Tres semanas después de la desvinculación de una docena de trabajadores y los anuncios de cambios para aumentar la seguridad de la residencia oficial de Olivos, el sitio donde vive el presidente Javier Milei funciona bajo su nuevo paradigma, en un proceso dinámico, que aún no termina.

El 17 de septiembre, en un comunicado emitido por Balcarce 50, se consignó que la Casa Militar, fundada en 1909 para la seguridad de los mandatarios y los lugares que habitan, tendría a su cargo “la responsabilidad integral de las funciones de seguridad de la Residencia Presidencial de Olivos”. Son más de 30 hectáreas, en un rectángulo delimitado por las calles Villate, la Avenida Maipú, Hipólito Yrigoyen y Antonio Malaver.

Desde entonces se llevaron y llevan adelante, según pudo saber , los procesos de “reorganización e integración” del lugar bajo la órbita del organismo. Los cambios se vienen haciendo de manera gradual con foco en “la continuidad operativa y la seguridad” del lugar, afirmaron en la Casa Rosada.

En una entrevista brindada por el mandatario a LN+, Milei indicó que la residencia “opera hoy como una base militar”. Allí aludió: “Tengo algunos enemigos pesados en el mundo”, en referencia a su alineación geopolítica. Y completó: “Hay determinadas cuestiones que tienen cuestiones de seguridad mucho más profundas que en las condiciones en que estaba la quinta”.

El primer cambio se registró con la salida del administrador de la quinta presidencial, Osvaldo Javier Sosa, cuñado de María Belén Agudiez, hasta poco antes una persona cercana a Karina Milei.

Agudiez tenía a su cargo la subsecretaría de Planificación, encargada de la administración de Olivos y de las demás residencias oficiales. Tres días después del desplazamiento de Sosa, Agudiez dejó el gobierno. Ambos quedaron alcanzados por una denuncia sobre posibles desmanejos alrededor de compras -por ejemplo de carne- en la residencia.

El oficialismo, por su parte, advirtió también sobre posibles “filtraciones” a los medios, con señalamientos a los desplazados. El control de Olivos quedó en manos del coronel Fernando Tereso, quien secunda al brigadier Sebastián Ibáñez en la Casa Militar. El organismo, a su vez, está bajo la órbita de la Secretaría General de la Presidencia, con Karina Milei a la cabeza.

A esa entidad pertenecen ahora los empleados que trabajan en la residencia, sean civiles como militares. Hasta los cambios, la Casa Militar se encargaba de una parte de la seguridad y solo tenía personal civil ubicado en los ingresos, para registrar las visitas.

La seguridad está “en cambio constante”, dijo una de las voces consultadas por . Las adecuaciones implementadas responden, principalmente, a una actualización de los protocolos de gestión interna y coordinación operativa, para agilizar los procesos diarios y “fortalecer las medidas de seguridad”, apuntaron las fuentes consultadas.

Desde que la Casa Militar se hizo cargo del manejo de la residencia oficial se subió el número de efectivos que trabajan puertas adentro, tanto por la mayor demanda de los nuevos protocolos de seguridad, como por el personal civil del organismo que se ubicó para el manejo de las distintas áreas, según reconstruyeron fuentes oficiales. El número de empleados totales permanece bajo un fuerte hermetismo.

El esquema mixto donde convive personal civil y militar de la Casa Militar trabaja de forma coordinada según las necesidades específicas de cada área, según indicaron las fuentes. Buscan así “optimizar“ las tareas técnicas, logísticas y de resguardo institucional alrededor de Olivos.

Las tareas de mantenimiento general y servicios dentro de la quinta son desempeñadas por equipos multidisciplinarios, que siempre también integrados por personal civil y militar especializado. Por ejemplo, el encargado de cocinar es un militar, según confirmaron fuentes al tanto.

Cambios y reubicaciones

Los primeros cambios en Olivos se conocieron el jueves 17 por la tarde e incluyeron 12 desplazamientos, una parte de los cuales luego fueron reubicados en otras dependencias, por fuera de Olivos. Entre quienes fueron echados sin chances de reubicación estuvo Sosa, el hasta entonces intendente del lugar.

Los intendentes o administradores de Olivos siempre son designados por los gobiernos de turno, que suelen poner personas de extrema confianza. Rara vez se cambiaron a lo largo de una gestión, pero con Sosa esa tradición voló por el aire.

WASHINGTON.- En un nuevo paso del alineamiento de la administración del presidente Javier Milei con el gobierno de Donald Trump, su principal socio internacional, la Argentina adhirió este miércoles junto a otros países a una declaración impulsada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) para combatir la sobreproducción industrial en sectores manufactureros claves, considerado como un “desafío fundamental para la economía global”.

El documento de la “Declaración ministerial conjunta” destinada a “abordar el exceso de capacidad y producción estructurales” fue firmado también por Australia, Alemania, Canadá, Corea del Sur, Francia, la India, Italia, Japón, México, Polonia, Turquía, Reino Unido y la Unión Europea (UE), en el marco del Comité de Comercio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El USTR, que lidera el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, había convocado una reunión de altos funcionarios de las 14 economías para iniciar labores destinadas a abordar esa problemática que apunta a la competencia con China en materia comercial.

Como resultado, los países que suscribieron el documento junto con Estados Unidos -que partió de las deliberaciones sostenidas durante la reunión ministerial de comercio del G-20 realizada en Milwaukee la semana pasada- expresaron su determinación de trabajar mediante “nuevas plataformas sectoriales específicas para examinar y adoptar medidas eficaces” frente a este problema en diversos sectores considerados de preocupación.

La declaración también hace un llamado a todos los países a poner fin al uso de políticas y prácticas ajenas a las reglas del mercado, que, según los firmantes, “distorsionan los mercados y perpetúan el exceso estructural de capacidad y producción”.

“Durante la presidencia de Estados Unidos del G-20, numerosas economías señalaron casos de exceso estructural de capacidad y producción en economías que superaban persistentemente la demanda mundial, sostenidos por políticas y prácticas ajenas a las reglas del mercado aplicadas por gobiernos extranjeros”, declaró Greer mediante un comunicado, en el que no hizo mención a China.

“De no controlarse, estos problemas seguirán perjudicando gravemente a las industrias nacionales, desplazando la producción local y obstaculizando nuestra capacidad para elevar el nivel de vida de los trabajadores y sus familias”, amplió Greer, el funcionario que en febrero pasado firmó en Washington junto al canciller Pablo Quirno el acuerdo recíproco de comercio e inversiones entre Estados Unidos y la Argentina.

“La administración Trump seguirá colaborando con nuestros socios comerciales para defender nuestras industrias nacionales, a nuestros trabajadores y nuestra economía frente a las distorsiones derivadas de estas políticas y prácticas generalizadas”, completó Greer.

Aunque el texto de la declaración no nombra a ningún país en particular, el tema remite de manera directa a China, cuyo modelo industrial, apoyado en subsidios estatales y una capacidad instalada que supera con amplitud su demanda interna, ha sido el blanco recurrente de las quejas de Washington, Bruselas y otros gobiernos por la sobreproducción en sectores como el acero, el aluminio, los vehículos eléctricos, los paneles solares y los semiconductores.

El régimen de Xi Jinping ha rechazado esas acusaciones en reiteradas ocasiones y sostiene que su competitividad responde a ventajas de eficiencia y a la dinámica del mercado.

“En particular, el exceso de capacidad y producción estructural conduce a la sobreproducción y a una concentración excesiva de la producción; desalienta la inversión, la producción y el desarrollo de capacidad basados ​​en el mercado; y socava las exportaciones basadas en el mercado», señaló el documento firmado por los 14 países.

“Reconocemos que el exceso de capacidad y producción estructural en cualquier país plantea desafíos importantes para todos sus socios comerciales, ya que distorsiona los precios y los patrones de producción, disuade la entrada de nuevos actores y obstaculiza la innovación y la competencia”, añadió.

Específicamente, el texto detalló que en las deliberaciones de este año los miembros expresaron su preocupación por el exceso de capacidad y producción estructural —existente o proyectado para el futuro— en muchos sectores, entre ellos, automóviles y vehículos eléctricos, baterías, productos químicos, semiconductores básicos y paneles solares.

“Nos preocupa que, a falta de medidas oportunas y eficaces, el exceso de capacidad y producción estructural en estos sectores paralice nuestras industrias nacionales, desplace la producción local, destruya empleos, socave nuestras economías, obstaculice los esfuerzos de desarrollo e industrialización y, en última instancia, reduzca el nivel de vida de nuestra población”, alertó.

La relación comercial entre Estados Unidos y China ha estado bajo tensión durante la segunda administración Trump, por la imposición de aranceles, actualmente bajo una tregua hasta el 10 de enero de próximo tras acordar una prórroga a una competencia que ha afectado los mercados globales.