POLITICA
Eduardo Fidanza: “La inflación dejó de ser el principal problema, pero sigue definiendo el futuro del Gobierno”

La economía continúa siendo el principal determinante del comportamiento electoral de los argentinos. Esa fue una de las principales conclusiones que dejó Eduardo Fidanza, analista político y director de Poliarquía, durante su participación en Infobae al Regreso, donde analizó el escenario político del Gobierno, la reconfiguración de las alianzas oficialistas y los cambios culturales que atraviesan al electorado.
En diálogo con Gonzalo Aziz y el equipo integrado por Diego Iglesias, Ramón Indart, Matías Barbería y Gustavo Lazzari, Fidanza sostuvo que la evolución de las variables económicas seguirá siendo el factor decisivo para el futuro político de Javier Milei. “En la Argentina suele prevalecer el voto por razones económicas sobre otras causas”, afirmó, antes de explicar que esa tendencia se mantiene desde hace décadas.
Según detalló, cada vez que las encuestas consultan por el principal problema del país o de la situación personal, la economía aparece en primer lugar, ya sea por la inflación, la falta de trabajo o la insuficiencia de los ingresos.
A su juicio, el escenario económico comenzó a modificarse respecto de los primeros meses del Gobierno. “La inflación ya no es el principal problema económico, pasó al tercer lugar. Hoy la preocupación está muy repartida entre la falta de trabajo y la insuficiencia de los ingresos”, señaló.
Sin embargo, consideró que la evolución de los precios seguirá siendo determinante para la estabilidad política del oficialismo. “Si la inflación vuelve a bajar, las chances políticas del Gobierno se incrementan y, si se cumple lo que nos ha enseñado la experiencia, también disminuye la sensibilidad social frente a la corrupción”, aseguró.
Fidanza también describió una sociedad que, frente a la pérdida del poder adquisitivo y la incertidumbre laboral, está dispuesta a resignar calidad de empleo a cambio de cierta estabilidad. “Si me quedo sin trabajo, pero lo que me ofrecen es un trabajo precario, compro. Porque la gente empieza a hacer esos razonamientos”, resumió.
Otro de los ejes de la conversación fue el nombramiento de Diego Santilli como jefe de Gabinete, una decisión que, según el analista, refleja un cambio en la estrategia política del oficialismo. “Santilli es el primer jefe de Gabinete, de los tres anteriores que tuvo este gobierno, que pertenece al elenco estable de la política. Es un político profesional, de aquellos que en su momento el Presidente llamaba miembros de la casta”, señaló.
Para Fidanza, ese movimiento muestra que La Libertad Avanza fue incorporando dirigentes con experiencia para fortalecer su capacidad de gestión y negociación parlamentaria. “Parece que con el paso del tiempo La Libertad Avanza necesita cada vez más de aquello que llamó la vieja política”, agregó.
El director de Poliarquía también sostuvo que las transformaciones culturales ayudan a explicar el nuevo mapa político argentino, especialmente entre los votantes más jóvenes. “Toda la evidencia que nosotros vamos juntando es que la gente, sobre todo la gente joven, no está pensando en términos de una comunidad o de un actor social”, afirmó.

En ese sentido, consideró que conceptos que durante décadas organizaron la identidad política, como la idea de “pueblo” en el peronismo, perdieron capacidad de movilización frente a una cultura marcada por “la tecnología, la inmediatez y el individualismo”.
Ese cambio, sostuvo, representa uno de los principales desafíos para el peronismo. “Hoy un candidato del peronismo que tuviera que enfrentar una campaña presidencial tiene enormes problemas de comunicación”, planteó.
Como ejemplo mencionó a Axel Kicillof y el peso que, a su entender, tendrían sus antecedentes políticos en una eventual competencia nacional. “¿Cómo resistiría su propio archivo con la comunicación que le van a hacer sus oponentes? ¿Qué hacemos con su foto con Cristina Kirchner, que hoy tiene un 60% de desaprobación a nivel nacional?”, se preguntó.
Fidanza también cuestionó el funcionamiento que tuvieron numerosos movimientos sociales durante los últimos años. Según afirmó, “el ideal de proteger a los más necesitados se convirtió, en muchos casos, en una manipulación”, y aseguró que existen “muchos testimonios de personas que fueron manipuladas por esos movimientos sociales”. “Esto no es ideológico, es investigación”, remarcó.
En el tramo final de la entrevista, el analista diferenció el respeto por las reglas institucionales del clima político que caracteriza al Gobierno. A su entender, Javier Milei “respeta a rajatabla los procedimientos de la democracia”, aunque advirtió que “la democracia, en su vocación, tiene un componente que es el diálogo”.
En esa línea, sostuvo que conviven dos dinámicas dentro de la administración nacional: por un lado, la negociación parlamentaria que permitió avanzar con distintas leyes y, por otro, un estilo confrontativo impulsado por el Presidente. “El Gobierno negoció sus leyes en el buen sentido democrático de la palabra. La otra cara son los insultos del Presidente y las descalificaciones”, sostuvo.
Finalmente, Fidanza advirtió que uno de los principales riesgos políticos para La Libertad Avanza pasa por la cohesión de su propia base de apoyo. En ese sentido, señaló que el oficialismo reúne el núcleo duro de votantes de Milei, el aporte que recibió del PRO a través de Patricia Bullrich y Mauricio Macri, además del sector que representa Victoria Villarruel. “Si hubiera un desprendimiento de alguno de esos sectores, ahí el Gobierno entra en problemas”, concluyó.
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El intendente de Berazategui declaró como testigo en una causa que investiga una supuesta oferta económica para atacarlo

El intendente de Berazategui, Carlos Balor (Partido Justicialista), declaró como testigo en una fiscalía de esa localidad por una causa en la que se investiga un supuesto plan para atentar contra su vida. El jefe comunal, sucesor en el cargo de Juan José Mussi (fallecido hace casi un año), manifestó preocupación por su familia y relató que tomó conocimiento de la situación por el relato de un concejal.
Balor prestó declaración testimonial en la fiscalía Nº2 de Berazategui, en la que desde el 3 de noviembre está radicada una denuncia de un comerciante que afirma haber recibido un ofrecimiento de US$50.000 para atacar al jefe comunal. El denunciante es Alejandro Villarreal, que acusa a Roberto Chorne, un dirigente que desde hace meses realiza pintadas en Berazategui deslizando una posible candidatura a la intendencia.
En la denuncia, a la que tuvo acceso , Villarreal (propietario de una parrilla) dijo que conoce a Chorne desde hace 20 años y que, a mediados de septiembre, el hombre se acercó a su domicilio “en un automóvil Mercedes Benz, de alta gama, color beige”, y le mostró “cinco fajos con billetes de dólares estadounidenses (sería la suma de 50.000 dólares) y un arma tipo pistola marca Bersa modelo Thuder Mini con una funda negra”.
Siempre según la denuncia de Villarreal, tras exhibirle el dinero y el arma, Chorne le consultó: “¿Harías un laburo en San Miguel O Palomar para apagarle la luz a uno?”. El denunciante afirma haber rechazado el ofrecimiento y que, a continuación, Chorne le dijo: “¿Y al ‘Turco’ Balor?“. Tras otra negativa, el denunciante dijo en sede policial que Chorne le manifestó: “Yo necesito sacarlo del juego al Turco Balor y después te doy un gabinete”. En la denuncia consta que Villarreal señalo también que “tiempo atrás estuvo privado de su libertad y que el señor Chorne conoce su pasado”.
Al declarar como testigo este jueves, Balor contó un concejal se contactó con él y le dijo que se encontraba acompañado por una persona que le contó “que le ofrecieron plata y un arma para ir contra él”, según informaron a desde la Municipalidad de Berazategui. Balor le respondió que, “si es verdad, esa persona debería hacer la denuncia donde corresponda”.
“A los días, lo notificaron de que esa persona había hecho la denuncia contra quien le había ofrecido dinero y un arma. Carlos manifestó su preocupación por su familia, que es ajeno a las denuncias que se hacen entre ellos en este momento, y que no cuenta con más información”, sostuvieron desde la comuna.
El viernes pasado, la casa de Chorne, ubicada en la calle 147 de Berazategui, fue allanada por orden de la fiscal Silvia Borrone. En el procedimiento, se secuestraron una pistola marca Bersa modelo Thunder, con un cargador y 15 municiones calibre 9 milímetros; otro cargador con 11 municiones calibre 40; una caja con 50 municiones calibre 22 milímetros, y una caja de color azul para transporte de armamento. El acusado no estaba en el domicilio, pero sí su esposa y su hijo.
Chorne, en tanto, se desligó de las acusaciones. En un video que subió a sus cuentas de redes sociales, habló de “las pavadas que están saliendo” (por la acusación en su contra) en “los medios locales pagos por el municipio, pagos por el señor Carlos Balor”.
“Inventaron algo tremendamente descabellado en mi contra, me allanaron mi casa por un expresidiario al que le pagaron para que me haga una denuncia falsa”, sostuvo Balor en un video que subió a su cuenta de TikTok, en el que aseguró ser “legítimo usuario” de las armas que le secuestraron.
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Suspensión de las PASO: el Gobierno acelera los acuerdos con los gobernadores y confía en lograr la media sanción en el Senado

Después de negociaciones hasta última hora para firmar el dictamen de la reforma electoral, la Casa Rosada asegura que cuenta con los votos para suspender las PASO la próxima semana en el Senado y este jueves ratificó el avance de los acuerdos políticos con los gobernadores aliados, que deberán aportar los votos en el Congreso.
Así lo hizo esta mañana el jefe de Gabinete, Diego Santilli, principal interlocutor del Gobierno con las provincias, durante la inauguración de la Cumbre de la Minería en Mendoza. Allí, acompañado por el titular de la Cámara de Diputados y vicepresidente de La Libertad Avanza, Martín Menem, Santilli se mostró junto a los gobernadores Marcelo Orrego (San Juan), Alfredo Cornejo (Mendoza), Carlos Sadir (Jujuy) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe).
Tal como adelantó TN, además de la articulación de Patricia Bullrich con los bloques aliados en el Senado, Santilli logró cerrar el acompañamiento de los gobernadores dialoguistas al proyecto electoral oficialista. La prenda de negociación fue la conformación de listas legislativas nacionales conjuntas en lugar del sistema de listas colectoras que solicitaban los mandatarios radicales y que finalmente fue retirado del texto por la resistencia de algunos espacios y la propia exministra de Seguridad.
“Nosotros hemos llegado a un acuerdo con el gobernador Cornejo en materia nacional, que tiene que ver con la integración en el Senado y en Diputados”, ratificó en rueda de prensa el jefe de Gabinete, que aclaró que continúan las negociaciones por la competencia provincial, donde las definiciones serán tomadas más adelante.
Ese es uno de los puntos más sensibles en la negociación con las provincias, donde los gobernadores reclaman que se les respete sus territorios y el control de sus legislaturas locales, además de su representación en el Congreso nacional. En el caso de Mendoza, esa discusión tiene un nombre propio: Luis Petri. El exministro de Defensa aspira disputar la gobernación, algo que podría romper el vínculo del oficialismo con Alfredo Cornejo, que quiere que su sucesor salga de su propio espacio, Cambia Mendoza.
Esa discusión, que se replica en las diferentes provincias donde La Libertad Avanza considera que llega con buen margen para competir, hace meses genera diferencias internas en la mesa política del Gobierno, donde aparecen dos grupos que pujan entre cerrar los acuerdos electorales con los gobernadores lo antes posible para garantizar el apoyo en el Congreso y brindar certidumbre a los mercados; y quienes buscaban demorar el cierre de las negociaciones para garantizar el peso del armado de La Libertad Avanza en los distritos.
Sin embargo, la Casa Rosada busca postergar para 2027 la definición de nombres propios, la distribución de bancas y la decisión de si compite o no en cada provincia, en un año donde la gran mayoría de los distritos apunta a desdoblar sus elecciones. Aun así, cerca del ministro coordinador aseguran que los términos pactados alcanzan para conseguir los 37 votos necesarios en el Senado para lograr la media sanción de una de las prioridades políticas de Javier Milei: suspender las PASO.
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La Corte Suprema dejó firme la destitución del exjuez federal Walter Bento

La Corte Suprema dejó firme la destitución de Walter Bento como juez federal de Mendoza, al confirmar la validez del jury que lo encontró responsable por mal desempeño. Bento, además, está condenado en la justicia penal a 18 años de prisión y una multa de más de $540 millones como jefe de una asociación ilícita dedicada al cobro de coimas y al lavado de activos.
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados lo había removido en noviembre de 2023. Casi tres años después, fue condenado por un tribunal oral.
Ahora la Corte Suprema de Justicia revisó su destitución. El máximo tribunal desestimó el recurso de queja que presentó Bento contra ese fallo.
Sostuvo la Corte que Bento no logró demostrar “patentes violaciones a las reglas del debido proceso y a la garantía de defensa en juicio”, que es el único supuesto en que el máximo tribunal puede revisar un juicio político.
Firmaron la decisión los jueces Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, junto a los conjueces Leopoldo Bruglia, Carolina Robiglio y Juan Fernando Perozziello Vizier.
El titular de la Corte, Horacio Rosatti, quien también preside el Consejo de la Magistratura que investigó a Bento, se excusó de intervenir y el máximo tribunal aceptó su apartamiento.
El mismo día, la Corte resolvió otra queja de Bento, la del expediente CSJ 2380/2023, contra el rechazo de las recusaciones que había planteado durante el jury.
Bento era juez federal de Mendoza con competencia electoral desde 2005. Es decir, controlaba las elecciones nacionales en esa jurisdicción.
Fue destituido el 8 de noviembre de 2023 por seis votos contra uno: votó en disidencia el entonces presidente del Jurado, Javier de la Fuente.
Ese mismo día, Bento quedó detenido. En febrero pasado, el Tribunal Oral Federal N° 2 de Mendoza lo condenó a 18 años de prisión como jefe de una asociación ilícita que cobraba sobornos a cambio de resoluciones judiciales favorables.
El Jurado de Enjuiciamiento lo removió por maniobrar para entorpecer la investigación en su contra, haber vendido un inmueble sin declarar su condición de persona políticamente expuesta, haber obtenido un crédito hipotecario para vivienda única pese a tener varias propiedades, haber omitido información en sus declaraciones juradas y haberse inscripto en un concurso para la Cámara Federal de Casación Penal a pesar de que no reunía las condiciones.
El principal planteo de la defensa, a cargo de Mariano Fragueiro Frías, fue la inconstitucionalidad de la ley 26.080, que reformó el Consejo de la Magistratura y dejó en el Jurado un solo representante de los abogados.
El artículo 115 de la Constitución dice que el jury se integra con “legisladores, magistrados y abogados de la matrícula federal”. Según Bento, ese plural obliga a que haya al menos dos miembros por estamento.
“Su razonamiento es endeble”, respondió la Corte. Para rebatirlo, concluyó que la Constitución usa un “plural genérico”. Es decir, el artículo indica qué sectores deben integrar el Jurado, no cuántos representantes tiene cada uno.
Bento también cuestionó la imparcialidad de dos legisladores de Juntos por el Cambio que integraban el jury.
El exjuez había argumentado que se violó su presunción de inocencia, porque lo habían destituido por delitos que todavía no tenían condena.
La Corte respondió que el planteo era “ostensiblemente infundado” y recordó que el jury había dejado de lado las acusaciones penales al destituirlo para centrarse en sus conductas “impropias para un juez federal”.
En su fallo, la Corte enumeró esas acciones de Bento. Por ejemplo, señaló que el juez destituido pidió informes a la Dirección Nacional de Migraciones y al Registro de la Propiedad Inmueble para saber si había restricciones sobre él o sobre sus bienes; o pidió a la empresa telefónica el cambio del chip de un celular que la justicia le había requerido días antes.
Y dejó una nota manuscrita en su caja de seguridad, dirigida al juez que lo investigaba, que fue encontrada en el allanamiento: “Puigdengolas lee!!! Por favor”, le decía en alusión al juez Eduardo Puigdéngolas que lo procesó como líder de una asociación ilícita que pedía dinero a cambio de beneficios judiciales.
La Corte señaló que Bento no negó esos hechos durante el juicio político y que incluso admitió algunos. Dijo que la nota de la caja fuerte había sido un “pedido de clemencia” ante “la impotencia que sufría ante la vulneración de sus derechos como imputado”.
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