POLITICA
El caso Adorni y el regreso del game of chicken como política de Estado

La escena vuelve a repetirse. Manuel Adorni quiso poner fin a las sospechas que penden sobre su cabeza política y, otra vez, abrió un nuevo capítulo en la saga que tiene como eje sus movimientos patrimoniales. La corrección de sus declaraciones juradas y las respuestas públicas que dio la semana pasada no sólo sumaron contradicciones. También mostraron el regreso de una faceta estructural de la coreografía de poder del Gobierno de Javier Milei, pero ahora recargada. El game of chicken como política de Estado: eso de responder a los desafíos de la oposición o de la ciudadanía acelerando al máximo, a ver quién se corre primero. Dio forma a la gestión mileísta ni bien llegó al poder. Y hechos de los últimos días indican que se potenció hasta lo impensado.
En la última semana, hubo dos ejemplos del todo o nada con el que responde Milei a las presiones que intentan desviarlo de su camino. En un caso, el de Adorni, las chances del Gobierno son una obra en construcción: está pendiente el último ladrillo que determine quién gana la pulseada, si el oficialismo o la oposición. En el otro, el conflicto con las universidades, al Gobierno le torcieron la mano aunque lo presentó como una victoria. Vale la pena pensar por qué en un caso frena y en el otro, acelera.
Con el pie en el acelerador
El caso Adorni, todavía abierto, es una aceleración y escalada en la construcción de una realidad paralela que desafía los hechos evidentes a los ojos de la Argentina. Más allá de la investigación judicial por supuesto enriquecimiento ilícito que está lejos de llegar a un veredicto, el último miércoles, por LN+, el mismo Adorni dejó claro que mintió abiertamente el 29 de abril en su presentación en la Cámara de Diputados: “Nunca existió ocultación alguna”, había sostenido en abril. El miércoles pasado, “la ocultación” salió a la luz de boca, y también de puño y letra, del mismo Adorni.
Y, sin embargo, Milei ratificó el apoyo a su jefe de Gabinete. Por el momento, aún con esa prueba incuestionable sobre la mesa, Milei no está dispuesto a poner el pie en el freno con todo o a dar un volantazo hacia la banquina para evitar la colisión: sigue sosteniendo a Adorni.
El game of chicken se eleva ahora a la enésima potencia: el acelerador rompe el velocímetro. Se ve en varios puntos. Primero, permanece en su cargo un jefe de Gabinete responsable de un “crimen político” grave, mentirle abiertamente a todos: a la Cámara de Diputados en presentación oficial, al Presidente que celebró aquella intervención, al pleno de los ministros del Gabinete que salieron en su apoyó aquel día y a la ciudadanía toda.
La escena del “crimen” fue un informe de gestión obligatorio por mandato constitucional. Con eso solo, sin necesidad de esperar a una sentencia judicial, en una democracia clásica alcanzaría para renunciarlo. En cambio, en una democracia en tiempo de Argentina mileísta, la institucionalidad se reescribe.
Es cierto que desde 1994, cuando se creó la figura de jefe de Gabinete, la adhesión a la obligación de presentarse en el Congreso es baja, según un informe de Chequeado. El top 5 lo ocupan Jorge Capitanich, en el puesto 1, en 2002 y 2013-2015, con un 57 por ciento de cumplimiento; le sigue Marcos Peña durante la presidencia de Cambiemos, con un 56 por ciento; en el puesto tres, Eduardo Bauzá, en el menemismo, con un 50 por ciento y en el cuarto puesto, Jorge Rodríguez, también en los años de Menem, con un 38 por ciento. En la quinta posición está el antecesor de Adorni, Guillermo Francos, con un 36 por ciento de cumplimiento.
Y está claro que en las presentaciones ante el Congreso, la narrativa de los jefes de Gabinete responde a la lógica política: muchas de las respuestas que dan son discutibles e, incluso, basadas en información falsa. Esa mecánica es condenable, pero se integra dentro del tablero político donde se mueven oficialismo y oposición con estrategia distinta.
Pero la anomalía de Adorni es triple y es de otro nivel: debió haber ido al menos dos veces al Congreso desde que fue nombrado en noviembre, pero no lo hizo; la única vez que fue lo hizo no sólo para informar sobre la marcha del Gobierno sino también para responder por su situación personal, la acusación de enriquecimiento ilícito; y lo más grave, mintió sin vueltas.
El otro punto del todo o nada al extremo por parte del oficialismo es la estrategia argumentativa de Adorni en la entrevista realizada por José Del Rio. La batería de herramientas para desmentir la realidad convierten a sus respuestas en un caso único de estrategia política, más allá de la cronología de su patrimonio, que desafía la verosimilitud. Adorni usó todas las municiones posibles.
Volvió al “deslomado”, esta vez en versión “eran tiempos donde no dormíamos”, en referencia a los primeros meses de gobierno y la presión que debía soportar el Gobierno “con un país al borde del precipicio”. Evitó responder preguntas puntuales basadas en hechos comprobados y optó por refugiarse en la falacia del hombre de paja, eligiendo desacreditar cuestionamientos a su figura basados en hechos falsos y así victimizarse. Justificó su declaración jurada de 2023 al llegar al poder como fruto de la presión en medio de su ingreso a la función pública y su falta de experiencia. Reconoció varios delitos, tipificables como evasión y omisión maliciosa, para esquivar el de enriquecimiento ilícito. Puso a sus hijos como excusa para justificar la compra de nuevas propiedades y mudanzas. Se victimizó para argumentar en favor de su cambio de estilo de vida: la búsqueda de seguridad personal y familiar. Usó una premisa ideológica de La Libertad Avanza y de Milei para justificar la evasión: “no lo declaramos porque la manera de escaparse de la vieja política era tener un ahorro en negro” sin registrar, o quizás sí, que siguió aplicando la misma premisa en plena presidencia de Milei. Extendió un abrazo de oso a Patricia Bullrich para comprometerla con su cercanía en su defensa: “Nos llevamos tan bien con Bullrich que este miércoles le compré una torta porque el jueves es su cumpleaños y se lo vamos a festejar en la mesa política”. Y el dardo más cuestionable, buscó convertir a toda la ciudadanía en cómplice: “Ahorramos en negro, como todos los argentinos”.
Bajo el ojo aprobatorio de Milei y Karina Milei, Adorni jugó al game of chicken apretando el acelerador hasta el extremo de la manipulación a cielo abierto del principio de realidad y de la confianza y la credulidad ciudadana.
Milei v universidades, ¿derrota oficialista?
En el caso del conflicto universitario, durante meses, el Gobierno jugó al game of chicken con el sistema universitario público, hasta que se bajó: perjudicó a miles de estudiantes que, en muchos casos perdieron el primer cuatrimestre, acorralados entre la rigidez del Gobierno y el reclamo de docentes y no docentes, con caída salarial del 40 por ciento.
Una vez sancionada la Ley de Financiamiento Universitario el 21 de agosto del año pasado, el Gobierno resistió con todo: después del triunfo de septiembre, la vetó; esquivó el rechazo del veto por parte del Congreso, y la sanción definitiva de octubre con el DNU 759/2025, que suspendió la aplicación de la ley hasta que se determine la fuente de financiamiento; respondió al amparo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) contra el DNU con apelación en segunda instancia; recusó a los jueces de primera y segunda instancia; elevó un recurso extraordinario ante la Corte, que todavía está pendiente; y también recusó a los tres miembros de la Corte por su condición de docentes universitarios, lo que fue rechazado.
El miércoles, después de alcanzar un entendimiento con el CIN y con la firma de un acuerdo con los gremios nacionales paritarios, pareció que había obtenido un triunfo: acordó una actualización de salarios docentes y no docentes del 24,33 por ciento cuando la Ley de Financiamiento Universitario determina un 50 por ciento de actualización para recuperar lo perdido desde noviembre de 2023.
Sin embargo, fue la primera derrota de 2026 en la gobernabilidad mileísta vía game of chicken: el Gobierno tuvo que bajarse de un argumento clave de su política fiscal para evitar, o al menos posponer, un fallo adverso de la Corte Suprema sobre la Ley de Financiamiento Universitario. La premisa de que no se puede aprobar una ley que aumente el gasto público sin señalar el origen de los fondos quedó desmentida por el mismo Luis Caputo que dio la venia para asignar nuevas partidas y frenar ese conflicto.
Además, las universidades conservaron la bala de plata: el reclamo central, la aplicación y cumplimiento de la Ley de Financiamiento, sigue vigente ante la Corte.
“Desprendimiento mesiánico”
Con esos dos casos quedó confirmada una psicología política de Milei: una especie de desprendimiento mesiánico de Milei, un juego de todo o nada donde Milei dice, incluso, estar dispuesto a perder una elección con tal de sostener sus premisas. Esa lógica de ejercicio del poder condicionó la gobernabilidad en buena parte de 2025, con el todo o nada aplicado a los casos Garrahan, discapacidad y universidades. Lo frenó durante unas semanas la derrota de septiembre de 2025 en la Provincia de Buenos Aires. Aflojó después del triunfo nacional de octubre: ya no fue necesario. Con la oposición más dura atontada por la victoria mileísta, que contrastó con la derrota bonaerense, Milei tuvo el camino más libre. Pero la lógica volvió con Adorni, mientras que aflojó finalmente con universidades.
¿Por qué el Gobierno se bajó del game of chicken con las universidades pero todavía no está claro que lo haga con Adorni? En el caso de las universidades, fuentes autorizadas de la UBA ven la conveniencia del Gobierno y una negociación posible con la Corte Suprema. Según esa versión, el nombramiento como juez de Emilio Rosatti, el hijo del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, no sería ajeno a esas conversaciones.
El Gobierno no tenía señales de lo que podía decidir la Corte. El rechazo de la Corte a la recusación por ser docentes encendió una señal de alarma en el Gobierno. Para el Gobierno, un fallo de la Corte a favor de la Ley los habría obligado a una expansión del gasto universitario de un 50 por ciento en salario: lograron cerrar por la mitad. El acuerdo alcanzado beneficia esa lógica fiscal y le quita presión social a la Corte, que ahora gana tiempo para el fallo de fondo. Eventualmente, la cuestión puede volverse abstracta si antes llega la negociación en el Congreso por el presupuesto 2027. El pragmatismo le puso un freno al game of chicken.
En el caso Adorni, hay más dilemas. Por un lado, desafía esa propensión al “desprendimiento mesiánico” extremo de Milei. Por otro lado, está la cuestión electoral: Milei sigue con atención la brecha entre la mejora de indicadores macro, inflación incluida, y la percepción social de la economía. Hay convencimiento de que si esa brecha se acorta y crece la aprobación económica, Adorni pesará menos.
Queda abierta la cuestión: si Milei sigue conociendo y representando mejor que nadie a su electorado o si, por el contrario, está construyendo los límites de su apoyo popular.
Luciana Vázquez,Manuel Adorni,Conforme a,Manuel Adorni,,»No va a prosperar». Recluido, Adorni se enfoca en su informe de gestión ante el Senado y no espera ser interpelado,,Senado. La oposición construye una mayoría para avanzar contra Adorni y el Gobierno activa gestiones con las provincias,,Debate interno. El Gobierno suspende las reuniones de gabinete y mesa política por el caso Adorni
POLITICA
El giro del vínculo del Reino Unido con la gestión de Milei: de evaluar un acuerdo de libre comercio a ser “socio no confiable”

En diciembre pasado, luego de una reunión con sus pares del Mercosur y en la previa del encuentro de presidentes en Foz de Iguazú, el canciller Pablo Quirno contó ante las estrategias oficiales para “abrir mercados”, entre ellos, el Reino Unido. Solo diez meses después, en medio de la tensión bilateral y con la soberanía de las islas Malvinas en el centro del debate, el gobierno británico –que reconoció meses atrás negociaciones para un tratado de libre comercio con el Mercosur o incluso un acuerdo bilateral- planteó ayer sus dudas sobre que la Argentina fuera un “socio confiable”.
De las relaciones comerciales cordiales a la confrontación, el vínculo pasa por estos días por uno de sus peores momentos desde que comenzó el gobierno libertario, con el resurgimiento del espíritu malvinero en el mundial de fútbol y las oscilaciones del gobierno de Donald Trump en torno a Malvinas como inevitables referencias y telón de fondo.
La decisión del Gobierno de llevar al arbitraje del tribunal internacional de la Convención sobre el Derecho del Mar su denuncia contra el conglomerado británico-israelí Sea Lion, que ya trabaja en la explotación de petróleo en las islas, enojó al gobierno británico, que ayer respondió en duros términos. El proyecto Sea Lion comenzó en 2010 y el financiamiento principal (un 65%) proviene de la empresa israelí Navitas Petroleum y de la británica Rockhopper Exploration.
A través de la subsecretaria parlamentaria de Estado para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, el gobierno británico afirmó que la iniciativa argentina intenta “socavar la prosperidad y la seguridad económica de un pueblo con autogobierno”, en referencia a los eventuales derechos de los habitantes de las islas.
“El pueblo de las islas Malvinas ha elegido libre y democráticamente su futuro, y tiene todo el derecho a desarrollar y gestionar sus recursos naturales sin intimidación, coacción o interferencia de terceros”, dijo Kumaran, y reconoció que respondió a la protesta argentina convocando a la embajadora argentina en Londres, Mariana Plaza. Aguijoneó a la gestión libertaria al sostener que, con esas actitudes, pone en duda el estatus de “socio confiable” que Gran Bretaña le adjudicaba hasta hace pocos meses.
“La confiabilidad se mide por la fidelidad a los compromisos asumidos. La Argentina actúa en plena conformidad con un tratado en el que ambos Estados son partes y con el principio fundamental de solución pacífica de controversias”, le contestó Quirno hoy a través de un comunicado. Un texto en el que reiteró la “permanente disposición” del gobierno a “reanudar las negociaciones bilaterales sobre la cuestión de las islas Malvinas, tal como lo han instado reiteradamente las Naciones Unidas” y criticó la “manipulación del principio de libre determinación de los pueblos que el Reino Unido pretende imponerle y que las Naciones Unidas no han aplicado a los actuales habitantes de las islas”.
Hasta mitad de año, y de la mano del restablecimiento de la sintonía política —complicada durante el gobierno kirchnerista—, el vínculo bilateral comercial había crecido de modo sostenido. Como ejemplo, entre noviembre de 2024 y noviembre pasado, las exportaciones de la Argentina a Gran Bretaña se incrementaron un 1,73%, mientras que las importaciones subieron un 7,37%, según el sitio especializado Oec.world. Se hablaba por entonces de un inminente viaje de Milei a Londres, mientras avanzaban las negociaciones para levantar el veto británico sobre las compras de armamento que hiciera la Argentina, y que contuvieran algún componente de origen inglés. Las negociaciones dieron como resultado la no objeción británica a la compra de 24 aviones caza F16 a Dinamarca para la Fuerza Aérea, con el aval adicional de Estados Unidos.
En julio, el clima cambió con la bandera “las Malvinas son argentinas”, enarbolada por jugadores del seleccionado nacional luego de vencer a Inglaterra en el mundial. En pleno fervor popular por la reivindicación de los derechos argentinos, y 44 años después de la guerra entre ambos países, el Gobierno pasó a hablar de Malvinas como “causa nacional” y endureció su postura en relación al proyecto Sea Lion, del cual se desconoce si fue motivo de conversación en el último encuentro mano a mano que Milei tuvo con su par israelí Benjamin Netanyahu. El propio Presidente, en cadena nacional, anunció a principios de septiembre el envío de un proyecto de ley “de defensa de la Soberanía Nacional” para sancionar a las empresas vinculadas con la explotación de recursos en las islas, la creación de una base naval integrada en Tierra del Fuego y la creación del Consejo de Seguridad Nacional.
La discusión sorprendió a Trump, quien, en medio del conflicto con Gran Bretaña por su postura en relación a la guerra de Estados Unidos con Irán, dejó abierta la posibilidad de “revisar” el histórico apoyo norteamericano al Reino Unido en el diferendo por Malvinas. Trump pareció volver sobre sus pasos la semana pasada, cuando en el contexto de la Asamblea General de Naciones Unidas se reunió con el flamante primer ministro británico, el laborista Andy Burnham, sin menciones a un eventual cambio de posición.
Ayer, el embajador Javier Figueroa, Coordinador de Políticas Oceánicas y del Atlántico Sur de Cancillería, criticó en un seminario conjunto del gobierno porteño y la Cancilleria la explotación hideocarburifera de Reino Unido y la pesca ilegal y dijo que Argentina prepara “una política regional con países vecinos”, como Chile, Brasil y Uruguay, para frenar esa explotación de recursos.
El conflicto por Malvinas también complica el vínculo bilateral con Chile. En respuesta a declaraciones del gobierno argentino sobre la soberanía “compartida” del estrecho de Magallanes, el ministro de Defensa del vecino país, Fernando Barros Tocornal, reivindicó esta semana la soberanía británica “de hecho” sobre Malvinas, y defendió el comercio entre Chile, más específicamente desde Punta Arenas, y las islas. El gobierno argentino, por el momento, prefirió no escalar en el conflicto con el gobierno de Chile, presidido por el derechista José Antonio Kast.
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Estados Unidos les pidió a la Argentina y al Reino Unido que bajen la tensión por Malvinas

El embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Mike Waltz, aseguró que Washington buscaría desescalar una eventual crisis entre la Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas antes de evaluar cualquier otro tipo de intervención.
El funcionario de la administración de Donald Trump fue consultado por GB News sobre qué haría Estados Unidos ante un hipotético nuevo conflicto armado en el Atlántico Sur y si respaldaría militarmente a Gran Bretaña.
Waltz evitó dar una respuesta afirmativa o negativa y señaló que una definición de ese tipo corresponde directamente al mandatario estadounidense.
“Es una decisión del comandante en jefe”, afirmó el diplomático, antes de remarcar que no iba a adelantarse a una eventual determinación de Trump. Luego agregó: “Creo que buscaríamos desescalar antes de llegar tan lejos”.
El representante estadounidense destacó además las relaciones que Washington mantiene con ambos países. “Argentina es una gran amiga de Estados Unidos”, sostuvo Waltz, al tiempo que mencionó la histórica “relación especial” entre Estados Unidos y el Reino Unido.
Sobre la posibilidad de brindar algún tipo de asistencia militar, evitó avanzar: “En términos de cualquier clase de apoyo más allá de eso, se lo dejaré a la Casa Blanca y al Presidente”.
Esta noticia está siendo actualizada.-
Islas Malvinas, Estados Unidos, Reino Unido, casa blanca
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La Corte defendió su fallo sobre la ley de tierras y dijo: “La descalificación y el odio sólo deterioran las instituciones y la democracia”

La Corte Suprema de Justicia dio a conocer hoy un comunicado para “aclarar las dudas” que, según afirmó, se generaron en relación con su fallo del martes por el cual ya no rigen los límites a la venta de terrenos a extranjeros previstos en la ley de tierras.
La Corte criticó a quienes, para “presionar sobre el tema”, promovieron “discursos de odio y descalificación en las redes sociales”.
El fallo provocó críticas al máximo tribunal y una dura reacción contra el Gobierno en el Congreso, donde la oposición busca hacer caer todo el megadecreto 70/2023 de Javier Milei, que tiene una parte —contra la ley de tierras-, que había sido dejada sin efecto por la sentencia de la Cámara Federal de La Plata que el martes la Corte revocó.
Esa Cámara había declarado inconstitucional la derogación de la ley de tierras que Milei dispuso por decreto. El fallo del máximo tribunal rechazó el de la Cámara con el argumento de que quien había presentado el amparo, una asociación de excombatientes de Malvinas, no estaba legalmente legitimada para hacerlo.
El comunicado de hoy dice: “La Corte Suprema de Justicia de la Nación, continuando con su política de lenguaje claro, se dirige a la opinión pública con la finalidad de despejar dudas que se han generado en relación a la sentencia dictada en la causa ‘Cecim c. el Gobierno Nacional”. Advierte, en primer lugar, que en el caso “sólo se decidió un aspecto procesal, que se refiere a la legitimación de una asociación para obtener una medida cautelar” y dice que la resolución de la Corte “se ajusta estrictamente” a todos los precedentes del tribunal.
Afirma además que “la sentencia no afecta a otras medidas cautelares con el mismo objeto que están en trámite en distintos tribunales” y que “tampoco impide que toda persona que considere que el régimen legal de tierras es inconstitucional, peticione una medida cautelar, cuya procedencia decidirá un juez competente”.
La Corte sostiene: “Los grupos de interés que presionan sobre el tema también pueden recurrir al reclamo judicial, lo que, en una democracia, es más adecuado que la promoción de discursos de odio y descalificación en las redes sociales”.
El máximo tribunal manifiesta que con el fallo “tampoco se obstaculiza la función del Honorable Congreso de la Nación en el tratamiento de este aspecto del DNU 70/2023, que fue rechazado por el Senado de la Nación el 14 de marzo del año 2024 y está siendo examinado por la Cámara de Diputados de la Nación”.
La Corte subraya que ella “ha ejercido un liderazgo en la protección de los recursos naturales, el ambiente y los bienes colectivos durante muchos años” y sostiene: “No es conveniente intentar confundir a la población en este aspecto”.
“La crítica es correcta; la descalificación y el odio sólo deterioran las instituciones y la democracia”, dice la Corte en su comunicado.
El tribunal vuelve a afirmar en este mensaje -como lo había hecho en su propio fallo- que “la controversia referida a la ley de tierras, es decir, el artículo 154 del DNU 70/2023 y la vigencia de la ley 26.737 (Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de tierras rurales), no ha sido resuelta en este caso, como se aclaró expresamente”.
Por último, afirma: “La Corte se expedirá sobre las normas jurídicas conocidas como ley de tierras cuando lleguen esos reclamos, lo que no ha ocurrido hasta el momento”. Sostiene esto porque, a su juicio, como la asociación de excombatientes no está legitimada a promover el amparo que presentó contra el decreto de Milei, no existe un caso. “De modo -insiste la Corte- que no puede interpretarse de ninguna manera que exista una posición del Tribunal o de los ministros sobre el referido régimen”.
su fallo del martes,dura reacción contra el Gobierno en el Congreso,,Conforme a














