POLITICA
El discurso completo de Javier Milei sobre la reforma al Banco Central por cadena nacional

El presidente Javier Milei brindó este jueves los detalles del proyecto de reforma de la carta orgánica del Banco Central (BCRA) a través de una cadena nacional. La propuesta, anunciada desde el Salón Blanco de la Casa Rosada, representa uno de los cambios más relevantes presentados por su administración.
Milei habló de un conjunto de reformas estructurales que se caracterizan por ser “las más importantes de los últimos 91 años”.
Entre las principales definiciones, sostuvo que ya no habrá cinco objetivos para un instrumento y que la misión fundamental del Banco Central volverá a ser preservar la moneda; anunció la prohibición de modo taxativo de la financiación del Estado; el blindaje del presidente de la entidad monetaria y el directorio de los atropellos de la política; la restricción del pago de dividendos por los resultados de la prestación del servicio de liquidez; y la eliminación de cuajo de otros cambios que fueron introducidos en la carta orgánica de 2012.
Además, anunció que esta reforma formará parte de un programa más amplio integrado por la reforma del “grillete fiscal”, que incluirá al mercado de capitales y al mercado de seguros.
El discurso completo
Buenas noches a todos. Estamos aquí para presentarles el conjunto de reformas estructurales más importantes de los últimos 91 años. En especial la reforma de la carta orgánica del Banco Central viene a poner fin con la estafa de falsificar dinero para financiar a la alta política, cuya manifestación más evidente es la tasa de inflación. Dicha estafa es más conocida como impuesto inflacionario, impuesto que a su vez permite aumentar los ingresos tributarios sin autorización del Congreso. Para tener un orden de magnitudes de lo que ha robado la alta política a los argentinos de bien, basta con señalar la tasa inflación acumulada desde la creación del Banco Central la cual asciende a: 12.819.532.788,614.400.000 por ciento repito 12.819.532.788.614.400.000 por ciento, esto es la inflación acumulada desde 1935. Es una cifra de 20 dígitos.
Es más, desde la estafa que implicó el abandono de la convertibilidad, cuando la progresía nos decía que esta vez iba a ser diferente porque la política monetaria estaría guiada por criterios de racionalidad científica, en lo que va del siglo XXI la tasa inflación acumulada asciende a 168.580 por ciento. Dicho en otras palabras, el Banco Central ha sido una herramienta que posibilitó el robo de la alta política. Es más, el robo de la alta política no solo tomó lugar mediante la falsificación de dinero para financiar el Estado, sino que además a lo largo del tiempo tomó distintas formas de expropiación. La propia creación del Banco Central arrancó con una estafa al cambiar la paridad cambiaria del oro que estaba en las reservas. El resultado de ello derivó en un aumento en la emisión monetaria que sextuplicó la tasa de inflación y que a lo largo de una década le robó el 50% del salario a los argentinos.
Otra de las estafas emblemáticas de la alta política a los argentinos de bien fue la salida de la convertibilidad. En dicho momento cada peso emitido por el Banco Central estaba respaldado por un dólar. En este contexto salir de dicha ley implicó que los 15.000 millones de dólares de aquel momento, que eran de los argentinos, pasaron a manos de los políticos. Es más, dicha cifra expresada a valores de hoy asciende a 30.000 millones de dólares, aun dejando de lado el interés real en dólares, que se podría haber ganado por esas reservas. Sin embargo, la voracidad y pasión por robar de parte de la alta política no quedó ahí. En 2010, como motivo de la creación del Fondo del Bicentenario, la expresidente y ahora condenada por delitos de corrupción, Cristina Elisabet Fernández de Kirchner, en complicidad con la presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, le robaron al Banco Central 10.000 millones de dólares, que expresados a moneda de hoy equivalen a 15.000 millones de dólares.
A partir de dicha estafa y para esquivar las consecuencias legales, de la misma en 2012 se creó una nueva carta orgánica del Banco Central que permitía emitir bajo cualquier pretexto, e impidió responsabilizar penalmente a los funcionarios que falsificaban el dinero de todos los argentinos. Frente a esta pasión expropiatoria de la alta política decidimos poner fin a 91 años de historia y reformar la carta orgánica del Banco Central de la República Argentina en base a cinco premisas fundamentales. En primer lugar, se termina con la bestialidad de cinco objetivos para un instrumento y la misión fundamental del Banco Central vuelve a ser el del preservar el valor de la moneda. Esto es, la nueva carta orgánica reconoce la naturaleza monetaria y la inflación, ya que la misma es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario generado por un exceso de oferta, ya sea porque aumenta la oferta y/o baja la demanda, que conlleva una pérdida del poder adquisitivo del dinero.
Es decir, todos los precios expresados en unidades monetarias suben. La segunda modificación es que se prohíbe de modo taxativo la financiación del Estado. Esto vale tanto para el Tesoro nacional, como para los Estados provinciales y los municipios y a toda compra de títulos públicos del Estado nacional en el mercado primario. Vale la pena destacar que el señoreaje, el cual toma forma bajo la compra de títulos del Estado, no es ni más ni menos que una falsificación de dinero, lo cual está tipificado en el Código Penal y que en este caso alcanza una asociación ilícita conformada por el poder Ejecutivo, el Congreso de la Nación y la cúpula del Banco Central. La tercera modificación está relacionada con blindar al presidente del Banco Central y al directorio de los atropellos de la política. En este sentido, si bien se mantiene el mecanismo de nombramiento existente, la remoción será mucho más exigente. De este modo, la remoción requerirá de dos tercios no solo de la Cámara de Senadores, sino también de la Cámara de Diputados.
La experiencia muestra que todas las remociones intempestivas siempre estuvieron ligadas a conseguir una mayor laxitud en la política monetaria. Esto es para estafar al sector privado mediante el señoreaje, el cual hemos demostrado que es un impuesto no legislado. Por ende, si la política quiere cobrar más impuestos es razonable que eso pase por la casa del pueblo. En cuarto lugar, se restringe el pago de dividendos por los resultados derivados de la prestación del servicio de liquidez. En este sentido, determinados los activos iniciales al 31 de diciembre de 2026, los mismos serán asimilados en unidades físicas, por los que los resultados por tenencia asociado a cambios en los precios de dichos activos serán imputados a una reserva técnica no distribuible. Concepto similar a lo que se denominaba en su momento revalúo técnico.
Por otro lado, los resultados asociados al manejo de la cartera del Banco Central solo podrán ceder girados al Tesoro Nacional para la cancelación de deuda. Finalmente se eliminan de cuajo otros cambios introducidos por la Carta Orgánica del 2012, al tiempo que se elimina la estafa de las letras intransferibles. Sin embargo, esta reforma no funcionará sola, forma parte de un programa más amplio que incluye una reforma que hemos denominado grillete fiscal, una reforma al mercado de capitales y una reforma del mercado de los seguros que procederé a explicar a continuación. Respecto al grillete fiscal se trata de una regla fiscal permanente que asegurará que la Argentina no puede votar ni sostener un presupuesto deficitario. ¿Por qué necesitamos una ley y no alcanza con la buena voluntad del Congreso? Porque la historia nos enseñó que el Congreso es el gran aliado del gasto público, teniendo como ejemplo reciente el año pasado, cuando luchamos con uñas y dientes contra decenas de leyes que buscaban precipitar la quiebra del Estado.
Y es que los políticos no tienen ningún incentivo para cuidar el bolsillo de los argentinos, porque nunca son ellos quienes pagan los platos rotos. Por eso este proyecto va a hacer que el que las hace finalmente las pague. En la práctica, el grillete fiscal funcionará así: Si durante varios meses seguidos el resultado fiscal es deficitario, el Congreso dispondrá de algunas semanas para devolver las cuentas al equilibrio. Si no lo hace, entrará en vigencia automática el shutdown, se paralizarán las actividades no esenciales del Estado, se congelarán los gastos nuevos, no se adjudicarán contratos, no se tomará personal y se frenarán las transferencias discrecionales a las provincias. Y, principalmente, durante lo que dure el grillete, el Presidente, el Vicepresidente, los senadores, los diputados, los ministros, secretarios y subsecretarios, no cobrarán un solo peso de sueldo. Por primera vez en nuestra historia, si la política no hace los deberes la política pagará el costo, no lo pagará la gente. Quiero ser claro anticipándome a quienes viven de desinformar, esta ley protege en la letra de la norma las tareas y presentaciones esenciales del Estado.
Las jubilaciones, las pensiones, las asignaciones familiares y universales, el seguro de desempleo, la salud, la seguridad, la defensa nacional y el servicio penitenciario entre otros, quedarán expresamente exceptuados. Una vez aprobada, invitaremos a las provincias a adherir a este mismo régimen. Es la oportunidad para que cada gobernador predique con el ejemplo y le demuestre a su gente que cuando las cuentas se desordenan es la política la que debe dar un paso al frente y pagar el precio y no la sociedad. En segundo lugar, enviaremos dos proyectos para recuperar la profundidad de nuestro sistema financiero, destruido junto con nuestra moneda por el Banco Central. Para que una economía crezca se necesite inversión, es decir ahorros puestos a disposición con fines productivos. Por eso dejar nuestros ahorros fuera del sistema, en una caja de seguridad, bajo el colchón o en el exterior, atenta contra nuestro propio crecimiento. Las políticas de las últimas décadas empujaron a los argentinos a sacar sus ahorros del sistema en defensa propia y con eso frenaron la inversión.
Por eso vamos a impulsar un proyecto de liberalización profunda de nuestro mercado de capitales, que modificará varias leyes con una misma idea: correr al Estado del medio y dejar que el ahorro fluya hacia quién quiere producir. Un ejemplo claro es el mercado de bonos corporativos. Ahora, permitiremos su emisión en moneda extranjera, unidades de valor u otras unidades de medida Lo mismo haremos con el financiamiento colectivo, que en el mundo funciona hace años y acá una ley que nadie pidió lo llenó de requisitos y lo destruyó. 15 años perdidos y ahora lo vamos a destrabar. Esta reforma asegurará que, a medida que la economía se recupere, y la gente vuelva a ahorrar, ese ahorro se transforme en fábricas, en maquinarias y en trabajo. Solo así se profundiza el círculo virtuoso de crecimiento. Y para cerrar, un mercado de seguros accesibles es esencial en toda sociedad moderna y cuando no ofrece cobertura adecuada la gente termina demandándole protección al Estado.
Hoy el mercado de seguros argentino es burocrático, limitado e ineficiente, por eso enviaremos al Congreso un proyecto de reforma estructural del mercado de seguros. Habrá libertad absoluta para que las compañías diseñen y ofrezcan productos sin autorización previa del regulador que se enfocará solo en la solvencia de las empresas y en cuidar a los contratantes frente a las estafas. Así se impulsará la innovación abaratando el costo de los seguros y mejorando las prestaciones. Nuestros seguros se volverán más simples, más rápidos y más baratos. Estas reformas tienen una secuencia legislativa, pero están todas interconectadas, el déficit cero nos alejará del fruto venenoso del árbol prohibido que es la emisión monetaria. La reforma del Banco Central le impedirá al político falsificar esos frutos y un mercado financiero profundo permitirá acceso al crédito, a mejores condiciones y cobertura para que los agentes puedan perseguir sus propios proyectos en libertad.
Así, entre todas ellas, pondrán fin a 91 años de saqueo, expropiación, impunidad, decadencia y nos permitirá hacer a la Argentina grande nuevamente. Porque como siempre decimos, nuestro objetivo es hacer de la Argentina el país más libre del mundo. Confío plenamente en que el Congreso de la Nación comprenderá la naturaleza, el problema estructural de nuestro país y acompañará estas reformas estructurales que cambiarán a la Argentina para siempre. Que Dios bendiga a cada uno de los argentinos, que las fuerzas del cielo nos acompañen. Muchísimas gracias.
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Argentina le comprará cuatro helicópteros UH-60L Black Hawk a Estados Unidos

El Departamento de Estado de EEUU dio luz verde a una operación militar que fortalece los lazos de defensa con Buenos Aires: la posible venta de cuatro helicópteros UH-60L Black Hawk y equipo relacionado al Gobierno argentino, por un valor estimado de 140 millones de dólares. La decisión, comunicada este jueves, se suma a una serie de adquisiciones que el país sudamericano encaró en los últimos meses en materia de defensa.
Según el comunicado oficial, el pedido incluye, además de las cuatro aeronaves, dos motores T700-GE-701D, fabricados por la rama aeroespacial de General Electric y utilizados también en helicópteros de ataque como el Apache. A esto se agrega una larga lista de equipos que Washington clasifica como “no mayores”: sistemas de referencia de rumbo y actitud, transpondedores de Identificación Amigo o Enemigo (IFF), receptores de radio y de aterrizaje visual, radios de alta y muy alta frecuencia, un sistema de posicionamiento global Garmin GTN-750 y un transmisor localizador de emergencia, entre otros dispositivos.
El paquete contempla también elementos pensados para tareas de rescate y emergencia, como el sistema de extracción rápida por inserción de cuerda, equipos de polipasto y el denominado Bambi Bucket, utilizado para el combate de incendios desde el aire. Se suman, por otro lado, cascos, repuestos, herramientas de prueba, documentación técnica y programas de formación para las tripulaciones, así como servicios de apoyo logístico y técnico a cargo de personal estadounidense y de la empresa contratista.
El contrato recae en Sikorsky, subsidiaria de Lockheed Martin con sede en Stratford, Connecticut. Por el momento, el Departamento de Estado no tiene registro de ningún acuerdo de compensación asociado a la operación; ese tipo de convenios, aclaró el organismo, quedan sujetos a las negociaciones directas entre el comprador y el contratista.

El comunicado del Departamento de Estado enmarca la operación dentro de los objetivos de política exterior y seguridad nacional de Estados Unidos. La venta, señala el texto, busca “mejorar la seguridad de un importante aliado no perteneciente a la OTAN”, categoría que Argentina ostenta desde hace años y que Washington describe como “una fuerza para la estabilidad política y el progreso económico en Sudamérica”.
Entre los usos previstos para los nuevos helicópteros figuran la seguridad fronteriza, la lucha contra el crimen transnacional y las tareas de asistencia humanitaria o respuesta ante desastres. El propio organismo estadounidense sostuvo que Argentina “no tendrá dificultades para absorber estos artículos y servicios en sus fuerzas armadas” y remarcó que la operación no requerirá el envío de representantes adicionales del Gobierno estadounidense ni de contratistas al país.
El texto oficial subraya, además, que la venta “no alterará el equilibrio militar básico en la región” y que no habrá impacto negativo en la preparación de defensa de Estados Unidos como consecuencia de esta transacción.
El Black Hawk acumula cerca de 50 años en operación y pasó de ser un helicóptero utilitario exclusivamente militar a una aeronave empleada también en evacuaciones médicas, respuesta ante catástrofes y transporte de autoridades. Más de treinta países lo utilizan actualmente, entre ellos Colombia y Brasil.

Argentina, hasta el momento, contaba con una sola unidad del modelo, destinada al traslado del presidente de la Nación. Los cuatro aparatos ahora habilitados por Washington están orientados, principalmente, a reemplazar a los Bell UH-1H/Huey II que integran el Comando de Aviación del Ejército, una flota con varias décadas de antigüedad.
La operación se da en medio de un proceso más amplio de renovación de equipamiento militar que impulsa la gestión de Javier Milei. En paralelo a la incorporación de los Black Hawk, la Fuerza Aérea Argentina y la Armada realizaron pruebas para conectar a los aviones F-16, adquiridos a Dinamarca, con los P-3C Orion comprados a Noruega, mediante el sistema de enlace de datos Link 16, utilizado por países de la OTAN.
El Ejército, por su parte, incorporó vehículos Stryker y avanzó en la modernización de tanques TAM 2C y en la llegada de camiones Unimog U 4000, entre otros elementos presentados meses atrás por la Dirección de Arsenales. Según había anticipado el analista Andrei Serbin Pont en Infobae, se preveía la llegada de un primer lote de dos helicópteros Black Hawk antes de fin de año y otros dos durante el próximo, aunque esa información se encontraba todavía en desarrollo al momento de conocerse.
El proceso de reequipamiento no está exento de cuestionamientos internos. La diputada nacional Agustina Propato, vicepresidenta de la Comisión de Defensa, había advertido semanas atrás sobre el deterioro salarial del personal militar, que a su juicio acumula una pérdida de 80 puntos porcentuales de poder adquisitivo desde 2023, y sobre la salida de 19.000 efectivos de las fuerzas armadas en ese mismo período.
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El cruce de Javier Alonso con Patricia Bullrich por la inseguridad en el conurbano: “No sea contradictoria”

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, protagonizó este jeuves un cruce con la jefa de bloque en el Senado de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, luego de que la legisladora criticara al gobernador Axel Kicilof por la inseguridad en el conurbano, y a quien el funcionario le pidió que “no sea contradictoria”.
El cruce comenzó con un posteo de Bullrich en X, en el cual compartió el testimonio de una madre que había sufrido este jueves un intento de robo en El Palomar este jueves cuando estaba por dejar a su hijo en la escuela.
“7:14 AM, dejando a su hija en la escuela y termina herido por el tiro de un delincuente. El colmo: si son menores, quedarían libres por la locura de la jueza garantista”, expresó la senadora, en alusión a Marta Elba Pascual, quien quedó en el centro de la escena tras suspender la aplicación del Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires por 60 días.
El episodio ocurrió cerca de las 7.15 frente al colegio Emaus y un hombre, quien también estaba trasladando a su hija a la institución, sufrió una herida de bala.
Luego, la exministra de Seguridal le apuntó a Kicillof por considerarlo ausente ante el crecimiento del crimen en el conurbano.
“¿Dónde está Kicillof? ¿Va a seguir en silencio mientras los bonaerenses viven con miedo, rodeados de violencia y terror? Y si no se anima a hablar con ellos, prenda la tele: ‘Todos los días pasa lo mismo’, dicen. Nota tras nota, siempre el conurbano», manifestó.
Horas después, Alonso respondió el posteo y acusó a Bullrich de ser “contradictoria” en sus dichos y accionar.
“Cuando usted era ministra, sus propias estadísticas mostraban a la Argentina como uno de los países más seguros de la región. Hoy (Alejandra) Monteoliva difunde números similares y, de repente, todo es violencia y terror. ¿En qué quedamos?“, afirmó el funcionario.
A su vez, instó a la senadora a dejar la “chicana”, trabajar y devolverle a los bonaerenses “los miles de millones de dólares que les quitaron”, en referencia a la deuda de $22 millones que, según denuncia Kicillof, Nación mantiene con Provincia.
“Esos recursos también hacen falta para seguir construyendo una provincia más segura. Mientras ustedes chicanean en redes, la droga que llega a la Provincia recorre miles de kilómetros atravesando una frontera llena de agujeros que este Gobierno no logra contener”, subrayó.
“¿No sería mejor que trabajaran seriamente para impedir que esa droga llegue al territorio bonaerense? Y no se pongan nerviosos. El gobernador está sólido, trabajando todos los días, recorriendo la Provincia y acompañado por el pueblo bonaerense en las urnas», indicó.
Asimismo, le apuntó al gobierno de Javier Milei por no gestionar ni invertir y se preguntó en sentido irónico si “mostrar indignación por redes” era lo único que la administración libertaría sabía hacer por los argentinos. “Trabajen con seriedad y dejen de mentirle a la gente”, cerró.
Nueva respuesta de Bullrich
Bullrich respondió pero dirigiéndose a Kicillof. “Primero, la inseguridad no existe solo en las redes sociales, como dice su ministro. No tomen de tontos a los bonaerenses. Caminen por los barrios, sin militantes, o, al menos, prendan la televisión”, reclamó.
“Segundo: la Argentina es hoy el país más seguro de la región gracias al esfuerzo que hacemos desde el Gobierno nacional, muchas provincias y las Fuerzas. Pero ese resultado se logra, en buena medida, a pesar de la provincia de Buenos Aires.
Y prosiguió: “En los municipios del conurbano, el índice de homicidios duplica al del resto de la provincia y al nacional, mientras que los robos con violencia aumentaron más de 150% en el último año”.
“Escudarse en el cuento de los 135 municipios les permitió durante años profundizar sus políticas pro-delincuentes. Tercero: el esfuerzo para sacar a la Argentina de la catástrofe que dejó su Gobierno en 2023 lo estamos haciendo todos, menos su gobierno de la provincia de Buenos Aires”, acusó.
Y prosiguió: “Ustedes siguen con más de 20 ministerios, choferes, estructuras gigantes y contrataciones masivas. ¿Cuánto gastan en mantener todo eso? ¿Para qué tienen un Ministerio de la Mujer si no sirve? ¿De verdad no pueden achicarse para poner más recursos donde hacen falta: en seguridad, por ejemplo?”.
“Gobernador, esta pelea no tiene sentido porque nuestras posiciones sobre cómo combatir la inseguridad son opuestas. Para ustedes, una clara defensa a los delincuentes. Para nosotros, una sola regla: el que las hace, las paga”, concluyó Bullrich, al citar uno de los slogans de campaña de LLA.
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Malvinas: el Gobierno creará un Sistema de Articulación de la Política Exterior para monitorear actividades extranjeras ilegales

El Gobierno nacional anunció este jueves la creación del Sistema de Articulación de la Política Exterior, un nuevo mecanismo que funcionará en el ámbito de la Cancillería y que buscará coordinar las actividades estatales vinculadas a los reclamos de soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y sus espacios marítimos e insulares.
La medida fue confirmada a través de un comunicado de la Oficina del Presidente, que enmarcó la decisión dentro de las políticas orientadas a “la recuperación del ejercicio pleno de la soberanía” sobre los archipiélagos del Atlántico Sur.
Según el texto oficial, el nuevo sistema tendrá como objetivo “implementar mecanismos de información, coordinación y asesoramiento para actividades estatales que puedan afectar la política exterior o los intereses internacionales de la Argentina”.
El comunicado precisa que la Cancillería podrá garantizar, a través de este mecanismo, que toda actividad vinculada a las relaciones exteriores del país sea “coherente, compatible y uniforme” con los lineamientos generales de la política exterior en materia de Malvinas.
En ese sentido, el Gobierno sostuvo que la recuperación del ejercicio pleno de la soberanía “exige una acción estatal coordinada que integre dimensiones diplomáticas, jurídicas y políticas”, y que ese trabajo conjunto permite “sostener una postura firme y coherente en el tiempo” y “fortalecer los reclamos de la República Argentina ante la comunidad internacional”.
A su vez, remarcó que la iniciativa apunta a “adoptar las medidas necesarias para defender nuestros legítimos derechos e intereses nacionales”, en lo que definieron como un “compromiso irrenunciable con la recuperación de los territorios usurpados”.
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“El Gobierno Nacional continuará articulando todos los medios disponibles para fortalecer el accionar coordinado de sus organismos para defender nuestra soberanía”, cierra el comunicado firmado por el Presidente.
La lista de medidas que impulsó el Gobierno desde la cadena nacional de Milei sobre Malvinas
Desde el mensaje que Milei emitió junto a todo su Gabinete el jueves pasado, el Gobierno avanzó con una batería de medidas para sancionar a las empresas vinculadas a la explotación hidrocarburífera en Malvinas y reforzar la influencia nacional sobre la región.
En ese sentido, el Gobierno reasignó $217.959 millones —unos US$142 millones— del Presupuesto nacional para el Ministerio de Defensa destinados principalmente a avanzar con la Base Naval Integrada de Tierra del Fuego.
A su vez, ordenó que los organismos del Estado que detecten incumplimientos legales informen a la Cancillería para que pueda impulsar sanciones y dispuso incorporar declaraciones juradas en los trámites hidrocarburíferos y en el RIGI para bloquear a las empresas que operan en la plataforma continental sin reconocer la soberanía argentina.
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En paralelo, el Gobierno avanzó con una serie de denuncias penales contra Navitas Petroleum, JHI Associates y Eco (Atlantic) Oil & Gas, y otras firmas señaladas por operar en la Cuenca Malvinas Norte sin autorización argentina, junto con otros procesos iniciados contra 60 personas jurídicas y humanas.
A esa serie de medidas se suma el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que se enviará a Diputados en los próximos días, que además de reforzar las sanciones contra empresas que operen en las Islas sin autorización, creará un Consejo de Seguridad Nacional para responder ante amenazas de actores estatales o no estatales.
Gobierno, Islas Malvinas
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