MAR DEL PLATA.– Guillermo Montenegro volverá a la intendencia de General Pueyrredón después de diez meses en el Senado bonaerense y completará el mandato para el que fue reelegido en 2023. El dirigente dejará su banca en la Legislatura y retomará el control del municipio en reemplazo de Agustín Neme, que había quedado al frente de la comuna desde diciembre. El regreso se producirá en medio de una creciente preocupación por la inseguridad y de dificultades en las cuentas municipales.

Durante meses, cada vez que alguien lo presentaba como exintendente, Montenegro hacía una corrección. No era exintendente. Era intendente en uso de licencia. La precisión, que podía parecer apenas jurídica, terminó siendo política.

Montenegro había pedido licencia, y no renunciado, cuando asumió como senador provincial el 10 de diciembre pasado. Esa diferencia le permitió conservar la posibilidad de regresar al cargo para el que había sido reelegido en 2023. Ahora decidió ejercerla.

La decisión se conoció apenas terminó el 62° Coloquio de IDEA, que durante tres días y reunió en Mar del Plata a empresarios, economistas y dirigentes políticos. Montenegro estuvo en la ciudad. Se lo vio en el Sheraton, conversó con empresarios y dirigentes, pero evitó hablar públicamente. Mientras la discusión por su eventual regreso crecía, eligió el silencio.

“Es una decisión personal”, manifestaron fuentes cercanas a Montenegro en diálogo con . “Mar del Plata tuvo una caída en términos de seguridad y no se hubiera perdonado no volver”, agregaron.

La vuelta supone también el final de una experiencia política que duró menos de un año. Montenegro había encabezado la lista de La Libertad Avanza en la Quinta Sección Electoral y desembarcó en el Senado bonaerense como parte del reordenamiento político que acercó al dirigente del Pro al oficialismo nacional. Neme, su reemplazante en el municipio, deberá regresar ahora al Concejo Deliberante.

Pero Montenegro no vuelve a la misma administración que dejó diez meses atrás.

Las cuentas municipales son una de las primeras señales. Los últimos tres ejercicios cerraron en rojo. El deterioro no comenzó con Neme: atraviesa el final de la propia gestión de Montenegro y se profundizó en un escenario de menores transferencias y mayores dificultades para financiar el funcionamiento municipal. En 2025, el resultado financiero consolidado de la administración central y los entes descentralizados dejó un déficit superior a los $16.000 millones.

El otro problema es bastante más visible.

La inseguridad se convirtió en los últimos meses en uno de los principales asuntos de la agenda marplatense. Cinco homicidios ocurridos en un período de pocas semanas encendieron las alarmas y llevaron a cámaras empresarias, comerciantes y distintos sectores de la ciudad a reclamar respuestas. Las estadísticas oficiales muestran, además, que la preocupación no nació de una sucesión de episodios aislados.

La discusión llegó esta semana hasta el Coloquio de IDEA. Patricia Bullrich habló allí del problema y contó que había conversado con la ministra de Seguridad nacional, Alejandra Monteoliva. El Gobierno prepara un refuerzo de fuerzas federales antes de la temporada de verano. La seguridad, una de las banderas con las que Montenegro construyó su perfil como intendente, vuelve así a esperarlo en el despacho principal del municipio.

Hay una Mar del Plata que permite entender esa preocupación sin necesidad de entrar inmediatamente en las estadísticas. El miércoles por la noche, mientras cientos de ejecutivos cenaban en distintos puntos de la ciudad después de las actividades de IDEA, en la avenida de los Trabajadores, en la zona del puerto, los restaurantes estaban llenos. Afuera, sobre una calle con poca iluminación, los trapitos se distribuían entre los autos estacionados.

Adentro se hablaba de inversiones, reformas y crecimiento. Afuera aparecía otra parte de la ciudad que no entraba en el programa del Coloquio.

Ese contraste acompañó los tres días del encuentro empresario. A pocos kilómetros del Sheraton, donde se discutieron durante horas las condiciones necesarias para que la Argentina vuelva a crecer, Mar del Plata atravesaba su propia discusión sobre seguridad, recursos y conducción política.

En ese escenario también se deterioró la relación entre Montenegro y Neme. Lo que inicialmente había sido presentado como una transición ordenada empezó a mostrar diferencias sobre la administración municipal y sobre la forma de enfrentar algunos de esos problemas. A medida que avanzó el año, la posibilidad del regreso dejó de ser una hipótesis lejana.

Montenegro nunca cerró esa puerta. Su licencia se convirtió, con el paso de los meses, en una herramienta política: podía seguir en el Senado o volver al municipio. La discusión adquirió todavía más peso porque su mandato como intendente termina en 2027 y porque la sucesión marplatense ya empezó a mezclarse con el armado electoral del próximo año.

La decisión despeja una incógnita, pero abre otras. Montenegro deberá volver a administrar una ciudad con tres ejercicios consecutivos en rojo, una discusión creciente por la inseguridad y una temporada de verano a pocas semanas de comenzar. También tendrá que reconstruir el funcionamiento político de un gobierno municipal que durante diez meses tuvo otro jefe.

En el Coloquio, Montenegro no quiso anticipar nada. Caminó por el Sheraton, habló en privado y evitó las definiciones públicas. Había una razón.

Durante meses, la pregunta en Mar del Plata fue si Montenegro iba a volver.

El Tribunal Oral Federal 5 decidió que sea la Cámara Federal de Casación Penal la que revise su decisión de partir en dos los juicios por Hotesur y Los Sauces, en los que están acusados Cristina Kirchner y Máximo Kirchner por lavado de dinero y asociación ilícita.

Mientras tanto, los jueces del tribunal mantuvieron el cronograma: los debates empezarán por Los Sauces el viernes 23 de octubre y las audiencias por Hotesur darán comienzo el viernes 19 de marzo de 2027.

Los magistrados José Antonio Michilini, Fernando Machado Pelloni y Adriana Paliotti concedieron por unanimidad los recursos de casación presentados por el fiscal Diego Velasco y la Unidad de Información Financiera (UIF), que es querellante.

Ambos habían cuestionado el desdoblamiento que el tribunal dispuso el 17 de septiembre último. Pero lo hicieron “sin efecto suspensivo”, es decir, la separación del juicio en dos sigue en pie hasta que resuelva la Cámara de Casación.

Dos de los jueces creen que el recurso no debería prosperar, pero lo concedieron solo para evitar más demoras; en cambio, Paliotti considera que la fiscalía tiene razón.

Michilini, que encabezó el acuerdo, sostuvo que la decisión de separar los debates no es recurrible en Casación y que “no hay dos juicios”, sino un proceso en dos partes. Solo se define cómo se organizan los juicios, algo que está dentro de las facultades del tribunal, dijo.

Para el juez, los perjuicios que invocaron la UIF y la fiscalía de perder prueba o partirla, o que no se pueda juzgar el segundo caso porque concluyó el primero con una sentencia de cosa juzgada, son hipótesis futuras.

Dijo Michilini que Hotesur gira alrededor de la explotación hotelera y de Valle Mitre y Los Sauces abarca alquileres, operaciones inmobiliarias y transferencias del Grupo Báez y del Grupo Indalo.

El juez dedicó varios párrafos a reprochar el tono del escrito fiscal. Enumeró expresiones que consideró irónicas o descalificantes hacia el tribunal: “raro”, “cínicamente”, “mal que le pese al tribunal”, “una partecita de la feria”, “cuando el tribunal entiende que le conviene”, “vaya uno a saber” y un “Falso” en mayúsculas y negritas.

Michelini sostuvo que ese modo de expresarse no es compatible con la “mesura, objetividad y respeto institucional” que se espera de quien deberá sostener o desistir de la acusación en un juicio de esta trascendencia. Aun así, el magistrado propuso conceder el recurso para evitar demoras.

Machado Pelloni también señaló que el fiscal no discutió que en Hotesur falta prueba por producir, que es la razón que impide el juicio conjunto y concluyó que “lo más conveniente es que [el asunto] sea definido por el tribunal del recurso”, que es Casación, por lo que votó por conceder.

Paliotti acompañó la concesión del recurso, pero aclaró que no comparte los fundamentos de sus colegas. Para ella, el planteo de la fiscalía es atendible en el fondo. Recordó que las causas llegaron al tribunal en momentos distintos y que fueron acumuladas en junio de 2019.

La jueza hizo suyo el argumento del fiscal de que la acusación “deberá reconstruir por separado tramos de una misma operatoria económica”, con el riesgo de que la prueba se examine fuera de su contexto.

Ahora el expediente subirá a la Cámara Federal de Casación Penal, con los jueces Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Alejandro Slokar.

Allí la fiscalía y la UIF tendrán tres días para mantener sus recursos desde que las actuaciones lleguen a esa instancia.