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ECONOMIA

Otra demanda contra Argentina en tribunales internacionales: bonistas iniciaron juicio por u$s1.700 millones

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Los demandantes aseguran haber sido perjudicados por la intervención del INDEC durante el segundo mandato de Cristina Kirchner, bajo la gestión de Moreno

23/06/2025 – 20:38hs

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Argentina enfrenta un nuevo juicio en tribunales estadounidenses. Se trata de una demanda por más de u$s1.700 millones, promovida por fondos de inversión que ya habían obtenido un fallo favorable en tribunales del Reino Unido, fallo que el país aún no cumplió. Por esa misma sentencia, en febrero pasado se concretó un embargo por 315 millones de euros.

Los demandantes aseguran haber sido perjudicados por la intervención del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, bajo la gestión del entonces secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno.

Una nueva demanda millonaria contra Argentina en tribunales internacionales

«El juicio ya no cuenta con instancias legales pendientes, y el Estado argentino no ha abonado el monto dispuesto por la sentencia«, explicó Sebastián Maril, analista de Latam Advisors, en referencia al proceso que ahora se trasladó a Washington D.C., donde los fondos buscan el reconocimiento de la resolución británica para habilitar embargos futuros en Estados Unidos, en caso de que continúe la falta de pago.

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Según detalló Maril, «este fallo se volvió inapelable en octubre de 2024, cuando la Corte Suprema del Reino Unido dictaminó que la Argentina no tenía más posibilidades de apelación y debía cumplir con el pago». Más adelante, el Gobierno nacional reconoció públicamente la existencia de negociaciones con los beneficiarios del fallo, pero esas tratativas no avanzaron.

«Según informaron los cuatro fondos, Argentina reconoció la deuda y no la pagó. Por eso buscan que la Corte de Washington reconozca el fallo en Inglaterra para luego iniciar embargos en EE.UU. sobre posibles activos argentinos», añadió.

Entre los fondos que impulsaron la nueva demanda se encuentra Palladian Partners LP, que junto a otros tres controlaba aproximadamente el 48% de los bonos emitidos por la Argentina entre 2005 y 2010.

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El reclamo por el pago del Cupón PBI

El conflicto tiene su origen en el reclamo por el pago del Cupón PBI, un instrumento financiero emitido en el marco de la reestructuración de deuda tras el default de 2001. Estos cupones garantizaban un pago adicional a los acreedores en caso de que el Producto Bruto Interno (PBI) argentino superara el 3,3% de crecimiento anual. Sin embargo, en 2013, el INDEC modificó la metodología de cálculo y reportó una expansión del 3,2%, evitando así el pago a los bonistas.

La manipulación estadística que se denuncia remonta a 2007, cuando Moreno tomó el control del INDEC. Con el cambio de base del cálculo del PBI, de 1993 a una nueva fórmula, se informó que el crecimiento había sido del 3,2%, cuando con la base anterior se estimaba un avance del 4,9%, lo cual hubiera obligado al Estado a desembolsar más de u$s3.600 millones.

En 2023, la justicia del Reino Unido falló en contra de la Argentina y la condenó a pagar aproximadamente u$s1.500 millones -equivalentes a 1.300 millones de euros más intereses- a los bonistas que reclamaban por el impago del Cupón PBI. Con la acumulación de intereses, la deuda escaló a más de u$s1.700 millones, de acuerdo con estimaciones de Sebastián Maril.

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Como parte de la ejecución de esa sentencia, en febrero de este año los acreedores hicieron efectiva una garantía por 313 millones de euros, depositada previamente por la Argentina a través de una carta de crédito emitida por el banco Santander. Ese desembolso parcial, sin embargo, no saldó el conjunto de la deuda reclamada, lo que derivó en el nuevo frente judicial que ahora se abre en Estados Unidos.

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ECONOMIA

El titular de ARCA reconoció que la ex AFIP es «un organismo ineficaz»

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Desde la disolución de la AFIP y la creación de ARCA en octubre de 2024, el organismo que conduce las oficinas aduaneras e impositivas ingresó en un declive profesional alarmante, en momentos en que los auditores del Fondo Monetario Internacional (FMI) revisan metas del acuerdo firmado con la Nación y se preocupan por algunos signos graves de evasión impositiva.

El organismo autárquico nacional que supo ser el lugar en donde la mayoría de los profesionales de las ciencias económicas y del derecho querían ejercer se transformó en una oficina gubernamental que solo sabe expulsar a sus trabajadores más calificados, que se van hartos del destrato de la administración libertaria y de los bajos sueldos que están recibiendo por perseguir evasores.

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A esta situación que fue detallada en reiteradas ocasiones por la comisión directiva del gremio de la UPSAFIP que conduce, Julio Estévez (h) se suma el reclamo de los sindicalistas por la falta de modernización de los equipos tecnológicos con los que hay que fiscalizar operaciones complejas y millonarias que, por ejemplo, se producen en «la nube».

El funcionamiento de la nube se basa en la utilización de recursos informáticos alojados en centros de datos remotos, accesibles por internet, que permiten almacenar, procesar y analizar grandes volúmenes de información sin necesidad de mantener infraestructura física propia.

«Hay ocasiones en que las computadoras no tienen mantenimiento, están lentas o se cuelgan directamente por lo que es muy difícil avanzar en procesos más complejos a no ser que la idea del gobierno sea tan solo la de fiscalizar a los monotributistas de las categorías más bajas», afirmó Ricardo Prado con varios años de servicio en la DGI.

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Ahora bien, en este punto hubo coincidencia, recientemente, con la conducción de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero.

El director ejecutivo de ARCA, Juan Pazo, reconoció ante un centenar de abogados del sector privado que la evasión del Impuesto al Valor Agregado (IVA) alcanza actualmente el 37%, una cifra que no se registraba desde el estallido del régimen cambiario de la convertibilidad en 2001. La admisión, registrada por el diario Perfil, se dio durante un coloquio en el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.

La afirmación del funcionario sorprendió al auditorio, compuesto por representantes de los estudios jurídicos más importantes del país, como Bruchou & Funes de Rioja, Cassagne, Marval O’Farrell Mairal, Bomchil, Beccar Varela y Pérez Alati. El dato fue mencionado al pasar, en el marco de una exposición centrada en la visión fiscal de La Libertad Avanza y de alguna manera también sorprendió a Julio Estévez (h) que vio como uno de sus reclamos era, claramente admitido, por el funcionario.

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De hecho, Pazo sostuvo que se encuentra al frente de una administración «ineficiente» que no invirtió en tecnología durante los últimos siete años. «ARCA es un organismo ineficaz«, remarcó.

Desde luego que mereció una réplica sindical y desde UPSAFIP realizaron declaraciones a iProfesional donde señalaron que «es verdad que desde hace más de siete años no se invierte en tecnología y la evasión impositiva crece. Lo que ha cambiado en ARCA son los funcionarios políticos que la dirigen. Nuestros trabajadores, profesionales y jefes son los mismos, solo que ahora son maltratados e impedidos del goce de sus derechos salariales porque las paritarias no se abren y los ingresos están prácticamente congelados».

El reclamo de Estévez fue contundente y señaló que la única solución para que ARCA vuelve a ser una oficina eficiente se debe invertir más. «Debe invertir en tecnología, capacitación y abrir las paritarias. La gente siempre trabaja mejor si sus sueldos son acordes a las responsabilidades que la ocupan. Y perseguir grandes evasores que dañan el tejido social de la Argentina no es para cualquiera».

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En ese sentido, una recorrida de iProfesional entre trabajadores de la DGI y de la Aduana, entrevistando y consultando a personal con varios años de gestión, coincidieron, con reserva de nombre por el mal clima laboral que impera en el organismo, que entienden el reclamo de los profesionales y jerárquicos nucleados en la UPSAFIP, pero no entienden la posición de los otros dos gremios con personería jurídica que no judicializan la grave situación por paritarias.

Ni AEFIP, ni los aduaneros de SUPARA, su secretario general, CarlosSueiro, falleció el 27 de junio pasado, que tienen la responsabilidad de contar con la personería gremial por la que pueden negociar salarios colectivos en paritarias, lo están haciendo ni protestan en la justicia. 

«No lo hicieron el año pasado, no lo hicieron este año, no se entiende qué esperan. Mientras tanto nosotros debemos controlar el contrabando aduanero, las avivadas en el comercio exterior, la evasión impositiva, la lucha para cobrar al rey del tabaco, al rey de la morcilla y al rey de lo que se te ocurra y en la actualidad, el trabajador impositivo, no llega a fin de mes como les pasa a muchos en la era Milei».

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ECONOMIA

El costo de girar en descubierto subió exponencialmente

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La eliminación de las LEFIs sigue ocasionando efectos en cadena en el sistema financiero. Luego de impulsar la tasa de caución a picos del 80% TNA esta semana, al mismo tiempo empujó con fuerza a otras referencias fundamentales en la economía, como la tasa de adelantos en cuenta corriente que saltó este martes al 86% TNA, el nivel más alto desde marzo de 2024.

Es decir, el costo de financiarse «al descubierto» se disparó con fuerza, por lo que, de no ajustarse, tendrá un correlato directo en la «caja» de las grandes empresas y pymes

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El pronóstico de los economistas sobre el aumento exponencial de la tasa de adelantos en cuenta corriente

Salvador Vitelli, Head of Research Romano Group, lo advirtió desde la red social X (ex Twitter): «Se voló la tasa de adelantos en cuenta corriente el martes, a zona del 86% TNA. Tasa no vista desde marzo del 2024». Según también aclaró, tan solo en ese día se operaron $2,8 billones. Se trató de la misma jornada en la que la caución bursátil también llegó a esos niveles (80% TNA), para luego caer con fuerza sobre el cierre.

El economista Jorge Gabriel Barreto, también desde sus redes, explicó esta situación, y resaltó que durante esta semana, las tasas a las que acceden las empresas de 1 a 7 días más que se duplicaron (40,52% – 86,32%), pero para saber qué pasó se debe analizar lo sucedido con las cauciones y la suba de sus tasas activas de corto plazo.

«La volatilidad en el mercado de cauciones (instrumentos de muy corto plazo donde los bancos colocan y toman liquidez) generó un contexto de mayor incertidumbre en la disponibilidad de fondos inmediatos. En otras palabras, el costo de la liquidez se disparó», resaltó. Además, aclaró que cuando la liquidez se vuelve más cara o menos predecible, los bancos reaccionan de dos formas: por un lado, defienden su posición de caja, es decir, se vuelven más cautelosos, o, trasladan el riesgo a quien pide adelantos o descubiertos (le pasan el costo al que pide financiamiento).

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Este último punto significa que los bancos suben fuerte la tasa activa de corto plazo para cubrirse de un eventual faltante o baja de su margen financiero. Por ende, Barreto explicó cómo afecta esta situación a las empresas: «El financiamiento vía adelantos en cuenta corriente se volvió muchísimo más caro, casi de un día para otro. Quienes dependían de esa herramienta para cubrir baches de caja ahora enfrentan tasas de más del 86% de TNA, algo que puede volver insostenible el uso de capital de trabajo, si no se ajusta rápidamente».

A mediano plazo, «de mantenerse este nivel de tasas activas, tan por encima de la inflación, erosiona la actividad, porque desalienta el crédito productivo y asfixia a las pymes», agregó. Al mismo tiempo, sesde la consultora 1816, explicaron que parte de la suba fuerte en la tasa de caución se debió a inversores que entraron apalancados a la licitación del Tesoro, apostando a un mayor diferencial entre la tasa a 1 día y a 30 días, algo que el mismo BCRA dio a entender.

Así, como se señaló, la tasa de adelanto en cuenta corriente tuvo una abrupta suba: pasó de 36,6% TNA la semana pasada a 86,3% TNA el martes. Es importante tener presente que diariamente se dan préstamos por el orden de $3 billones, según datos del BCRA.

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«Este movimiento, que fue transitorio porque el miércoles esa misma tasa de préstamos bajó al compás de las tasas interbancarias, se dio en un contexto en el que la irregularidad del crédito (sobre todo en el caso de préstamos a familias) viene subiendo a un ritmo relevante», manifestaron desde la misma consultora. Por otra parte, desde Wise Capital explicaron que las tasas para tomar un crédito o descontar cheques aumentaron, «pero no fue por la suba de las cauciones, sino por el desarme de las LEFIs, ya que los bancos se encontraron con $15 billones sin tener a quién prestárselos (o sea, 0% de tasa)».

«Entonces aumentaron las tasas para minimizar el potencial resultado negativo por intermediación financiera ya que ese monto los bancos lo tienen porque es el resultado de colocaciones a plazo fijo que no se convirtieron en créditos. ¿Cómo sigue la película? Las tasas van a seguir bajando y las Lecaps, que el miércoles volvieron a subir, lo van a seguir haciendo porque va a ser el destino de los pesos ociosos de los bancos, pero de manera temporal, ya que están obligados a salir a colocarlos vía préstamos porque una cosa era hacerlo vía LEFIs (riesgo BCRA) y otra es concretarlo a través de Lecaps (riesgo Tesoro)», concluyeron desde Wise Capital.

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ECONOMIA

El FMI aprobó la primera revisión del acuerdo y se allanó el camino para el desembolso de u$s2.000 millones

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El FMI informó este jueves que el personal técnico del organismo y las autoridades argentinas alcanzaron un acuerdo a nivel de «staff» sobre la primera revisión del programa de reformas económicas de Argentina, respaldado por el acuerdo de Facilidad Extendida (EFF) de 48 meses. «Sujeto a la aprobación del Directorio Ejecutivo del FMI, Argentina tendría acceso a aproximadamente u$s2.000 millones (DEG 1.529 millones)», señalaron desde el FMI.

En un comunicado difundido este jueves por la tarde, el FMI señaló que el programa con Argentina tuvo «un comienzo sólido, respaldado por la implementación sostenida de políticas macroeconómicas estrictas, incluido un fuerte anclaje fiscal y una postura monetaria restrictiva».

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El FMI aprobó la revisión técnica del acuerdo con Argentina

«La transición hacia un régimen cambiario más flexible y el levantamiento de la mayoría de los controles cambiarios avanzaron sin contratiempos, a pesar de un entorno externo más desafiante. El tipo de cambio oficial se ha mantenido en torno al punto medio de la banda, la inflación ha seguido moderándose, la expansión económica ha continuado y la pobreza ha seguido disminuyendo. Es destacable que Argentina ha vuelto a acceder a los mercados internacionales de capital antes de lo previsto», detalló.

Y agregó que, en línea con los objetivos del programa, «se llegó a entendimientos sobre políticas orientadas a proteger los logros en materia de ancla fiscal, reconstrucción de reservas, reducción sostenible de la inflación y mejoras continuas en la claridad y funcionamiento del marco monetario. Esto se complementará con nuevas acciones para crear una economía más abierta, resiliente y basada en el mercado».

«El personal del FMI valora el compromiso continuo de las autoridades con el programa. Se espera que la reunión del Directorio Ejecutivo del FMI para la primera revisión tenga lugar a fines de julio», concluyó el comunicado.

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La lectura del FMI sobre la suba de tasas y su posible impacto en la inflación

Más temprano, durante su conferencia de prensa regular, la portavoz del Fondo Monetario Internacional (FMI), Julie Kozack, había adelantado que el diálogo con la Argentina por la primera revisión del nuevo programa económico se encuentra «muy avanzado» y que el siguiente paso será lograr un Staff Level Agreement con las autoridades del país.

«Primero quiero mencionar que las conversaciones por la primera revisión están muy avanzadas y el próximo paso va a ser llegar a un Staff Level Agreement entre las autoridades y el staff, algo que puede pasar en breve. Eso se va a presentar al directorio para su aprobación y consideración», afirmó Kozack ante la prensa.

Al referirse a la suba de tasas y su impacto sobre la inflación, Kozack indicó que el acuerdo se apoya «en la continua implementación de políticas macroeconómicas restrictivas, que incluyen un sólido ancla fiscal y una política monetaria restrictiva».

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También destacó que «la transición a un régimen cambiario más flexible ha sido fluida. La desinflación se ha reanudado y Argentina accedió nuevamente a los mercados internacionales de capital antes de lo previsto inicialmente».

Aunque evitó confirmar si el caso argentino será tratado por el Directorio del FMI antes del receso previsto para el 4 de agosto, Kozack señaló: «Dado que las negociaciones entre nuestro staff y las autoridades están avanzadas, no vamos a dar más detalles. Vamos a esperar a que terminen y luego comunicaremos. El Staff Level Agreement puede pasar prontamente».

Tampoco aclaró si ya hubo una reunión informal vinculada a la situación argentina. En relación con el desembolso de u$s2.000 millones, se limitó a explicar que, una vez alcanzado el acuerdo técnico, se definirá la fecha en que el Directorio analizará el tema.

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Un reporte del FMI alertó por las reservas «críticamente bajas»

En paralelo, un reporte global del organismo difundido esta semana incluyó una mirada sobre la coyuntura argentina. En ese documento, el FMI aseguró que «los fundamentos económicos mejoraron sustancialmente desde finales de 2023», aunque advirtió que «las reservas netas internacionales se mantienen críticamente bajas».

«El riesgo país disminuyó drásticamente, pero se mantiene elevado», indicó el informe. A la vez, remarcó que «la evaluación externa está sujeta a una incertidumbre excepcionalmente alta y depende de la implementación de reformas estructurales que impulsen la competitividad y la productividad».

Según los analistas, la Argentina habría alcanzado las metas fiscales y monetarias del trimestre, aunque no logró cumplir el objetivo pactado de acumulación de reservas. Para evitar una situación de incumplimiento formal, el FMI debería otorgar un waiver.

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A pesar de esa dificultad, en el entorno del ministro de Economía Luis Caputo confían en que ese desvío no impedirá que se apruebe el giro pendiente. Hasta el momento, el país ya recibió u$s12.000 millones en la primera etapa del programa.

La revisión en curso, que forma parte del acuerdo cerrado en abril, es clave para definir si el Fondo libera los próximos fondos. En esa evaluación se monitorea el cumplimiento de metas cuantitativas referidas al déficit primario, la emisión monetaria y la evolución de las reservas netas. También se consideran los compromisos estructurales asumidos por el país.

El monto sujeto a análisis asciende a u$s2.000 millones. Parte de esos fondos se utilizarían para fortalecer las reservas del Banco Central y el resto se destinaría a pagar vencimientos con el propio FMI, por aproximadamente u$s650 millones el 1º de agosto. La aprobación de ese giro depende de que el directorio valide la revisión técnica, aún en elaboración.

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El Board del Fondo ya mantuvo una reunión informal para conocer los avances del proceso. Aunque no se trató de una instancia de decisión formal, sirvió para que los directores se familiarizaran con la postura preliminar del equipo técnico respecto al cumplimiento de las metas. Este tipo de instancias suele utilizarse cuando los tiempos son ajustados y se requiere anticipar definiciones.

Durante esa reunión, el staff del FMI presentó un informe con el estado de situación y respondió consultas del directorio. Entre los puntos abordados estuvieron la marcha del proceso de desinflación, la corrección del tipo de cambio oficial, el nivel de reservas y la sostenibilidad del ancla fiscal implementada por el Gobierno. No se realizaron votaciones ni se emitieron posturas formales.

Desde el Ministerio de Economía remarcaron que el canal de diálogo seguía abierto y manifestaron que esperaban cerrar los puntos pendientes «en los próximos días». Admitieron que la meta de reservas es el aspecto más complejo, aunque recordaron que en ocasiones anteriores el FMI otorgó waivers por desvíos similares. El objetivo oficial es cerrar el acuerdo antes del inicio del receso del organismo, previsto para el 4 de agosto.

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