Una candidata a jueza que resultó favorecida por la instancia de las entrevistas personales en el proceso de selección de magistrados podría terminar al frente del juzgado donde tramita la causa sobre una lujosa quinta de Pilar atribuida a dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Se trata de María Pérez-Cárrega, quien trabaja como secretaria letrada del juez Alberto Lugones en el propio Consejo de la Magistratura, el órgano que selecciona a los jueces y los remueve.

Como resultado de la entrevista personal -una instancia muy cuestionada por su incidencia sobre el resto del proceso-, Pérez Cárrega consiguió dejar el 12° lugar para pasar a integrar la terna final de la que surgirá el nombre del próximo titular del Juzgado N°10 en lo Penal Económico, donde tramita el caso AFA.

El salto de la candidata quedó bajo el reflector con el último de los movimientos del Gobierno para cubrir las vacantes en la Justicia. El 25 de junio pasado, el Poder Ejecutivo formalizó la designación de Ignacio Labadens como juez de menores mediante un decreto firmado por Javier Milei y refrendado por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

Como Labadens participaba tanto de ese concurso como del destinado a cubrir el Juzgado Penal Económico Nº 10, su designación habilitó el reemplazo dentro de esta última terna. Su lugar fue ocupado entonces por Pérez-Cárrega, que integraba en soledad la lista complementaria del concurso, una suerte de nómina de auxilio que se activa cuando alguno de los restantes candidatos es designado o se baja del concurso.

Es decir, que gracias a la entrevista, Pérez-Cárrega se convirtió en la primera y única opción ante cualquier eventualidad en el concurso. se puso en contacto con la candidata, pero hasta el momento prefirió no hacer comentarios.

El ascenso

Por reglamento interno del Consejo, para los procesos destinados a cubrir una sola vacante judicial deben realizarse entrevistas al menos a los primeros 6 candidatos. Ese ordenamiento preliminar se realiza sobre la base de antecedentes y un examen escrito.

Los 150 puntos que obtuvo Pérez-Cárrega la colocaron en el puesto 12, lejos de la entrevista y aún más lejos de la terna.

Sin embargo, para este concurso en particular, el Consejo decidió ampliar las entrevistas “hasta la postulante María Pérez-Cárrega, inclusive”, tal como consta en una resolución. Luego vino una segunda ampliación que extendió a 19 el número de candidatos entrevistados.

Esos encuentros personales entre postulantes y algunos de los consejeros se desarrollaron entre el 12 y el 13 de septiembre de 2022.

Casi cuatro años después, en mayo último, el Consejo señaló que todos los postulantes habían demostrado tener “idoneidad y la motivación necesaria para desempeñarse en el cargo”, pero que, sin embargo, ”existían circunstancias objetivas para realizar modificaciones en el orden de mérito definitivo”.

“Corresponde poner de relieve que la postulante María Pérez-Cárrega demostró un perfil integral y actualizado, evidenciando un compromiso con la capacitación continua en perspectiva de género y ética pública”, comenzaba el tramo del dictamen con el que los consejeros justificaron la promoción de Pérez-Cárrega.

Entre otras virtudes, destacan que la candidata articuló sus respuestas con estándares internacionales, que propuso soluciones dogmáticas avanzadas y que demostró capacidad para integrar el derecho penal con los derechos humanos.

La entrevista a Pérez-Cárrega duró 4 minutos. Fue la más corta de las 19 que se celebraron para el cargo, que tuvieron una duración promedio de 10 minutos.

Aquel corto intercambio le valió a Peréz-Carrega el ascenso que la convirtió en la única integrante de la lista complementaria, que, con el nombramiento de Labadens, la llevó a la terna final.

El perfil

La postulante a jueza del Juzgado 10 fue candidata de la Lista Celeste, una corriente judicial históricamente afín al kirchnerismo.

Fue auxiliar, oficial y luego secretaria de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, donde Lugones se desempeña como camarista y a la que ingresó hace más de tres décadas. Desde 2018 se desempeña como secretaria letrada del Consejo, en la vocalía de Lugones, quien no intervino en el proceso de selección de su secretaria.

Lugones, su jefe en el Consejo, es camarista de San Martín desde 2014. Es cercano al kirchnerismo, aunque en el último tiempo, en algunas votaciones del Consejo se lo vio cerca de Santiago Viola, el representante del Poder Ejecutivo en ese órgano.

Lugones tuvo una injerencia decisiva en el devenir del expediente AFA cuando envió el caso desde Retiro a la Justicia federal de Campana. Fue en respuesta a un reclamo de los propios investigados, el monotributista Luciano Pantano y su madre jubilada Ana Conte, que figuran como los dueños formales de la quinta investigada en Pilar.

El expediente permaneció en Campana hasta que la Casación resolvió a mediados de mayo anular el pase y dejar que sea la Cámara Federal del fuero Penal Económico quien decida sobre el destino del caso, que pasó luego al juzgado 10 que hoy subroga Verónica Straccia.

Con la inclusión de Pérez-Cárrega, la terna para ocupar esa vacante quedó conformada por ella; por Juliana Márquez, que es secretaria en una fiscalía de Comodoro Py y quedó segunda en el concurso, y por Matías Alejandro Latino, que quedó en tercer lugar y es secretario del juez que tuvo la causa en Campana, Adrián González Charvay.

El Poder Ejecutivo puede optar por cualquiera de los nombres de una terna, más allá del orden con el que los postulantes llegan a ella.

Las entrevistas personales

Por la incidencia final que tienen sobre el trámite de selección, las entrevistas personales son un blanco de crítica permanente para un sector importante de la Justicia.

Desde la propia Corte Suprema se impulsó un proyecto que introduce modificaciones en todo el proceso, pero que recalibra especialmente el peso de las entrevistas, una instancia que, en palabras del cortesano Carlos Rosenkrantz, se utiliza para “reescribir el orden de mérito” de los candidatos.

El proyecto lleva su firma y la de su colega Ricardo Lorenzetti. El presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, no firmó aquella acordada, al esgrimir que él también preside el Consejo, donde debe debatirse la iniciativa. Sí participó, no obstante, de la ceremonia realizada en abril en el Palacio de Tribunales donde la iniciativa fue presentada.

Existía una expectativa para que el proyecto tuviera un tratamiento especial que le permitiera sortear los tiempos habituales. Pero la iniciativa todavía navega las aguas del Consejo y debate su suerte entre las comisiones de Reglamentación y Selección.