EL CALAFATE.- Lázaro Báez siguió operando desde la cárcel, dando instrucciones, manejando contratos de alquiler, reclamando pagos, acordando venta y compra de ganado y dando instrucciones de qué hacer con el personal: su mano derecha, Cristian Ibáñez, y su pareja, Claudia Insaurralde, reciben instrucciones; incluso queda a la vista por las conversaciones telefónicas que mantenía con su mano derecha que el empresario cercano a los Kirchner desconfiaba incluso de ella.

accedió a las escuchas judiciales en el marco de la causa por supuesto lavado de dinero y narcotráfico.

En la celda, a Báez, quien reclamaba estar presente durante el allanamiento, le secuestraron por lo menos 25 hojas de anotaciones y un cuaderno Gloria con el detalle de las operaciones que iba realizando. En varias hojas, de su puño y letra, el extitular de Austral Construcciones dejaba nombres resaltados y, además, detallaba listado de proveedores, abogados y cuentas “del último presidente”.

“El dueño de la historia soy yo, ni mi familia, ni los otros abogados”, sostiene Báez en uno de los audios a los que accedió este medio.

Para Ibáñez, Báez es “el tío” e Insaurralde es “la tía”. Salvo por cuando Báez le dice a su mano derecha que tiene que ir a verlo al penal de Ezeiza (“tenés que venir a verme”), el empresario no parece un privado en libertad con una condena firme unificada por 15 años, sino alguien que da órdenes e instrucciones sobre cómo debe organizarse un armado de operaciones ilícitas que por estas horas la Justicia trata de discernir.

Las escuchas de las conversaciones de Báez con su segundo Ibáñez, alias “Budín”, son parte de la audiencia que se extendió hasta la noche y en la que el juez federal de Garantías Claudio Marcelo Vázquez formalizó la investigación contra 16 personas en las dos causas conexas por lavado de activos y narcotráfico: nueve quedaron con prisión preventiva y una con prisión domiciliaria. Entre ellas están Lázaro Báez, Claudia Insaurralde y Cristian Ibáñez.

“La tía piensa que porque pone gente que ella quiere después va a hacer lo que ella quiere; ojo con eso”, le advierte Báez a Ibáñez, alias “Budín”, en otro audio.

La “tía” es Claudia Insaurralde, la pareja de Báez, que vive entre Buenos Aires y Río Gallegos y, junto a Ibáñez, presuntamente llevaban la administración de bienes a juzgar por las propias anotaciones que dejó en cuadernos que fueron secuestrados en un domicilio de Río Gallegos. Anteayer, Insaurralde, y dos personas que viajaban con ella, fueron detenidas en el aeropuerto internacional de Ezeiza al arribar en un vuelo de Aerolíneas Argentinas, proveniente de Río Gallegos. Se sospecha que intentaban fugarse.

Según se desprende de las escuchas, Báez desconfía de su pareja de hace siete años y le da instrucciones a Ibáñez sobre Insaurralde: “Decile, me dijo el tío, que ponga al que estuvo administrando La Entrerriana y que está administrando La Entrerriana, ponga a uno de su confianza para hacer los trabajos y yo voy a supervisar los dos lados”.

Hasta ahora, la investigación judicial, conocida como “Causa 169831/26”, documentó movimientos por unos $390 millones de pesos en ocho meses, de acuerdo a los datos presentados en las audiencias judiciales pedidos por la Unidad Fiscal Río Gallegos, que encabeza el fiscal federal Julio Zárate y que se extendieron por casi diez horas.

Algunas de las pruebas que trascendieron de los allanamientos demuestran cómo Insaurralde documentó cada paso que da, con quiénes se reúne y a quiénes nombra.

Ibáñez e Insaurralde comparten fotos y hasta una llamada conjunta. Sin embargo, está claro que hay desconfianza: “Si está desesperada que me llame, y me diga qué es lo que necesita, y decile: ‘Si vos estás desesperada por algo llámalo y decile qué es lo que necesitás y dejá de hacer cagadas porque nos vas a meter a todos en el mismo quilombo, me dijo si no va a echar a la mierda a toda la gente que nombró ahora a cargo de Agro”.

“Mañana va a ir la tía a verte: decile que te cuente lo de Gregores, le dejé un mensaje a ella, porque yo estoy viendo de en Gregores sacar unas cosas… vos tenés que dar el okey”, le dice Ibañez a Baez, quien pregunta: “¿Qué opción de número es Gregores? ¿20, 30, 40?”.

Además de Ibáñez e Insaurralde, quedaron imputados Fausto Ignacio Devetac, Paula Beatriz Godfrid, Mauro Gastón Trevisan Godfrid, Diego Ernesto Navarro, Oscar Raúl Núñez, Valentina Micaela Devetac, Jorge Manuel Ulloa y Jorge Elías Agustín Agüero. Ellos, junto a Ibáñez, son los nexos de las dos causas, según interpretan los investigadores judiciales.

Núñez es un productor local, que fue condenado a diez años de prisión en causas por abigeato. Pero su pena fue rebajada y se encontraba en libertad desde 2023.

Cuando tiene a Núñez como interlocutor, Ibáñez habla de un negocio con galpones que pertenecerían a Báez, según se desprende de otra de las escuchas judiciales: “No importa si queda un vueltito, él te lo fía y te lo firma todo para que vos escritures, todo por escribano, todo”, le asegura Ibáñez a Núñez.

El juez autorizó ampliar las medidas cautelares sobre el patrimonio, que incluyen secuestro e inhibición de bienes, congelamiento de activos financieros y afectación de cánones locativos. Además, dispuso pedidos de información societaria y prorrogó los allanamientos en establecimientos rurales, donde se releva y cuenta el ganado. También ordenó enviar una copia de la resolución a tres tribunales orales federales de Capital Federal y a la Cámara en lo Criminal de Santa Cruz, por la causa en la que fue condenado Núñez.

La Justicia dictó la prisión preventiva por 180 días para Báez -quien cumple la condena en Ezeiza-, Insaurralde, Ibáñez, Fausto Devetac, Ulloa, Agustín Agüero y Núñez. A todos ellos se les prohibió comunicarse con otros involucrados en el expediente. Por su parte, Paula Bórquez cumplirá la prisión preventiva en su domicilio; con la documentación correspondiente, podrá ir a trabajar y llevar a su hija a la guardería.

En tanto, otros seis imputados seguirán en libertad, pero bajo restricciones. Silva y Herrera deben prometer someterse al proceso y no comunicarse con otros involucrados. Valentina Devetac, Paula Godfrid, Mauro Trevisan Godfrid y Diego Navarro están obligados presentarse una vez por semana en la Oficina Judicial y no podrán salir del país sin autorización.

Las dos audiencias se hicieron el mismo día y hay cuatro imputados en común: Ibáñez, Valentina Micaela Devetac (su pareja detenida, libre y ahora en libertad), Jorge Manuel Ulloa y Jorge Elías Agustín Agüero.

En la primera audiencia, que investiga el narcotráfico y lavado, se imputó a Agustín Agüero, Juan Pablo Bórquez, Ulloa, Pedro Nahuel Leal, Ibáñez, Paula Makarena Bórquez, José Ariel Silva, Aldo Rubén Herrera y Valentina Devetac. A los ocho primeros les atribuyó formar parte de una organización dedicada al tráfico de estupefacientes y al lavado de activos. A Devetac le atribuyó una participación secundaria.

Según el requerimiento, la organización comercializó 66,43 gramos de cocaína a Gonzalo Agustín García Bistritsky, que se hallaron el 22 de diciembre de 2025 en un allanamiento en su casa. También le habría vendido 439,88 gramos a Carlos Mauricio Audicio, cuya droga apareció el 9 de abril de 2026, cuando la policía hacía una inspección ocular en su domicilio tras el hallazgo de su cuerpo sin vida, por orden del Juzgado Provincial N.º 3. El tercer hecho es el más reciente: el 10 de noviembre, en el allanamiento a la casa de Leal, se secuestraron 1.305 gramos de cannabis sativa y 725 gramos de cocaína, que la Fiscalía considera destinados a la venta.

El capítulo de lavado se apoya en bienes y movimientos de dinero. A Ibáñez se le atribuye haber comprado una VW Amarok por $65.000.000 en agosto de 2025, sin actividad económica formal que lo justificara, y una Ford F150 modelo 1994 por $5.000.000, que transfirió en septiembre de este año. Además, habría administrado otros cuatro vehículos y recibido transferencias de Ulloa y Herrera. A Ulloa se le atribuye la compra de una Toyota SW4 por $43.000.000 y envíos de dinero a Luis Agustín Alcaina, detenido desde agosto en otra causa en la que se secuestraron 36 kilos de cocaína, y a uno de sus familiares. Leal, por su parte, habría hecho ocho transferencias por $9.035.000 a cuatro personas vinculadas con esa misma causa, entre ellas Alcaina.

La Fiscalía también apuntó a las billeteras virtuales. Entre el 1.º de diciembre de 2025 y el 7 de julio de 2026, Paula Bórquez habría administrado ingresos por $415.254.149,87 y egresos por $290.471.536,16 sin respaldo, y Juan Pablo Bórquez, ingresos por $203.171.812,23 y egresos por $127.575.705,24. A Leal se le atribuyen otros $84.451.721 de ingresos y $69.205.004,71 de egresos sin respaldo. Silva y Agustín Agüero figuran como administradores de vehículos, y Herrera como titular de una Toyota Corolla y emisor de transferencias a Paula Bórquez y a Ulloa. A Valentina Devetac se le atribuye haber prestado su cuenta de Mercado Pago para recibir $9.670.000 de Ibáñez entre diciembre de 2025 y octubre de 2026.

La Fiscalía sostiene que conocía el origen ilícito de los fondos por la convivencia con él, por un nivel de vida que consideró desproporcionado y por la falta de respaldo lícito de esos movimientos.

Las calificaciones provisorias son tenencia con fines de comercialización agravada por la intervención de tres o más personas, asociación ilícita y lavado de activos.

El Banco Central resolvió dar de baja la billetera virtual de Ariel Vallejo, el financista ligado a la Asociación del Fútbol Argentino. Entre los motivos, la entidad presidida por Santiago Bausili expuso que Sur Finanzas PSP “presentó tardíamente declaraciones juradas en las que informó no haber registrado operaciones entre julio 2025 y agosto 2026″, pese a que registró transferencias por $393.871 millones, según el documento oficial al que tuvo acceso .

Se trata de un nuevo revés para Vallejo, quien la semana pasada fue procesado por presunto lavado de dinero en la causa que tramita en el juzgado de Lomas de Zamora a cargo de Tomás Rodríguez Ponte.

En ese expediente se investiga si Sur Finanzas PSP fue utilizada para darle apariencia ilícita a fondos de origen ilícito.

Gran parte de los fondos que distribuía Sur Finanzas debían ser tomados por clubes de fútbol.

La resolución del BCRA, firmada este viernes por el superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias, Juan Curutchet, incide directamente sobre Sur Finanzas PSP, que estaba dada de alta en el “Registro de Proveedores de Servicios de Pago”.

El primer artículo de la medida comienza: “Dar de baja a Sur Finanzas PSP SA”.

En los considerandos, Curutchet enumeró distintos motivos. Comenzó con cuestiones técnicas legales y administrativas y luego se refirió directamente a la operación de la billetera virtual sobre la que Vallejo tenía el 30% del capital de la empresa, según el documento. El 70% restante está en manos de su madre, que oficiaba como prestanombre.

Sobre lo operativo, la resolución dice: “Las entidades financieras patrocinantes decidieron finalizar su relación comercial con la sociedad”. ¿Qué significa esto? Que el Banco Industrial SA cerró la cuenta de Sur Finanzas PSP en noviembre de 2025 y, en el caso del Banco Hipotecario SA, donde también posee una cuenta, “la concreción del cierre quedó sujeta a medidas judiciales”.

Y agrega: “En virtud de ello, la sociedad informó haber cerrado las cuentas de pago y comunicado a sus clientes que debían retirar sus fondos, pero no aportó la documentación necesaria para verificar la restitución de la totalidad de los saldos”.

La resolución oficial también señala que “no registra operaciones como proveedor de servicios de pago que ofrece cuentas de pago (PSPCP) desde enero de 2026”. De este modo, el escenario descripto por el BCRA combina una “interrupción prolongada de la actividad” con la falta de bancos patrocinantes de la billetera virtual.

Esto se suma a otras observaciones sobre la presentación de documentos. “En septiembre de 2026, presentó tardíamente declaraciones juradas en las que informó no haber registrado operaciones entre julio 2025 y agosto 2026″, detalló la resolución. Pese a eso, el BCRA agregó que observó un “volumen significativo” de transferencias hasta noviembre del año pasado en el Banco Industrial y hasta diciembre en el Banco Hipotecario.

Ahora Vallejo tiene un plazo de hasta 30 días hábiles para presentar recursos contra la decisión de Curutchet.

Las sospechas sobre Sur Finanzas PSP

El expediente judicial en Lomas de Zamora nació con una presentación de la ARCA en noviembre del año pasado.

En aquella oportunidad, los sabuesos de la DGI acuñaron la expresión “ejército de soldaditos”, en alusión a la presunta utilización de personas de bajos recursos como fachada para movilizar millones.

Un informe al que tuvo acceso enumeraba casos como el de un monotributista categoría “A”, identificado con las iniciales B.A. En apenas cuatro meses de 2024, registró movimientos en billeteras virtuales por $7000 millones. Sin embargo, en ese momento no tenía propiedades a su nombre y solo declaraba un auto de 2008.

Ese es el núcleo de la denuncia de la ARCA: determinar si Sur Finanzas fue utilizado como vehículo para lavar dinero. Desde que estalló el caso, Vallejo se defendió y siempre negó tener un “ejército de soldaditos”. Lo que todavía se desconoce, casi un año después del inicio del caso, es el origen de los cuestionados $818.000 millones sobre los que alertó el fisco.

En el procesamiento, el juez Rodríguez Ponte dio por acreditado que Sur Finanzas PSP, antes denominado Neblockchain, evadió impuestos por más de 12.200 millones de pesos.