POLITICA
El caso Osprera: la exinterventora declaró en Tribunales y justificó la contratación de un exsocio de Martín Menem
La exinterventora de Osprera, la obra social de los empleados rurales, Virginia Montero, declaró ante la Justicia y buscó desligarse de la decisión de contratar a una empresa de sistemas informáticos de un socio del presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem, que en ese momento se desempeñaba como su asesor.
En su indagatoria ante el juez Sebastián Casanello, Montero resaltó que había un “colapso informático y organizativo” en la obra social, que supuestamente justificaba la contratación, y que el expediente pasó por todas las áreas administrativas internas.
Montero tuvo dos etapas como interventora de Osprera, la segunda obra social más importante del país, con 500.000 afiliados: del 12 al 21 de agosto de 2024 y luego regresó el 26 de octubre. Apenas tres días después, el 29 de octubre, reclamó la contratación de Htech para realizar un trabajo de auditoría en los sistemas informáticos de la obra social.
La firma la había creado en abril de ese año el propio Aguirre junto a su madre, María Casandra Mirabelli, y Stefano Zanetti, un empresario de 39 años, con domicilio en la localidad de San Isidro. Los tres deberán declarar esta misma semana en Comodoro Py.
Al momento de pedir las indagatorias, el fiscal Guillermo Marijuán destacó que Aguirre, un médico de profesión, trabajaba como asesor de Montero al momento de la contratación. La investigación determinó además que oficiaba como una suerte de nexo con la familia Menem.
En los registros comerciales Aguirre aparecía como socio del presidente de la Cámara de Diputados desde 2019 en la empresa TR Nutrition SRL, dedicada a la comercialización de suplementos dietarios. En abril de este año, Menem le vendió sus acciones a una mujer identificada Stephanie Daiana Dos Santos.
En su indagatoria, a la que accedió , Montero explicó que a Aguirre “lo conocía de la actividad académica en la Fundación Barceló” y admitió que fueron juntos a una reunión en la Casa Rosada el 5 de julio de 2024, tal como había revelado el sitio El Disenso. Según dijo, fue a ese encuentro “por indicación de las autoridades de la Superintendencia de Salud”, que le habían encomendado la tarea de conformar un equipo de asesores para una futura intervención de Osprera. Aguirre era el experto en informática.
“Interpretar retrospectivamente aquella reunión como el inicio de un supuesto acuerdo destinado a favorecer a una empresa determinada implica atribuirle un significado que no encuentra sustento en el contexto en el que efectivamente tuvo lugar”, se quejó la ex interventora. Montero declaró por escrito ante el juez Casanello y se negó a responder preguntas.
La investigación judicial determinó que la empresa de Aguirre cobró $266.675.288,43 por el contrato con Osprera. Cuando analizaron las cuentas bancarias de esa firma en el Banco Francés, detectaron que los socios de Htech compraron dos autos de alta gama en ese mismo período. “El 3/6/2025 Aguirre registró la titularidad del automóvil marca BMW dominio AG609ZS, mientras que Zanetti adquirió el automóvil marca Mercedes Benz dominio AC193HR (3/4/2025)”, detalló el juez Casanello al momento de ordenar las indagatorias.
Los investigadores también detectaron movimientos sospechosos a cuatro cuentas. Una de esas cuentas pertenecía a la madre de Aguirre, María Casandra Mirabelli, que daba instrucciones dentro de la obra social hasta agosto del año pasado.
Todo terminó abruptamente cuando reveló las irregularidades. En ese momento, el actual interventor de Osprera, Marcelo Petroni, suspendió el contrato y ordenó auditorías.
Petroni declaró este martes ante el juez Casanello y responsabilizó a Montero por el contrato con Htech. “Asumí como interventor el 28 de noviembre de 2024 encontrándome ante una contratación ya decidida, instrumentada, ejecutada y facturada con anterioridad a mi gestión, sin haber tenido intervención alguna en ninguna de sus etapas previas”, dijo. También destacó que la autoría encargada por él mismo “confirmó la transparencia y razonabilidad técnica” del contrato.
El cronograma de indagatorias continuará este miércoles con Stefano Zanetti, el jueves deberá presentarse Aguirre, y el viernes su madre.
suspendió el contrato y ordenó auditorías.,Nicolás Pizzi,Osprera,Conforme a
POLITICA
Quién es Laura de Marinis, la jueza porteña que consideró inconstitucional el nuevo Régimen Penal Juvenil y sobreseyó a un adolescente de 14 años
Laura Beatriz de Marinis es la jueza porteña que quedó en el medio de una fuerte controversia por la declaración de inconstitucionalidad del nuevo Régimen Penal Juvenil y el sobreseimiento a un menor de 14 años, en una causa caratulada como tentativa de robo, que derivó el pedido de juicio político de parte del jefe de gobierno porteño, Jorge Macri.
De Marinis empezó su carrera en la Justicia en 2006, cuando todavía no se había recibido como abogada, y pasó por diversos cargos, en el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa.
Antes de ser designada como magistrada, fue Prosecretaria de Cámara Letrada en la Secretaría Letrada de Intervención Penal Juvenil, que depende de la Defensoría General Adjunta en lo Penal, Contravencional y de Faltas, puesto que ocupó desde 2017.
En marzo de 2023 participó de un concurso de oposición y antecedentes ante la Comisión de Selección de Jueces, Juezas e integrantes del Ministerio Público del Consejo de la Magistratura, logró la calificación necesaria y el 19 de diciembre de ese año juró como jueza ante el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad de Buenos Aires.
Ahora está a cargo del Juzgado Penal Juvenil, Contravencional y de faltas N°3 de la ciudad de Buenos Aires.
A fines de 2023 dejó sin efecto la prisión domiciliaria de Carlos Manuel Andrés, el joven condenado a cuatro años y seis meses de prisión por pegarle una fuerte trompada al playero en un estacionamiento del barrio porteño de Monserrat, el 19 de noviembre de 2021. El argumento de la magistrada fue que el joven tenía una tobillera electrónica que podía geolocalizarlo.
La referencia de la jueza a una canción de Lali Espósito luego de la sanción de la baja de la edad de imputabilidad a 14 años
En abril, luego de la sanción de la edad de imputabilidad a 14 años, De Marinis le dio una entrevista a Lo Que No Se Dice Streaming, con referencias a la canción “No hay héroes”, de Lali Espósito.
Parte de la letra de la obra dice: “Y yo sé que ni vos sabés, que no hay héroes ni villanos, que en la guerra nadie gana, que no alcanzan las dos manos, que no siempre el malo paga”.
La jueza mencionó: “A veces el malo no siempre paga, y a veces no es justo nada”. Luego dijo: “Los jueces tenemos que trabajar con lo que la ley dice, y a veces nos colocan en esos lugares donde el malo no siempre paga. La canción es muy rica, tiene un montón de partes lindas. No sé si la vida es solo de buenos y malos”.
POLITICA
El Senado se encamina a una dura pelea por dos lugares en el Consejo de la Magistratura y el rol de Villarruel podría ser decisivo
La pronta renovación del Consejo de la Magistratura volverá a colocar al Senado en el centro de una pulseada de alto voltaje político, con el oficialismo y el kirchnerismo mirando de reojo el reparto de las cuatro sillas que le corresponden a la Cámara alta en el organismo encargado de seleccionar, controlar y eventualmente sancionar a los jueces federales y nacionales.
La pelea que se anticipa es por ver quién se quedará con dos de los cuatro lugares en disputa, correspondientes a la mayoría o, como en este caso en el que ningún bloque tiene el control de la Cámara, la primera minoría.
El fiel de la balanza en esta pelea será la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien tiene la facultad de firmar el decreto validando la designación de los cuatro representantes del Senado en el Consejo de la Magistratura.
A priori, la puja está pareja. Tanto La Libertad Avanza (LLA) como el kirchnerismo tienen 21 senadores y desde ambas orillas ya anticipan que lucharán por sumar un nuevo consejero, en el caso del oficialismo, o retener las dos poltronas que tiene en la actualidad el peronismo.
“Nosotros vamos a reclamar dos lugares, uno le corresponde al peronismo y el cuarto a la UCR”, hacen cuentas en la mesa de arena de Patricia Bullrich (Capital), la jefa de la bancada oficialista del Senado.
“Nosotros tenemos 25 senadores, somos la primera minoría”, replican en el despacho de José Mayans (Formosa), jefe del bloque del kirchnerismo y vicepresidente del PJ en ejercicio de la presidencia porque Cristina Kirchner purga prisión domiciliaria condenada por corrupción en la administración pública.
Para el oficialismo, la cifra que citan los peronistas es discutible, ya que esos 25 senadores salen de contar un interbloque con los dos senadores del bloque del Frente Cívico de Santiago del Estero, liderado por Gerardo Zamora, y los otros dos peronistas del bloque Justicia Social Federal, que componen Fernando Salino (San Luis) y Fernando Rejal (La Rioja).
Pero en el oficialismo también reconocen que, por el momento, están flojos de argumentos para reclamar dos de los cuatro lugares y buscan la fórmula que les permita arrebatarles a los kirchneristas un sitial que podría ser clave.
Es que la pelea promete ser áspera porque no se trata solo de nombres. En juego estará la capacidad del oficialismo de incidir en un cuerpo clave para la política judicial.
El control de la Justicia se ha convertido en una de las prioridades de un Gobierno que busca completar las más de 300 vacantes que le dejaron los gobiernos de Mauricio Macri y de Alberto Fernández, tarea que lleva adelante el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, bajo la atenta mirada de la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, y los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem.
El Consejo funciona hoy con veinte miembros: el presidente de la Corte Suprema, representantes de los jueces, abogados, académicos, del Poder Ejecutivo y ocho legisladores nacionales, cuatro por cada cámara del Congreso.
En el caso del Senado, la ley establece que dos lugares corresponden al bloque con mayor representación y los otros dos a la primera y segunda minoría. Esa fórmula, aparentemente aritmética, suele convertirse en una batalla política cuando la composición de los bloques queda abierta a interpretaciones o maniobras tácticas.
Los actuales representantes del Senado llegaron al Consejo en el período iniciado en 2022. Entonces fueron designados los ultrakirchneristas María Inés Pilatti (Chaco)y Mariano Recalde (Capiotal) por el oficialismo de aquel momento, Eduardo Vischi (UCR-Corrientes) por la primera minoría y otro ultrakirchnerista, Martín Doñate (Río Negro), por la segunda.
Aquella dotación surgió de una maniobra pergeñada por Cristina Kirchner, por entonces vicepresidenta y, por lo tanto, presidenta del Senado. En abril de 2022, tras el fallo de la Corte Suprema que ordenó volver a la integración de veinte miembros del Consejo, el Frente de Todos se dividió en dos bloques: Frente Nacional y Popular, con 21 senadores, y Unidad Ciudadana, con 14.
Con esa jugada, el kirchnerismo intentó conservar la mayoría y, al mismo tiempo, quedarse con la segunda minoría, lo que le permitió sumar a Doñate y desplazar al entonces senador opositor Luis Juez.
La Corte Suprema desactivó la maniobra meses después. En un fallo de fuerte contenido político e institucional, anuló el decreto parlamentario que había permitido la designación de Doñate y sostuvo que la división del bloque oficialista no era aplicable para determinar la representación en el Consejo.
El tribunal habló de “ardid”, “artificio” y “manipulación”, y dejó asentado que la regla de las minorías no podía ser alterada por una ingeniería parlamentaria diseñada para obtener un beneficio político.
Como consecuencia de aquel fallo, Doñate no pudo seguir en el Consejo y se habilitó la jura de Juez, por aquel entonces en el bloque Pro. El cordobés continúa en el organismo, pero ahora representa a La Libertad Avanza, bloque al que se sumó en diciembre del año pasado.
En el interín hubo más cambios: la hiperkirchnerista y miembro de La Cámpora Anabel Fernández Sagasti (Mendoza) juró como consejera en reemplazo de Pilatti, que concluyó su mandato.
El recambio general del Consejo está previsto para fin de año, cuando debe iniciarse el período 2026-2030, una renovación que ya generó movimientos judiciales y políticos por la posibilidad -resistida por el propio Consejo-, de habilitar reelecciones consecutivas.
La batalla recién empieza, pero ya tiene antecedentes, protagonistas y un botín institucional codiciado. En el Senado saben que cada firma, cada decreto parlamentario y cada movimiento de bloque podrá terminar bajo la lupa de la Corte.
renovación del Consejo de la Magistratura,Gustavo Ybarra,Senado de la Nación,Conforme a
POLITICA
El ministro de Justicia porteño promoverá un jury contra la jueza que cuestionó la baja de imputabilidad
El ministro de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Gabino Tapia, anunció que presentará “a título personal” un pedido de jury contra la jueza Laura Beatriz De Marinis, quien declaró inconstitucional la baja de la edad de imputabilidad para un caso de tentativa de robo y sobreseyó a un adolescente de 14 años.
“Yo voy a estar presentando a título personal el pedido de jury a esta jueza para que el Consejo de la Magistratura de la Ciudad analice e interprete, porque ese es el tipo de procedimiento, si esta jueza cumplió o no con su tarea”, afirmó Tapia en diálogo con Radio Mitre.
El funcionario cuestionó la resolución de la titular del Juzgado Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N.º 3. “Estamos indignados. Este tipo de fallos te ponen en crisis todo un trabajo que se viene haciendo, que se hizo en el Congreso Nacional, que bajó la edad de imputabilidad para que aquel que no cumple la ley tenga sus consecuencias”, sostuvo.
Tapia también objetó que la magistrada evaluara la constitucionalidad de la norma. “Los jueces no están para interpretar la ley, porque para eso están los legisladores”, dijo. Luego agregó que el pronunciamiento de De Marinis “ningunea inclusive un debate que se dio en el Congreso” y que resulta “atacable por donde se lo mire”.
El ministro remarcó que la decisión judicial no suspendió la vigencia de la Ley Penal Juvenil en el territorio porteño. “Es un fallo de primera instancia que se aplica primero y principal a este único caso. O sea que la ley está vigente en la Ciudad”, señaló.
La jueza declaró inconstitucional la baja de la edad de punibilidad para el expediente de un joven identificado por las iniciales M.I.A., acusado de tentativa de robo. La resolución ordenó su sobreseimiento y dispuso la intervención del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes para que diseñe un plan de acompañamiento familiar, reinserción escolar y acceso a actividades recreativas.
Tapia afirmó que la fiscalía presentó un recurso contra la decisión. “Esta mañana acabo de cortar con el fiscal general, ya está presentada la apelación y estoy seguro que la Cámara lo va a revocar, lo va a dar vuelta, porque argumentos hay para eso”, expresó.
El funcionario vinculó la iniciativa de jury con el objetivo de que el Consejo de la Magistratura revise la actuación de la magistrada. “Así como trabajamos para que el delincuente o aquel que incumpla la norma tenga sus consecuencias, también, si hay algún juez que no está cumpliendo o aplicando la norma y se dedica a interpretarla, vamos a trabajar para que tenga sus consecuencias”, planteó.
“En este caso, que deje de ser jueza”, agregó Tapia.
Consultado sobre las condiciones de alojamiento para adolescentes de entre 14 y 16 años que queden alcanzados por el nuevo régimen, el ministro explicó que la Ciudad contaba con un fuero penal juvenil y con un convenio previo en la materia.
Según Tapia, durante los 180 días previstos para la adecuación de la normativa, el Gobierno porteño trabajó sobre los lugares de alojamiento y los protocolos de actuación junto con el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público Tutelar, el Ministerio de Educación y el Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.
“El encierro es la última de las medidas que dispone la norma”, afirmó. También indicó que existen sanciones previas y mecanismos de contención y cuidado para los adolescentes alcanzados por el sistema.
El ministro diferenció el arresto de un menor de la posterior intervención judicial. “La policía, cuando alguien comete un delito, no le pide el documento antes de detenerlo. Primero lo detiene”, explicó. A su vez, sostuvo que la modificación central de la ley alcanza a los adolescentes de 14 a 16 años, quienes ahora pueden ser juzgados por determinados delitos.
“La baja de imputabilidad no cambia el arresto cuando se lo lleva detenido. Cambia adónde se lo deriva y la acción que trae la ley”, señaló Tapia.
Código Penal,delito,reforma judicial
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