Este domingo, minutos antes de que Newell’s saliera a jugar con Boca por la tercera fecha del Clausura, alguien colgó en la bandeja superior de la platea Maxi Rodríguez del estadio Marcelo Bielsa una tela blanca con letras negras. Decía: “Las tierras no se venden, las tierras se defienden”. Era una alusión directa al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que el gobierno intentará aprobar en el Senado esta semana, y cuyo capítulo más resistido modera las restricciones para que inversores extranjeros compren tierras en la Argentina.

Pero la bandera, que había sido colocada en un lugar muy visible, frente a las cámaras que televisaban el partido, no duró mucho. Personal de la Sección Explosivos de la Policía provincial detectó la insignia pasadas las 14.15, durante la inspección preventiva previa al ingreso del público. ¿Quién tiene acceso al estadio antes de que abran las puertas? Esa pregunta sobrevoló la polémica. Se dio aviso a las autoridades superiores y se ordenó retirarla. Horas después, cerca de las 18.30, por una directiva emanada directamente del Ministerio de Seguridad provincial, los efectivos procedieron al secuestro formal de la tela, que terminó en la comisaría 2ª.

La bandera de la ley de tierras pudo haber tenido un origen, según las fuentes consultadas, en buscar un efecto como fue la bandera de las Malvinas que les arrojaron al campo de juego a los jugadores de la selección argentina después del triunfo con Inglaterra. La decisión de retirar la bandera, con el argumento de que no tiene que ver con el espectáculo deportivo, busca cortar con esta tendencia de usar una televisación para enviar mensajes políticos.

La justificación oficial fue escueta y buscando que el tema no escalara, ya que en las redes sociales la discusión en torno a la quita de la bandera había empezado a levantar temperatura. El secretario de Gestión Institucional del ministerio, Federico Angelini —ex diputado nacional de Pro y también exfuncionario del Ministerio de Seguridad Nacional—, explicó que en todo operativo existe un “minuto cero” en el que se revisan los elementos del estadio, y que allí se encontró una bandera “cuyo mensaje claramente no tenía nada que ver con un espectáculo deportivo”. La Dirección Provincial de Espectáculos y el club, dijo, definieron que correspondía sacarla. Angelini agregó que se desconoce cómo llegó la bandera a la tribuna.

El argumento —que el contenido “no tenía que ver con el fútbol”— es, en rigor, lo contrario de una imputación penal. El propio gobierno provincial no señaló una acción dolosa, un agravio, una amenaza ni un riesgo para la seguridad pública. Y ahí es donde la decisión empezó a encendió la polémica: por qué se retiró esa bandera, si el mensaje no generaba una instigación a la violencia.

El exdiputado provincial y docente de Derecho Constitucional Oscar Blando fue más lejos: preguntó qué norma jurídica aplicó el funcionario que dio la orden, dónde está tipificada la contravención o el delito, y advirtió que sin esa base la medida es “un ataque a la libertad de expresión”, una arbitrariedad manifiesta y un exceso de funciones. Recordó, además, que planteles de todo el país han posado con carteles de “Ni una menos” antes de los partidos sin que nadie los cuestionara por no tener que ver con lo deportivo.

Un ministro de la Corte Suprema provincial, Daniel Erbetta —penalista y notorio hincha leproso—, calificó el episodio de “inédito” en las redes sociales y pidió que se individualizara al funcionario responsable por su “torpeza o el desconocimiento de sus obligaciones”.

En Newell’s, cuya dirigencia está alineada a nivel político con el gobernador Maximiliano Pullaro, trataron de esquivar hablar del tema para que la polémica, sobre todo en el terreno de las redes, se descongestionara. En algunos dirigentes y socios surgió malestar por la decisión de retirar la bandera.

La escena obliga a una comparación incómoda. En Rosario, las tribunas han sido durante años un soporte de mensajes que sí tenían destinatarios concretos del mundo del delito, y que nadie retiró. Cuando Maxi Rodríguez jugó su despedida en el Coloso, entre las telas apareció una de la barra vinculada a Los Monos, el clan narco más poderoso de la ciudad. Quedó donde estaba. Este mismo fin de semana, mientras la bandera contra la Ley de Tierras terminaba secuestrada en una comisaría, aparecían en distintos puntos de Rosario telas con menciones a Matías Gazzani, el prófugo señalado como jefe de Los Menores por el que se ofrece una millonaria recompensa. Esas banderas siguen colgando de puentes y paredones sin operativo de explosivos que las levante.

El contraste no es una travesura retórica: dibuja el criterio real de la fuerza. Un mensaje sobre soberanía y propiedad de la tierra, conectado con un debate que esta semana define el Congreso, activó al minuto una intervención policial y un secuestro formal. Los guiños de organizaciones narcocriminales en el espacio público —esos que sí buscan marcar territorio, disputar poder y disciplinar— conviven con la ciudad sin sobresalto oficial.

La sospecha política que sobrevoló todo el episodio le agrega densidad. En la antesala del tratamiento en el Senado, hay quienes leyeron el celo del gobierno de Pullaro como un gesto hacia la Nación, en línea con el respaldo que legisladores afines al gobernador han dado antes a iniciativas de la Casa Rosada. La bandera censurada apuntaba, justamente, contra esa ley.

En franco contraste con la dinámica que se impuso en 2025, los bloques de Pro y La Libertad Avanza (LLA) mostraron este año una fuerte convergencia en la Legislatura porteña al acompañar mutuamente sus proyectos.

Ambos espacios reconocen esta realidad, aunque lo leen de formas radicalmente diferentes. Mientras el macrismo lo celebra, los libertarios lo atribuyen a un cambio de actitud de las filas amarillas y sostienen que la colaboración fue más de Pro hacia ellos que a la inversa.

Los legisladores de LLA apoyaron la toma de deuda para el financiamiento de la línea F de subte y la ley para endurecer las penas contra “trapitos”. También dieron un guiño −vía abstención– a la ampliación de 2,6 billones de pesos de gastos en el presupuesto. Todas estas iniciativas fueron enviadas por el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, y finalmente consiguieron su sanción.

Como contrapartida, los legisladores de Pro votaron a favor de proyectos de autoría libertaria como la ley “hojarasca” para eliminar normas “obsoletas”, la desregulación de la Verificación Técnica Vehicular (VTV), los regímenes de incentivos para grandes y medianas inversiones (RIGI y RIMI) y la actualización de los valores de facturación de Ingresos Brutos. Estas iniciativas también lograron ser sancionadas.

Esta sintonía se da en paralelo a las primeras conversaciones en clave electoral del gobierno nacional con ciertos mandatarios provinciales afines, con Karina Milei −la principal armadora de LLA– más dispuesta que el año pasado a cerrar acuerdos para los comicios de 2027.

¿Implica la mayor fluidez parlamentaria entre Pro y LLA en la Capital un “preacuerdo” electoral o un anticipo de coalición? Mientras en Uspallata –la sede del gobierno porteño– se entusiasman con la confluencia y se muestran dispuestos a acordar, los libertarios son más cautos, prefieren mantener distancia y niegan que existan conversaciones al respecto.

En las últimas semanas, Jorge Macri defendió en varias entrevistas la idea de un acuerdo con LLA para competir juntos en las elecciones del año próximo en la Ciudad. Planteó que ambos espacios deben hacer un “esfuerzo” para converger y destacó los “puntos en común”. Pero también se sinceró: “Lo que tenemos en común con La Libertad Avanza es que no podemos permitir que el kirchnerismo vuelva”, afirmó, entrevistado por TN

En cambio, Pilar Ramírez, jefa del bloque LLA en la Legislatura y delegada de Karina Milei en la Capital, cuestiona con frecuencia la gestión de Pro, al menos en el plano discursivo. Junto a su mano derecha, el legislador Nicolás Pakgojz, apuntan contra Uspallata por “apropiarse” sus ideas e impulsan iniciativas para reducir impuestos, desregular y achicar la estructura burocrática, en línea con las banderas del presidente Javier Milei.

En el mileísmo insisten en que no hay acuerdo electoral entre el gobierno nacional y el oficialismo porteño. Según pudo saber , la directiva de Karina Milei es que “no hay problema” en cuestionar a Jorge Macri, algo que no ocurre en otros distritos, donde LLA tiene más avanzadas las negociaciones con los caudillos provinciales afines.

El año pasado, macristas y libertarios compitieron por separado en las elecciones legislativas locales de mayo, donde LLA se impuso con 30,7% frente al 27,8% del peronismo y solo el 16,2% de Pro. Sin embargo, para las elecciones nacionales de octubre lograron un acuerdo en la Ciudad y superaron juntos el 40%.

Los motivos de la sintonía

Tanto en Pro como en LLA admiten esta convergencia legislativa, según pudo reconstruir a partir de fuentes parlamentarias.

En el macrismo la explican por una combinación de factores: la necesidad de sumar aliados para aprobar proyectos (el bloque oficialista Vamos por Más cuenta con 12 bancas y LLA, con 14); una agenda e ideas compartidas; el hecho de tratarse de un año sin elecciones; la utilidad de las leyes impulsadas por LLA y acompañadas por Pro; y, sobre todo, el “acercamiento” entre la Casa Rosada y Uspallata.

Como ejemplo, recuerdan el desplante de Milei a Jorge Macri en el Tedeum del 25 de mayo del año pasado, cuando le negó el saludo, en contraste con el Tedeum del 9 de julio pasado, donde el Presidente lo saludó, se mostró sonriente e incluso se acercó a Vito, el hijo del jefe de gobierno, gesto que repitió al cruzarlo recientemente en La Rural.

En mayo pasado, además, avanzaron en un acuerdo para el pago en bonos de cerca de $800.000 millones, en concepto del pago semanal de la coparticipación federal correspondiente a las arcas porteñas, un reclamo que la gestión macrista –que en 2027 cumplirá 20 años en el poder– alzaba desde del año pasado.

Los libertarios, por su parte, son más reticentes a reconocer esta convergencia, aunque terminan por admitirla. “Si te acompañan en los proyectos, uno no se va a poner ‘en loco’ [y boicotear los suyos]”, ilustró un legislador de la bancada, en diálogo con .

Aunque entienden que el año pasado la relación estuvo marcada por la competencia electoral –lo que derivó en un vínculo “complejo” en la Legislatura–, consideran que lo que realmente cambió la dinámica fue una modificación de actitud de Pro.

“La lógica cambió ahora que le dan bola a los proyectos de LLA. Jorge Macri nos acompaña por la necesidad imperiosa que tiene de aliarse por la pésima imagen que tiene”, interpretó una de las fuentes consultadas.

Otro legislador coincidió en que hay mayor sintonía porque “Jorge abraza” sus ideas y su agenda: “Hubo un cambio del lado de Pro. Ellos nos acompañaron más a nosotros que nosotros a ellos”.

Según indicaron, es Pilar Ramírez quien lidera las negociaciones proyecto a proyecto: no existe un acuerdo marco legislativo, y mucho menos electoral.

De cara a la segunda mitad del año, LLA planea impulsar proyectos que adaptan a nivel porteño la legislación nacional impulsada por Javier Milei. Entre ellos, la ya presentada “ley bases” porteña para desburocratizar el Estado local y reducir el gasto público; la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias (PASO) –que buscarán poner en agenda una vez que se resuelva en el Congreso, donde lleva tres meses frenada–; y proyectos vinculados a transporte, seguridad y baja de impuestos, específicos para la Ciudad.

Pro, en cambio, tiene la mirada puesta casi exclusivamente en el Presupuesto 2027, para el que ya sabe que deberá negociar con los libertarios cuestiones como el recorte del gasto y la baja de ciertos impuestos. En cuanto a la eliminación de las PASO, si bien inicialmente se oponían, ahora plantean que hay que “analizar qué conviene” y que todavía no tienen una posición definida.