Madrid, 16 oct (.).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que la Ley de Vivienda, que entró en vigor el pasado año, ha supuesto un cambio de paradigma y una caída de los precios del alquiler del 5 % en zonas tensionadas, por lo que pide tiempo para la misma y que las comunidades autónomas la ejecuten.

«Estamos abiertos a hablar y a debatir sobre la Ley de Vivienda», ha apuntado en el Congreso de los Diputados a una pregunta formulada por el diputado del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) Aitor Esteban, que ha demandado retocar la Ley de Vivienda para dar más seguridad jurídica a los propietarios, que tienen miedo antes los impagos, y sacar más vivienda al mercado.

Sánchez ha asegurado que desde que se aprobó hace un año los datos son «bastante elocuentes» ya que en los 140 municipios catalanes que se han declarado tensionados el precio del alquiler ha caído de media un 5 % en el segundo trimestre, el mayor descenso en casi 20 años, mientras que en los municipios de Cataluña en los que no se han declarado las rentas se han mantenido estables o se han incrementado.

En ese sentido, ha añadido que lo importante es que todas las comunidades autónomas, que tienen transferidas las competencias de vivienda, desarrollen y ejecuten la Ley de Vivienda, que necesita de tiempo y del compromiso político de todas las administraciones.

El presidente del Gobierno ha reconocido que las políticas de estimulo a la demanda no resuelven por sí solas este drama, que viven sobre todo los jóvenes, y ha recordado algunas de las medidas anunciadas como la puesta en marcha de 185.000 viviendas, el impulso a la vivienda protegida para que pase del 2 % al 9 % que alcanza de media en Europa, así como los avales para promotoras, para la compra de vivienda, el fomento de la colaboración público-privada o los límites a los «abusos» de «fondos buitre».

Por su parte, Esteban ha afirmado que la Ley de Vivienda ya ha tenido sus efectos, ha dejado agujeros al no regular los alquileres turísticos o de temporada, ha generado miedo entre los propietarios ante los impagos, ha retraído la oferta y ha encarecido los nuevos contratos.

Por ello, ha demandado retocar la ley y dar más seguridad jurídica a los propietarios para que saquen más viviendas, más ayudas para la rehabilitación o más vivienda pública y ha recordado que el 85% de la viviendas de alquiler son de pequeños propietarios (en el País Vasco el 97 %), que la oferta se ha reducido un 30 % con la ley y un 17 % de las viviendas han salido del mercado una vez declaradas las zonas tensionadas.

«La vulnerabilidad de los inquilinos hay que atenderla pero no puede ser el escudo social a costa de la economía del propietario porque eso retrae la oferta y tiene consecuencias sobre los colectivos más vulnerables, que es a los que menos se va a alquilar», ha defendido el diputado vasco, que entiende que una ley uniforme para todo el Estado no va a funcionar.