Uno de los objetivos que tiene en la mira el Gobierno nacional es la reforma laboral. Se trata de uno de los temas más relevantes para Javier Milei para este año, además de ser uno de los más polémicos por la tensión que puede generar con la CGT y los trabajadores en general.

También esta modificación es una de las condiciones estructurales que impuso el Fondo Monetario Internacional (FMI) a la Argentina en el último acuerdo firmado en abril. Incluye reformas laboral, impositiva y previsional y un nuevo esquema de coparticipación.

El organismo puso como condición que se implementen una serie de flexibilizaciones para negociar salarios y simplificar los vínculos entre las empresas y sus trabajadores. A su vez, aclara que esto debe estar acompañado de cambios impositivos para eliminar las barreras entre los trabajadores informales y formales.

En un informe, el Fondo sostuvo la necesidad de una reforma laboral integral «para fomentar la competencia y el empleo formal» del país.

En este contexto, el oficialismo tiene en carpeta en el Congreso un proyecto que busca para modificar, entre otras cuestiones, la ley de contrato de trabajo. Uno de los datos que sustenta este debate tiene que ver con la infomalidad laboral: según el INDEC, el 42% de los trabajadores no está registrado.

Reforma laboral: el cambio crucial en el sueldo que quiere introducir el Gobierno

Sobre este tema, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, acaba de plantear algunas de las cuestiones que le interesa establecer al Ejecutivo.

Puso el foco sobre la «rigidez laboral» que existe en el país y comparó la situación con otros países como Alemania. Así, deslizó que se debería modificar la negociación del sueldo, tomando como parámetros las regiones y la productividad.

«Argentina tiene un arreglo salarial que es el mismo para todo el territorio nacional y eso le impone al mercado laboral una rigidez que no permite ni siquiera tomar en cuenta las condiciones regionales o de productividad», dijo en una reunión ante empresarios.

El  funcionario comparó a la Argentina con Alemania, que tiene negociaciones salariales que son regionales. De este modo, dejó en claro que «en algún momento esta rigidez la tendremos que plantear», y habló de la reforma laboral que está frenada por la justicia.

«Argentina tiene negociaciones salariales que son sectoriales nacionales. Alemania tiene negociaciones salariales que son regionales. Otro país que tiene el mismo sistema que Argentina es Italia», explicó el funcionario. 

En este sentido, el Gobierno pondría bajo análisis los actuales convenios colectivos de trabajo. 

Reforma laboral: las modificaciones en la Ley de Contrato de Trabajo

El proyecto que el oficialismo presentó en la Cámara Baja en marzo estuvo a cargo de la diputada nacional de La Libertad Avanza, Romina Diez, y lo hizo junto con otros 14 colegas del mismo bloque, entre quienes están José Luis Espert y Gabriel Bornoroni, jefe del bloque oficialista.

La modificación a la Ley de Contrato de Trabajo que se propone en el proyecto de ley representa una medida para actualizar una norma que cuenta con muchos años.

Entre los puntos destacados, se incluye:

1. Establecer un plazo de 30 días para que los empleados impugnen las sanciones que les son impuestas. Pasado dicho plazo, serán consideradas consentidas por el trabajador.

2. Incorporar algunos beneficios sociales al listado existente en el art. 103 bis, como por ejemplo, gimnasio, cuota de clubes, celulares o acceso a internet para el trabajador o su familia. Sobre esto no se pagan aportes y contribuciones a la seguridad social.

3. Determinar cuáles son los requisitos que deben contener los recibos de haberes.

4. Tener la posibilidad de homologar el cambio de condiciones de trabajo, sometidas ellas al control de la autoridad administrativa del trabajo (Ministerio o Secretaría, según la jurisdicción en la cual se lleve adelante). Esto permite que no se aleguen luego planteos de que las modificaciones fueron impuestas por parte de las empresas.

5. Establecer la obligación de guardar los recibos de haberes por el período de prescripción de los créditos salariales.

6. Habilitar a que los empleados puedan gozar de las vacaciones de manera fraccionada, algo que en los hechos ya se venía realizando, para poder particionar el período de descanso anual en diversos momentos del año, fijando un mínimo de 7 días para su goce.

Para el caso de matrimonios que desarrollen tareas en un mismo establecimiento, se dispone que el empleador otorgue las vacaciones en el mismo período.

7. En materia de pago de enfermedades inculpables, recepta posiciones de la Justicia en aspectos que generan dudas.

Establece que para el caso de salarios integrados con comisiones variables se deberá liquidar de acuerdo al promedio de lo percibido en el último semestre no pudiendo, en ningún caso, la remuneración del trabajador enfermo o accidentado ser inferior a la que hubiese percibido de no haberse operado el impedimento, debiendo incluirse en el cómputo las remuneraciones variables.

8. Prever que las indemnizaciones que hubiera percibido un empleado que hubiera reingresado a prestar tareas para el mismo empleado sea actualizada al momento del pago de una nueva indemnización.

9. Establecer que los créditos laborales devengarán un interés equivalente al IPC más 3%, lo que recepta la postura que hoy representa la mayoría de las Salas que integran la Cámara de Apelaciones del Trabajo en Buenos Aires y ofrece un tratamiento igualitario con lo que sucede en otras provincias donde las tasas de actualización muchas veces son más altas.

10. Establecer que, en los casos de condenas en procesos judiciales, las Micro, Pequeñas y Medianas empresas podrán acogerse al pago total de la misma en hasta un máximo de 12 cuotas mensuales consecutivas, las que serán ajustadas por la tasa de interés que la ley prevé.

El avance de este proyecto puede abrir un nuevo frente de conflicto entre el Gobierno y los sindicatos, con una CGT que está atenta porque considera que esta reforma va a dejar de lado derechos laborales fundamentales.

Casi a nivel global, la inflación y la incertidumbre económica empujan a millones de personas a buscar destinos más baratos para residir. Ahí, Paraguay emerge como el país más barato de Sudamérica para vivir con los alquileres y alimentos más accesibles de la región.

Con un índice de costo de vida de 23,02 -según Numbeo- el país vecino se posiciona como un oasis económico a diferencia de Argentina, que enfrenta un costo de vida significativamente mayor, con un índice de 35,75 que la ubica en el octavo lugar regional.

Alimentos: el supermercado, un reflejo de la brecha económica

Según un estudio de la Fundación Ecosur, publicado el abril pasado, el costo mensual de una canasta básica alimentaria para una familia tipo de cuatro personas (dos adultos y dos niños) en Paraguay asciende a G. 2.726.520 (u$s342, al tipo de cambio de G. 7.960 por dólar). En tanto, el mismo relevamiento realizado en supermercados de Argentina, estima un gasto de $1.100.000 (u$s956, al tipo de cambio oficial de $1.150 por dólar), es decir, más del 179% de diferencia. Apenas estas dos cifras comparativas demuestran que el gasto en alimentos es uno de los indicadores más claros de las diferencias entre estos dos países.

En Paraguay, los precios estudiados en las cadenas de supermercados más recurridas muestran que los productos como carne, lecha, pan, frutas y verduras son notablemente más baratos que en Argentina. Por ejemplo, un kilo de carne vacuna, en Asunción, cuesta en promedio G. 48.000 (u$s6), mientras que en Buenos Aires ese mismo corte asciende los $8.000 (u$s6,9).

De la misma forma, un litro de leche en Paraguay está, aproximadamente, unos G. 7.000 (u$s0,88), frente a $1.500 (u$s1,3) en Argentina, según datos de Numbeo actualizados a mayo de 2025. Estas diferencias se explican por la baja inflación paraguaya, alrededor del 4% anual, mientras que Argentina tiene índices similares en solo dos meses.

Para ser más precisos, en Argentina, la inflación, que alcanzó el 117,8% anual en 2024, encarece los alimentos de una manera constante. Pese a que el país sigue siendo más competitivo y accesible frente a Uruguay -donde la canasta básica cuesta u$s646-, el impacto en el poder adquisitivo es evidente. Más aún si se compara con el salario mínimo donde el paraguayo, de G. 2.798.309 (u$s351), cubre prácticamente el total de la canasta básica, permitiendo a las familias saciar sus necesidades alimentarias con mayor comodidad. En contraste, el salario mínimo argentino, de $300.000 (u$s260), representa menos de la mitad del costo de la canasta básica.

Alquileres: viviendas accesibles en Paraguay, un lujo en Argentina

El mercado inmobiliario es otro terreno donde Paraguay brilla como el destino más económico de Sudamérica. Según Numbeo, el índice de alquiler en Paraguay es de 8,60, el más bajo de la región; mientras que Argentina registra un índice de 10,50, reflejando un mercado más costoso, especialmente en áreas urbanas. En Asunción, alquilar un modesto departamento de un dormitorio cuesta entre G. 2.400.000 y G. 3.200.000 (u$s300-400), y en zonas periféricas los precios caen a G. 1.440.000. 1.920.000 (u$s180-240). En Ciudad del Este, los valores son parecidos, con opciones de monoambientes desde G. 2.000.000 (u$s250).

Pero en Argentina el panorama cambia rotundamente exponiendo unos precios más elevados, especialmente en el territorio porteño, donde un departamento monoambiente cuesta entre $400.000 y $600.000 (347-521 dólares).

En el interior, como en Córdoba o Catamarca, un departamento de dos ambientes (50-60 m²) puede costar entre $200.000 y $300.000 (u$s173-260), según estimaciones basadas en datos de la Federación Inmobiliaria de la República Argentina ajustados por inflación. Sin embargo, la presión inflacionaria y la alta demanda en centros urbanos hacen que los alquileres sean poco accesibles, especialmente para trabajadores de ingresos bajos.y

Y para aquellas familias numerosas, la situación se torna aún más compleja: una casa en una zona cara de Asunción, como el barrio Villa Morra, sale alrededor de G. 3.200.000 (u$s400). En Buenos Aires, un inmueble similar en Palermo o Recoleta supera los $600.000 (u$s521), y en zonas más céntricas puede alcanzar los u$s800.

Esta brecha se debe a un mercado inmobiliario paraguayo menos saturado, con una oferta abundante y costos fijos estables, frente a un mercado donde la inflación y la especulación inmobiliaria elevan los precios. Esto mismo genera que en Paraguay, los contratos de alquiler sean más flexibles, con ajustes anuales moderados, mientras que en Argentina los aumentos trimestrales o semestrales, atados a índices inflacionarios, encarecen rápidamente las locaciones.

Más allá de los números, no puede ignorarse que el costo de vida en Paraguay y Argentina está profundamente influenciado por sus contextos económicos. El país guaraní disfruta de una estabilidad macroeconómica envidiable, con una inflación baja y un tipo de cambio estable (G. 8.000 por dólar en mayo). Esto permite que los precios de alimentos y alquileres se mantengan accesibles, incluso para expatriados que perciben ingresos en monedas fuertes.

Argentina, por su parte, enfrenta un panorama más complejo: la inflación crónica, combinada con una devaluación constante del peso, encarece los bienes en dólares, especialmente los alimentos. Aunque el poder adquisitivo local es ligeramente superior al de Paraguay, la erosión del salario real reduce la capacidad de las familias para cubrir necesidades básicas. Los servicios públicos, aunque más baratos que en otros países de la región, no compensan el impacto de los altos costos de alimentarse y alquilar.

Son días de mucha confusión en el mercado financiero, sobre todo por los movimientos bruscos en los contratos del dólar futuro -que, a su vez, incide sobre el tipo de cambio-: tras la jornada del miércoles en el que todos se sorprendieron por el desplome de las cotizaciones, este jueves volvió a verse un rebote.

Así, las posturas a diciembre, que el miércoles habían caído a $1.240, subieron en un día a $1.260. En ambos casos, supone una previsión de un cambio muy estable y lejos del techo de la banda de flotación. Para tener una referencia de lo que implica ese desinfle de expectativas, a principios de abril, cuando reinaba la incertidumbre sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el contrato a diciembre había superado los $1.460, lo que marcaba una expectativa de devaluación brusca.

En el nuevo régimen de flotación, de acuerdo con el cronograma previsto, el techo de la banda cambiaria para diciembre estará en torno de $1.515. Esto implica que alguien en el mercado de futuros está dispuesto a correr el riesgo de perder dinero si la brecha entre la cotización y el techo de ese momento es inferior al 20%.

¿Quién es ese alguien? La respuesta a esa pregunta es, por estas horas, el deporte preferido de la city financiera. La mayoría cree que fue el Banco Central, aun cuando públicamente se comprometió a no intervenir en ese mercado -y así se lo aseguró al propio FMI-, dado que el volumen récord de u$s4.300 millones resulta demasiado alto como para pensar que pueda haber surgido por parte de los operadores privados.

Sin embargo, hay quienes no descartan otras vías de intervención indirecta, ya sea del propio sector público o mediante «manos amigas», en un contexto de abundancia estacional de divisas.

En todo caso, lo que el mercado interpretó es que el Gobierno quiere dar una señal fuerte al mercado en el sentido de que mantendrá su compromiso con el «ancla cambiaria» como pilar de su plan económico. De esta manera, se fortalece la expectativa de que el dólar estable se prolongue incluso después de la fecha clave de octubre, cuando se realizarán las elecciones legislativas.

Dólar en baja: ¿quién vendió?

Lo cierto es que lo ocurrido en el mercado de futuros es centro de polémica, porque hay quienes asimilan la intervención oficial con una práctica ilícita. Y, de hecho, cuando en los últimos meses se «acusó» al BCRA de haber concretado posturas vendedoras, negó que hubiera tenido alguna intervención.

En realidad, no es que haya una prohibición para que el BCRA ponga contratos en ese mercado, pero muchos analistas creen que ese instrumento quedó «quemado» tras los juicios que se le hicieron a Alejandro Vanoli y a Axel Kicillof, respectivamente ex titular del BCRA y ex ministro de economía en 2015 -además de la propia Cristina Kirchner- cuando se llegó a un nivel récord de posturas que, cuando finalmente se devaluó, tuvieron un costo de u$s5.400 millones para el Estado.

Aunque finalmente la sentencia dictaminó la inocencia de los imputados, por entender que no se había incurrido en una conducta que deliberadamente dañara el patrimonio del BCRA y que esa intervención en futuros era una decisión que está dentro de las potestades de los funcionarios, igualmente quedó un remanente de rechazo. En caso de que, efectivamente, ocurra una devaluación, el BCRA tendrá que pagarles a quienes compraron contratos, por un monto en pesos equivalente a la diferencia entre el tipo de cambio vigente y el que se había «asegurado» y ante esas situaciones aparecen las acusaciones de índole político.

Carry trade recargado: cómo es la maniobra

Pero, más allá de la polémica sobre quién y cómo planchó al dólar futuro, lo que importa es la consecuencia de esta situación: permite la recreación de una de las prácticas preferidas por los inversores más sofisticados. Se trata de la llamada «tasa sintética», que permite simultáneamente hacer una alta tasa en pesos y cubrirse de una eventual devaluación.

La operatoria consiste en vender dólares y colocarse en pesos para aprovechar la tasa de títulos públicos -las Lecap, por ejemplo-, y en simultáneo comprar un contrato de dólar futuro para asegurarse un tipo de cambio. En otras palabras, lo que se gana por comprar el título público es mucho más que lo que cuesta ese «seguro» contra la devaluación.

Hablando en plata, si alguien se aseguró el miércoles un dólar de $1.240 para diciembre, significa que lo peor que le podría pasar es que el tipo de cambio se ubicara en ese momento se ubique sobre el techo de la banda. Es decir que tendría una pérdida, por diferencia cambiaria, en torno de 20%. Pero si al mismo tiempo compró un bono que le dejará una tasa de 38% efectiva anual, aun en el peor de los escenarios tiene una ganancia asegurada.

No es la primera vez que ocurre esta situación, por cierto. Ya se había producido a fines del año pasado, y ese fue el momento en el que el BCRA logró comprar su mayor volumen de dólares, porque a los importadores que tomaran deuda en dólares con los bancos, les convenía postergar la cancelación y quedarse en pesos para hacer esa ganancia financiera en vez de reclamarle las divisas al Central.

Y para los exportadores ocurre algo similar: en vez de ir corriendo al mercado paralelo para convertir sus pesos en divisas, también es preferible hacer una ganancia mediante esa cobertura financiera.

En otras palabras, Toto Caputo había generado una situación en la cual los importadores tenían un desincentivo a pedir divisas, mientras que los exportadores tenian un incentivo a venderlas lo antes posible en el mercado oficial.

Cómo conseguir dólares sin comprar

Con esos antecedentes, el debate que se está dando hoy en el mercado es si esa estrategia puede recrearse y, de esa manera, lograr el objetivo de que el Banco Central sume reservas aun cuando no intervenga con compras directas en el mercado.

Quienes elogian la estrategia oficial -asumiendo que fue el gobierno el que aplastó la curva de futuros- elogian el hecho de que, al influir sobre las tasas de interés, se genera una posibilidad de ingreso de dólares sin que la entidad dirigida por Santiago Bausili emita pesos.

Se está hablando incluso de la posibilidad de que el BCRA o el propio Tesoro emita un nuevo título nominado en pesos, con el objetivo de que ayude a la acumulación de reservas.

Es algo que está en línea con la postura que ha defendido Federico Furiase, el ideólogo de la política monetaria oficial, quien sostiene que si el Central BCRA se pusiera a comprar dólares ahora, estaría inyectando pesos que no necesariamente son demandados por la economía, y por lo tanto pondría en riesgo la política anti inflacionaria.

Es también por eso que Furiase le resta gravedad al hecho de que, en las últimas licitaciones, el Tesoro no haya logrado el «rolleo» de la deuda que vence. El argumento es que si un banco prefiere recuperar liquidez antes que cambiar un bono viejo por un bono nuevo, es porque necesita los pesos para darles crédito a sus clientes. Es decir, un aumento en la monetización de la economía por motivos genuinos y no forzado por el BCRA.

Carry trade: ¿un seguro de devaluación regalado?

Los críticos, en cambio, señalan el hecho de que la política actual supone la recreación de un «carry trade» que no será sostenible en el tiempo, porque dependerá de un retraso cambiario incompatible con una economía en crecimiento.

Y, además, apuntan que al intervenir en el mercado de futuros, están de hecho ofreciéndoles un «seguro de devaluación» a un precio anormalmente barato a quienes busquen ganancias rápidas con la especulación financiera.

Este argumento crítico está reforzado por la reciente disposición del BCRA que liberó la entrada y salida de capitales, y establece como única condición una estadía mínima de seis meses en la plaza financiera local -en ese sentido, el bajón de las cotizaciones en el mercado de futuros supone un incentivo extra para el ingreso de inversores del exterior-

En todo caso, la duda que sigue sin ser despejada es si con esta estrategia se logrará una meta que no parece fácil: aumentar las reservas del BCRA en u$s4.400 millones antes de julio, sin comprar dólares en el mercado hasta que el tipo de cambio no toque el «piso» de la banda de flotación -algo que, según la mayoría de los economistas, podría no ocurrir nunca-.