El exjefe de Gabinete Manuel Adorni presentó esta mañana, casi tres meses después de dejar el Gobierno, un escrito para justificar su patrimonio en la causa por presunto enriquecimiento ilícito que avanza en su contra.

“La evolución patrimonial de Manuel Adorni durante el período comprendido entre el 10 de diciembre de 2023 y el 27 de junio de 2026 encuentra sustento razonable y verificable en la prueba documental, contable y técnica que se acompaña, y en la que oportunamente se incorporará, sin que exista enriquecimiento apreciable alguno que no admita explicación”, anunció el escrito, que lleva la firma de su abogado, Matías Ledesma.

La primera fecha que tenía Adorni para justificar en la Justicia su evolución patrimonial era el 26 de agosto, pero logró postergar la entrega de este escrito hasta ahora.

La clave de la estrategia de defensa de Adorni fue decir que había escondido ingresos en sus declaraciones juradas por más de US$500.000; según él, provenientes de una inversión en criptomonedas previa a llegar al Gobierno. Adorni presentó esta versión, por primera vez, en una entrevista con José del Rio en LN+. Horas más tarde de esta supuesta confesión, rectificó sus declaraciones juradas de bienes para incorporar ese dinero. Sin esos fondos que ahora dice que tenía desde antes de llegar al Gobierno, sus números no cerraban.

En su escrito de hoy, Adorni acompañó documentación que, de acuerdo con su defensa, acredita que efectivamente poseía esas inversiones antes de asumir como funcionario público. ¿Cuál es la prueba que aporta Adorni de que eran suyas desde antes de llegar al Gobierno las billeteras virtuales con las que se compraron las criptomonedas que después se convirtieron en dólares? Que Adorni tiene las claves privadas para operar esas billeteras.

Dice el escrito presentado hoy: “Dado que las billeteras virtuales no cuentan con datos de titularidad, es entonces la tenencia de la clave privada la que permite acreditar la propiedad de una billetera, con lo cual, la sola tenencia de la clave privada hace a la titularidad de la billetera”. Adorni acompañó un acta en la que un escribano público dio fe de que él tenía esas claves. Pero el acta es de septiembre de este año. No hay un registro similar que dé cuenta de que las claves las tenía Adorni también cuando se operó con esas billeteras. Además, el exjefe de Gabinete sostiene que las criptomonedas las compró con ahorros que tenía “por fuera del sistema financiero”.

De todos modos, para la fiscalía, aun si se tuviera como válida la explicación de las bitcoins, seguía habiendo una diferencia que no estaba explicada. Según la defensa de Adorni, en cambio, no hay una “desproporción manifiesta” entre los ingresos y los egresos, diferencia que el fiscal del caso, Gerardo Pollicita, calculó en más de 43 millones de pesos. “La diferencia de $43.068.549 que arroja el cotejo de flujos en pesos representa el 15,8% de los egresos totales reconstruidos ($272.820.832,20) y el 18,7% de los ingresos lícitos computados ($229.752.283,20). Se trata de una brecha residual, no de una desproporción manifiesta”, dice el escrito de la defensa del exjefe de Gabinete.

La defensa de Adorni afirmó que, “a diferencia de lo que el dictamen postula respecto de la magnitud del ‘salto patrimonial’, resulta perfectamente compatible con los márgenes de imprecisión propios de toda reconstrucción de flujos económicos de un grupo familiar a lo largo de dos años y medio, edificada sobre estimaciones de tipo de cambio, criterios de depuración de movimientos internos y partidas cuyo pagador ‘no pudo identificarse’ -extremo que el propio dictamen reconoce respecto de los comprobantes de ARCA del punto (x)-”.

En cuanto a la rectificación que hizo Adorni de su declaración para sumar los dólares que originalmente no había declarado, la defensa sostuvo que eso no puede ser tomado como un indicio en su contra, y dijo: “El legislador no ve en la rectificativa un indicio de ocultamiento; ve una conducta que merece tratamiento benigno, porque restablece por iniciativa propia la exactitud de lo declarado y permite al Estado percibir el tributo sin necesidad de tener que esperar a que el Tribunal Fiscal de la Nación confirme el acto de determinación tributaria”.

El escrito de la defensa del exjefe de Gabinete agrega: “Sería sistemáticamente incoherente que una conducta expresamente incentivada por la ley tributaria se transformara, en sede penal, en indicio de la malicia que el tipo requiere”.

En su escrito de hoy, Adorni justificó lo que él presenta como un ocultamiento al fisco del resultado de inversiones en bitcoin entre 2014 y 2017. “El origen de esos fondos se explica en el contexto del ahorro familiar informal extendido en la Argentina de esos años: la costumbre de mantener ahorros personales en efectivo y en moneda extranjera, por fuera del sistema bancario y del radar de ARCA, no es una práctica excepcional ni indicativa de un propósito ilícito, sino una conducta extendida en amplios sectores de la sociedad argentina como resguardo frente a la inestabilidad macroeconómica, la volatilidad cambiaria y las sucesivas restricciones al acceso a moneda extranjera vigentes en distintos períodos de las últimas décadas -entre ellas, el cepo cambiario vigente entre 2011 y 2015, y nuevamente desde 2019-”, afirma el escrito.

Ahora, el fiscal Pollicita deberá analizar esta presentación. Si considera que la justificación de Adorni no es suficiente, podrá pedir su declaración indagatoria por enriquecimiento ilícito. El juez de la causa es Ariel Lijo.

Las obras de Indio Cuá

Adorni niega haber pagado 245.929 dólares por las reformas que hizo en la casa del country Indio Cua, como declaró el contratista Matías Tabar. Según la defensa, gastó 174.954,58 dólares, cifra que coincide -según sostiene el escrito- con lo que el “estudio contable acredita como efectivamente desembolsado y lo que, de manera enteramente independiente, el perito arquitecto determina como valor real de mercado de la obra”.

El exjefe de Gabinete dio también una explicación sobre por qué recurrió a terceras personas a nombre de quienes quedaron facturadas compras de bienes que eran para él y su familia. Se trata de una adquisición, en agosto del año pasado, de un “monitor gamer” y dos proyectores para videojuegos que le costaron, en total, 5.848.589 pesos, mucho más que su sueldo de ese mes. También, de una compra en un local de sommiers y ropa blanca que quedó registrada a nombre de Gisela Kocsis por $8.183.383.

“Resulta evidente que nunca hubo animosidad de ‘utilizar a terceros’, sino que Gisela Kocsis [funcionaria de la Casa Rosada] era la secretaria de Manuel Adorni, un funcionario de alto rango que por las funciones que cumplía, por las presiones a las que estaba sometido, y por la gran carga horaria, requería de la asistencia en distintos temas personales -generalmente de menor relevancia- y confiaba en quien sabía que podía confiar: una persona diligente con quien trabajaba todos los días, cuya dinámica le permitía a él delegar en ella distintas cuestiones”.

Pero no fue la única funcionaria que figura como compradora de bienes que, en realidad, eran de Adorni. “La situación de Laura Daniela Schiuma -también mencionada en este punto del requerimiento- es diferente. Porque, sin perjuicio de que trabajaban juntos, eran amigos con Manuel Adorni y se conocían hace muchos años. Fue en ese contexto en el que Manuel, excepcionalmente y ante la necesidad de realizar una compra, le solicitó a la nombrada que le prestara su tarjeta de crédito; situación sumamente habitual cuando existe una relación de confianza previa”, dice el escrito de la defensa.

Por último, en cuanto a Luis Enrique Aluju, la tercera persona que se sospecha que Adorni utilizó para hacer compras que no quería que quedaran registradas a su nombre, la defensa dijo que el propio Aluju, cuando declaró en los tribunales de Comodoro Py “aclaró que el proyector lo había comprado él, que era para él y que lo tenía en su casa”. Según el escrito, Aluju lo envió a lo de Adorni -y no a su casa- “para que hubiera alguien que se lo pudiera recibir”.

La defensa de Adorni afirmó, como cierre de su presentación, que “se encuentra satisfecha, en esta etapa, la carga de explicación razonable, verosímil, comprobable, lícita y proporcionada que exige la norma, por lo que corresponde tener por debidamente contestado el requerimiento fiscal”.

Le corresponderá ahora a la fiscalía hacer esa evaluación para determinar cómo sigue la causa.

El juez federal Daniel Rafecas procesó a siete iraníes y un libanés responsables del atentado a la AMIA y la Justicia avanza así hacia un juicio oral en ausencia.

Por el ataque a la mutual judía, ocurrido en 1994, murieron 85 personas y hubo 151 heridos.

Rafecas dispuso los procesamientos en un fallo de más de 600 páginas. A cada uno de los procesados les impuso un embargo de U$S 500.000.000.

Fuentes judiciales informaron a que el juez dio por probado que los terroristas compraron una camioneta Renault Trafic el domingo 10 de julio de 1994, la acondicionaron y cargaron con 300 kilos de amonal y TNT. También, que la dejaron preparada en un estacionamiento público a cuatro cuadras de la AMIA y aguardaron hasta la media mañana del lunes 18 para hacerla explotar en un momento de alta concurrencia al edificio elegido como blanco.

El juez aplicó el régimen de juicio en ausencia (ley 27.784), que permite avanzar aunque los acusados estén prófugos. Se les garantiza el derecho a contar con un defensor.

Rafecas sostuvo que la decisión de cometer el atentado fue adoptada en agosto de 1993 por parte de las máximas instancias del régimen iraní y encomendada a Hezbollah, agrupación proiraní con sede en El Líbano, que organizó su ejecución, mediante una red de apoyo regional y local, con base en la Triple Frontera (Ciudad del Este, Paraguay; Foz de Iguazú, Brasil, y Puerto Iguazú, Argentina).

Los delitos por los que fueron procesados fueron homicidios y lesiones reiteradas, agravados por odio racial o religioso y por el uso de un medio idóneo capaz de causar un peligro común, además de daño agravado por motivos discriminatorios.

Rafecas calificó el atentado como un crimen de lesa humanidad.

Como responsables centrales del atentado fueron procesados Alí Fallahijan, por aquel entonces Ministro de Inteligencia iraní; Alí Velayati, por aquel entonces Ministro de Relaciones Exteriores iraní; Mohsen Rezai, quien era Comandante de la Guardia Revolucionaria iraní; Ahmad Vahidi, comandante de la fuerza Al Quds (de la Guardia Revolucionaria.

La resolución sostuvo que estos cuatro acusados decidieron y participaron en la organización del atentado.

Como cómplices necesarios fueron procesados Hadi Soleimanpour, que fue embajador de Irán en la Argentina; Mohsen Rabbani, activista religioso fundamentalista radicado en Buenos Aires desde 1983 y consejero cultural de la embajada iraní en Argentina, y Ahmad Asghari, que era agente de inteligencia de la Guardia Revolucionaria.

Rafecas les imputó a los tres haber contribuido “en forma esencial” al plan criminal, desde el ámbito diplomático y la red local iraní.

El último de los procesados fue Salman Raouf Salman (o Samuel El Reda), agente libanés de Hezbollah. A él se lo señala como responsable de haber coordinado la etapa final del atentado.

Los procesamientos podrán ser apelados por el defensor oficial Hernán Silva.

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