La morosidad en Argentina alcanzó el nivel más alto de las últimas dos décadas. El endeudamiento de los hogares y el estallido de la irregularidad en las billeteras virtuales dibujaron un escenario crítico en el sistema financiero.

El nivel de morosidad en el sector privado trepó hasta 7,6% en mayo pasado, según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). Se trata del pico después de 19 meses consecutivos de aumentos.

El deterioro en el pago de los créditos se concentra con especial fuerza en las familias, donde el índice de morosidad en los bancos escaló del 2,5% en octubre de 2024 al 12,3% en mayo de 2026, reflejando una crisis de ingresos estructural que golpea directamente a los hogares argentinos.

Los préstamos personales y las tarjetas de crédito son los productos más castigados. La mora en préstamos personales alcanzó el 14,9%, mientras que en tarjetas de crédito llegó al 12,5%.

Juntos, estos dos tipos de crédito representan el 73% del saldo irregular total del sistema. La concentración del problema en estos instrumentos refleja cómo las familias intentan sostener el consumo básico a través del endeudamiento.

Las billeteras virtuales muestran cifras de morosidad que superan los peores momentos de la pandemia

En las fintech y billeteras virtuales, la situación presenta números aún más preocupantes. La mora saltó del 7,3% al 29,6% en el mismo periodo analizado.

Este porcentaje incluso perforó el récord histórico que se había registrado durante la pandemia de covid. Las billeteras virtuales, que operan con menores controles de riesgo crediticio, se convirtieron en el epicentro de la crisis de impagos.

El informe destaca que de los 20,9 millones de deudores que existen en el sistema, 5,8 millones ya se encuentran en situación de mora. Los datos surgen de la Central de Deudores del Banco Central (CENDEU).

Esto significa que casi 3 de cada 10 personas con deudas no pueden cumplir con sus pagos. La magnitud del problema alcanza proporciones que exigen una mirada de política pública urgente.

Los jóvenes y las provincias del interior lideran el ranking de incumplimiento

En cuanto al perfil del deudor afectado, el trabajo refleja que casi 4 de cada 10 jóvenes de entre 18 y 34 años son morosos, y en la franja de hasta 24 años la tasa de irregularidad alcanza el 40,9%, revelando que las generaciones más jóvenes enfrentan las mayores dificultades para sostener sus compromisos financieros.

En relación al género, la cantidad de morosos se reparte casi equitativamente. Los varones representan el 50,2% de los morosos, mientras las mujeres alcanzan el 49,8%.

Sin embargo, existen diferencias en el tipo de endeudamiento: los varones tienden a endeudarse más con bancos tradicionales, mientras las mujeres recurren con mayor frecuencia a billeteras virtuales.

A nivel geográfico, la región de Cuyo y el NOA presentan los niveles más altos de incumplimiento. La Rioja lidera con 22,8% de morosidad, seguida por San Luis con 20,1% y Catamarca con 20,0%.

En el otro extremo, La Pampa registra el nivel más bajo con 9,1%, mientras que CABA alcanza el 10,1%. La brecha entre provincias revela desigualdades estructurales en el acceso al empleo y los ingresos.

Las empresas también sufren pero la construcción es el sector más golpeado

Aunque la morosidad corporativa es menor a la de los hogares, también muestra una tendencia ascendente. El nivel de irregularidad en empresas alcanza el 3,0%, pero afecta de manera desigual al entramado productivo.

La construcción es el sector más afectado con un 7,0% de irregularidad. Le siguen el sector de alojamiento y servicios de comida con 6,9%, y las actividades administrativas con 5,5%.

Estos sectores, intensivos en mano de obra y altamente sensibles al ciclo económico, reflejan el impacto de la recesión sobre las empresas que operan en la economía real.

El Gobierno y los economistas chocan por las causas reales de la morosidad récord

El informe de CEPA confronta directamente el diagnóstico oficial. El Gobierno atribuye la morosidad al «desconocimiento financiero», a «gastos irresponsables» o a la especulación con una posible devaluación.

Por el contrario, el estudio concluye que la causa estructural es la fuerte caída del salario real tanto a nivel público como privado, que acumula una retracción de entre el 8,7% y el 18,7% desde el inicio de la gestión de Javier Milei, mostrando que el endeudamiento refleja una insuficiencia de ingresos y no consumos irresponsables.

Según CEPA, el problema se agrava por tasas de interés reales muy elevadas y un escaso control del riesgo por parte de las billeteras virtuales. La combinación de salarios deprimidos y crédito caro genera una trampa de endeudamiento.

Al escenario crítico actual se le suma que recientemente el presidente del BCRA, Alejandro Werning, afirmó que comenzará un nuevo ciclo crediticio «más saludable y selectivo». Esto significa que las entidades proveedoras de crédito dejarán de considerar sujeto de crédito a aquellos que refinancian sus deudas.

CEPA remarcó al respecto que resulta irreal que el crédito se vuelva en el corto plazo un motor de crecimiento como el Gobierno espera. Con 5,8 millones de personas en mora y salarios reales cayendo, la expansión del crédito enfrenta límites estructurales que no se resuelven solo con ajustes de política monetaria.

El campo argentino llegó al tradicional acto de apertura de la Exposición Rural de Palermo con el reclamo histórico intacto —la eliminación total de las retenciones— y se fue sin el anuncio que esperaba. Pero las principales entidades del sector celebraron el discurso del presidente Javier Milei con una valoración que excede lo tributario: el reconocimiento explícito al agro como motor de la economía y, sobre todo, la ratificación del equilibrio fiscal como condición innegociable antes de avanzar en cualquier quita impositiva.

El tono lo marcó Milei desde el arranque. “Ustedes son los que desde que Argentina es Argentina tiran para adelante el carro del país y por eso, sin duda, merecen ser llamados héroes», afirmó ante productores y dirigentes rurales en el predio de Palermo, en un acto que se realizó un domingo —en lugar del tradicional sábado— por cuestiones de agenda presidencial. El mandatario llegó pasadas las 11 acompañado por su hermana, Karina Milei, secretaria General de la Presidencia.

El discurso de casi 40 minutos no incluyó anuncios de nuevas bajas de derechos de exportación, algo que ya había anticipado el ministro de Economía, Luis Caputo, durante su visita al predio el jueves de la semana pasada. “Los anuncios ya se hicieron en su momento, así que no hay que esperar ningún anuncio en particular. En la medida que el superávit económico dé más margen, podremos seguir bajando”, había dicho Caputo el jueves, en referencia al esquema escalonado de reducción de retenciones anunciado en mayo.

Ese plan prevé un costo fiscal de USD 32 millones en 2026, USD 415 millones en 2027 y USD 1.224 millones en 2028, con bajas mensuales que alcanzan a todos los cultivos desde el año próximo. En soja -el principal producto de exportación argentino-, la alícuota descenderá un cuarto de punto porcentual por mes a lo largo de 2027, desde 23,75% hasta 21%, para luego bajar medio punto mensual durante 2028.

El pasaje del discurso que más resonó en el sector fue la respuesta de Milei al reclamo del presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, quien minutos antes había pedido que los derechos de exportación “dejen de existir, por ley y para siempre” y recordó que desde 2002 el Estado recaudó unos USD 215.000 millones por ese concepto. La respuesta presidencial fue una ecuación: el crecimiento de los sectores energético y minero financiará la eliminación definitiva de las retenciones.

“Las retenciones son una aberración que nunca debió haber existido. Entendemos que eliminarlas es una obsesión para nuestro Gobierno y hemos dado muchos avances en esa dirección. No le sirve a nadie que las eliminemos para sacar rédito político en las elecciones y después el modelo reviente, como ha pasado en otros gobiernos”, afirmó Milei. Y precisó: “El crecimiento de esos sectores, que antes no producían nada, es lo que financiará la quita de retenciones y el verdadero empoderamiento de un campo pujante en las próximas décadas”.

La lógica oficial es que la pérdida de recaudación que implica avanzar hacia la quita total de derechos de exportación pueda compensarse con los ingresos provenientes del despegue exportador del petróleo, el gas y la minería —sectores que hoy generan divisas crecientes y que, a diferencia del agro, no cargan con retenciones de la misma magnitud.

El discurso de Pino combinó la exigencia con el reconocimiento. El titular de la SRA enumeró los logros de la gestión Milei —reducción de la inflación, equilibrio fiscal, estabilidad cambiaria, baja del riesgo país— y cuantificó en unos USD 6.000 millones la suma que el campo no pagó en retenciones durante el mandato actual, dinero que, según dijo, se reinvirtió “en genética, pasturas, maquinaria y otros tipos de mejoras”. Pero la demanda de fondo no cedió: “Las retenciones deben dejar de existir, por ley y para siempre”.

Sin embargo, Pino también apuntó contra los impuestos provinciales y las tasas municipales, en línea con el discurso económico oficial. Acusó a las provincias de crear “aduanas internas, prohibidas por la misma Constitución Nacional” mediante el cobro de gravámenes por el traslado de mercadería entre distritos, y reclamó el fin del “manejo arbitrario del impuesto a los ingresos brutos” y de las tasas viales “que no se traducen en obras”.

Sobre las limitaciones en materia de infraestructura, dijo que el atraso en caminos rurales, trenes, puertos y obras de prevención de inundaciones —mencionó en particular la cuenca del río Salado— forma parte del “famoso costo argentino” que daña la competitividad del sector. Milei respondió a ese punto con dos anuncios concretos: la privatización del Belgrano Cargas y la adjudicación de la hidrovía, presentados como herramientas para reducir los costos logísticos del agro.

La recepción del discurso presidencial entre las principales entidades del sector fue positiva. Gustavo Idígoras, presidente de CIARA-CEC —la cámara de las empresas agroexportadoras que representa alrededor del 50% de las exportaciones argentinas—, destacó que Milei “ratificó el camino a través de las negociaciones de apertura de mercados y las nuevas inversiones portuarias y de industrialización de soja y girasol”. Para Idígoras, la adjudicación de la vía navegable troncal y la próxima licitación del Belgrano Cargas son “los motores de las exportaciones del país” y generarán “más producción, más empleo y más exportaciones”.

Desde Coninagro, su presidente Lucas Magnano valoró que Milei haya puesto el foco en la certidumbre y la hoja de ruta a largo plazo, algo que considera indispensable para un sector cuyas actividades “exceden los períodos presidenciales”. Magnano reconoció que el escenario ideal hubiera sido la quita total de retenciones, pero entendió los límites del Gobierno: “Ha dado hasta donde puede sin comprometer el equilibrio fiscal, que es una de las variables innegociables”, afirmó, y agregó que ese camino “me parece correcto”.

Esa última frase sintetiza el estado de ánimo del sector tras la Rural: el campo sigue sin las retenciones cero que reclama desde hace décadas, pero encuentra en el superávit fiscal —una conquista que el propio agro siempre exigió como condición de sustentabilidad macroeconómica— una razón para acompañar el ritmo gradual que propone el Gobierno. La cosecha 2025-2026, con una superficie sembrada récord de 40 millones de hectáreas y más de 164 millones de toneladas de granos, muestra que el sector produce a máxima capacidad incluso con “una mano atada a la espalda”, como dijo el propio Milei.

Javier Milei presentó este domingo una reforma integral de la Carta Orgánica del Banco Central. El Presidente publicó una extensa columna en Clarín donde detalló cinco cambios institucionales que buscan impedir que futuros gobiernos vuelvan a financiar el gasto público con emisión monetaria.

El mandatario defendió una transformación radical del BCRA. Sostuvo que la entidad es responsable del deterioro del peso argentino desde su creación en 1935.

Según Milei, el objetivo central de la reforma es «poner fin a 91 años de saqueo, expropiación, impunidad y decadencia» provocados por el uso del Banco Central como herramienta para cubrir déficits fiscales mediante la impresión de pesos.

A lo largo del texto, el jefe de Estado insistió en su diagnóstico conocido. «La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario», repitió.

Incluso planteó una pregunta más radical. ¿Debería existir el Banco Central? Y si existe, ¿bajo qué reglas debería funcionar?

La respuesta que da su propuesta es clara: el BCRA debe tener límites institucionales muy estrictos. Límites que eviten que la política vuelva a recurrir a la maquinita.

Por qué Milei quiere cambiar el Banco Central desde sus cimientos

En su columna, el Presidente repasó la evolución de la inflación argentina desde 1935. Criticó especialmente la reforma de la Carta Orgánica que impulsó el kirchnerismo en 2012.

Según Milei, ese cambio multiplicó los objetivos del BCRA. La entidad pasó a ocuparse del empleo, el desarrollo económico y la equidad social, además de preservar la estabilidad monetaria.

Esa multiplicidad de metas, argumentó el mandatario, sirvió como excusa para justificar la emisión. El Banco Central dejó de ser un guardián del peso y se convirtió en un financista del Estado.

El nuevo marco normativo que propone Milei busca establecer límites institucionales permanentes para evitar que el Banco Central vuelva a ser utilizado con fines políticos y garantizar que ningún gobierno futuro pueda volver a emitir para cubrir déficits.

La reforma también apunta a modificar el esquema de las Letras Intransferibles. Ese mecanismo permitió al gobierno anterior financiar gasto con reservas internacionales.

Las cinco propuestas concretas que impulsa el Gobierno

En el tramo final de su texto, Milei detalló los cambios específicos que busca incorporar a la nueva Carta Orgánica del Banco Central. Son cinco modificaciones que estructuran su visión.

Primera propuesta: un único objetivo para el BCRA. La reforma elimina todos los otros mandatos y establece una sola misión: preservar el valor de la moneda.

Según el Presidente, esa modificación reconoce que la inflación tiene un origen exclusivamente monetario. No puede haber estabilidad de precios sin estabilidad monetaria.

Segunda propuesta: prohibición absoluta de financiar al Estado. El cambio impide que el Banco Central le preste dinero al Tesoro nacional, las provincias o los municipios.

También prohíbe la compra de títulos públicos en el mercado primario. El objetivo es cortar de raíz la emisión para cubrir déficit fiscales.

Tercera propuesta: mayor independencia del presidente del BCRA. La reforma busca fortalecer la autonomía de las autoridades del Banco Central.

El mecanismo de designación no cambiaría. Pero la remoción del presidente y del directorio requeriría una mayoría agravada. Dos tercios tanto en Diputados como en el Senado.

Cuarta propuesta: limitar el uso de las ganancias del Banco Central. Los resultados derivados de la valorización de activos pasarían a integrar una reserva técnica no distribuible, mientras que las ganancias de la administración de cartera solo podrían destinarse a cancelar deuda pública.

Esa modificación apunta a evitar que las utilidades del BCRA se usen para financiar gasto corriente. El dinero debe quedarse dentro de la entidad o reducir pasivos.

Quinta propuesta: derogar los cambios de 2012. El Presidente plantea eliminar las modificaciones introducidas durante el kirchnerismo en la Carta Orgánica.

Entre ellas, el esquema de Letras Intransferibles que permitió financiar al Estado con reservas internacionales. Ese mecanismo quedó en el centro de las críticas libertarias.

Qué otras reformas acompañan el cambio en el Banco Central

Milei aclaró que la reforma del BCRA debe complementarse con otras iniciativas. El cambio en la entidad monetaria no funciona solo.

Mencionó el equilibrio fiscal permanente, conocido como «déficit cero». También un mecanismo de «shutdown» para limitar el gasto público cuando se exceden los techos previstos.

Además incluyó una nueva ley de mercado de capitales. Y la desregulación del mercado de seguros, otra de las banderas del Gobierno.

En el cierre de su columna, el Presidente volvió a su frase central. Ese paquete de reformas permitirá terminar con «91 años de saqueo, expropiación, impunidad y decadencia».

Reiteró que el objetivo de su administración es consolidar un esquema institucional permanente. Un esquema que impida el regreso de la emisión monetaria para financiar al Estado, sin importar quién gobierne.