción, además de que beneficia a empresarios cercanos al poder como Nicolás Caputo, es que el Estado deja de recaudar cerca de u$s1.567 millones por año que el fisco no recibe al otorgarse este tratamiento impositivo.

Otra de las críticas se basa en que, a pesar de las ventajas que perciben las ensambladoras, los precios de sus productos son mucho más caros que si se importaran sin pagar retenciones o tributos.

Régimen de empresas intocable

Pero, ni la sanción de la Ley Bases pudo con este régimen especial que solo beneficia a unas pocas empresas, ya que de la nueva normativa votada en el Congreso en junio pasado se eliminaron varios artículos que ponían en riesgo tanta comodidad fiscal para pocos.

El nuevo paquete legislativo incluye 232 artículos y busca implementar reformas económicas y administrativas significativas, junto con la creación de un llamado Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), así como la privatización parcial de empresas estatales y una reforma laboral.

Además, le otorga al presidente Milei competencias extraordinarias por un año para tomar decisiones en áreas clave sin pasar por el Congreso.

Sin embargo, el régimen impositivo de Tierra del Fuego sigue siendo intocable ya que se mantendrá tal como fue negociado por AFARTE con el anterior gobierno kirchnerista, especialmente en relación a la propia promoción industrial y la exención del pago de Ganancias, cuyos artículos fueron rechazados en el Senado y e Diputados.

Un escenario muy diferente al de la industria tabacalera local que pretendía mantener sus beneficios que le servían nada más que a una sóla empresa del sector, de capital nacional, pero que venía evadiendo sus responsabilidades fiscales para hacer millonario a su dueño a costa del no pago de varios impuestos internos que el resto de las fabricantes de cigarrillos debían cumplir.

En el caso del sector industrial de Tierra del Fuego, es «el gran beneficiario» de la Ley Bases, ya que se mantuvieron los beneficios fiscales considerados clave por las industrias de la provincia, pese a las críticas.

Libertarios a favor

De hecho, hasta el gobierno nacional ha sido de alguna forma cómplice en la falta de interés parlamentario para desarticular el sub régimen industrial de la provincia en su plan de ajuste del gasto, a pesar de que proporciona grandes ventajas fiscales a la industria local.

Esto fue posible gracias a las concesiones que la administración libertaria, con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a la cabeza negoció con la oposición para la aprobación de la Ley Bases y el paquete fiscal.

En el caso del funcionario, tuvo un rotundo cambio de rumbo, ya que negoció la protección para Tierra de Fuego, pese a que en marzo pasado lo había calificado como «un sistema que beneficia a unos pocos».

En este sentido, varios de sus compañeros en el gobierno libertario pidieron en privado revisar el régimen fueguino por considerarlo «caro».

Proyectos para «cambiar» el régimen

Del mismo modo, varios partidos opositores vienen intentando modificar las reglas de juego en la provincia, como la Coalición Cívica, que presentó un proyecto para ampliar la oferta de bienes informáticos y de telecomunicaciones, tales como notebooks y teléfonos celulares, a través de la eliminación de los aranceles aplicables a su importación.

Nada de esto ocurrió y de un día para el otro, de la Ley Bases desapareció el artículo 111 del paquete fiscal, que instruía al Poder Ejecutivo a incrementar un 2% del Producto Bruto Interno (PBI) mediante la supresión de exenciones tributarias.

Este artículo, impulsado por el diputado Juan Manuel López de la Coalición Cívica, apuntaba a desmantelar los beneficios para los industriales de Tierra del Fuego.

¿Fomenta la soberanía nacional?

Pero no pudo ser. Tierra del Fuego y su sector industrial seguirán bajo la protección de un régimen diferente al que alcanza al resto del país, debido a los beneficios fiscales que permanecen intactos, a pesar de los intentos de algunos sectores de reducirlos.

Varios empresarios de la isla respiraron aliviados luego de la sanción de la Ley Bases sin los artículos que, de haber estado incluidos, hubiesen cambiado la esencia de ese régimen, argumentando que se habría provocado inseguridad jurídica y desalentado inversiones a largo plazo.

Otros ejecutivos hasta argumentaron que el régimen de Tierra del Fuego «fomenta la soberanía nacional y protege derechos adquiridos hace muchos años», además de que articula soberanía y desarrollo económico con un proyecto nacional.

Desde AFARTE defienden la comodidad que a sus empresas socias les brinda el régimen y entienden que la ampliación de la matriz productiva de Tierra del Fuego debería enfocarse en fortalecer la relación con la producción automotriz del continente; la fabricación de equipamiento médico; maquinaria agrícola; inteligencia artificial y economía del conocimiento.