POLITICA
El ascenso de la candidata a jueza que podría quedarse con una de las causas que más preocupa en la AFA
Una candidata a jueza que resultó favorecida por la instancia de las entrevistas personales en el proceso de selección de magistrados podría terminar al frente del juzgado donde tramita la causa sobre una lujosa quinta de Pilar atribuida a dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
Se trata de María Pérez-Cárrega, quien trabaja como secretaria letrada del juez Alberto Lugones en el propio Consejo de la Magistratura, el órgano que selecciona a los jueces y los remueve.
Como resultado de la entrevista personal -una instancia muy cuestionada por su incidencia sobre el resto del proceso-, Pérez Cárrega consiguió dejar el 12° lugar para pasar a integrar la terna final de la que surgirá el nombre del próximo titular del Juzgado N°10 en lo Penal Económico, donde tramita el caso AFA.
El salto de la candidata quedó bajo el reflector con el último de los movimientos del Gobierno para cubrir las vacantes en la Justicia. El 25 de junio pasado, el Poder Ejecutivo formalizó la designación de Ignacio Labadens como juez de menores mediante un decreto firmado por Javier Milei y refrendado por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.
Como Labadens participaba tanto de ese concurso como del destinado a cubrir el Juzgado Penal Económico Nº 10, su designación habilitó el reemplazo dentro de esta última terna. Su lugar fue ocupado entonces por Pérez-Cárrega, que integraba en soledad la lista complementaria del concurso, una suerte de nómina de auxilio que se activa cuando alguno de los restantes candidatos es designado o se baja del concurso.
Es decir, que gracias a la entrevista, Pérez-Cárrega se convirtió en la primera y única opción ante cualquier eventualidad en el concurso. se puso en contacto con la candidata, pero hasta el momento prefirió no hacer comentarios.
El ascenso
Por reglamento interno del Consejo, para los procesos destinados a cubrir una sola vacante judicial deben realizarse entrevistas al menos a los primeros 6 candidatos. Ese ordenamiento preliminar se realiza sobre la base de antecedentes y un examen escrito.
Los 150 puntos que obtuvo Pérez-Cárrega la colocaron en el puesto 12, lejos de la entrevista y aún más lejos de la terna.
Sin embargo, para este concurso en particular, el Consejo decidió ampliar las entrevistas “hasta la postulante María Pérez-Cárrega, inclusive”, tal como consta en una resolución. Luego vino una segunda ampliación que extendió a 19 el número de candidatos entrevistados.
Esos encuentros personales entre postulantes y algunos de los consejeros se desarrollaron entre el 12 y el 13 de septiembre de 2022.
Casi cuatro años después, en mayo último, el Consejo señaló que todos los postulantes habían demostrado tener “idoneidad y la motivación necesaria para desempeñarse en el cargo”, pero que, sin embargo, ”existían circunstancias objetivas para realizar modificaciones en el orden de mérito definitivo”.
“Corresponde poner de relieve que la postulante María Pérez-Cárrega demostró un perfil integral y actualizado, evidenciando un compromiso con la capacitación continua en perspectiva de género y ética pública”, comenzaba el tramo del dictamen con el que los consejeros justificaron la promoción de Pérez-Cárrega.
Entre otras virtudes, destacan que la candidata articuló sus respuestas con estándares internacionales, que propuso soluciones dogmáticas avanzadas y que demostró capacidad para integrar el derecho penal con los derechos humanos.
La entrevista a Pérez-Cárrega duró 4 minutos. Fue la más corta de las 19 que se celebraron para el cargo, que tuvieron una duración promedio de 10 minutos.
Aquel corto intercambio le valió a Peréz-Carrega el ascenso que la convirtió en la única integrante de la lista complementaria, que, con el nombramiento de Labadens, la llevó a la terna final.
El perfil
La postulante a jueza del Juzgado 10 fue candidata de la Lista Celeste, una corriente judicial históricamente afín al kirchnerismo.
Fue auxiliar, oficial y luego secretaria de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, donde Lugones se desempeña como camarista y a la que ingresó hace más de tres décadas. Desde 2018 se desempeña como secretaria letrada del Consejo, en la vocalía de Lugones, quien no intervino en el proceso de selección de su secretaria.
Lugones, su jefe en el Consejo, es camarista de San Martín desde 2014. Es cercano al kirchnerismo, aunque en el último tiempo, en algunas votaciones del Consejo se lo vio cerca de Santiago Viola, el representante del Poder Ejecutivo en ese órgano.
Lugones tuvo una injerencia decisiva en el devenir del expediente AFA cuando envió el caso desde Retiro a la Justicia federal de Campana. Fue en respuesta a un reclamo de los propios investigados, el monotributista Luciano Pantano y su madre jubilada Ana Conte, que figuran como los dueños formales de la quinta investigada en Pilar.
El expediente permaneció en Campana hasta que la Casación resolvió a mediados de mayo anular el pase y dejar que sea la Cámara Federal del fuero Penal Económico quien decida sobre el destino del caso, que pasó luego al juzgado 10 que hoy subroga Verónica Straccia.
Con la inclusión de Pérez-Cárrega, la terna para ocupar esa vacante quedó conformada por ella; por Juliana Márquez, que es secretaria en una fiscalía de Comodoro Py y quedó segunda en el concurso, y por Matías Alejandro Latino, que quedó en tercer lugar y es secretario del juez que tuvo la causa en Campana, Adrián González Charvay.
El Poder Ejecutivo puede optar por cualquiera de los nombres de una terna, más allá del orden con el que los postulantes llegan a ella.
Las entrevistas personales
Por la incidencia final que tienen sobre el trámite de selección, las entrevistas personales son un blanco de crítica permanente para un sector importante de la Justicia.
Desde la propia Corte Suprema se impulsó un proyecto que introduce modificaciones en todo el proceso, pero que recalibra especialmente el peso de las entrevistas, una instancia que, en palabras del cortesano Carlos Rosenkrantz, se utiliza para “reescribir el orden de mérito” de los candidatos.
El proyecto lleva su firma y la de su colega Ricardo Lorenzetti. El presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, no firmó aquella acordada, al esgrimir que él también preside el Consejo, donde debe debatirse la iniciativa. Sí participó, no obstante, de la ceremonia realizada en abril en el Palacio de Tribunales donde la iniciativa fue presentada.
Existía una expectativa para que el proyecto tuviera un tratamiento especial que le permitiera sortear los tiempos habituales. Pero la iniciativa todavía navega las aguas del Consejo y debate su suerte entre las comisiones de Reglamentación y Selección.
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POLITICA
El Gobierno celebró las declaraciones de Trump sobre Malvinas y analiza una posible mediación de EE.UU. en la disputa con el Reino Unido
El Gobierno celebró las nuevas declaraciones de Donald Trump sobre Malvinas y evalúa la posibilidad de avanzar con alguna modalidad de participación de Estados Unidos en la disputa con el Reino Unido.
En la Casa Rosada consideran que el pronunciamiento del mandatario norteamericano fortalece la estrategia que Javier Milei puso en marcha durante las últimas semanas. “Es importante”, aseguran en Nación sobre el ofrecimiento.
Ante la posibilidad de aceptar formalmente una mediación estadounidense, sin embargo, en el Ejecutivo aclaran que todavía no hay una definición sobre el mecanismo que podría utilizarse ni sobre los pasos diplomáticos que seguiría la Argentina.
Trump volvió a referirse a las Malvinas este sábado durante una visita a Irlanda. El presidente estadounidense sostuvo que Argentina y el Reino Unido atraviesan una disputa que podría convertirse en un “desastre potencial” y afirmó que, si termina involucrado, cree que estaría en condiciones de ayudar a resolverla.
La lectura política de la Casa Rosada es favorable. “Todo lo que sea tema Malvinas nos sirve”, resumen en el Gobierno. En Nación consideran que las declaraciones ayudaron a mantener el reclamo en la agenda internacional y remarcan que la intención de Milei es profundizar la ofensiva diplomática, económica y legislativa iniciada a comienzos de septiembre.
En el Ejecutivo sostienen además que los sucesivos pronunciamientos de Trump no son hechos aislados. Aseguran que la Argentina mantiene desde hace meses conversaciones con funcionarios y referentes de la administración estadounidense sobre Malvinas y que las señales públicas del presidente republicano son leídas como consecuencia de ese trabajo previo.
“Lo que viene sucediendo no es casualidad”, expresan en ámbitos oficiales. La Casa Rosada ubica esos contactos dentro del alineamiento estratégico con Washington y destaca que Estados Unidos es actualmente uno de sus principales aliados en materia diplomática, económica, tecnológica, militar y de seguridad.
La diferencia con las declaraciones anteriores es que Trump avanzó ahora sobre su eventual participación directa en una salida diplomática. Hasta el momento, Washington había dado señales políticas favorables a revisar aspectos de su posición histórica, pero no se había instalado con tanta claridad la posibilidad de que el mandatario norteamericano interviniera personalmente.
Leé también: El Gobierno ajusta los detalles del proyecto sobre Malvinas y podría ampliar las sanciones a todas las actividades productivas
La Casa Rosada evita por eso anticipar si pedirá formalmente una mediación. La posición argentina sigue siendo que Buenos Aires y Londres deben retomar negociaciones por la soberanía, en línea con las resoluciones de Naciones Unidas, y cualquier participación estadounidense deberá ser analizada en función de ese objetivo.
El tema tendrá una instancia política relevante durante la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Milei y Trump tienen previsto volver a encontrarse en ese marco, donde Malvinas quedará atravesada por una agenda bilateral más amplia entre ambos gobiernos.
Para el Ejecutivo, ese contacto permitirá medir hasta dónde está dispuesto a avanzar Washington. La Casa Rosada quiere saber si el ofrecimiento de Trump puede traducirse en una acción diplomática concreta o si permanecerá, por ahora, como una señal política destinada a alentar el diálogo entre la Argentina y el Reino Unido.
La estrategia argentina excede de todos modos una eventual mediación. Milei decidió llevar nuevamente el reclamo a la Asamblea General de la ONU, suspendió el viaje que evaluaba realizar a Londres y puso en marcha un paquete de medidas para elevar el costo de las actividades económicas desarrolladas en las islas sin autorización nacional.
El Gobierno enviará además al Congreso la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que busca endurecer las sanciones vigentes y ampliar su alcance. La Casa Rosada estudia extenderlas más allá de los hidrocarburos hacia pesca, minería, ganadería, agricultura, turismo y otras actividades productivas vinculadas con las islas.
Leé también: Malvinas: el canciller Quirno y el ministro de Defensa se reunieron con el gobernador de Tierra del Fuego
En paralelo, el Ejecutivo reforzó su despliegue en Tierra del Fuego. La estrategia contempla acelerar la Base Naval Integrada de Ushuaia, desarrollar un sistema permanente de vigilancia del Atlántico Sur con radares, telecomunicaciones e inteligencia de señales y fortalecer las capacidades logísticas vinculadas con la Antártida.
El vínculo con Estados Unidos atraviesa varios de esos capítulos. El Gobierno busca profundizar la cooperación con Washington en Defensa, infraestructura estratégica, tecnología y seguridad, mientras avanza además con requisitos para proveedores de infraestructura crítica y otras herramientas que acercan la política argentina a las prioridades de la administración Trump.
La definición pendiente es si ese alineamiento dará ahora un paso adicional en la cuestión Malvinas. La Casa Rosada considera que el ofrecimiento de Trump es una señal favorable y analiza sus alcances, pero todavía no resolvió aceptar formalmente una mediación. El próximo encuentro entre Milei y el presidente estadounidense en Naciones Unidas aparece como una de las primeras oportunidades para avanzar sobre esa posibilidad.
Gobierno, Donald Trump, Islas Malvinas
POLITICA
El exgobernador Sergio Urribarri fue trasladado a una cárcel de Gualeguaychú: cómo es la granja penal donde quedó alojado
Sergio Urribarri, exgobernador de Entre Ríos, fue trasladado durante la madrugada del viernes a la Unidad Penal N°9 – Granja Penal “El Potrero, de Gualeguaychú, para cumplir su condena por administración fraudulenta.
El exmandatario provincial fue trasladado desde la UPP1 de Paraná junto al exministro Pedro Báez y su cuñado Juan Pablo Aguilera, también condenados por el mismo hecho de corrupción. El operativo comenzó cerca de las 4:30 y concluyó alrededor de las 8:20, cuando ingresaron al penal de Gualeguaychú bajo custodia del Servicio Penitenciario provincial.
El Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná lo había condenado a Urribarri en abril de 2022 a ocho años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos. Lo declaró culpable de negociaciones incompatibles con la función pública y peculado. Había sido detenido previamente en su domicilio de Concordia y alojado de manera transitoria en la cárcel de la capital entrerriana.
El esquema de penal granja
La llegada de los tres condenados se enmarca en un establecimiento que combina un régimen de seguridad con tareas agropecuarias, talleres de oficios y producción de alimentos.
La Unidad Penal 9 está ubicada sobre la ruta nacional 136, a la altura del kilómetro 26,5, y tiene capacidad para unos 500 reclusos. Dispone de diez pabellones para varones y uno para mujeres. Los internos son distribuidos según el tipo de causa que enfrentan y el régimen se apoya en la reinserción social mediante el trabajo.
La actividad agropecuaria es uno de los rasgos centrales de El Potrero. En el predio se crían cerdos, ovejas y gallinas, mientras que los detenidos participan en la faena, la producción de alimentos y el mantenimiento de la granja. La unidad cuenta además con una sala de faena de ovinos y una panadería que abastece de comida al penal, y ofrece tareas de albañilería, carpintería, tapicería y costura como parte de la capacitación laboral.
Uno de los proyectos desarrollados dentro de la cárcel es un taller de confección artesanal de pelotas de fútbol instalado en la biblioteca. La iniciativa surgió a partir de los conocimientos de un interno y luego se extendió a otros establecimientos penitenciarios de la provincia.
Además, durante el último año, la Unidad Penal 9 incorporó un Centro Operativo de Monitoreo para vigilar las áreas críticas del establecimiento en tiempo real. El sistema incluye domos de alta definición, cámaras en puntos estratégicos y un dron de observación táctica, y permite supervisar el perímetro, atender situaciones críticas, controlar aspectos sanitarios y registrar incidentes durante las 24 horas.
El detalle de las condenas
Báez, exministro de Cultura y Comunicación, y Aguilera, expresidente del Partido Justicialista entrerriano y cuñado de Urribarri, recibieron penas de seis años y seis meses de prisión efectiva. El primero fue condenado por su intervención como funcionario y el segundo como autor material de los delitos investigados.
La sentencia determinó que Báez completará su pena en mayo de 2031, Aguilera en enero de 2033 y Urribarri el 15 de julio de 2034. La resolución de la Corte Suprema habilitó al Ministerio Público Fiscal a pedir la detención inmediata de los tres condenados.
La investigación examinó maniobras iniciadas en 2010, cuando Urribarri encabezaba el gobierno provincial. La acusación sostuvo que se direccionaron contrataciones de publicidad estatal hacia empresas vinculadas a Aguilera mediante un esquema de testaferros y cartelización para captar fondos de la pauta oficial.
El proceso reunió a 13 imputados y abarcó cinco hechos principales. Entre ellos figuraron la contratación de la firma Global Means antes de su existencia formal, el manejo durante cinco años de la cartelería oficial a través de Tep SRL y Next SRL, y las operaciones identificadas como la causa del “Sueño Entrerriano”.
Las maniobras también incluyeron contratos para promocionar una Cumbre del Mercosur y la instalación de un parador publicitario en Mar del Plata durante la temporada de verano. La Cámara de Casación Penal de Paraná confirmó la condena el 31 de mayo de 2024 y rechazó una impugnación extraordinaria en agosto de ese año.
La Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos habilitó en octubre de 2024 el recurso ante la Corte Suprema, que dejó firme el fallo. Urribarri se convirtió así en el primer gobernador argentino que ingresó efectivamente a prisión por una condena firme por corrupción.
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POLITICA
Representantes de la CGT y de movimientos sociales tendrán una audiencia con el papa León XIV antes de su visita a la Argentina
El papa León XIV mantendrá este sábado una audiencia privada con una delegación de sindicalistas, empresarios y representantes de movimientos sociales, entre ellos dos referentes de la CGT, en el marco de los contactos previos a su visita a la Argentina, prevista del 8 al 11 de noviembre.
El encuentro se realizará a las 11 (16 hora argentina) en el Vaticano, como parte del IV Encuentro Sinodal “Fratelli Tutti: diálogo socioambiental Norte-Sur”. Por la central obrera participarán Gerardo Martínez, titular de la UOCRA y secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, y Cristian Jerónimo, del gremio del vidrio y cotitular de la conducción cegetista, confirmaron fuentes gremiales a TN.
Los dos dirigentes viajaron a Roma como parte de una delegación del Consejo Sindical de Asesoramiento Técnico (Cosate) de la OEA y aprovecharán el contacto con el Papa para pedirle una audiencia formal cuando llegue a la Argentina en noviembre. Además le entregarán un documento elaborado en el marco del encuentro sinodal, centrado en el diálogo social como “llave maestra” entre trabajadores y empresarios frente a la crisis socioambiental.
La CGT busca que la agenda de la visita papal incluya “desigualdad, protección de jubilados y niñez, migraciones y acceso a la salud”. En declaraciones previas al viaje, el dirigente también planteó la necesidad de un diálogo social tripartito en la región, el derecho a la negociación colectiva, la generación de trabajo decente y el impacto de la inteligencia artificial en el empleo.
El pedido de audiencia se da en un escenario de tensión entre la central obrera y el gobierno de Javier Milei, con el reclamo sindical puesto en la situación de los trabajadores durante la gestión libertaria. La visita de León XIV a la Argentina será la primera de su papado y genera expectativa por el peso que pueda tener su agenda social en medio de ese clima.
Los jefes de la CGT que viajan al Vaticano forman parte de una nutrida delegación internacional que reúne a centrales sindicales como la CSI, la CSA, la AFL-CIO y la Central Sindical de Canadá; cámaras empresariales de Estados Unidos y México; organismos como la OIT, la OEA, el BID y la CAF; conferencias episcopales; universidades católicas; movimientos populares argentinos como el MST y la UTEP; y empresas como Microsoft.
El objetivo ampliado del encuentro que impulsa León XIV es avanzar en una “agenda de responsabilidad compartida Norte-Sur para la cooperación multisectorial”, con conclusiones sobre seis ejes: inteligencia artificial y dignidad humana, formación para el diálogo socioambiental, organización comunitaria y cuidados, juventudes y adicciones, inteligencia artificial y amistad social, y transición energética y protección de territorios.
Un día antes de la audiencia con el Papa, este viernes 11 a las 13, está prevista una conferencia de prensa en la Sala Stampa de la Santa Sede, en la que hablarán, entre otros, el cardenal Jaime Spengler (presidente del CELAM), la titular de la AFL-CIO, Liz Schuler, y el propio Martínez.
papa León XIV, CGT
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