Como anticipó iProfesional, el conflicto de los judiciales se profundizará esta semana ante el atraso de una mejora salarial, al tiempo que el plan de lucha hará hincapié en la vuelta del impuesto a las Ganancias, medida que fue justamente judicializada por varias organizaciones gremiales, como bancarios, marítimos y portuarios.

Después de una semana donde realizó una ruidosa manifestación y un cese de actividades, la conducción de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) convocó a un nuevo banderazo nacional para este martes y a un paro nacional por 24 horas para el viernes.

La movilización comenzará a las 10:30 en las principales dependencias judiciales de todo el país, mientras que en el caso de provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), se llevará a cabo frente al Palacio de Justicia de la Nación, ubicado en Talcahuano 550, de esta Capital. Por lo visto hasta el momento, no se espera que la protesta genere inconvenientes, ya que habitualmente no se aplica el protocolo antipiquete dispuesto por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.

Judiciales en pie de guerra: reclamo salarial y defensa de la Corte Suprema de Justicia

El secretario General del gremio, Julio Piumato, denunció que «desde noviembre pasado venimos acumulando un 25 por ciento de pérdida del poder adquisitivo, por efectos de la inflación y las bajas recomposiciones salariales que se fueron acordando», a lo que sumó la «reimplantación del impuesto al trabajo (Ganancias) y su nocividad hacia el salario de los y las trabajadoras, se consolida el disparate de despellejar el poder adquisitivo de las familias».

El dirigente solicitó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que hagan efectivo un incremento para el personal de la actividad, e intentó generar un enfrentamiento con el gobierno, al señalar que «sabemos de los esfuerzos de la Corte para recomponer el salario; sin embargo, le decimos que, como cabeza de un Poder Independiente del Estado, es inaceptable que esta pérdida de salario se siga profundizando. ¡Ya es momento de recomponer los ingresos!»

Piumato goza de buena relación con los cortesanos, tal como quedó demostrado en los conflictos desatados desde la gestión de Alberto Fernández y que continúan en la administración de Javier Milei, aunque por diferentes motivos. El ex presidente estaba enfrentado con los integrantes del Alto Tribunal (juicio político hoy desactivado), mientras que la situación actual se debe más a una cuestión presupuestaria que a diferencias entre las partes.

De cuánto es el reclamo salarial de los judiciales

El martes de la semana pasada también se realizó un banderazo mientras que el viernes último aplicaron una huelga nacional por 24 horas. Para esta semana se esperaba que el cese de tareas se extienda por 36 horas, pero el gremio prefirió repetir la modalidad de la protesta.

Piumato manifestó su profunda preocupación por los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio, que «afecta fuertemente los salarios de los trabajadores y trabajadoras de nuestra actividad» y explicó que «nuestro reclamo es del 10 por ciento para julio, para empezar a recuperar algunos puntos de la pérdida salarial que arrastramos desde diciembre, gracias al modelo de ajuste que viene imponiendo el Gobierno».

Trascendió que la Corte reclamó a la jefatura de Gabinete un incremento de las partidas para otorgar un aumento del 3,5 por ciento para julio y un 3 por ciento para agosto, cifras que desde el gremio consideraron «inaceptables y miserables».

Cuestionamientos al gobierno por la reforma laboral

Piumato planteó que «a nadie le escapa de la consideración del ahogo presupuestario y salarial que implica este ajuste del Gobierno, ni de los esfuerzos de la Corte Suprema por cumplir su compromiso estratégico -vigente desde hace ya 14 años- con el gremio de sostener el nivel salarial (es decir, no perder contra la inflación), pero lo que vivimos desde diciembre no sabemos hasta cuándo va a seguir afectando nuestros salarios».

Remarcó que «los y las judiciales no rifaremos nuestra dignidad como trabajadores y trabajadoras ni ninguno de los derechos consagrados en nuestro país a lo largo de nuestra historia», y planteó que «este gobierno está avanzando contra los derechos adquiridos de la clase trabajadora, con la intención de llevarse puesta la legislación laboral, licuando los ingresos de los jubilados, poniendo techo a las paritarias y liquidando los ahorros de miles de argentinos».