epiMadrid, 20 may (.).- La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha dicho este lunes que no entiende la propuesta de Sumar de transformar la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) en una Agencia Industrial Pública que dependa del Ministerio de Industria y no del Ministerio de Hacienda.

«No la entiendo, no entiendo muy bien el motivo ni la razón de fondo», ha precisado Montero en el Congreso, tras subrayar que la SEPI es un organismo que trabaja de forma demostrada con mucha solvencia y rigor y una magnífica profesionalidad» y que, «más allá de donde estén ubicadas sus dependencias funcionales, trabaja para el conjunto del Gobierno, como saben bien todos los departamentos».

La vicepresidenta también ha recordado a Sumar que «a quien le corresponde la articulación del Gobierno y los decretos de estructura que componen los diferentes departamentos es al presidente del Gobierno».

A raíz de la opa de Taqa, fondo soberano de Emiratos Árabes Unidos, sobre Naturgy (BME:), Sumar ha presentado en el Congreso una proposición no de ley, que se debatirá mañana en la Comisión de Industria, para reforzar la presencia del Estado en su industria estratégica, hasta alcanzar las cifras de otros países comunitarios.

«Debemos aprovechar esta oportunidad para que el Estado frene la entrada de empresas procedentes de países con regímenes antidemocráticos y con innumerables sentencias condenatorias por vulnerar de manera flagrante los derechos humanos de sus ciudadanos y ciudadanas», argumenta Sumar en su iniciativa.

A su juicio, es necesario un Estado con los mecanismos necesarios para proteger no sólo a las empresas estratégicas, sino también los puestos de trabajo y las inversiones nacionales.

Por ello, en su proposición no de ley plantea al Gobierno un plan de acción con una docena de medidas concretas, entre ellas la de transformar la SEPI en una «verdadera Agencia Industrial Pública de España, que tendrá como tarea fundamental dirigir la estrategia de reindustrialización de nuestro país, con el objetivo de que en la próxima década la industria aporte el 20 % del PIB».

A esa Agencia Industrial, que se constituiría como un organismo público adscrito al Ministerio de Industria, se incorporarían «aquellas empresas públicas de carácter industrial y de forma especial las que ahora dependen de la SEPI».

«Sus empresas —las actuales o las que sea necesario crear— tendrán entre sus objetivos contribuir de manera coordinada a la transformación estructural del modelo productivo español, incluyendo en su caso la participación en los PERTE impulsados a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia», explica el texto.