POLITICA
El bioeticista argentino Fishel Szlajen presentó en Lima un modelo de gobernanza de la IA para la libertad religiosa
El Simposio Internacional de Libertad Religiosa, celebrado en Lima el 4 y 5 de agosto bajo el lema “Construyendo Puentes para Fortalecer y Promover la Libertad de Religión y de Creencias”, reunió a magistrados, legisladores, funcionarios, diplomáticos, académicos y líderes religiosos para debatir la autonomía de las comunidades de fe, la cooperación con el Estado, la no discriminación, la paz, las políticas públicas y el impacto tecnológico sobre la dignidad humana.
Entre otras personalidades estuvieron Gary Doxey, director del ICLRS; Francielli Gusso, Comisión de Derecho y Libertad Religiosa, Brasil; Paulina Gálvez, Centro Derecho y Religión, Chile; Natalia Sosa, defensora del Pueblo, Paraguay; la senadora colombiana Lorena Ríos; Jorge Arenas, Tribunal Supremo del Perú; Omar Gaibur, FIDELA; Pedro Chávez, Tribunal Constitucional de Perú; Hugo de la Fuente, Ministerio de Energía de Bolivia; Iñigo Crespo, magistrado de Ecuador; Franco Fiumara, juez de Argentina; David Frol, presidente del CALIR; Pilar Bosca, directora general de cultos del GCABA; Juan Pablo Villar, presidente del Área Sudamérica de la Iglesia de Jesucristo; y Mons. Salvador Piñeiro, presidente del Consejo Interreligioso del Perú.
Uno de los núcleos más innovadores fue la sesión plenaria “Fe y Dignidad en la era de la IA”. Allí, el rabino, filósofo y bioeticista argentino Fishel Szlajen, miembro titular de la Pontificia Academia para la Vida del Vaticano y de la Comisión Nacional de Bioética de Argentina, presentó un instrumento que desplaza el debate desde la mera protección de los datos hacia la protección de la conciencia.
Los sistemas algorítmicos, explicó, ya no sólo procesan información entregada voluntariamente: pueden reconstruir creencias religiosas, convicciones morales y pertenencias comunitarias a partir de lugares frecuentados, consumos, festividades, lecturas, vínculos u horarios de desconexión. El problema no es sólo evitar una discriminación posterior, sino impedir que la interioridad humana sea objeto de inferencia, clasificación, predicción y manipulación.
Frente a los enfoques limitados a principios generales, Szlajen presentó la Evaluación de Impacto Algorítmico sobre Conciencia y Religión, una herramienta institucional para detectar riesgos desde el diseño, la adquisición o la contratación de un sistema, antes de que se produzca el daño.
La propuesta integra derechos humanos, bioética, gobernanza tecnológica y conocimiento interno de las tradiciones religiosas. Examina cómo funciona un sistema, qué finalidad persigue, qué categorías utiliza, qué identidades atribuye y cómo afecta la autonomía personal y comunitaria.
Consultado por Infobae sobre la diferencia con los marcos regulatorios centrados en la privacidad, Szlajen explicó:
“La privacidad protege información, pero la libertad de conciencia protege a la persona como autora de sus propias convicciones. Un sistema puede inferir aquello que alguien nunca declaró, atribuirle una identidad religiosa y utilizarla para decidir qué información recibirá, qué oportunidades se le ofrecerán o qué mensajes se diseñarán para influir sobre él. Una inferencia puede ser estadísticamente correcta y, aun así, resultar moral y jurídicamente ilegítima”.
La metodología se articula sobre cinco principios: el derecho a no ser utilizado como objeto de predicción o control; la indisponibilidad algorítmica de la conciencia; la protección reforzada de la libertad religiosa; la distinción entre autonomía operativa y moral; y la responsabilidad humana indelegable.
Estos principios se traducen en obligaciones verificables: prohibir inferencias religiosas injustificadas; permitir impugnar identidades atribuidas por algoritmos; detectar variables neutrales que encubran pertenencias confesionales; exigir auditorías independientes y reparación; y conservar una autoridad humana capaz de explicar, revisar, detener y corregir los efectos del sistema.
La herramienta permite elaborar mapas de riesgo, revisar sistemas antes de implementarlos, establecer indicadores, capacitar equipos, diseñar auditorías y formular recomendaciones regulatorias. Puede aplicarse a selección de personal, beneficios, admisión universitaria, seguridad, salud, educación, comunicación política, perfilamiento de usuarios y contratación pública.
No se trata de añadir una reflexión ética cuando la tecnología ya fue desarrollada, sino de convertir los derechos fundamentales en criterios operativos para su diseño, regulación, adquisición y supervisión.
Sobre las instituciones que deberían incorporarla, Szlajen respondió:
“El instrumento resulta aplicable a toda organización que diseñe, contrate, regule o utilice inteligencia artificial para adoptar decisiones relevantes: parlamentos, organismos públicos, universidades, empresas, instituciones sanitarias y comunidades religiosas. La ética no puede agregarse al final como una certificación decorativa; debe intervenir desde la propia arquitectura, definición del problema y de la finalidad tecnológica”.
Su exposición introdujo además una distinción decisiva entre información y autoridad: que un sistema produzca una respuesta no lo legitima para decidir, clasificar o determinar qué es valioso para una persona o comunidad.
La inteligencia artificial puede procesar textos religiosos con aparente solvencia, pero carece de conciencia, pertenencia comunitaria y responsabilidad moral. Puede asistir a quien interpreta, no sustituir a la comunidad, la conciencia ni la autoridad legítima.
La distinción excede lo religioso: las decisiones algorítmicas afectan concepciones de la persona, criterios de justicia, libertades y relaciones de poder. Su gobernanza debe integrar tecnología, ética, bioética, derecho, religión, derechos humanos y políticas públicas.
La cuestión central, hoy, concluyó Szlajen, ya no es sólo cómo proteger nuestros datos, sino cómo preservar la libertad interior frente a tecnologías capaces de anticipar decisiones, atribuir identidades e intervenir en nuestras conciencias.
POLITICA
La Justicia dictó un fallo favorable a Barrionuevo en la pelea en el Sindicato de Gastronómicos que complica al Gobierno
La Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ordenó a la Secretaría de Trabajo expedir una certificación provisoria de las autoridades de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA), lideradas por Luis Barrionuevo, que resultaron elegidas en las elecciones del 29 de diciembre pasado.
Esta medida cautelar, dictada este viernes, revoca una negativa previa y responde a la falta de respuesta oficial del Poder Ejecutivo, que mantenía sin reconocimiento formal a las nuevas autoridades tras una disputa interna en el sindicato entre el líder nacional de la UTHGRA, Barrionuevo, y el titular de Seccional Capital, Dante Camaño, que se extendió a la vía judicial.
Las internas sindicales en la UTHGRA alcanzaron un punto crítico desde septiembre de 2025, cuando la Sala VI de la Cámara había suspendido las elecciones que debían realizarse ese mes y luego habilitó un nuevo comicio para diciembre. Finalizada la votación, que se hizo el 29 de diciembre de 2025, la Junta Electoral Central proclamó como ganadora a la Lista Celeste 17 de Octubre, encabezada por Barrionuevo, con 121.334 votos.
Al día siguiente de las elecciones, la nómina ganadora pidió la certificación ante Trabajo, pero no tuvo respuesta.
Este contexto llevó al sindicato a presentar una acción de amparo exigiendo a la Secretaría de Trabajo la expedición de los certificados que oficializan a las nuevas autoridades. En forma paralela, otros trámites relevantes de la UTHGRA –como, por ejemplo, la rúbrica de libros y la homologación de acuerdos paritarios– quedaron inmovilizados ante la falta de reconocimiento oficial, lo que impactó tanto en la vida institucional de la entidad como en los salarios de los trabajadores involucrados.
El fallo hace especial hincapié en que la falta de constancia de autoridades vigentes es hoy un obstáculo concreto para el funcionamiento gremial y que ese perjuicio no es subsanable con posterioridad.
Según surge de la resolución, el primer juez de la causa había rechazado la solicitud de medida cautelar, argumentando que seguía pendiente un recurso de inconstitucionalidad elevado ante el Tribunal Superior de Justicia, por lo que no se cumplían los requisitos legales para autorizar una decisión provisoria.
Sin embargo, la Sala VI de la Cámara de Apelaciones del Trabajo entendió que ese planteo no tiene efecto suspensivo automático y que, de hecho, los comicios celebrados y sus resultados ya fueron ejecutados e incluso reconocidos por la propia Junta Electoral. Para la Cámara, “exigir que el recurso esté resuelto de modo favorable al actor importa requerir la firmeza de una decisión que ya produce efectos”, por lo cual añadir ese requisito constituye un exceso.
En su argumentación, la jueza Marina Pisacco, una de las camaristas, enfatizó que la modificación del artículo 56 de la Ley de Asociaciones Sindicales, incorporada por el decreto 342/25, no afecta la obligación del Ministerio de registrar a las autoridades electas. Sostuvo que las personas jurídicas requieren de representantes reconocidos oficialmente para operar y que la autoridad administrativa debe mantener vigente el registro de las organizaciones sindicales y sus autoridades.
La sentencia subraya dos elementos: por un lado, la existencia del “fumus bonis iuris” (presunción fundada de derecho) y, por otro, el “peligro en la demora”, dados los obstáculos actuales para la actividad de la UTHGRA y la homologación de acuerdos salariales. “El perjuicio, así, se proyecta sobre el funcionamiento institucional del sindicato y sobre los salarios de los trabajadores comprendidos en esos acuerdos, de modo que no resulta susceptible de reparación ulterior”, advierte el fallo.
La Cámara remarca también el carácter reversible de la medida cautelar: la certificación es provisional y, en caso de un eventual revés judicial, puede ser anulada sin consecuencias permanentes. “La finalidad del proceso cautelar consiste en asegurar la eficacia práctica de la sentencia y que la fundabilidad de la pretensión… no depende de un conocimiento exhaustivo y profundo, sino de un análisis de mera probabilidad”, señala.
La jueza Gabriela Vázquez, la otra integrante de la Sala VI, se sumó al fallo, aclarando que su intervención en casos sindicales previos no la inhabilita para decidir en éste, ya que no prejuzgó sobre las cuestiones de fondo y la ley de amparo impide recusaciones sin causa.
Por decisión unánime, la Cámara instruyó al Ministerio de Capital Humano, del que depende la Secretaría de Trabajo, a expedir en 5 días la certificación provisoria de los dirigentes de la UTHGRA elegidos en diciembre, limitando sus efectos estrictamente a ese acto y preservando el debate de fondo para otra etapa procesal.
POLITICA
Ante los coqueteos de Macri con La Libertad Avanza, Lacunza no descarta competir en una reedición de Cambiemos en 2027
Con la mira puesta en las elecciones 2027, el expresidente Mauricio Macri juega a dos bandas. Mientras coquetea con la posibilidad de sellar un acuerdo con La Libertad Avanza (LLA) en todo el país, en el cual trabajan sus emisarios de Pro en los encuentros en la Casa Rosada, deja correr la precandidatura a presidente del exministro de Hacienda Hernán Lacunza.
Frente a este escenario, Lacunza, entusiasmado con la aventura a la que se lanzó hace poco más de un mes, no descarta competir en un frente que reúna a dirigentes de la Unión Cívica Radical (UCR), la Coalición Cívica (CC) y el Partido Socialista –al estilo Cambiemos– en caso que las negociaciones de Pro con LLA finalmente dieran sus frutos.
En rigor, fue el exsenador e histórico dirigente de la UCR Ernesto Sanz quien activó el miércoles esta posibilidad, al decir que los radicales saldrían “al rescate” de Lacunza si Pro bajara su precandidatura por un acuerdo con LLA. Lo calificó de “buen tipo” y “valioso para la Argentina que viene”, en una entrevista televisiva con A24.
También afirmó que le “entusiasma” la chance de un “simil Cambiemos del 2015”, que compita con precandidatos de cada espacio en unas Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias (PASO), en caso que no avance la reforma política del oficialismo en el Congreso, que dispone su eliminación.
En línea con esta propuesta que Sanz hizo pública de forma indirecta a Lacunza, el precandidato respondió ayer en el mismo medio que “sí” aceptaría una candidatura por un espacio que recrease Cambiemos, aunque matizó: “Eso es el final, no el principio [de la carrera presidencial]”.
Ante la consulta de , cerca de Lacunza señalaron que “es prematuro pensar en una alianza”, aunque destacaron que tiene “coincidencias y afinidades” con Sanz. En paralelo, dijeron que el exministro es “escéptico” sobre la posibilidad de que Pro consiga un acuerdo electoral con LLA y remarcaron que está “entusiasmado” con la postulación. “No ve un escenario de bajarse [de la contienda]. No depende de lo que hagan otros dirigentes”, afirmaron.
El precandidato aspira a recorrer un largo camino hacia los comicios presidenciales de 2027. De hecho, ayer anunció que se tomará licencia como vicepresidente de Racing. El economista, que asumió hace un año y medio en la cúpula de la institución, señaló que su distanciamiento radica en que le “ha costado compatibilizar agendas” luego de su relanzamiento en la política.
Su desembarco en la contienda presidencial generó reacciones de lo más diversas dentro de Pro. Los dirigentes se dividieron entre quienes apoyan su figura; los que valoran su vocación, pero sin trabajar junto a él; y referentes que la rechazan de forma rotunda, grupo compuesto fundamentalmente por acuerdistas.
Mientras, con el visto bueno de Macri, Cristian Ritondo, jefe del bloque Pro en la Cámara baja, y el diputado Fernando de Andreis, secretario general del partido y alter ego de Macri, negocian con el Gobierno “un frente común en todas las provincias” en los encuentros quincenales que mantienen en la Casa Rosada.
“Cuando se reúnen, ¿de qué discuten? De las listas de diputados y senadores, de que ‘en mi territorio no me compitas’ y de reforzar con cargos en el Ejecutivo. Cargos, listas, territorios: ¿dónde está la gente ahí?”, lanzó ayer Lacunza sobre la mesa de diálogo que integran referentes de Pro y LLA.
Luego de la entrevista del exministro, Sanz agregó en las últimas horas que, si Macri llegara a un entendimiento electoral con LLA, habrá dirigentes de Pro que “quedarán en libertad de acción” –aquellos que se oponen a una sociedad con el Gobierno, como Lacunza, la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal o la legisladora porteña Silvia Lospennato–, pasibles de sumarse a un armado con espacios como la UCR, la CC y el socialismo. “Es un mensaje de fortalecimiento a Lacunza y una alerta para Pro”, sostuvo Sanz sobre sus propios dichos, en conversación con .
El dirigente mencionó que dialoga con Lacunza; con el extitular de Diputados del macrismo, Emilio Monzó –que apoya una postulación del empresario Jorge Brito–; con el diputado de la CC, Maximiliano Ferraro; y con la dirigente socialista Mónica Fein.
Reaparece Macri, ¿sin Lacunza?
Macri encabezará un acto partidario el próximo viernes en Jujuy, en una nueva escala de la gira “Próximo Paso” que inició en marzo pasado. Esta edición, correspondiente al noroeste argentino, será la primera después de tres meses, un período en el que comenzaron las negociaciones con el Gobierno y surgió la candidatura del exministro de Hacienda.
Sin embargo, Lacunza no participará del acto en el norte, al menos de momento. Una alta fuente partidaria dijo a que el precandidato no figura en la lista de oradores del evento –que incluye a Macri, De Andreis y dirigentes provinciales–. “No creo que participe”, sostuvo.
En el entorno de Lacunza argumentaron que tiene una “agenda propia en el interior y en Buenos Aires”, relacionada con su postulación, y que suspender las actividades ya pactadas tendría un “costo”. “Lo de Jujuy surgió a principios de esta semana. Si vale la pena lo hace, pero es un acto regional y no se va a decidir nada”, relativizó la fuente consultada, que agregó que el economista tiene planificado ir a la provincia más adelante.
El expresidente aún no brindó respaldo público a Lacunza, aunque tampoco se refirió a cuestiones políticas desde su lanzamiento. El precandidato asegura que cuenta con su aval y que lo ratificó después de reanudadas las conversaciones con LLA. En medio del equilibrismo que ensaya Macri, cualquier alusión –u omisión– al precandidato durante el discurso en Jujuy tendrá una lectura política.
Lo mismo ocurrirá respecto de las negociaciones con LLA. En los anteriores actos del tour federal, Macri no escatimó en cuestionamientos hacia el gobierno nacional. ¿Qué posición adoptará ahora, que envía quincenalmente emisarios a Balcarce 50?
En paralelo, fuentes partidarias confirmaron a que Macri mantendrá un encuentro con el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, durante su visita al distrito, y no descartaron que el mandatario provincial radical tenga “alguna participación” en el acto, que se celebrará en el Hotel Altos de la Viña en San Salvador de Jujuy.
A la gira solo le queda pendiente la región patagónica, donde se planea una escala para los próximos meses. En tren de reactivar a Pro, arengar a los dirigentes locales y exhibir músculo político, este año Macri encabezó actos en la ciudad y la provincia de Buenos Aires, Chaco, Mendoza y Santa Fe.
Luego del 26 de junio –jornada en la que lideró la última edición de la gira, en Mar del Plata–, partió hacia el Mundial de fútbol que se realizó en Estados Unidos, México y Canadá (al que fue en calidad de titular de la Fundación FIFA) y bajó el perfil.
Cerca suyo argumentaron que el freno de tres meses en los actos partidarios y la menor exposición del expresidente se debió a cuestiones de “agenda”. Ayer, Macri compartió imágenes que fueron capturadas mientras dictaba una clase en la Bologna Business School.
Mauricio Macri,activó el miércoles esta posibilidad,licencia como vicepresidente de Racing,negocian con el Gobierno,comenzaron las negociaciones con el Gobierno,pic.twitter.com/7IKIJsH6Nt,September 16, 2026,View this post on Instagram,Denise Chmois,Hernán Lacunza,Mauricio Macri,Conforme a
POLITICA
La mesa política busca aplacar las internas por el Presupuesto y evalúa una reunión con el bloque de Diputados
El proyecto de Presupuesto para el 2027 dejó más controversias al interior del Gobierno que una discusión pública sobre su contenido mismo. El Ministerio de Economía envió la versión a la cúpula del Gobierno para que se firme al filo del plazo legal para presentarlo y de un día para el otro, los negociadores libertarios en ambas cámaras del Congreso se desayunaron cambios que no estaban previstos en las tratativas que habían encaminado desde hace semanas con bloques aliados.
El clima sigue espeso al interior del Gobierno. La mayoría de los integrantes de la Mesa Política decidió bajar las armas. “Ya no tiene sentido seguir puteando al aire. Lo único que importa es llevarnos el Presupuesto”, avisan desde uno de esos despachos, reconociendo la bronca que se generó con la situación evidenciada el miércoles (el día después de la presentación del proyecto), cuando comenzaron a emerger artículos que modificarían las prestaciones por Discapacidad y la actualización de la AUH.
Ambos temas serán abordados en la próxima reunión de Gabinete a la que probablemente convoque el presidente Javier Milei para este lunes. También se tratará todo en la reunión de Mesa Política, la instancia de debate del círculo más chico del Gobierno que está siendo cuestionada por diferentes integrantes. Quien lo hizo de manera pública fue Patricia Bullrich, quien en diferentes reportajes cuestionó que los recortes en esos segmentos no fueron sincerados en la reunión que hubo horas antes de que el Ejecutivo presentara el proyecto.
Solo un puñado de funcionarios conocía la letra chica del Presupuesto 2027, lo que deja entrever que la totalidad de los legisladores de ambas cámaras del Congreso Nacional tampoco lo conocían. En el Gobierno marcan que tienen intenciones de subsanar esa situación hacia adelante. “Estamos planificando reuniones con legisladores nacionales con Economía para sacar dudas sobre todo lo que hace el proyecto”, confirmó una fuente de la mesa política a Infobae.
La persona a la que aluden es el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, que está a cargo de confeccionar y maniobrar la política fiscal del Gobierno para asegurar la política de déficit cero. Más de un integrante del Gobierno tiene intenciones de que se haga un encuentro con diputados -y en lo posible, sumándole senadores- para informarles sobre las nociones básicas del proyecto presupuestario.
La posibilidad de hacer un encuentro con el encargado de Hacienda es potencial y no algo concreto. En otros despachos afirman que no tienen esa información, aunque en otros afirman que “es probable porque el año pasado se hizo así”. Lo que es seguro es que Guberman irá al Congreso a dar su explicación oficial sobre el proyecto que confeccionó con la cúpula del Ministerio de Economía. La exposición del año pasado fue algo accidentada. Guberman fue acompañado por el entonces secretario de Finanzas, Pablo Quirno, y expusieron sin responder preguntas, evidentemente molestos por las interrupciones de diferentes diputados de la oposición más dura contra el Gobierno.
El tándem compuesto por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, comenzó a esquematizar la hoja de ruta para conseguir adhesiones de bloques aliados y gobernadores. Algunos de ellos confiesan en privado su cansancio por el mecanismo de negociación del Gobierno y la naturaleza de los proyectos que envía la Casa Rosada. “Hacen proyectos enormes y te quieren colar cambios profundos en un artículo cortito. Algunos ya nos sentimos boludeados”, afirmó un gobernador en diálogo con Infobae.
Ambos trabajan para evitar que se produzca un revés al momento de tratarlo en alguna de las dos cámaras. El antecedente más próximo es el del último presupuesto. Al momento de llevarlo a votación, Diputados rechazó el capítulo que proponía derogar la emergencia en discapacidad y el financiamiento universitario. En el oficialismo y la oposición dialoguista existe la voluntad de buscar una suerte de “punto medio que no rompa con el equilibrio fiscal”. “Para eso tenemos que generar un camino de confianza”, apuntan cerca de un funcionario del Gobierno.
La confianza también debe ser interna, porque el vínculo entre varios de los integrantes de la Mesa Política quedó astillado después de los sucesos de los últimos días. “Estamos armando una matriz para encarar las conversaciones”, puntualiza uno de ellos. El factor decisivo será que los dirigentes de la esfera política del Ejecutivo logren coordinar las negociaciones con el ala económica, compuesta en su estrato más alto por el mismísimo Javier Milei y el ministro Luis Caputo.
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