En marzo de 2026, los salarios de los albañiles y demás trabajadores de la construcción en Argentina se determinaron según el último acuerdo paritario alcanzado por la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA)y las cámaras empresariales del sector.

El convenio, de alcance nacional, dispuso incrementos acumulativos sobre los salarios básicos vigentes y el pago de sumas fijas mensuales diferenciadas por categoría y zona.

Los montos varían según la región y el tipo de actividad, mientras que el acuerdo prevé un monitoreo constante de las condiciones económicas para evaluar futuras actualizaciones.

Desde el inicio de marzo, los albañiles incluidos como “Oficiales” en el Convenio Colectivo de Trabajo N° 76/75 perciben su sueldo con el último incremento paritario vigente.

El acuerdo fijó para febrero un aumento acumulativo del 1,8% sobre el básico de enero, luego de que en enero se aplicara una suba del 2% sobre los haberes de diciembre de 2025. Las partes acordaron que estos salarios se mantienen hasta la firma de un nuevo ajuste.

En la Zona A, que comprende la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Santiago del Estero, Santa Fe, Mendoza, San Juan, Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, Salta, Tucumán, Chaco, La Pampa, San Luis, Corrientes, La Rioja, Formosa, Jujuy y Misiones, el salario básico por hora para un Oficial es de $4.679. Este valor se multiplica por la cantidad de horas trabajadas en el mes para calcular el jornal mensual.

El escenario cambia según la región, debido a los adicionales convencionales previstos por la UOCRA:

Zona B (Neuquén, Río Negro y Chubut): $5.196 por hora

Zona C (Santa Cruz): $7.873 por hora

Zona C-Austral (Tierra del Fuego): $9.358 por hora

Además del básico, el acuerdo dispuso una suma mensual no remunerativa, que los albañiles perciben en dos cuotas quincenales y que también depende de la zona:

La paritaria firmada por la UOCRA, la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC) abarca todas las categorías del sector, con esquemas diferenciados por zona geográfica. Los valores vigentes a marzo 2026 son los siguientes:

Zona A (CABA, provincia de Buenos Aires y la mayor parte de las provincias del norte y centro):

• Oficial especializado: $5.470 por hora
• Oficial: $4.679 por hora
• Medio oficial: $4.324 por hora
• Ayudante: $3.980 por hora
• Sereno: $723.032 por mes

Zona B (Neuquén, Río Negro, Chubut):

• Oficial especializado: $6.071 por hora
• Oficial: $5.196 por hora
• Medio oficial: $4.793 por hora
• Ayudante: $4.438 por hora
• Sereno: $805.489 por mes

Zona C (Santa Cruz):

• Oficial especializado: $8.397 por hora
• Oficial: $7.873 por hora
• Medio oficial: $7.597 por hora
• Ayudante: $7.377 por hora
• Sereno: $1.208.753 por mes

Zona C-Austral (Tierra del Fuego):

• Oficial especializado: $10.940 por hora
• Oficial: $9.358 por hora
• Medio oficial: $8.648 por hora
• Ayudante: $7.960 por hora
• Sereno: $1.446.064 por mes

Las sumas no remunerativas varían también según la categoría y la zona, con valores en marzo de:

Zona A: Oficial Especializado ($121.800), Oficial ($112.200), Medio Oficial ($102.800), Ayudante y Sereno ($96.800)

Zona B: Oficial Especializado ($135.200), Oficial ($124.600), Medio Oficial ($114.100), Ayudante y Sereno ($107.500)

Zona C: Oficial Especializado ($187.000), Oficial ($172.300), Medio Oficial ($157.800), Ayudante y Sereno ($148.600)

Zona C-Austral: Oficial Especializado ($243.600), Oficial ($224.400), Medio Oficial ($205.600), Ayudante y Sereno ($193.600)

Así, el recibo salarial de marzo 2026 muestra diferencias marcadas según la categoría profesional y la región del país en la que se desempeña el obrero.

El acuerdo paritario más reciente fue firmado por la UOCRA y las cámaras empresariales, y homologado por la Secretaría de Trabajo a fines de 2025.

El convenio establece incrementos acumulativos: 2% de aumento en enero respecto de diciembre 2025, y 1,8% adicional en febrero respecto de enero 2026. Estos porcentajes impactan sobre los básicos de todas las categorías y zonas, y se suman al pago de sumas fijas no remunerativas.

La paritaria incluye una cláusula de seguimiento: las partes acuerdan mantener abierta la negociación y monitorear la evolución de las variables económicas del sector.

El acuerdo paritario regía hasta el 28 de febrero de 2026 y, al cierre de esta edición, las conversaciones para definir nuevos ajustes ya se encuentran en marcha, atendiendo a la evolución de la inflación y la situación del sector.

El convenio establece que ningún trabajador puede ver reducido su ingreso total respecto al mes anterior. Además, las sumas fijas no remunerativas que se abonaron en enero y febrero —y que se mantienen en los haberes de marzo— se encuentran sujetas a los aportes y contribuciones destinados a la Obra Social.

Los incrementos alcanzan tanto a la construcción general como a actividades específicas bajo convenios como el CCT 545/08, que regula las obras en yacimientos petroleros y gasíferos. En estos casos, las escalas salariales de febrero continúan vigentes durante marzo, hasta que se firme un nuevo acuerdo.

El economista y exministro de Economía Domingo Cavallo advirtió sobre la necesidad de acelerar una transformación monetaria profunda en la Argentina.

En un extenso análisis que publicó en su blog personal, sostuvo que el gradualismo en materia cambiaria y financiera es tan inconveniente como el gradualismo fiscal y planteó que, sin una baja significativa de la tasa real de interés, será difícil sostener tanto el ajuste de las cuentas públicas como la apertura de la economía.

El argumento del exfuncionario se posa sobre la teoría de que la tasa real de interés no es una variable secundaria, sino el eje que condiciona el equilibrio fiscal, la reactivación y la competitividad frente a las importaciones.

Según detalló Cavallo, al 31 de diciembre de 2025 la deuda pública argentina equivale al 70% del Producto Bruto Interno. En ese contexto, una reducción de 100 puntos básicos (1%) en la tasa real implicaría una baja del gasto público equivalente al 0,7% del PBI. “Si se lograra una reducción de 300 puntos básicos, el ahorro fiscal superaría el 2% del PBI”, sostuvo, y agregó que ese margen podría destinarse a reducir impuestos, financiar inversión pública o combinar ambas opciones.

Para ilustrar su planteo, recordó el caso de Italia tras la adopción del euro. Con una deuda del 120% del PBI y tasas superiores al 10% anual, el reemplazo de la lira por la moneda común redujo el costo financiero a la mitad. “Italia prácticamente eliminó su déficit fiscal, que era superior al 6% del PBI”, señaló, retomando un ejemplo que, según recordó, el economista Rudiger Dornbusch utilizaba con frecuencia para explicar los beneficios de una reforma monetaria.

El exministro advirtió que avanzar en la apertura de la economía sin haber reducido de forma sustancial la tasa real de interés puede generar tensiones en el sector productivo. La competencia de importaciones —con mención particular a los productos provenientes de China— obliga a una reestructuración productiva que, en el largo plazo, puede fortalecer la economía, pero en el corto plazo exige inversión y financiamiento.

“Si el sector privado no consigue crédito a tasas razonables, los costos de adaptación pueden ser muy gravosos”, planteó y resaltó que la reconversión de empresas existentes, la incorporación de tecnología y la creación de nuevas firmas requieren acceso al mercado de capitales y al crédito bancario en condiciones sostenibles.

En este sentido, Cavallo vinculó directamente la reforma monetaria con la competitividad. Una tasa real más baja no solo alivia el costo financiero del Estado, sino que amplía la disponibilidad de crédito para el sector privado y facilita la adaptación a un entorno de mayor competencia interna y externa.

Asimismo, sostuvo que el tipo de cambio encontrará un equilibrio más sólido si el mercado cambiario opera sin restricciones y con acumulación genuina de reservas, abandonando la práctica de funcionar con reservas netas negativas. Solo en ese contexto —argumentó— podría reducirse de manera significativa el riesgo país y consolidarse el acceso al financiamiento.

Cavallo valoró decisiones recientes del Banco Central y de la Secretaría de Finanzas, como evitar la emisión de deuda en pesos a tasa fija y cubrir vencimientos con bonos ajustables por CER y dólar link, además de la colocación de BONAR en dólares bajo ley argentina. A su juicio, esas medidas “van en la dirección de una buena reforma monetaria, cambiaria y financiera”.

El efecto inmediato fue una baja de la tasa BADLAR y de la tasa real de los préstamos UVA, junto con un leve aumento del tipo de cambio que podría reducir el incentivo al carry trade. Sin embargo, advirtió que estas señales deben consolidarse con reglas claras y permanentes. “En esta materia no es aconsejable el gradualismo”, enfatizó, en un mensaje directo al ministro de Economía y al presidente Javier Milei.

Para Cavallo, los mercados monetario, cambiario y financiero pueden adaptarse a reglas más libres con bajo costo friccional, a diferencia de la economía real.

Al cierre de su análisis, el exministro sintetizó su advertencia: sin una reforma monetaria rápida y consistente que reduzca la tasa real de interés, tanto el ajuste fiscal como la apertura económica corren el riesgo de volverse más costosos y socialmente difíciles de sostener.

En el marco de la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso, el presidente Javier Milei puso al sector agroindustrial en el centro de su estrategia de inserción internacional y prometió avanzar en dos de los reclamos históricos del campo. El mandatario adelantó que implementará una nueva Ley de Semillas que garantice derechos de propiedad intelectual y prometió seguir por el sendero de la baja gradual de las retenciones.

“Tenemos los minerales críticos que necesita Occidente, tenemos energía, gas, petróleo, energía nuclear y renovable para abastecer cadenas de producción a escala; tenemos tierra, agua y capacidad agroindustrial para garantizar la seguridad alimentaria del hemisferio”, sostuvo ante el Congreso. Y remarcó: “Somos un eslabón natural de la cadena de valor estratégica de Occidente”.

El foco de esa parte del mensaje estuvo en la competitividad agroindustrial. Milei aseguró que el sector “tendrá su revolución” y planteó que el país está en condiciones de producir 300 millones de toneladas de granos, prácticamente el doble del volumen actual.

Para eso, anunció que enviará un régimen que “garantice el derecho de propiedad para los innovadores en semillas”, uno de los pedidos más insistentes de las semilleras y laboratorios. Además, prometió continuar “el sendero de reducción de retenciones”, aunque aclaró que será “de forma responsable y solo en la medida en que el superávit fiscal lo permita”.

El trasfondo es la vieja discusión sobre la Ley de Semillas. La normativa vigente permite que el pago de regalías por el uso de genética mejorada quede, en muchos casos, a voluntad del productor. Actualmente, el mercado de propiedad intelectual en la Argentina ronda el 45%, muy por debajo de países como Brasil, donde cerca del 80% de los productores paga derechos por el uso de tecnología.

Según el diagnóstico del sector, esta situación genera atraso genético y menores rindes, ya que las compañías priorizan mercados donde la propiedad intelectual está protegida. Milei fue explícito: “No podemos permitir que Brasil triplique su producción de soja usando semillas con tecnología argentina que no se pueden vender en la Argentina”.

También apuntó contra la brecha de productividad regional: “No podemos aceptar que nuestros rindes en Chaco sean de 600 kilos de algodón por hectárea cuando en Brasil son de 1.400”.

El Presidente vinculó la agenda agroindustrial con la inserción global y cuestionó el bajo nivel de apertura de la economía. “Hoy tenemos un 30% de comercio exterior sobre el PBI cuando deberíamos tener el triple, cerca del 93%. Son números de vergüenza y no nos puede volver a pasar”, afirmó.

En esa línea, sostuvo que en un año la red de ferrocarriles de carga atravesará “la modernización más grande en más de un siglo”, con el objetivo de reducir costos logísticos y mejorar la competitividad exportadora.

Además, destacó la creación de un Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), una herramienta pensada como versión acotada del esquema para grandes proyectos, orientada a dinamizar la incorporación de bienes de capital, tecnología y sistemas de riego en economías regionales.

Tras el discurso, el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) —la mesa que reúne a más de 60 entidades de toda la cadena agroindustrial, entre ellos, productores agropecuarios, exportadores de granos y subproductos, industria aceitera, frigoríficos y sector cárnico— expresó su respaldo a los lineamientos planteados por el Presidente.

La entidad aseguró que comparte “plenamente los conceptos del presidente Milei en el Congreso de la Nación: el respeto a la propiedad privada, la apertura económica, la inserción internacional, la necesidad de crecimiento del comercio exterior, la modernización laboral, los objetivos del RIMI, el superávit fiscal y a continuar con la baja de impuestos distorsivos que afectan la competitividad”.