Ahora queda más clara la resistencia de Toto Caputo a cambiar la canasta que mide la inflación. Si se hubiera aplicado la metodología nueva, el IPC de febrero habría sido de 3,1%, un índice que, con apenas dos décimas por encima del IPC oficial, habría resultado nocivo políticamente para un gobierno que se aferra al discurso de que la inflación está bajando.

Lo cierto es que, contando febrero, van nueve meses consecutivos en los que la inflación se mantiene o sube, y cada vez le resulta más difícil al gobierno dar una explicación. Durante la campaña electoral del año pasado, el argumento preferido era la caída en la demanda de pesos causada por el «riesgo kuka». Pero las elecciones ya quedaron muy lejos, y no hay indicios de que la inflación esté aflojando.

Más bien al contrario, ni siquiera se puede recurrir al argumento de que lo importante es la «inflación núcleo», como hacía Javier Milei el año pasado, porque ahora ese indicador, con un 3,1%, también muestra una tendencia preocupante. Y resulta cada vez más difícil sostener el pronóstico de que en el segundo semestre el índice mensual será inferior al 1%.

La explicación de Caputo es que todavía no se completó el proceso de «cambios de precios relativos», que básicamente refiere a que los servicios -sobre todo, los regulados por el Estado-, tenían precios tan atrasados con respecto a los bienes, que lleva un período largo para que se llegue a una situación de equilibrio. Y es cierto que el gobierno de Milei recibió un sistema energético con «tarifas pisadas», pero también es verdad que los ajustes tarifarios más grandes fueron pospuestos para el momento post electoral.

La bomba tarifaria

Es así que, en febrero, el rubro «Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles» registró un explosivo incremento de 6,8%, más del doble de lo que venía marcando hasta fin del año pasado. No fue una sorpresa para nadie, dado que recién a partir de febrero se empezó a sentir con toda plenitud el recorte de los subsidios tarifarios para los hogares de ingresos medios.

Y la perspectiva de corto plazo es que esa recomposición tarifaria continuará. Ocurre que la necesidad de recortes de los subsidios -que representan un 6% del gasto presupuestario- se acentuó por la peligrosa tendencia en la recaudación impositiva: las cifras de ARCA marcaron en febrero la séptima caída consecutiva, medida en variación interanual real.

Ese rubro, que en la canasta del Indec tiene asignada una ponderación de 9,4% del presupuesto familiar, tendría un 14,5% si Caputo no hubiese cuestionado el cambio metodológico que propuso el resignado Marcos Lavagna.

De estar rigiendo la frustrada nueva canasta -que toma en cuenta patrones de consumo según un censo de 2018, mientras la canasta vigente considera un censo de 2004-, entonces se habría sumado casi dos puntos al IPC de febrero solamente por la incidencia de las tarifas de servicios públicos.

Sorpresa en el rubro alimenticio

Todo ese efecto estaba previsto por Caputo. En cambio, lo que resultó más sorpresivo fue que el rubro de alimentos, que después del pico de fin de año suele disminuir la presión alcista en el verano, continúa con una elevada tasa de aumentos.

Si bien se moderó respecto del impactante 4,7% de enero, el rubro alimenticio continúa muy por encima del promedio del año pasado, al registrar un 3,3% en un mes de apenas 28 días.

Los «villanos» del mes fueron, otra vez, las carnes. En el rubro vacuno, la paleta tuvo un incremento de 8,1% y el asado de 5,7%. Mientras que el pollo dio la nota con una suba de 10,2% en el mes.

Esta situación se da por una combinación de motivos locales y del mercado global. Los ganaderos, al ver subir el precio de la hacienda, tienen incentivo a engordar los animales y así recomponer el stock, que se redujo en casi 10 millones de cabezas tras la política de controles de precios en el gobierno kirchnerista.

Hay, además, un recorte en la producción global, y Argentina, con sus nuevos tratados comerciales, está posicionada para multiplicar su volumen de exportación, lo que genera un «efecto contagio» sobre las carnicerías.

Los expertos del negocio ganadero afirman que, dado el tiempo que lleva el ciclo biológico, los precios podrían seguir altos durante dos años.

La carne y el cambio de IPC

Esa es la parte que Caputo subestimó cuando tomó la decisión de mantener la actual canasta del Indec. Si hubiera aceptado el cambio, tal vez la categoría de alimentos habría neutralizado el efecto de la suba de tarifas.

Ocurre que en la canasta inflacionaria se le sigue asignando a la carne vacuna la misma ponderación en el presupuesto familiar que la que tenía en el año 2004, a pesar de que hoy el nivel de consumo es de 49,9 kilos anuales per capita, un 35% menos que los 63,9 kilos que se consumían en 2004.

Y ese efecto nocivo no se limita al plano estadístico, sino que tiene peso político. En un país con altos índices de pobreza, la inflación del rubro de alimentos es la más sensible, y en buena medida es la que define la aprobación del plan económico de un gobierno.

En su primera etapa, el programa de Milei se pudo jactar de que los precios de alimentos subían menos que el promedio de la inflación, lo cual ayudaba a la caída en los índices de pobreza.

Pero desde octubre pasado esa tendencia se quebró, y ya van cinco meses consecutivos en los que la comida va por encima del resto de las categorías. Es algo que se ve más claro cuando se analiza la evolución de la canasta básica -la que marca el consumo mínimo para estar sobre la línea de pobreza- y la canasta alimentaria -la que indica una dieta diaria suficiente como para no estar en situación de indigencia-.

En febrero, la canasta alimentaria tuvo un incremento de 3,2%, lo que implica una variación de 37,6% en 12 meses. En cambio, el IPC fue de 2,9% en el mes y acumula un 33,1% mensual. Es una situación que habilita a los reclamos de ajustes superiores a la inflación para las jubilaciones y los salarios de las franjas de menores ingresos.

¿Marzo peor?

Y, acaso lo peor de todo, las perspectivas de marzo lucen feas. Ya se trata, de por sí, de un mes con alta inflación estacional, como consecuencia del impacto del inicio de clases y del cambio de temporada textil. Además, claro, seguirá presionando el factor tarifario. Pero, además, las consultoras privadas siguen registrando alzas de alimentos y pronostican que el IPC no se ubicaría debajo de 2,8%.

En definitiva, serán días en los que la capacidad persuasiva de Toto Caputo deberá esforzarse al extremo, dado que este pico inflacionario se produce justo cuando la mayoría de los gremios está renegociando los ajustes de salarios. Y, por otra parte, cuando el gobierno intenta convencer al sector financiero de que baje las tasas de interés en pesos para que se expanda el crédito al consumo y la producción.

Con el telón de fondo del alto dato de inflación de febrero, el Gobierno optó por curarse en salud. Como consecuencia, el Tesoro retomó en la licitación de deuda de ayer una refinanciación superior al 100 por ciento. El 108% refinanciado implica en la práctica una mayor absorción de la liquidez que inyecta el Banco Central cada día que compra reservas.

“El registro de la licitación previa -donde el rollover se situó excepcionalmente por debajo del 100%- por ahora debe leerse como un evento puntual que no señalizó un cambio en la estrategia contractiva de fondo, con un rollover en lo que va del año que también se ubica en 108% acumulado”, explicaron desde Puente.

La gran variedad de bonos en pesos que se licitaron hacía suponer que el Gobierno tomaría una actividad agresiva para contener la expansión monetaria. Finalmente colocó deuda por $10,4 millones, por encima de los 9,64 billones que vencían.

La lectura de la decisión tomada por el Tesoro luce bastante clara. El objetivo es mantener bajo control al cantidad de dinero para contener el aumento de la inflación de los últimos meses.

La contracción monetaria que vienen llevando especialmente el Tesoro pero también el Central tiene como contrapartida una importante caída en la cotización del dólar en las últimas semanas. La divisa vuelve a transformarse así en un ancla anti inflacionaria. Ayer el tipo de cambio mayorista cerró por debajo de los 1.400 pesos.

El refinanciamiento mayor al 100% implica absorción neta de pesos del mercado, lo que es consistente con la política de mantener la liquidez contenida.

“El mensaje central respecto a la demanda del mercado se concentró en la preferencia por la cobertura inflacionaria, con un fuerte apetito por los instrumentos de la curva CER que absorbieron la mayor parte de las ofertas adjudicadas.”, explicaron desde Puente.

De hecho los bonos que ajustan por inflación son los de mayor rendimiento real, ya que pagan hasta 8% por encima de la inflación anual. “Esta validación de la curva CER frente a la tasa fija sugiere que los inversores priorizaron la protección contra el IPC en un escenario de liquidez excedente”, agregaron.

El índice de precios de febrero, que arrojó un 2,9%, se ubicó bien por encima de la expectativa de los analistas. Luis “Toto” Caputo ensayó una lectura benévola del dato: “La economía argentina todavía se encuentra en una etapa de corrección de precios relativos, tras acumular décadas de acumular distorsiones”.

Luego agregó que “el superávit fiscal, el control estricto de los agregados monetarios consistente con el proceso de desinflación y la mejora del balance del BCRA son prioridades para el Gobierno”.

El 2,9% de febrero obedeció solo parcialmente a los aumentos de tarifas, que es donde más se nota la distorsión de precios relativos. Luego hubo aumentos significativos en el rubro alimentos y bebidas (3,3%) y la inflación núcleo (que excluye productos estacionales y regulados) subió hasta 3,1 por ciento.

El nuevo dato implica que hace diez meses ya que la inflación no baja, luego del piso del 1,5% registrado en mayo del 2025. Marzo tampoco viene fácil, sobre todo después del aumento de la nafta que ya acumula 8% en el mes. El incesante incremento del barril de petróleo es muy probable que también se traslade parcialmente a los surtidores.

La buena noticia, en todo caso, es la caída cambiaria que incluso significó una caída del precio del dólar en las últimas semanas.

En la primera semana de marzo la suba de alimentos y bebidas fue solo 0,4% según la consultora EcoGo, que calculó que en todo el mes podría ubicarse en 2,5 por ciento. Pero se trata de una expectativa demasiado optimista, considerando que la guerra con Irán está presionando sobre la inflación en todas parte del mundo.

Respecto al financiamiento en moneda extranjera, la colocación del nuevo bono ARGBON27 (AO27) a una tasa de 5,59% valida la continuidad de la estrategia oficial de profundizar el crédito en dólares bajo jurisdicción local.

“Este enfoque -indicaron desde Puente- permite al Gobierno seguir utilizando el mercado doméstico para la gestión de su programa financiero, apoyado en un apetito de los inversores locales que esperamos se mantenga firme en las próximas emisiones, permitiendo al Tesoro gestionar sus compromisos sin depender exclusivamente del acceso a los mercados internacionales”.

Tras conocerse el dato de inflación de febrero, la ANSES aplicará un ajuste en los pagos del próximo mes. Montos confirmados y qué pasa con el bono extra

12/03/2026 – 20:00hs

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) definió el porcentaje de incremento que recibirán los jubilados y pensionados durante el mes de marzo de 2026. Siguiendo el esquema de movilidad vigente, que establece actualizaciones mensuales basadas en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el ajuste responde directamente al dato de inflación de febrero de 2025, el cual fue oficializado por el INDEC este jueves 12 de marzo, que determinó que el alza se situó en 2,9%.

Este incremento impactará no solo en los haberes de quienes perciben la mínima, sino también en las escalas más altas y en las diversas Pensiones No Contributivas (PNC). De esta manera, el Gobierno nacional continúa con la política de ajustes automáticos, buscando que las prestaciones previsionales no pierdan terreno frente al avance de la canasta básica, aunque persisten los interrogantes sobre el poder de compra real ante el congelamiento de ciertos adicionales.

Para los beneficiarios del sistema previsional, el calendario de abril traerá consigo una nueva base de cálculo. Si bien el haber base experimentará una suba nominal, la atención de los adultos mayores se centra en la continuidad de los refuerzos de ingresos, que se volvieron una pieza fundamental para alcanzar el piso mínimo de subsistencia en un contexto económico que, si bien muestra una desaceleración inflacionaria, sigue presentando desafíos para los sectores de ingresos fijos.

Aumento de las jubilaciones: cuánto se cobra en abril

Con la confirmación del aumento del 2,9%, la jubilación mínima pasará a $380.286,25 a partir del próximo mes. A este valor se le debe sumar la continuidad del bono extraordinario de $70.000, un refuerzo que el Poder Ejecutivo decidió mantener pero que no sufrió actualizaciones en su monto nominal desde hace meses. En consecuencia, ningún jubilado que perciba el haber mínimo cobrará menos de $450.286,25 durante el cuarto mes del año.

En cuanto a las otras prestaciones de la ANSES, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubicará en torno a los $304.243,19, que con el bono incluido llegará a un total de $378.314,27. Las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez también se ajustarán, quedando en un haber base de $266.170,81, totalizando $340.289,48 al sumar el refuerzo extraordinario. Estos montos son netos de descuentos obligatorios, como el aporte a la obra social PAMI, que se calcula sobre el haber sin el bono.

El impacto del bono a jubilados congelado y las asignaciones familiares

Si bien el ajuste porcentual por inflación garantiza que el haber base no quede rezagado, el punto de conflicto sigue siendo el bono de $70.000. Al tratarse de un monto fijo que no se actualiza por la fórmula de movilidad, su peso relativo dentro del ingreso total de los jubilados es cada vez menor. Esta situación genera que el aumento real de bolsillo para quienes cobran la mínima sea ligeramente inferior al 2,9% anunciado, ya que el bono actúa como un componente que achata la pirámide previsional frente a los incrementos de precios.

Además de las jubilaciones, el incremento del 2,9% se trasladará automáticamente a las asignaciones familiares y a la Asignación Universal por Hijo (AUH). Según los nuevos cálculos, la AUH pasará a ser de $136.666 por hijo, mientras que la asignación por hijo con discapacidad escalará hasta los $445.003. Estos valores son esenciales para miles de familias que dependen de la seguridad social, y sus fechas de cobro se regirán, como es habitual, por el calendario de pagos distribuido por terminación de DNI que la ANSES publicará en los próximos días.

En este marco, los beneficiarios deberán estar atentos a la actualización de los topes de ingresos para el cobro de asignaciones, los cuales también suelen ajustarse en paralelo a los haberes para evitar que trabajadores o pensionados queden fuera del sistema de seguridad social por recibir los nuevos aumentos.