ECONOMIA
La Ley ómnibus vuelve con la fórmula jubilatoria, menos emergencias públicas y sin el protocolo Bullrich
Luego de la fallida votación de la Ley de Bases en la Cámara de Diputados, y en el marco de las conversaciones hacia el Pacto del 25 Mayo, la Casa Rosada circuló entre gobernadores y jefes de bloques dos borradores de proyectos de ley con los que buscará insistir en las reformas que planea y requieren aprobación del Congreso.
Uno es el que tiene que ver con la cuestión fiscal, e incluye la restitución del impuesto a las Ganancias, un blanqueo y cambios en el régimen de monotributo, mientras que el otro se trata de una reversión de la Ley ómnibus.
Tras un primer vistazo general, fuentes de uno de los bloques dialoguistas que colaboraron con el oficialismo en la aprobación en general del proyecto -se cayó en la votación en particular- vieron como «positivo» que el nuevo borrador «recoge el trabajo ya hecho en el Congreso, y una buena parte de los artículos son el texto último que se había llegado a consensuar».
Menos emergencias e insistencia con los fondos fiduciarios
La nueva Ley ómnibus, de 269 artículos, plantea la emergencia pública solamente en 4 materias: administrativa, económica, financiera y energética. Esto significa menos de la mitad de las originalmente previstas. En el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo en diciembre había 11, mientras que en el debate parlamentario durante el verano habían quedado 9.
La emergencia sería por el plazo de un año y se introduce que el Gobierno deberá informar «mensualmente y en forma detallada al Honorable Congreso de la Nación acerca del ejercicio de las facultades delegadas y los resultados obtenidos».
Algo con lo que el Ejecutivo buscará insistir es con la facultad para «modificar, transformar, unificar, disolver, liquidar o cancelar los fondos fiduciarios públicos», tema que había generado controversia. Esta vez no aparece como inciso, sino como un artículo.
La nueva Ley ómnibus llega en el marco de los acuerdos para el Pacto de Mayo
En cuanto a las privatizaciones, se propone declarar «sujetas a privatización» a Aerolíneas Argentinas, Energía Argentina, Radio y Televisión Argentina; mientras que con un esquema mixto de privatización/concesión aparecen AySA, Correo Oficial, Belgrano Cargas y Logística, Sociedad Operadora Ferroviaria, Corredores Viales y YCRT.
En tanto, Nucleoeléctrica Argentina, el Banco de la Nación y Empresa Argentina de Soluciones Satelitales «solo podrán ser privatizadas parcialmente debiendo el Estado Nacional mantener la participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias».
Nueva fórmula de movilidad jubilatoria
En el nuevo texto se incluye la propuesta del Gobierno sobre una nueva fórmula jubilatoria, que establece que los haberes previsionales se actualizarán mensualmente por inflación. Y que la primera actualización «se hará efectiva a partir del 1° de abril de 2024» con un 10% de plus.
«En el caso de que la fecha de entrada en vigencia de la presente ley sea posterior al 1° de abril de 2024, el pago de las sumas resultantes será cancelado conforme el cronograma que determine la ANSeS«, agrega.
La propuesta de fórmula de movilidad, tema que comenzará a ser debatido particularmente en los próximos días en comisiones de la Cámara de Diputados, guarda una diferencia sustancial con la postura que tienen algunos bloques de la oposición dialoguista, quienes quieren que haya una compensación por la inflación de enero, que fue del 20,6%.
Protocolo Bullrich, afuera de la Ley ómnibus
El capítulo sobre el protocolo Bullrich no aparece en el nuevo borrador de la Ley ómnibus
Al eliminarse la emergencia en seguridad, el capítulo referido a la «organización de las manifestaciones», más conocido como protocolo Bullrich, sobre protestas sociales, no aparece en el nuevo borrador de la Ley ómnibus.
Tampoco figura el capítulo de cultura (que avanzaba sobre el INCAA y otros organismos) y las modificaciones en las leyes de Bosques, Quema y Glaciares. No obstante, se mantiene el artículo por el cual se busca facultar al Ejecutivo «a elaborar, con el acuerdo de las provincias, una legislación ambiental armonizada a los fines del cumplimiento del artículo 23 de la Ley N° 27.007 (Hidrocarburos), la que tendrá como objetivo prioritario aplicar las mejores prácticas internacionales de gestión ambiental a las tareas de exploración, explotación y/o transporte de hidrocarburos a fin de lograr el desarrollo de la actividad con un adecuado cuidado del ambiente».
Aunque la derogación de la Ley del Libro, por ejemplo, no figura en esta nueva versión, el artículo 71 del texto difundido por el Gobierno plantea, en cuanto a la desregulación económica, que se lo faculte para «disponer la derogación o modificación de regulaciones sobre la actividad económica privada que importen un incremento de sus costos, limiten el ejercicio de la autonomía de la voluntad o provoquen la escasez de bienes y servicios sin justificación de interés público suficiente. Ello, con el objeto de facilitar la mayor eficiencia y eficacia en el ámbito alcanzado por la regulación de que se trate. El Poder Ejecutivo deberá justificar estos extremos de forma suficiente».
Algunos de los temas que se mantienen son los referidos a la promoción del empleo registrado; modificaciones a la Ley de Hidrocarburos y la Ley Gas Natural; y la creación de un Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
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ECONOMIA
Esta es la cantidad de años que hay que trabajar para comprar un departamento en Buenos Aires
Para comprender a ciencia cierta cuántos años de trabajo o sueldos requiere una persona para comprar un departamento en Buenos Aires es necesario, primero, mensurar distintos factores que influyen en el logro de ese gran desafío. Sin un análisis exhaustivo, resulta enrevesado poder medir con certeza lo que verdaderamente implica cumplir esa «proeza» en un contexto tan cambiante.
Inicialmente, las variables fundamentales son ingresos y valores de los inmuebles: por ejemplo, «se toma el precio promedio de cierre de un departamento de 60 m2 usado en la Ciudad de Buenos Aires y el último dato de ingreso registrado por RIPTE al tipo de cambio MEP y así se establece el indicador«, explica José Rozados, de Reporte Inmobiliario.
A puro guarismo, la capacidad de compra de metros cuadrados para un asalariado promedio ha mostrado una marcada evolución en los últimos 24 años, reflejando los altibajos económicos del país.
Para un departamento de 30 m2 se necesitan 7 años de trabajo
En principio, el cuadro actual de precios es «sumamente atractivo para aquellos que tengan la decisión tomada y cuenten o bien con los fondos o bien con la posibilidad de acceder, con su ingreso, a un crédito hipotecario», pormenoriza Rozados.
Además, la brecha entre ingresos y el valor del m2 se redujo notablemente y hasta «mejoró con respecto al año pasado: actualmente, demanda la mitad de años de ingresos promedio que en 2024». Y más si se considera que «pueden sumarse ingresos para la compra de vivienda en la mayoría de las entidades que hoy ofrecen créditos hipotecarios».
Según un informe elaborado por Daniel Bryn, analista del negocio inmobiliario de Zipcode, especialmente para iProfesional, tomando como referencia el sueldo de un administrativo categoría F con 5 años de antigüedad en la escala salarial de Empleados de Comercio, el panorama es el siguiente.
Recuperación reciente mediante, «un asalariado promedio puede adquirir cerca de 0,33 m2 por mes, lo que implica que para comprar un departamento de 30 m2 necesitaría el equivalente 7 años de ingresos completos«, especifica Bryn. Esta mejora relativa se debe a «precios de inmuebles más accesibles en dólares y ajustes salariales que, aunque insuficientes, han permitido una leve recuperación en el poder adquisitivo», sostiene.
Y aunque en este año se observó una mejoría respecto a los peores momentos de 2019-2020, la capacidad de compra de metros cuadrados terminados en Argentina «sigue siendo un desafío para el asalariado promedio», suma Bryn.
Otros cálculos aparte, considerando el precio promedio de concreción de un departamento usado en la Ciudad de Buenos Aires Rozados estima que «habría que destinar el total de 10 años de ingresos como para llegar al monto de venta del inmueble».
También se llegó al mismo resultado a través del siguiente procedimiento: tomando el valor de u$s1.998 del m2 correspondiente al precio por m2 promedio efectivamente pagado registrado por el índice Remax-Ucema-Reporte Inmobiliario durante octubre último, un departamento de 60 m2 alcanzaría los u$s119.880. Y al cruzar este dato con la remuneración promedio de los trabajadores registrados del sector privado para septiembre pasado, según cotización MEP, «el esfuerzo salarial se ubicaría actualmente en los 10 años de ingresos».
El mejor período en cuanto a acceso a la vivienda en la Argentina se refiere a la década comprendida entre 2001 y 2011, cuando la capacidad de compra era relativamente alta, de acuerdo con el análisis de Zipcode.
Favorecido por estabilidad económica y precios accesibles en dólares, en esos años, un asalariado podía adquirir cerca de 2 m2 por mes, con menos de 12 años necesarios para comprar un departamento de 30 m2.
No obstante, el binomio 2018-2020 fue un punto de inflexión. Pues en 2019 se alcanzó un récord negativo: se necesitaban más de 8 años de sueldos completos para adquirir un solo m2 debido a la abrupta devaluación y el aumento de precios dolarizados.
¿Más inquilinos o propietarios?
La distribución de la tenencia de inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires muestra una transformación significativa en casi las últimas dos décadas, de acuerdo con el informe. Según expertos consultados, el aumento en la cantidad de inquilinos frente a propietarios pone de manifiesto cómo los cambios macroeconómicos y del mercado inmobiliario afectan directamente a los habitantes de CABA.
Entre 2003 y 2022 se evidencia un cambio profundo en la relación entre propietarios e inquilinos, una transformación que no solo refleja las tensiones económicas, sino también las complejas dinámicas del mercado inmobiliario. En concreto, en 2003, el 65% de las viviendas en CABA pertenecían a propietarios. Este porcentaje fue disminuyendo de manera sostenida, alcanzando el 54% en 2022.
«Esto sugiere una creciente dificultad para acceder a la vivienda propia, impulsada por factores como el aumento del valor del metro cuadrado, la inflación y la pérdida de poder adquisitivo», apunta el analista de negocios.
En ese mismo año, solo el 24% de los habitantes eran inquilinos, una cifra que parece casi remota en retrospectiva. Sin embargo, con el paso del tiempo, este porcentaje creció de forma constante, alcanzando el 36% en 2022. Los motivos de este crecimiento también responden al encarecimiento de las propiedades en dólares, combinado con un mercado de créditos hipotecarios prácticamente inexistente en los últimos años.
Un porcentaje menor, que pasó del 10% en 2003 al 12% en 2022, se encuentra en otras formas de tenencia, como viviendas compartidas o alquileres temporarios. Este incremento refleja nuevas dinámicas de mercado, impulsadas por el turismo y los cambios en las necesidades habitacionales.
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