Endeudamiento, complicaciones comerciales internas y externas, alza de costos operativos, afectaciones climáticas, oscilación del tipo de cambio. La combinación de estos factores, sumado a un escenario cambiante a partir de las decisiones económicas y financieras que viene tomando el gobierno de Javier Milei, mantiene en jaque a un pelotón de compañías de la agroindustria que, en más de un caso signadas por un rojo operativo arrastrado por varios años, en las últimas semanas entraron en un tobogán crítico marcado por los concursos de acreedores y el pedido de procedimientos preventivos de crisis.

Los casos de SanCor, Los Grobo Agropecuaria y Agrofina, Surcos y Granja Tres Arroyos, dan cuenta de un momento por demás de complejo para las alimenticias, que deberán realinear o modificar sus estrategias a partir de los cambios que exhibe la macroeconomía y la evolución de la demanda comercial doméstica y global.

Una de las situaciones que más impacta es la de SanCor a partir de su rol de unión de cooperativas y el valor simbólico de la marca. Durante la mañana del lunes, la firma se presentó a concurso preventivo de acreedores y su continuidad operativa queda en entredicho.

Vale mencionar que la compañía viene de paralizar la actividad en dos de sus instalaciones en la provincia de Córdoba. En el seno de la láctea se debate la posibilidad de abandonar el esquema de cooperativa que ha sido un distintivo de SanCor desde su fundación para, de esa forma, habilitar la adquisición por parte de un privado.

SanCor y Los Grobo, en concurso de acreedores

En concreto, la láctea dio cuenta de la presentación a concurso de acreedores vía un comunicado, en el que expuso su intención de buscar soluciones a su crisis comercial y financiera.

«… antes de avanzar con cualquier iniciativa concreta, la Cooperativa debe resolver los problemas derivados de sus deudas y otras circunstancias que podrían frustrar futuras negociaciones. En este contexto, y con el objetivo de ofrecer una solución a todos los interesados, SanCor decidió dar este paso judicial», informó la unión de cooperativas a través de un comunicado en el que, además, reconoció que arrastra una crisis desde 2017.

La empresa acumula una deuda financiera superior a los 400 millones de dólares. Al mismo tiempo, SanCor lleva meses sin abonar los servicios básicos y esa situación redundó en la decisión de uno de sus proveedores de electricidad de interrumpir el suministro.

El corte rige para la planta de Balnearia, en territorio cordobés, donde la compañía fabricaba quesos semiduros como el fontina, el dambo y el pategrás. La cooperativa a cargo de la prestación incluso retiró el medidor asignado a SanCor.

A la par de este cambio de status de la láctea, Los Grobo Agropecuaria y su controlada Agrofina, dedicada a la comercialización de plaguicidas, emitieron un comunicado también durante la jornada del lunes informando que solicitaron la apertura del concurso preventivo «para posibilitar la continuación del negocio y el mantenimiento de la fuente de trabajo».

Según se indicó, la deuda total de ambas compañías se ubica muy cerca de los 210 millones de dólares. A mediados de enero, tan sólo Los Grobo Agropecuaria ostentaba documentos rebotados por falta de fondos por un monto en torno a los $1.370 millones, mientras que su productora de plaguicidas acumuló $450 millones por igual concepto.

El contexto de números en rojo que mostró la agroindustria en el último año, combinado con la quietud del tipo de cambio pero con un alza del peso, y la variable climática marcada por la sequía, son mencionados por la firma como las variables que no han dejado de agravar la situación financiera de Los Grobo.

Surcos y Campo de Avanzada, otras firmas del agro que operan en rojo

También el lunes fue el día elegido por Surcos, otra compañía del nicho de los pesticidas, para pedir la apertura de un concurso preventivo de acreedores. La firma informó que avanzará a esa instancia con el fin de «lograr la sustentabilidad» de su deuda «tanto en términos de volumen como de costo y, de este modo, continuar con las operaciones».

Surcos posee una deuda del orden de los u$s73 millones y viene de incumplir el pago de un pagaré por 500.000 dólares. Por estos días, la empresa es objeto de un embargo por $21.6 millones iniciado por la financiera Finlatina SA. Surcos suma cheques rechazados por un monto cercano a los 300 millones de pesos.

Al momento de explicar el momento crítico que atraviesa la compañía, desde Surcos se indicó que en el último año su venta de pesticidas decayó más del 30% por efecto de variables como la ya mencionada sequía y un «cambio de hábitos de compra de los productores», cada vez más receptivos a la utilización de bioinsumos.

Otra firma del agronegocio que tambalea es Campo de Avanzada, con sede en Córdoba pero base operativa en Entre Ríos donde explota más de 7.600 hectáreas con foco en la siembra y cosecha de maíz.

La situación económica de la firma comenzó a tambalear a mediados del año pasado, con declaración de concurso preventivo incluida, pero no fue hasta esta semana que informó su decisión de no abonar el último pago de capital e intereses de la Obligación Negociable (ON Pyme) lanzada en enero de 2022.

En este inicio de año, Campo de Avanzada suma 205 cheques rechazados por un monto superior a los $1.150 millones, y una deuda acumulada con el sistema financiero del orden de los 2.267 millones de pesos.

Al momento de explicar el porqué de este presente en rojo, desde la firma se mencionaron aspectos como la sequía de las tres últimas campañas, la aparición de plagas –en concreto, la «chicharrita»–, y una suba de costos que impacta en los números de cultivo del maíz.

Granja Tres Arroyos, un «peso pesado» también en situación complicada

Otra alimenticia que entró en una instancia de crisis grave es Granja Tres Arroyos, un auténtico «peso pesado» de la industria avícola de la Argentina.

La semana pasada, la compañía cesanteó a más de 70 trabajadores de sus instalaciones en Concepción del Uruguay, en la provincia de Entre Ríos. Como expuso iProfesional, la decisión derivó en la intervención del Ministerio de Capital Humano, que a través de la Secretaría de Trabajo estableció una conciliación obligatoria.

La medida en cuestión, señalan fuentes del rubro avícola, dispuso la reincorporación de los despedidos aunque, se reconoce en ese sector, la vigencia de la conciliación obligatoria no se extendería por más de 15 días y la compañía volvería con los recortes de personal.

Granja Tres Arroyos pidió un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) en diciembre pasado y ya en ese momento «blanqueó» que podría suprimir hasta 700 puestos de trabajo, además de aplicar una reducción salarial.

Respecto de las causas que colocaron a la firma en este escenario crítico, conviene señalar que Granja Tres Arroyos atraviesa serios problemas financieros derivados de la suba de sus costos operativos y el cierre de las exportaciones a China por efecto del último brote de gripe aviar que afectó a los pollos y gallinas de la Argentina.