POLITICA
Milei mantiene tres ventajas para 2027, a pesar de todo
El nivel de actividad, el salario real, el empleo formal y el consumo siguen entre las deudas pendientes del modelo libertario. Pero Javier Milei avanza hacia el año electoral con tres ventajas competitivas. ¿Cómo es posible? Hay una respuesta obvia y es la falta de una oposición con chances de ganar, tanto en la dialoguista como en la más dura. Pero eso no es lo único que le juega a favor a Milei. Hay tres puntos que le dan ventaja, al menos por el momento, que en realidad son las piezas centrales del rompecabezas de esa oposición desflecada.
Primero, el dogmatismo de la narrativa económica de Milei de la que se deriva una propuesta clara para el votante. Ayer, en una entrevista radial, Milei aprovechó incluso el anuncio del Premio Nobel de Economía para reforzar la legitimidad de su modelo económico: insistió con que lleva adelante una estabilización macroeconómica que integra componentes microeconómicos. Fue una respuesta política a la oposición, pero también a Patricia Bullrich, la insider de tono más opositor. Después del encuentro de dos horas y media con Bullrich el jueves pasado, el off the record se preocupó por filtrar una línea: “El modelo no se rompe”.
El segundo punto es la voluntad política férrea de su modelo personalista: la centralidad de Milei en La Libertad Avanza funciona como un escudo protector de los lineamientos de su gestión, algo que el kirchnerismo no puede mostrar, fragmentado por la disputa por la conducción política. “Tenemos una relación simbiótica con Toto Caputo; es literalmente simbiótica”, dijo Milei ayer, en la entrevista de Radio Mitre con Eduardo Feinmann, para sintetizar la calidad de su vínculo con Luis Caputo y disipar las versiones sobre su apartamiento del Ministerio de Economía. Una especie de “Toto es Milei” que hace las dos cosas: ratificar el rumbo y dejar claro el peso de la autoridad presidencial a la hora de ordenar el poder libertario. En el kirchnerismo no queda nadie que esté en condiciones de pronunciar una afirmación con semejantes efectos, ni siquiera Cristina Kirchner.
Hay una tercera ventaja competitiva del mileísmo en el poder: un tiempo que le juega a favor a Milei. Comparado con la cantidad de años y de oportunidades de gobierno que tuvo el kirchnerismo, el aporte de Milei a la crisis estructural todavía está en discusión. ¿Tres años de gestión, o casi cuatro cuando llegue la hora de votar, le alcanzarán al votante para querer sacarse de encima ese modelo? ¿Se habrán agotado entonces las expectativas sobre Milei y habrá lugar para seguir sumando más años de experiencia kirchnerista? Con las opciones que ofrece el kirchnerismo hoy, el panorama se presenta dudoso.
Claridad, divino tesoro
Milei ofrece algo a los tiempos presentes que se ha vuelto una rareza: claridad y certezas en su visión del mundo justo cuando la época trae incertidumbre. Su principal ventaja competitiva frente al kirchnerismo y también al macrismo reside en la impertinencia con la que cree tener todas las respuestas sobre los problemas endémicos de la Argentina. Y eso a pesar de resultados magros en frentes clave de un plan económico que todavía no termina de arrancar.
Comparado con Kicillof o Massa, y otras terminales del peronismo-kirchnerismo obligadas a disimular sus cartas después de tantos años de fracaso económico, Milei todavía tiene margen para la certeza frente a la sociedad. Hay un mensaje que se preocupan por filtrar desde Casa Rosada y que Milei suele ratificar en público que va por ese lado: “No voy a entregar las ideas por el resultado electoral”.
Los economistas Robert Hall y Michael Woodford ganaron el Nobel de Economía por su trabajo sobre “los fundamentos microeconómicos de la estabilización macroeconómica”. Milei se apuró en inscribirse en esa saga. “Son modelos neokeynesianos que tienen microfundamentos. Por eso son neokeynesianos: los keynesianos modelo Ford T no incorporaban microfundamentos, no incorporaban restricciones de presupuesto”, interpretó ante la noticia del Nobel de Economía. Trazó un puente entre Milton Friedman y los neo keynesianos y se reservó un lugar para sí mismo: “Yo fui profesor de microeconomía durante veinticinco años. Si hay alguien que sabe de microeconomía, soy yo”, aclaró. Montado sobre el Nobel, Milei avanzó con la batalla cultural económica para desactivar a la oposición que cuestiona la falta de impacto del plan de estabilización mileísta en la industria, la construcción, el consumo y el metro cuadrado de la gente, pero también le habló tácitamente a Bullrich, que desde dentro del Gobierno presiona también con ese reclamo: una corrección neodesarrollista para el modelo Milei.
Con su análisis, Milei descarta la necesidad de una corrección de sesgo microeconómico: la microeconomía, asegura, ya está integrada en su modelo. “A usted mucho la micro no le gusta”, le planteó Feinmann. Milei avanzó con una negativa rotunda: “No es cierto. En lugar de hacer una macroeconomía berreta como hacen los economistas argentinos, yo hago equilibrio general intertemporal. O sea, miro todos los agentes, miro todos los mercados, tanto en el presente como en el futuro”.
Comparado con el macrismo residual y lo que fue Juntos por el Cambio, Milei sigue representando una vocación político económica férrea de sostener el núcleo duro de sus ideas a pesar de las demandas para relativizarlas. Un contraste con una presidencia de Pro que puso freno al cambio de paradigma político cultural y siguió alimentando el tamagotchi de las intermediación de los planes sociales y puso gradualismo en la baja del déficit.
En el presente, las propuestas económicas del macrismo no logran diferenciarse del mileísmo que las digirió hasta volver superflua esa opción política. Y sus banderas republicanas terminan replegándose ante la realpolitik de la defensa de la macro. En el kirchnerismo actual reina la incoherencia: en 2024, el kirchnerismo pasó por un atisbo de autocrítica por su apego al déficit y la inflación, cuando el ordenamiento macro y el crédito reactivaron la economía mileísta, pero hay regreso a viejas consignas en estos meses de desafíos para el Gobierno.
Le quedan a mano una serie de causas que terminan deshilachadas o estancadas: morosos, desdibujados; discapacidad, lo mismo; universidad, al alza con la marcha universitaria, pero estancada con la estrategia de apelaciones judiciales y el desapego para incumplir cautelares que el Gobierno exhibe sin pudor.
Milei es conducción
“Albertítere”. Así se refirió Milei a Alberto Fernández en la entrevista de ayer. Un síntesis del defecto que acorrala al kirchnerismo, la falta de “conducción”, en lenguaje peronista, que ordene esa interna y consolide su propuesta económica. Ese problema de conducción no pesa sobre la gestión de Milei.
Por el momento, el modelo perokirchnerista se organiza en base al “no” al modelo Milei. Pero esa definición por la negativa no alcanza como horizonte claro ni hay confianza en que el eventual candidato presidencial de 2027 asegure una gestión que no se tupamarice. Está fresca la memoria del internismo durante la presidencia de los Fernández y de Sergio Massa con el punto culminante de Máximo Kichner y sus huestes votando en contra del acuerdo con el FMI en el Congreso mientras la oposición dialoguista le daba los votos salvadores.
Ayer mismo lo dejó claro Alberto Fernández en una entrevista: “Cristina era una vicepresidenta con un peso muy importante, sin duda, pero también se encontraba con un presidente que no compartía todas sus miradas. Si cada uno hubiera tenido el rol que tenía, hubiera sido más fácil. No le hizo caso a Cristina, no la escuchó a Cristina, decían. Si le hubiera hecho caso a lo que Cristina decía, capaz que estábamos muy mal. Si no hubiera hecho el acuerdo con el Fondo, tal vez todo habría volado por los aires”.
El kirchnerismo puede alinearse, eventualmente, para recuperar el poder, pero hay más dudas de que esa disciplina se sostenga en caso de ganar y gobernar. La experiencia de los Fernández-Fernández talla en la memoria presente.
Néstor Kirchner representó la recuperación de la autoridad presidencial respecto de la experiencia de Fernando De la Rúa y la Alianza. Ahora Milei representa lo mismo en relación a Alberto Fernández, pero también en relación a Macri, tironeado por sus socios dentro del Gobierno. El Milei outsider, sin estructura partidaria heredada que lo condicione, es la cobertura que ofrece para insistir con su línea editorial económica: el que se inventa a sí mismo de la nada tiene menos deudas con lo que viene de antes.
“Nadie cuestiona a Caputo porque es mi política”, afirmó ayer Milei. Con la “simbiosis”, Milei eligió el atajo de la identidad extrema para confirmar el rumbo: en el Gobierno, no hay nadie más que Milei. Todos funcionan como clones de su ideario y de una conducción hiper centralizada. Por supuesto que todo puede salir mal: aquel “Adorni es Milei” de la elección de CABA en mayo 2025 mostró que el paso del tiempo puede ser implacable con las certezas políticas. Sobre todo, cuando se trata de la sobrevivencia de figuras políticas que pueden ser clave en un presente dado, pero que son fusibles al alcance de la lapicera cuando las crisis los tocan de cerca. En 2027, ¿Toto puede ser Adorni?
Crisis: ¿hay o no hay?
¿Con Milei se profundiza el encierro en el laberinto argentino o, finalmente, se logra salir por arriba? La misma pregunta aplicada al kirchnerismo se encuentra con una respuesta pesimista. Esa es la tercera ventaja mileísta.
A Milei le juega a favor un margen de duda sobre la eficacia de su plan económico que al kirchnerismo le juega en contra. En ese caso, todo depende de cómo se mida el paso del tiempo. La evaluación varía entre el “ya” y el “apenas”. Es decir, entre un balance negativo que dice que Milei lleva ya tres años y todavía no cumplió, y lo opuesto, un balance positivo que dice que Milei lleva apenas tres años. En ese caso, la demanda social le daría el margen de la pregunta con respuesta abierta hacia el futuro: si el kirchnerismo tuvo dieciséis años de gestión para demostrar la ineficacia de su modelo, por qué no darle a Milei algo más de tiempo.
Su gestión económica tiene problemas, pero en la larga historia de los problemas económico endémicos de la Argentina el aporte de sus tres años de Gobierno todavía representan una porción menor.
Con un macrismo asimilado dentro del cuerpo libertario y un kirchnerismo acéfalo y con un legado económico demasiado crítico que pesa en el memoria del electorado, Milei apuesta al futuro. Por supuesto que la intertemporalidad del equilibrio general de Milei con microeconomía embebida en el modelo requiere de otra intertemporalidad para sostenerse: la del apoyo electoral. Sin eso, la experiencia mileísta habrá sido simplemente un interregno caracterizado por su convencimiento extremo, pero con el mismo destino que los oficialismos de los últimos tiempos en la región, es decir, desplazados del poder por la calesita imparable de la demanda de un cambio que no sobrevive ni una presidencia.
Javier Milei,Primavera política, invierno económico,todo habría volado por los aires,Sólo en off: Chiqui Tapia, relegado por un inesperado intermediario entre el “doctor” Messi y la UBA,Luciana Vázquez,Javier Milei,Luis Caputo,Conforme a
POLITICA
Malvinas: venció el ultimátum de la Argentina al Reino Unido y es inminente el pedido de arbitraje al Tribunal del Mar
El plazo de dos semanas que el gobierno de Javier Milei concedió al Reino Unido para detener las actividades vinculadas con el proyecto petrolero Sea Lion en las Islas Malvinas venció este lunes y abrió una nueva etapa del reclamo argentino. El Ministerio de Relaciones Exteriores, encabezado por Pablo Quirno, trabaja ahora para formalizar, durante esta semana, una presentación ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, en busca de medidas provisionales que puedan impedir el avance del emprendimiento mientras se desarrolla un arbitraje internacional.
Según pudo saber Infobae de fuentes oficiales con conocimiento de las actuaciones, la Cancillería conduce la estrategia diplomática y jurídica internacional, mientras que la Procuración del Tesoro de la Nación, encabezada por Sebastián Amerio, trabajó durante las últimas semanas sobre los aspectos legales de la presentación. Los próximos pasos contemplan completar las instrucciones a los abogados que llevarán el caso. Todavía resta determinar si la representación se organizará exclusivamente con letrados argentinos o si se incorporará asesoramiento jurídico externo. La presentación fue proyectada para esta semana, aunque no tiene una fecha pública confirmada.
La novedad es el vencimiento de la intimación que la Oficina del Presidente comunicó el 28 de septiembre. Desde entonces, Londres mantuvo su rechazo a la posición argentina y defendió las actividades económicas autorizadas por las autoridades de las islas. La falta de un acuerdo abre la posibilidad de que Buenos Aires avance con el pedido anunciado por Milei. Su presentación, sin embargo, no suspende automáticamente Sea Lion: corresponde al Tribunal decidir si adopta medidas y cuál será su alcance.
El Gobierno concentra su expectativa inmediata en una decisión provisional que frene nuevas actividades de desarrollo y explotación hidrocarburífera. No pretende que el Tribunal del Mar resuelva la soberanía de las islas, materia ajena a su jurisdicción. Busca que examine obligaciones internacionales vinculadas con los recursos marítimos y determine si corresponde preservar la situación actual hasta que exista una resolución arbitral sobre el fondo.
La conducción de la gestión está centralizada en el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde la Consejería Legal Internacional, encabezada por el embajador Mario Oyarzábal, interviene en el desarrollo técnico del procedimiento. La Procuración del Tesoro, bajo la conducción de Amerio, participó de la preparación jurídica de las actuaciones. De acuerdo con la información obtenida por Infobae, la Cancillería coordina los próximos movimientos para completar la presentación y avanzar ante la instancia internacional.
El Tribunal del Mar puede disponer medidas provisionales
El 28 de septiembre, Milei instruyó a la Cancillería a iniciar el procedimiento del Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). En su comunicado, la Presidencia exigió al Reino Unido que adoptara medidas para impedir el inicio o la continuación de actividades destinadas a explotar hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte y advirtió que recurriría al Tribunal del Mar si no obtenía una respuesta satisfactoria.
“Si en 2 semanas el Reino Unido no frena la explotación ilegítima, vamos a ir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar”, publicó el Presidente en X. El canciller Pablo Quirno anunció entonces que había notificado a Londres el inicio del arbitraje. Esta última comunicación y la eventual solicitud de medidas provisionales son actuaciones diferentes, una distinción central para comprender qué puede pasar desde ahora.
La CONVEMAR prevé, a través de su Anexo VII, la constitución de un tribunal arbitral de cinco integrantes para resolver controversias sobre interpretación o aplicación de la Convención. Su conformación y el intercambio de escritos, defensas y audiencias pueden llevar años. En cambio, el artículo 290.5 permite acudir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar antes de que esté constituido ese órgano arbitral, siempre que se satisfagan las condiciones procesales correspondientes.
La regla exige considerar si el tribunal arbitral que se constituirá tendría competencia preliminar para intervenir y si existe urgencia suficiente para adoptar medidas. Los jueces pueden atender el pedido, rechazarlo o disponer medidas distintas de las solicitadas. Si se ordenan medidas provisionales, son obligatorias para las partes según el artículo 290.6. Cuando comience a funcionar el tribunal arbitral, este podrá mantenerlas, modificarlas o dejarlas sin efecto.
También hay una precisión respecto de los plazos. Las dos semanas que concluyeron este lunes corresponden al requerimiento anunciado por la Argentina. El artículo 290.5 contempla, a su vez, dos semanas desde la notificación de una solicitud de medidas provisionales, cuando las partes no acuerden qué tribunal debe examinarlas. Para establecer cómo se computa ese requisito en este expediente se necesita conocer el contenido completo de las notificaciones diplomáticas. El vencimiento del ultimátum no equivale, por sí solo, a una habilitación judicial automática.
El procedimiento urgente puede concluir en plazos comparativamente breves. Si la Argentina formaliza el pedido durante octubre, los antecedentes permiten considerar una eventual definición en noviembre. No existe, sin embargo, una fecha de resolución predeterminada ni una garantía de que las medidas solicitadas sean concedidas. El Tribunal debe escuchar a las partes y evaluar tanto su jurisdicción preliminar como las circunstancias alegadas.
El precedente argentino más significativo es el de la Fragata ARA Libertad. En 2012, cuando el buque estaba retenido en Ghana a partir de un reclamo de acreedores, la Argentina inició un arbitraje bajo el Anexo VII y recurrió al Tribunal del Mar. El pedido de medidas provisionales ingresó el 14 de noviembre y el 15 de diciembre los jueces ordenaron la liberación inmediata e incondicional de la embarcación. El resultado práctico llegó antes de cualquier decisión definitiva del arbitraje.
Otro antecedente se relaciona directamente con el petróleo. En 2015, una sala especial del Tribunal intervino en la controversia marítima entre Ghana y Costa de Marfil. Aunque no dispuso la paralización total de las actividades existentes, ordenó impedir nuevas perforaciones en el área disputada. La comparación tiene límites porque aquel caso trataba sobre delimitación marítima y no sobre la soberanía de un archipiélago, pero ilustra el tipo de restricciones provisionales que puede disponer una instancia internacional.
La urgencia invocada por Buenos Aires se vincula con el avance material de Sea Lion. La explotación comercial todavía no comenzó, pero el proyecto superó la etapa exploratoria. Navitas Petroleum, empresa israelí y operadora, controla el 65 por ciento; Rockhopper Exploration, compañía británica que descubrió el yacimiento en 2010, posee el 35 por ciento restante. Ambas adoptaron la decisión final de inversión a fines de 2025 y mantienen como objetivo iniciar la producción durante el primer trimestre de 2028.
El desarrollo está situado unos 220 kilómetros al norte de Malvinas y prevé una primera fase de once pozos submarinos conectados con una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga, denominada FPSO. Las perforaciones de desarrollo están proyectadas para 2027.
La semana pasada, Rockhopper informó que acordó invertir USD 44 millones por su participación del 35 por ciento en la sociedad propietaria del buque FPSO OSX-1, destinado a una aceleración del desarrollo central de Sea Lion. La operación confirma que, pese a las objeciones argentinas, las empresas continúan comprometiendo recursos y sostienen públicamente el calendario productivo.
Las acciones del Gobierno también alcanzaron a los contratistas. La Oficina del Presidente anunció que Halliburton, proveedor internacional de servicios petroleros, confirmó que sus filiales no prestarían servicios a Sea Lion. Navitas informó después que trabajaba para sustituir a dos contratistas afectados, aunque sostuvo que no esperaba un perjuicio material sobre el proyecto. Estas decisiones integran un escenario de presión jurídica y comercial que se desarrolla en paralelo con el futuro expediente internacional.
El reclamo busca evitar cambios unilaterales
La solicitud argentina se apoyará en la existencia de una disputa de soberanía reconocida por Naciones Unidas, en las obligaciones de la CONVEMAR vinculadas con el medio marino y sus recursos, y en la necesidad de evitar cambios unilaterales mientras continúa la controversia. La Resolución 2065 de 1965 reconoció la disputa entre ambos países e instó a negociar. La Resolución 31/49 de 1976 llamó a abstenerse de adoptar decisiones que modificaran unilateralmente la situación.
La Cancillería buscará asociar esos antecedentes con los recursos del lecho y subsuelo marino, en particular con el carácter no renovable del petróleo. El argumento es que su extracción y determinadas modificaciones físicas derivadas de las perforaciones podrían producir efectos imposibles de revertir mediante una resolución posterior. En esa discusión también aparece el artículo 83.3 de la CONVEMAR, referido a las obligaciones de los Estados mientras está pendiente la delimitación de una plataforma continental.
La cuestión de competencia representa una dificultad central. El Reino Unido sostiene que las actividades petroleras se realizan conforme a las normas aplicables en las islas y al derecho internacional. Argentina debe formular un reclamo que pueda examinarse bajo la CONVEMAR sin exigir al Tribunal que decida antes cuál de los dos países tiene soberanía territorial. En el arbitraje sobre el archipiélago de Chagos, un tribunal rechazó estudiar determinadas pretensiones precisamente porque implicaban resolver una disputa territorial ajena a su competencia.
Tras el vencimiento del ultimátum, la próxima novedad dependerá de la formalización del pedido argentino. La Cancillería, bajo la conducción de Pablo Quirno, tiene previsto avanzar esta semana con la presentación, después del trabajo jurídico realizado junto con la Procuración del Tesoro. El trámite todavía requiere decisiones operativas y una presentación concreta. Deberá fundamentar por escrito su urgencia procesal. Si llega a Hamburgo, el Tribunal examinará si corresponde disponer medidas provisionales sobre Sea Lion. El arbitraje de fondo seguirá su curso por separado, mientras las empresas buscan continuar con un proyecto cuya primera producción está prevista para 2028.
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POLITICA
Por irregularidades en su residencia, el Gobierno expulsó a un brasileño que insultó a Milei en redes sociales
El Gobierno le canceló la residencia permanente y le prohibió el ingreso al país por cinco años a un ciudadano brasileño ligado al Partido de los Trabajadores de Lula da Silva que había insultado a Javier Milei en sus redes sociales. Según explicaron fuentes oficiales, la medida se tomó por incumplimientos en sus condiciones de residencia.
Se trata de José Rogério Carvalho Tomaz Junior, que en sus redes se define como un periodista y analista político con vínculos con el oficialismo brasileño. Este lunes, al aterrizar en el Aeropuerto Jorge Newbery, fue demorado en Migraciones.
Según explicaron fuentes del Ministerio de Seguridad, la cancelación se debió a que Tomaz Jr “prácticamente no había permanecido en la Argentina durante el período de vigencia de su residencia permanente”, además de haberse constatado que no vivía en el domicilio declarado ante la Dirección Nacional de Migraciones. “Es una falta grave eso”, explicaron a este medio.
La medida se ampara en la reforma migratoria que impulsó el Gobierno de Milei en mayo de 2025. A través del DNU 366/25, el Ejecutivo modificó la Ley de Migraciones y amplió los supuestos por los que se puede cancelar una residencia, sin importar su antigüedad o categoría. También estableció que las expulsiones que no están vinculadas con un delito llevan implícita una prohibición de reingreso de al menos cinco años.
Además, aquella reforma también incorporó obligaciones específicas relacionadas con la declaración del domicilio real para recibir notificaciones y la comunicación de los cambios de residencia. Según explicaron, ese fue uno de los motivos que justificó la expulsión del brasileño.
Si bien desde el Ejecutivo aseguraron que la medida no tuvo otros fundamentos, Tomaz Jr era señalado en el ecosistema digital de La Libertad Avanza por su posicionamiento en contra del Gobierno. “Realmente ya no sé si Javier Milei terminará sus días exiliado en Estados Unidos, colgado en la Plaza de Mayo por el pueblo o internado a la fuerza en algún hospital psiquiátrico. Pero no hay forma de que este loco termine bien, definitivamente”, había posteado en agosto.
En ese contexto, su expulsión fue celebrada por el asesor presidencial Santiago Caputo y uno de los funcionarios de su entorno, el director Nacional de Comunicación Digital de la Presidencia, Juan Pablo Carreira. Este, junto con otras figuras como Daniel Parisini -conocido en redes como El Gordo Dan- tuvieron múltiples cruces con Tomaz Jr en julio, luego de que figuras del oficialismo reavivaran el debate sobre el cobro a la salud y educación de extranjeros en instituciones públicas.
“Te falló el operativo, campeón”, escribió Santiago Caputo en X este lunes tras conocerse la expulsión del brasileño. “CHAU GOR… PUT…No solo no vas a poder seguir depredando nuestros recursos, sino que vas a tener que vivir 4 años en la Brasil de Flávio Bolsonaro siendo zurdo. Qué felicidad por favor. Un zurdo menos en Argentina. Hoy se celebra”, escribió por su parte Carreira.
POLITICA
Chubut: acusan a la hermana del presidente del PJ local de liderar una banda que estafó por más de $50 millones con viviendas sociales
Un nuevo escándalo de corrupción se destapó en la provincia de Chubut que involucra a la hermana del presidente del PJ local. La acusación del Ministerio Público Fiscal apuntó contra cinco mujeres por 594 estafas que alcanzaron los $59,4 millones con la promesa de la construcción de viviendas sociales para familias en estado de vulnerabilidad.
En esa línea, la principal apuntada es Vanesa Fita, hermana del dirigente y diputado provincial, Gustavo Fita. Según consta en la acusación del fiscal general Martín Cárcamo a la que accedió Infobae, los hechos se habrían producido entre abril de 2023 y febrero de 2024, en la ciudad de Comodoro Rivadavia, donde se ofrecían viviendas construidas o próximas a construirse por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) a familias que necesitaban acceder a una solución habitacional.
Para acceder a los presuntos planes, las familias debían transferir $100.000, distribuidos en dos partes: $80.000 destinados presuntamente al IPV y $20.000 para conexiones eléctricas. Sin embargo, el dinero era depositado en cuentas bancarias y billeteras virtuales vinculadas a las acusadas.
La investigación sostiene que Fita simulaba actuar como intermediaria de una cooperativa de viviendas y aseguraba contar con vinculaciones con funcionarios provinciales que le permitirían gestionar las adjudicaciones. Una vez incorporadas, las familias eran añadidas a grupos de WhatsApp donde recibían información sobre supuestas adjudicaciones, fechas de entrega y documentación requerida. Con el tiempo, esos plazos comenzaron a dilatarse: las acusadas invocaban problemas administrativos y trámites pendientes ante el IPV para justificar cada demora. También se organizaron encuentros presenciales en distintos establecimientos de Comodoro Rivadavia.
De acuerdo con la acusación, los hechos habrían iniciado durante la gestión del exgobernador chubutense y se extendieron hasta el mandato actual de Ignacio Torres. Una de las denunciantes, declaró que durante una reunión Vanesa Fita les aseguró que contaba con el respaldo del entonces gobernador Arcioni y su secretaria. Según ese relato, la acusada utilizaba esas supuestas vinculaciones para generar confianza entre las familias y justificar la entrega de viviendas en plazos breves.
La referencia forma parte de la prueba testimonial presentada por la Fiscalía, aunque no acredita que el exmandatario o su colaboradora hayan participado de la maniobra.
La investigación se inició en febrero de 2024 a partir de una denuncia presentada luego de que vecinos advirtieran irregularidades en las promesas de adjudicación. La Fiscalía reconstruyó el funcionamiento de la presunta organización a partir de esas denuncias, transferencias bancarias, comunicaciones telefónicas, mensajes de WhatsApp y Messenger, y documentación obtenida durante la pesquisa. A lo largo del proceso se formalizaron 179 denuncias penales y se identificaron centenares de maniobras fraudulentas.
Con la presentación de la acusación pública, el Ministerio Público Fiscal solicitó avanzar hacia la instancia de juicio por jurados. El requerimiento deberá atravesar el control judicial correspondiente antes de una eventual apertura del debate oral.
El requerimiento fiscal identifica a cinco mujeres de Comodoro Rivadavia como partícipes de la maniobra. La principal acusada es Vanesa Elizabeth Fita, de 43 años, a quien la Fiscalía atribuye la organización del esquema y señala como autora de los 594 hechos en su totalidad. Para ella se solicita una pena de entre seis y ocho años de prisión.
Las restantes cuatro son consideradas partícipes necesarias. María Victoria Curán, de 43 años, está vinculada a 400 de los hechos investigados, y la Fiscalía pide para ella entre cinco y seis años de prisión. Camila Lara Páez, de 22 años, aparece señalada en 320 hechos, con una pretensión punitiva de entre cuatro y cinco años. Lucía Lorena Miranda, de 47 años, está imputada en 130 de las maniobras, y el fiscal solicita entre tres y cuatro años de prisión. Por último, Gisela Belén Mansilla, de 34 años, es acusada de participar en cuatro hechos, con un pedido de entre uno y dos años de condena.
El fiscal Cárcamo calificó los hechos como estafa por calidad simulada e influencia mentida, en los términos de los artículos 172, 45 y 55 del Código Penal, con al menos 594 hechos en concurso real. La figura apunta al engaño deliberado mediante la simulación de un rol —intermediaria de una cooperativa— y la invocación de contactos con el poder para obtener un beneficio económico a costa de las víctimas.
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