ECONOMIA
Recesión, tarifas en el freezer y dudas sobre el sostenimiento del plan son el lado B de la inflación en descenso
Como siempre ocurre en la economía argentina, detrás de cada festejo hay un posible dolor de cabeza a futuro. Y Toto Caputo dejó en claro que está dispuesto a asumir una larga lista de riesgos con tal de lograr su objetivo excluyente: bajar la inflación a la mayor velocidad posible. Es así que el IPC de 8,8% en abril es un motivo de celebración por el regreso a un índice mensual de un dígito -algo que no ocurría desde octubre pasado-.
Pero, sobre todo, este dato es, para el gobierno, un mensaje a la opinión pública. Algo así como una confirmación de que el esfuerzo por el ajuste recesivo tiene, en palabras de Toto Caputo, su «delivery» en resultados económicos.
Y Caputo dejó en claro que está dispuesto a sacrificar otros objetivos con tal de acentuar la caída del IPC. Su gran apuesta es mayo, un mes para el cual se espera que el índice dé una cifra inferior al 6%. En aras de ese logro fue que se pospuso el ajuste de las tarifas en los servicios públicos, que también se postergó el incremento del impuesto a los combustibles y que se forzó a las empresas de medicina prepaga a retrotraer los aumentos.
Además, claro, de haber profundizado -hasta niveles que muchos economistas consideran riesgosos- el recorte de las tasas de interés, que ya no sólo resultan negativas frente a la inflación, sino que prácticamente han anulado su atractivo en términos de dólares, lo que implica un coqueteo peligroso con una huida de los depositantes.
Las primeras señales indican que al ministro le saldrá bien su jugada de corto plazo. Las consultoras económicas que hacen relevamientos propios siguen midiendo un freno en los aumentos, sobre todo en el crucial rubro de alimentos y bebidas. Además de su impacto social, es una categoría importante por su ponderación en la canasta que mide el Indec, de tal forma que una desinflación fuerte en este rubro impacta sobre el promedio general.
En abril, la inflación para alimentos y bebidas fue de 6%, una cifra que se ubica por debajo de los incrementos salariales que están recibiendo los trabajadores protegidos por las negociaciones paritarias.
La categoría de alimentos y bebidas, que es la de mayor ponderación en la canasta del Indec, registró 6% en abril y explica el proceso de desinflación
Es uno de los cambios más fuertes que el gobierno tiene para mostrar: la desinflación de alimentos se está produciendo a un ritmo más acelerado que el promedio. Desde aquel 29,7% de diciembre, se ingresó en una etapa en la que siempre registró una inflación menor de la promedio: dio 20,4% en enero -en línea con el IPC de ese mes- y luego fue cayendo a un 11,9% en febrero, un 10,5% en marzo y ahora al 6% -una distancia de 2,8 puntos respecto del nivel general de precios-.
Para mayo, las proyecciones de la categoría alimentos apuntan a poco más de 3%, según las últimas mediciones.
El autoelogio por el apretón monetario
El ministro celebró al estilo del gobierno Milei: retuiteando y comentando los mensajes elogiosos que hacen economistas afines en las redes sociales. Por ejemplo, reaccionó a un tuit del economista Juani Fernández, que elogió el drástico apretón monetario vía baja de tasas -que permitió disminuir la inyección de pesos por pago de intereses-.
«Increíblemente hay algunos colegas que no solo no lo entendieron cuando lo hicimos, sino que todavía hoy no lo entienden, aún con los beneficios a la vista. Si hubiéramos puesto tasa de interés real positiva, probablemente estaríamos inmersos en una expectativa hiperinflacionaria, sería imposible salir del cepo dado los 40 billones adicionales de pasivos remunerados, y para coronarla, todo el mundo estaría hablando del ‘carry trade’«, comentó Toto.
El ministro convalidó los datos de un gráfico elaborado por Ramiro Castiñeira, director de Econométrica, que indica que la emisión monetaria mensual por pago de intereses -de Leliqs o pases pasivos- cayó desde $5,1 billones en octubre pasado a $1,7 billón en mayo. Los economistas que apoyan el recorte monetario argumenta que, de esa forma, «se ahorraron tres bases monetarias».
Es un punto que genera controversia, dado que otros economistas -incluyendo muchos de orientación ortodoxa que hasta hace poco acompañaban a Javier Milei- argumentan que, en realidad, la política monetaria de Caputo no es otra cosa que cambiar pasivos del Banco Central por nueva deuda del Tesoro.
Pero, más allá de la polémica, lo que el ministro está insinuando de manera bastante clara es que el recorte de tasas está en la base misma del programa antiinflacionario. Algo que se confirmó cuando, pocas horas después de la publicación del IPC, el Banco Central determinó otro recorte de 10 puntos en la tasa de política monetaria, que ahora está en 40% anual.
Pese a las críticas, Caputo confirmó que el recorte de tasas de interés es la base de su política anti inflacionaria
La hoja de ruta de Toto Caputo
En el mientras tanto, Caputo trata de aprovechar las ventajas que le da el hecho de que haya cambiado la expectativa inflacionaria para el corto plazo -fue muy comentado en el mercado el pronóstico de Eco Go, que marca un IPC de 4,6% para mayo-.
Además de la mejora en el humor de la opinión pública, hay otros puntos que al ministro le interesan sobremanera. Uno es, naturalmente, que una inflación en descenso le marca a los empresarios, y en particular a los formadores de precios, como los fabricantes de alimentos, un sendero de normalización macroeconómica.
En otras palabras, que aquel reto público por haber ajustado los precios de manera preventiva pensando en un dólar de $2.000, ahora se ve confirmado tanto por el freno inflacionario como por la estabilidad cambiaria.
Las señales políticas, como el reciente informe del Fondo Monetario Internacional, ratificaron la vigencia de la actual política cambiaria -sin expectativas de un levantamiento del cepo para el corto plazo-, y además esa promesa de estabilidad se ve reforzada por el ingreso de divisas provenientes de la exportación agrícola.
El otro punto importante para Caputo es que una desinflación acelerada le permite incidir en las negociaciones salariales. Después de haber chocado con los sindicatos por su negativa a homologar paritarias con cifras que se distanciaban de las proyecciones oficiales de inflación, Caputo tendrá ahora un argumento extra para confirmar esa línea de subas atenuadas.
Desde el punto de vista del ministro, eso le permite impedir un temor clásico de todos los gobiernos: que los empresarios, en aras de evitar la conflictividad, otorguen aumentos salariales que luego no estén en condiciones de cumplir y, por ende, trasladen ese mayor costo a los precios.
El costo de la desinflación
Pero la baja del IPC tiene también su lado oscuro. Básicamente, que es un fenómeno que ocurre en simultáneo con un desplome en el consumo. O, según algunos economistas, precisamente porque hay una merma de tal magnitud en la demanda que hace que los precios pierdan fuerza por el más doloroso de los métodos.
Todos los días aparecen indicadores que abonan ese argumento. Por caso, la encuesta de ventas minoristas de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) midió para abril una caída interanual de 18,4%. Y la consultora Focus Market registró un desplome de 20,4% en el consumo masivo en abril, medido en términos interanuales. Pero, aun peor, también se registró un retroceso de 17,1% respecto del nivel, ya de por sí bajo, que había tenido el consumo en marzo.
Los economistas críticos marcan el desplome en el consumo como un factor decisivo para el freno en los aumentos de precios de alimentos
Es lo que lleva a muchos economistas a relativizar el logro del freno en la inflación. Por caso, la consultora LCG advierte: «El verdadero test para ver si entramos en un régimen de inflación más baja deberá hacerse con la actividad económica repuntando y los salarios recortando algo de la caída de los últimos tiempos. Recién ahí podemos ver si las expectativas inflacionarias están realmente ancladas».
Y, además, se escuchan críticas por la postergación de los ajustes en las tarifas, dado que en aras de tener un IPC bajo en el corto plazo sacrifican el objetivo fiscal de recortar el gasto en subsidios. Pero, además, no despeja el fantasma de que, cuando inexorablemente la suba tarifaria se produzca, lo haga con tal fuerza que pueda revertir el proceso de caída inflacionaria.
Así lo argumenta Gabriel Caamaño, director de Outlier: «A esta altura del partido está más que claro que esa lógica es perniciosa, pues más que profundizar el proceso de desinflación, erosiona sus bases genuinas (ancla fiscal) y pospone ajustes de precios relativos a costos de incrementar su magnitud futura. Entendemos que los agentes económicos lo tienen en claro después de tantos años de haberla visto en acción, por lo que el impacto en expectativas de mediano-largo plazo es negativo y entendemos que compensa cualquier mejora que puede conseguir el gobierno en ese sentido en el corto plazo por mostrar un mejor número en mayo».
Y, además de estas advertencias, está la inconclusa polémica sobre las ventajas reales de profundizar el «apretón» monetario, al cual Caputo le asigna la mayor parte del mérito.
Con estos argumentos sobre la mesa, resulta difícil asegurar si la caída en la inflación de abril y la aun mayor caída que se pronostica para mayo será el inicio de una fase virtuosa en la gestión de Milei o si se tratará apenas de un logro de corto plazo, al precio de turbulencias futuras.
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ECONOMIA
El CIADI da la razón a Enagás y condena a Perú a pagarle 186 millones de euros Por EFE
Madrid, 20 dic (.).- El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) ha dado la razón a Enagás (BME:) y ha condenado a Perú a pagar a la compañía 194 millones de dólares (unos 186 millones de euros) en el procedimiento arbitral relativo a su inversión en el Gasoducto del Sur Peruano (GSP).
Así figura en el laudo que el CIADI ha notificado a Enagás este viernes, según ha comunicado la empresa española de infraestructuras energéticas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El laudo estima que la República del Perú ha incumplido sus obligaciones bajo los artículos 4.1 y 5 del APPRI Perú-España, y condena en consecuencia a Perú a pagar a Enagás un importe de 176 millones de dólares (unos 169 millones de euros).
A esa cantidad se suma un interés anual del 1,44 % calculado de forma simple desde el 24 de enero de 2018 hasta la fecha de hoy y capitalizable semestralmente desde esta fecha hasta el pago de la indemnización, lo que supone un total 194 millones de dólares a día de hoy, así como el 75 % de las costas procesales.
El Tribunal considera también que la inclusión de Enagás Internacional en la categoría 2 de la Ley 30737, que impide a la Sociedad la repatriación de los dividendos de su participada Transportadora de Gas del Perú (“TGP”), constituye una violación del APPRI España-Perú.
Este laudo implicaría una minusvalía contable en la cuenta de resultados por la diferencia entre la cantidad reconocida en el laudo (194 millones de dólares) y la cuenta a cobrar (505 millones de dólares -unos 484 millones de euros) relativa a la inversión en GSP registrada en el balance.
El impacto se incluirá en las cuentas anuales del 2024 una vez se haya realizado un análisis detallado del laudo, ha anunciado la empresa.
Los asesores legales de Enagás están analizando el laudo en detalle y la empresa ha señalado que se reserva el derecho a solicitar una rectificación o aclaración de la cuantificación del importe reconocido.
Enagás ha manifestado ya a las autoridades peruanas su disposición para alcanzar un acuerdo amistoso que permita la ejecución de este laudo de una manera que convenga al interés de ambas partes.
La empresa ha reafirmado su política de dividendo y el plan de inversiones previsto, que incluye las infraestructuras de hidrógeno renovable contempladas en la lista definitiva de PCI de la Unión Europea.
Enagás presentó el arbitraje para recuperar su inversión en el GSP después de que el 23 de enero de 2017 el Gobierno peruano rescindiera la concesión del gasoducto a un consorcio en el que participaba la empresa española, junto a la constructora brasileña Odebrecht, y Graña y Montero, debido a los escándalos de corrupción que afectaban a Odebrecht.
La constructora brasileña, con una participación del 50 %, Enagás y Graña y Montero, estas dos con un 25 % cada una, eran las compañías concesionarias para la construcción del gasoducto, que suponía una inversión de 7.328 millones de dólares (algo más de 6.700 millones de euros).
La solicitud para iniciar el arbitraje contra Perú fue presentada por Enagás ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), aunque previamente la compañía española intentó llegar a un acuerdo con el Gobierno peruano para recuperar su inversión.
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