«No hay confianza con la Casa Rosada» coinciden en tres de las capitales provinciales más importantes del país acerca de las promesas que realiza el ministro de Interior, Guillermo Francos, el rostro amable de la administración de Javier Milei, de reunir a los gobernadores para discutir un nuevo pacto fiscal tras la sanción de la norma en Diputados o, lo que es lo mismo, como se van a repartir los recursos que la administración central recauda y que las provincias necesitan como el agua para sus desérticas cajas provinciales.

En Santa Fe, explican que «no se puede hacer política sólo con el recurso del palo y la zanahoria», afirma un asesor del gobernador, Maximiliano Pullaro refiriéndose al método utilizado para que un burro se mueva. «Necesitás colgar una zanahoria por delante del hocico y un palo golpeando su lomo por detrás».

La zanahoria que utiliza Milei «es un nuevo reparto de los ingresos y el palo es la retención de dinero que hace para pagar salarios de la administración pública nacional en organismos autárquicos con sedes en distintas provincias».

De hecho, esta queja de pisar los fondos que usualmente se giran para pagar sueldos en tiempo y forma del 1 al 5 de cada mes, estuvo en riesgo en más de 20 universidades nacionales, hasta último momento, cuando el 30 de enero, el ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo, anunció que giró los fondos para que las altas casas de estudio y organismos como el INTA, pudieran llegar a pagar los sueldos antes del fin de semana.

Sin embargo, tuvieron que sufrir la incertidumbre en un contexto inflacionario, hasta hace 24 horas.

De hecho, en las últimas horas, voceros cercanos al Presidente aseguran, en voz baja, que su encono con algunos gobernadores que insisten en coparticipar el Impuesto PAIS, la última de las revelaciones impositivas por su importante recaudación, lo llevan a lanzar todo tipo de improperios y amenazas de ahogo financiero para sus provincias. En algunas capitales provinciales no necesitan aguardar por la confirmación de estas versiones.

Milei podría llegar al punto de no retorno con los gobernadores.

En Córdoba, Llaryora lanzará un bono de u$s300 millones

El cordobés, Martín Llaryora, mientras puja por coparticipar el Impuesto PAIS, lanzará un bono para recaudar 300 millones de dólares que le sirva para tener poder de negociación con los funcionarios de Casa Rosada y la seguridad de resguardo de ese «colchón» de dinero para pagar gastos corrientes.

En Tucumán, el peronista Osvaldo Jaldo, parece hacer lo que puede. Mientras realiza una metamorfosis del peronismo a las filas libertarias, ordenó a los legisladores que le responden que apoyen la aprobación de la ley en Diputados, se dirige al banco Macro para pedirles un préstamo y la entidad financiera aguarda por definiciones sobre cómo trabajará el Tesoro nacional, o Luis Caputo, para cubrir los giros descubiertos que comienzan a solicitar gobernadores con escasa liquidez.

En Neuquén, la provincia de Vaca Muerta, se subieron los aportes patronales para poder pagar salarios estatales y Rogelio Frigerio, en Entre Ríos, otro de los cruzados por la coparticipación del Impuesto PAIS, va a aumentar los sueldos públicos al ritmo de la recaudación provincial y no de la inflación. De alguna manera, los gobernadores lograron, a su vez, una posición para presionar al Presidente y sus funcionarios desde su precariedad fiscal.

Mientras que en el bloque Hacemos Coalición Federal y en la UCR se endurecen por los oídos sordos del tándem Milei-Caputo a los pedidos de los gobernadores, los negociadores de los mandatarios provinciales sugieren reabrir puntos del capítulo fiscal retirado, casi en su totalidad, el viernes pasado para aprobar el resto de la ley Bases, cuanto antes. «Coparticipar el Impuesto PAIS es la clave que destraba este mamotreto» aseguran en idioma cordobés.

Retirado de la discusión por el Gobierno nacional, los gobernadores de Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe, sólo debieron recordarles que el impuesto PAIS, fundamental para la recaudación del presente ejercicio fiscal, debe renovar su vigencia en diciembre de 2024 y, su escaso reparto con las provincias, del orden del 30%, podría cambiar, por mandato legislativo, para ser completamente repartido entre los estados provinciales.

El Impuesto PAIS fue creado por la administración de Alberto Fernández porque contaba con la protección de la ley de emergencia económica y fijó un tributo del 30% para las personas que compren divisas para atesoramiento como para quienes usen tarjetas de débito y/o crédito para cancelar gastos o extracción de monedas o billetes extranjeros fuera de la Argentina.

Hasta ahora, la Nación reparte el 30% de lo recaudado por este tributo a las provincias y a los municipios a través de financiamiento de programas sociales. El 70% restante va a la ANSES y el PAMI (INNSJP).