La decisión del gobierno de Javier Milei de cerrar la agencia de noticias pública Télam, combinada con otros movimientos anticipados por el oficialismo en torno a las empresas donde existe participación estatal, redirecciona la mirada hacia el futuro de Aerolíneas Argentinas, una las firmas apuntadas por La Libertad Avanza (LLA) en su obsesión por achicar la presencia gubernamental en distintos ítems de la economía. En ese sentido, el Gobierno viene de abrir un proceso de retiros voluntarios que, pautado a gran escala, podría redundar en la salida de casi el 70% de su plantel actual de empleados. Al mismo tiempo, se estableció la creación de una comisión para revisar el funcionamiento interno de la compañía y ese gesto reavivó el malestar con los sindicatos del rubro aerocomercial, que prometen una defensa sostenida de la continuidad de la línea de bandera.

La decisión de reducir Aerolíneas Argentinas comenzó a cobrar formar el primer día de este mes cuando se informó que, con vistas a «hacer más eficiente» la operatoria de la empresa estatal, acaba de abrirse abrió un retiro voluntario para 8.000 empleados de su personal en tierra.

Por estos días, la aerolínea de bandera tiene un plantel del orden de los 11.800 empleados. De ahí que la posibilidad de reducción aplicaría al 68% del personal. En su aviso, la aerolínea indicó que esta instancia de desvinculación se encuentra disponible para quienes reúnan estos requisitos:

• Formar parte del staff de tierra (operativo o administrativo).
• Poseer una antigüedad mayor a dos años.
• No estar dentro del plan de acuerdo pre-jubilable.

«Se abonará en un plan de pagos mensual, equivalente al 50% de antigüedad en años al momento de la firma. Por ejemplo, si se posee 20 años de antigüedad, se abonará en 10 mensuales», indicó la empresa a sus empleados.

«Estos pagos serán ajustados, según los incrementos salariales paritarios acordados con la empresa», añadió.

La empresa abrió un proceso de retiro voluntario para miles de empleados.

Achique de la estructura gerencial de la estatal

Previo a esto, a principios de enero el Gobierno anunció que redujo un 43% la estructura gerencial de Aerolíneas Argentinas. Vía un comunicado, el Ministerio de Infraestructura, comandado por Guillermo Ferraro, anunció que también se tomó la decisión de «reducir en un 35% los reportes directos a la gerencia general» de la aerolínea bandera.

El Gobierno argumentó que ese recorte fue «en línea con las políticas de reducción del Estado y ahorro fiscal fijadas«. En consecuencia, «Aerolíneas Argentinas pasó de 14 direcciones a ocho y de 17 reportes directo a 11, como parte de su plan de racionalización».

Un dato a contramano de los dichos del oficialismo respecto del «gasto» derivado de la operatividad de la línea de bandera está en que, según datos de la compañía, Aerolíneas Argentinas concluyó 2023 lejos del rojo financiero y, por el contrario, con ganancias del orden u$s32 millones.

También en el plan de achique, a principios de febrero, y mediante la Resolución 6/2024 del Ministerio de Infraestructura y la Secretaría de Transporte, se oficializó la creación de la Comisión de Reglamentación del Código Aeronáutico.

Dicho grupo tendrá a su cargo desde proponer nuevos cambios para avanzar con la privatización de Aerolíneas Argentinas y, en paralelo, derogar gran parte de las leyes que hoy regulan el mercado doméstico con el fin de incentivar el arribo de más compañías extranjeras.

Aerolíneas Argentinas: ¿privatización o cierre definitivo?

Si bien la sumatoria de movimientos en torno al destino de la línea de bandera y su cobertura alientan versiones de toda índole –incluida la posibilidad de un cierre total–, lo cierto es que la gestión que encabeza Javier Milei ha expuesto en repetidas oportunidades que su intención es privatizar la empresa antes que cancelarla por completo.

Milei incluyó a Aerolíneas Argentinas en su propuesta de privatizaciones.

De hecho, la venta de la aerolínea fue incluida en el proyecto de ley ómnibus que Javier Milei envió en su momento al Congreso, y que mencionaba la búsqueda de, justamente, privatizar 41 compañías participadas por el Estado.

«Atendiendo la necesidad de concentrar la actividad del Estado en sus funciones esenciales, se dispone la privatización de determinadas empresas públicas, en el marco de la normativa al efecto vigente de la ley N° 23.696 de Reforma del Estado, con el fin de generar mayor competencia y eficiencia económica, reducir la carga fiscal, mejorar la calidad de los servicios, promover la inversión privada y profesionalizar la gestión de las empresas», detalló el oficialismo en el texto del proyecto mencionado.

A diferencia del destino pautado por el Gobierno para la agencia de noticias pública Télam, el futuro de la línea de bandera se encuentra más cerca de la receta privatizadora de los años 90.

Por supuesto que esto mantiene en estado de alerta y movilización a los sindicatos del sector, quienes anticiparon nuevas medidas de fuerza si se activa de forma concreta la venta de la compañía. Y advirtieron que la reducción de servicios que propone el oficialismo, esto mientras se discute la privatización, afectará gravemente la conectividad interna de la Argentina.