El Gobierno buscará votar el pliego de Santiago Bausili después de aprobar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. En el Ejecutivo descartan presentar otro candidato negociado con los aliados y la oposición dialoguista, y aseguran que intentarán reforzar la continuidad del actual titular de la autoridad monetaria. “Primero la reforma y después el pliego de Bausili”, expresan en Nación.

La Casa Rosada no prevé tratar ambos expedientes en paralelo. La prioridad inmediata es sancionar los cambios que Javier Milei presentará este jueves por cadena nacional y que apuntan a limitar el financiamiento monetario del Tesoro, restablecer la preservación del valor de la moneda como mandato central y elevar los requisitos para remover al presidente y al directorio del organismo.

En Balcarce 50 proyectan impulsar el acuerdo para Bausili durante los meses siguientes al debate legislativo. La secuencia tiene una lógica política: el oficialismo quiere definir primero las nuevas reglas de gobernanza del Banco Central y luego regularizar bajo ese marco la situación del funcionario que participa de la elaboración y ejecución del programa monetario.

Bausili ejerce la presidencia “en comisión” desde el 11 de diciembre de 2023. El decreto de designación estableció que completará un período legal que vence el 23 de septiembre de 2028, mientras que el Poder Ejecutivo remitió su postulación al Senado el 18 de diciembre de ese año. El expediente ingresó en la Comisión de Acuerdos, pero todavía no tiene dictamen. El mensaje original de la postulación también fue incorporado al expediente parlamentario adjunto.

El Ejecutivo aclara que una eventual aprobación no abriría automáticamente un nuevo mandato de seis años. El acuerdo serviría, bajo la legislación vigente, para formalizar la designación hasta septiembre de 2028, porque Bausili fue nombrado para completar el período institucional en curso y no por un plazo contado desde el día de su llegada al cargo.

La Carta Orgánica establece que el presidente, el vicepresidente y los directores son designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, duran seis años y pueden ser nombrados nuevamente. También permite cubrir los cargos en comisión mientras se tramita la aprobación parlamentaria, un mecanismo utilizado por gobiernos de distintos signos políticos desde la década de 1990.

En Nación descartan aprovechar la negociación de la reforma para ofrecer la presidencia del BCRA como parte de un acuerdo con bloques dialoguistas. La decisión es defender la continuidad de Bausili y separar las eventuales concesiones sobre el articulado de la discusión posterior sobre el nombre que conducirá la entidad.

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El antecedente más cercano de aprobación tardía es Federico Sturzenegger. Mauricio Macri lo nombró en comisión en diciembre de 2015 y el Senado recién aprobó su pliego en noviembre de 2016, casi un año después, con 56 votos afirmativos. El acuerdo formalizó su continuidad hasta septiembre de 2022, aunque terminó renunciando en junio de 2018.

La historia reciente también muestra presidentes que condujeron el organismo sin completar el acuerdo parlamentario. Luis Caputo fue designado en comisión en junio de 2018 y renunció tres meses más tarde; Guido Sandleris asumió bajo el mismo mecanismo en septiembre de ese año y permaneció hasta el cambio de gobierno de 2019.

Miguel Pesce también inició su gestión en comisión en diciembre de 2019. Alberto Fernández envió su pliego al Senado ese mismo mes y volvió a solicitar el acuerdo en 2022, cuando comenzaba otro período legal, pero el trámite no llegó a completarse antes de que dejara la entidad en diciembre de 2023.

En otros casos, la Cámara alta sí regularizó rápidamente las designaciones. Alejandro Vanoli, por ejemplo, asumió en comisión en octubre de 2014 y obtuvo el acuerdo en diciembre de ese año para completar el mandato que había dejado vacante Juan Carlos Fábrega. La votación terminó con 37 apoyos y 24 rechazos.

La reforma que prepara Milei agrega una dimensión distinta porque apunta a endurecer el procedimiento de remoción. El régimen vigente permite que el Poder Ejecutivo aparte al presidente o a los directores por incumplimiento de la Carta Orgánica, inhabilidades, mala conducta o incumplimiento de los deberes de funcionario público, con el consejo previo de una comisión del Congreso en los últimos dos supuestos. Ese pronunciamiento fue considerado históricamente no vinculante.

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Los principales antecedentes de conflicto son Pedro Pou y Martín Redrado. Fernando de la Rúa removió a Pou en 2001 por “mala conducta”, mientras que Cristina Kirchner desplazó a Redrado en 2010 por su negativa a transferir reservas al Fondo del Bicentenario. En el segundo caso, el Ejecutivo dictó primero la remoción y luego la confirmó tras recibir el consejo de la comisión legislativa.

La Casa Rosada busca reducir ese margen de discrecionalidad mediante causales más taxativas, mayores exigencias procedimentales y una participación legislativa más fuerte. El alcance real del “blindaje” dependerá, sin embargo, de la redacción definitiva y de las cláusulas transitorias: el proyecto deberá establecer expresamente si el nuevo régimen de remoción alcanzará a las autoridades que ya estén en funciones.

El oficialismo presenta la secuencia como parte de una misma estrategia institucional. Primero intentará sancionar una Carta Orgánica que limite la asistencia al Tesoro y otorgue mayor estabilidad a la conducción; después llevará al Senado el pliego pendiente para consolidar a Bausili hasta 2028. La apuesta es insistir con el funcionario que Milei y Luis Caputo consideran “central” para la continuidad del programa económico.

Gobierno, Santiago Bausili, Banco Central

Con el Gobierno abocado a impulsar una serie de reformas económicas, el tratamiento de la reforma electoral continúa frenado mientras la Casa Rosada negocia con las provincias qué hacer con uno de sus puntos centrales: la eliminación de las PASO.

“Todavía falta”, respondieron en Balcarce 50 ante las consultas sobre el estado del proyecto oficialista, que en muchos despachos consideran clave para la reelección de Javier Milei.

Pese a la relevancia atribuida a la norma, pasaron más de tres meses desde su envío al Congreso y todavía está lejos de discutirse en el recinto. “Hoy lo más importante son todas las reformas económicas que se están presentando, lo otro se va cocinando al costado”, remarcó a TN una voz oficial.

Esa amplia lista incluye la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que será presentada este jueves en cadena nacional por Javier Milei y su equipo económico; la ley para introducir cambios a Inocencia Fiscal enviada al Congreso la semana pasada; el paquete de inviolabilidad de la propiedad privada; la modificación al régimen de Zona Fría para eliminar subsidios a las tarifas de gas en varias provincias; y, más adelante, la iniciativa para incorporar el shutdown (apagón) del Estado cuando se agota el Presupuesto nacional.

Sin embargo, el lento avance de la reforma electoral se explica principalmente por la falta de apoyos en las cámaras legislativas. Para reunir las voluntades necesarias, la Casa Rosada continúa las conversaciones con los gobernadores de todos los espacios -salvo el kirchnerismo más duro-.

En ese sentido, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, viajarán la próxima semana a Chaco y se reunirán con el mandatario local, el radical Leandro Zdero. Por esas fechas, el ministro coordinador también recibirá en Balcarce 50 a los gobernadores peronistas Raúl Jalil (Catamarca) y Elías Suárez (Santiago del Estero).

Para destrabar la reforma, bloqueada principalmente por la resistencia de los aliados a eliminar las primarias, el Gobierno todavía analiza múltiples vías de acción: desde la implementación de listas colectoras, hasta ir por una suspensión de las PASO —como en 2025— o convertirlas en opcionales.

Esa discusión está directamente vinculada con el escenario electoral del próximo año y los potenciales esquemas de alianzas, pero en el Gobierno insisten en que falta mucho para tomar ese tipo de definiciones. “Lo mas importante hoy es blindar todas las medidas y el proyecto económico, que necesitan del apoyo de la política en el Congreso”, remarcaron desde Casa Rosada a este medio.

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En sus cálculos, el oficialismo apuesta a contar con el apoyo de 13 gobernadores con los que mantienen buenas relaciones, como se demostró con su presencia en la asunción de Diego Santilli y en el acto por el 9 de julio en Tucumán.

“Los gobernadores no vienen si ven que no hay agua en la pileta. Evidentemente creen que hay una posibilidad (de una reelección de Javier Milei) y que el Gobierno mide bien en sus provincias”, enfatizó una fuente gubernamental. Así, el oficialismo mantiene abierta la discusión electoral mientras se propone avanzar con su agenda económica en el Parlamento.

Gobierno, reforma electoral, PASO

Mediante una resolución publicada en Boletín Oficial, el Gobierno busca darle mayor transparencia al uso de los fondos del Estado para todos aquellas jurisdicciones y entidades que dependan del Poder Ejecutivo Nacional. Es por ello que endureció los límites al uso de efectivo y cheques en el sistema de Fondos Rotatorios del Estado nacional.

Al mismo tiempo, extendió el período de medición del cumplimiento de esas restricciones, que hasta ahora se realizaba cada tres meses.

La reciente medida, firmada por el secretario de Hacienda, modificó la resolución 276/2018 y estableció que los organismos públicos habilitados para el uso de Tarjetas de Compra Corporativas del Banco de la Nación Argentina deberán reducir el peso de los pagos en efectivo y cheque al 20% del total de sus transacciones por Fondo Rotatorio, dentro de los primeros 180 días corridos desde que recibieron esa habilitación. Pasado ese plazo, el techo cae al 10% y debe mantenerse en ese nivel o por debajo de él.

Desde 2017, la Secretaría, bajo la órbita del Ministerio de Economía, impulsó la adopción de tarjetas prepagas corporativas como herramienta para reemplazar gradualmente los pagos físicos. Un año después, la normativa que se modifica a partir de esta publicación estableció metas trimestrales y sanciones para los organismos que no las cumplieran. La nueva norma extiende ese período de evaluación a seis meses —con revisiones intermedias trimestrales— y reduce los techos permitidos.

Las sanciones para quienes incumplan los límites también fueron actualizadas. Si la diferencia entre el nivel máximo permitido y el uso real de efectivo y cheque es igual o superior a 25 puntos porcentuales, la Tesorería General de la Nación recortará en un 40% el pago de las órdenes de reposición del Fondo Rotatorio o la cuota de pago diaria correspondiente. Si esa diferencia es menor a 25 puntos porcentuales, la reducción será del 20%. Esas restricciones se mantendrán hasta que el organismo alcance los niveles exigidos.

La decisión se sustenta en los datos recogidos por la Tesorería General de la Nación, que verificó desde la entrada en vigor de la resolución de 2018 una evolución sostenida hacia el uso de medios electrónicos. Esa tendencia fue la que llevó a la Secretaría de Hacienda a considerar que el sistema ya está en condiciones de soportar metas más estrictas.

Incluso, en el texto elaborado en aquel entonces remarcó la importancia de «consolidar la sustitución de los medios de pago físicos por aquellos que posibiliten la trazabilidad, acrecentando los niveles de transparencia y eficiencia en el uso de los fondos públicos». Esta premisa se sostiene en la actualidad.

El régimen de Fondos Rotatorios, Fondos Rotatorios Internos y Cajas Chicas es el mecanismo de excepción que utilizan las dependencias del Poder Ejecutivo Nacional para afrontar gastos urgentes que no pueden tramitarse por el circuito ordinario de órdenes de pago.

Qué cambia

La resolución de 2018 había fijado los primeros topes concretos para ese proceso de sustitución. Los organismos que ya contaban con tarjetas corporativas habilitadas debían alcanzar una relación de uso de efectivo y cheque no mayor al 30% del total de sus pagos por Fondo Rotatorio en una primera etapa, y luego reducir ese porcentaje al 20% tras 180 días corridos desde la primera medición. El cumplimiento de esos niveles se controlaba cada tres meses.

La nueva norma endurece ese esquema en forma directa. Elimina el umbral inicial del 30% y fija desde el primer momento un tope del 20% para el uso combinado de efectivo y cheque. Luego de otros 180 días, ese límite baja al 10%, y los organismos deben mantenerse en ese nivel o por debajo de manera permanente. La lógica de fondo es la misma que viene sosteniendo el Estado desde 2017: forzar el uso de la tarjeta corporativa como medio de pago dominante, dejando el efectivo y el cheque como recursos residuales y de última instancia.

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