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POLITICA

El efecto Adorni. De dos cañitos de agua a la crisis más profunda

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Nunca hubo una reunión de gabinete tan tensa como la del último viernes. En general, esos encuentros eran para hacer repasos de la gestión, siempre en un tono celebratorio e indulgente. Algunos incluso fueron precedidos por un ritual de abrazos y saltitos con el Presidente, cuyas imágenes se viralizaron en redes. Esta vez el contexto era distinto y fue el propio Javier Milei quien se hizo cargo del cambio de clima. Ni foto hubo.

En la media hora que habló, tras explicar por qué la economía generará buenas noticias en los próximos meses, dedicó un segmento importante al asunto Manuel Adorni. Fue muy enérgico en la defensa de su jefe de Gabinete, argumentó que confiaba plenamente en su inocencia, dijo que haría lo mismo por cualquiera de sus ministros si estuvieran en similar circunstancia, y profirió insultos irreproducibles al periodismo, según su visión, el culpable absoluto del escándalo. Después de hablar, y frente a un intento de Patricia Bullrich por abrir un debate sobre el tema, se paró, saludó y se fue. No se trataba de una conversación; era la comunicación de la línea oficial a seguir.

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El presidente Javier Milei mantuvo una reunión de trabajo con los integrantes de su Gabinete en la Casa Rosada.Presidencia

Adorni retomó el hilo argumental y pronunció una frase que a muchos les pareció una ironía mal disimulada. “Ya escucharon al Presidente, fue muy claro. Al que le guste bien, y al que no, ya sabe lo que puede hacer”, fueron más o menos sus palabras, según la reconstrucción de tres de los funcionarios presentes allí. De pronto, quien supuestamente estaba con un pie afuera pasaba a fijar las condiciones de continuidad a sus colegas. La audacia es un don para elegidos.

Bullrich, que ya venía conteniendo su irritación, pidió hablar y ratificó frente al gabinete lo que venía diciendo en público: que Adorni debía dar explicaciones rápidamente porque el caso estaba teniendo un impacto social profundo, y que lo más importante era garantizar la reelección de Milei, un objetivo que podría verse afectado por su falta de precisiones patrimoniales. Adorni le respondió que lo haría antes del plazo límite fijado legalmente. “¿Cuánto te falta?”, insistió ella. “Pronto lo voy a hacer”, eludió él. Nadie entiende bien los motivos de la demora del jefe de Gabinete en presentar su declaración jurada, la que presuntamente terminará por sellar definitivamente la polémica. Pero todos intuyen las razones.

Javier Milei y Patricia BullrichLuis Robayo/AP

Ningún otro funcionario quiso seguir con la discusión. Bullrich sintió el vacío de la soledad, a pesar de que durante la semana algunos de los que estaban en la mesa habían manifestado en la intimidad una posición similar. Pero ese día sólo hubo profusión de elogios a la línea fijada por Milei. “Estamos muy cohesionados internamente”, se enorgulleció un ministro al terminar. Varios sabían que en realidad estaban fingiendo demencia.

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Este episodio mínimo reflejó la escalada que tuvo el caso Adorni, que esta semana pasó de ser una cuestión contable-judicial de un funcionario cuestionado a convertirse en la crisis política más severa dentro del Gobierno. El detonante fue la declaración del contratista Matías Tabar, quien el lunes contó que hizo reparaciones por US$245.000 en el country de Adorni en Exaltación de la Cruz.

La estrategia oficial marcaba que esta semana serviría para dar vuelta la página de la polémica, después de la presentación del jefe de Gabinete en el Congreso y de su conferencia de prensa del lunes. En el mismo momento en el que se disponían a apretar el botón de reinicio de gestión, Tabar trabó el dispositivo con su exposición ante la Justicia. Fue como retroceder al punto de partida. Un constructor que terminó siendo un demoledor.

Matías Tabar, contratista que realizó la reforma en la casa de campo de Manuel Adorni, sale de declarar en los tribunales de Comodoro PyNicolás Suárez

Allí se inició una secuencia de vértigo. Ese mismo lunes a la tarde, desde Chile, Bullrich habló con Milei para decirle que la situación era insostenible sin una explicación pública de los bienes de Adorni. El Presidente le aseguró que eso ocurriría en breve. Dos días después, como no había novedades, la senadora embistió y en una entrevista en el canal América repitió en público el planteo privado que le había hecho al Presidente. Un desafío abierto a la lógica verticalista de los libertarios.

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Milei debió salir un rato después a decir que estaba todo bien y que en realidad el problema se reducía a “dos cañitos de agua” instalados en la refacción del country. Aventuró entonces que era inminente la presentación de la declaración jurada del funcionario. Al día siguiente, desde el entorno de Adorni se supo que recién lo hará cerca de fin de mes. En 24 horas Milei fue desafiado por una senadora y desmentido por su jefe de Gabinete. Los riesgos de someterlo a una sobreexposición forzada.

La casa de la familia Adorni en Exaltación de la Cruz

Bullrich interpretó el humor social y lo expresó con su estilo frontal e inconsulto, lo cual generó malestar en los Milei, sobre todo en Karina. Un testigo presenció en vivo la furia de la hermana presidencial cuando el miércoles vio la entrevista de la senadora. Si bien Bullrich siempre fue de recorrer su propio camino, ahora no tiene margen para romper. Tampoco los Milei para desterrarla. Ella por momentos intuye que los mejores momentos del experimento libertario ya pasaron. Ellos, por su lado, saben que Bullrich nunca formará parte de su núcleo íntimo de confianza, siempre será una forastera. Pero todos se necesitan.

Durante la semana se produjo una mutación sutil, pero admitida por funcionarios del gabinete. Hoy el principal sostén de Adorni es Javier, no Karina. Incluso hay quienes aseguran que ella estaría más dispuesta que su hermano a soltarle la mano.

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Y hay tres explicaciones convergentes para argumentarlo. En primer lugar, porque el Presidente, estimulado por funcionarios y amistades que lo exacerban, transmite un odio profundo por los periodistas, y entiende que detrás del escándalo hay una operación encubierta para hacerlo ceder. Siente que los medios le disputan poder con mentiras y que quieren debilitarlo para condicionarlo. Esa idea lo desencaja emocionalmente. En base a esa percepción compartida construyó una suerte de amistad tardía con Adorni, que logra sacar la lealtad más genuina que Milei es capaz de brindar.

Santiago Caputo y Karina Milei

En segundo término, porque tomar una decisión sobre Adorni implica volver a meter el dedo en la llaga que nunca deja de sangrar entre su hermana y Santiago Caputo. El actual jefe de Gabinete mantiene una relación razonable con el asesor, a pesar de ser ahijado político de Karina. Si lo echan, debería ser reemplazado por alguien de extrema confianza de la hermana presidencial, pero que al mismo tiempo no termine de quebrar el frágil equilibrio con Caputo. Por ejemplo, si designaran a alguno de los Menem, el joven estratega probablemente encontraría una razón definitiva para dejar el Gobierno. La tensión entre la dependencia emocional de Karina, y la dependencia intelectual de Santiago, paraliza al Presidente, que prefiere no laudar en esa confrontación.

Y la tercera explicación está concentrada estrictamente en la figura de Karina Milei. Nunca dejó de respaldar al jefe de Gabinete, e incluso se mostró varias veces en público con él como expresión de apoyo. El lunes en que se conoció la declaración el constructor del country les dijo a los suyos que el testigo había sido “comprado” por los que atentan contra el Gobierno. Pero quienes la conocen la definen como más pragmática que su hermano, y por eso se da cuenta del daño que le está generando al Gobierno todo el escándalo. Tiene una mirada menos emocional que Javier y en su objetivo constante de protegerlo de todos los riesgos estaría detectando la densidad de la amenaza que desciende en forma de cascada.

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Manuel Adorni, en la inauguración del nuevo Centro Industrial de Mercedes-Benz, con Karina Milei y Diego Santilli.Presidencia

Para Karina el hundimiento de Adorni fue un golpe durísimo, probablemente el más dañino desde que entró a la Casa Rosada. El primer capítulo de la saga, el viaje con su esposa a Nueva York, ocurrió en el preciso momento en el que la secretaria general estaba desplegando su estrategia de redefinición del poder interno.

Ya había digitado las llegadas de Diego Santilli y de Pablo Quirno; había armado su propio triángulo con los primos Menem y Sebastián Pareja; le acababa de cooptar el Ministerio de Justicia a Caputo, pensaba avanzar sobre la SIDE y la ARCA, y estaba empoderando a su nuevo jefe de Gabinete para que fuera su emisario en las reuniones con legisladores y gobernadores. Incluso había dado vía libre para el armado de una nueva estructura de tuiteros e influencers, para tener su propia infantería digital por fuera de las Fuerzas del Cielo (a las que cuestionan por su silencio y hasta por difundir mensajes díscolos). Pero todo eso se desmoronó.

Javier Milei, Lilia Lemoine, «Tronco» y la influencer Candela Vidal, esta semana
en Olivos

“Lo de Manuel la mató, le corrió el eje y le cambió los tiempos. Ahora está obligada a equilibrar y sostener internamente”, resume una figura de su entorno. Una ingrata paradoja la persigue: en su momento de mayor poder, Karina quedó obligada a salir al rescate de la gestión de su hermano. Pasó de conquistadora a bombera.

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Incluso como derivación del caso empezó a haber ruidos internos dentro del karinismo. Algunos no entienden cómo la causa judicial avanza con tanto ímpetu y con amplia difusión, cuando al mismo tiempo se supone que se está modelando la nueva justicia a través del envío de pliegos al Senado. Le atribuyen a Adorni un supuesto malestar con Juan Bautista Mahiques porque su relación judicial con el fiscal Gerardo Pollicita no logra evitar siquiera que las novedades en la causa “se conozcan como si fuera un canal de streaming”, aducen.

El fiscal Gerardo PollicitaENRIQUE GARCIA MEDINA

Hay referentes de los distintos sectores internos que piensan que a pesar del apoyo del Presidente, el futuro de Adorni está marcado. En todas las tribus verían con muy buenos ojos que diera un paso al costado, aunque reconocen que hasta ahora en ningún momento el funcionario presentó la renuncia. Nadie apuesta por su permanencia en el cargo.

Y esta es una de las consecuencias más profundas del episodio Adorni: el desorden interno en el que sumió al gabinete. Al desaparecer el rol de la Jefatura, el diseño que había previsto Karina para reemplazar al oxidado triángulo de hierro, quedó averiado. No hay un esquema claro de organización interna y del proceso de toma de decisiones. Al decir de un funcionario muy relevante, “estamos en la estación previa a la anarquía”, porque no está claro cómo se deciden las cosas, ni quién es el responsable, ni cómo le llegan los temas a Milei.

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El karinismo: Manuel Adorni, Karina Milei, Diego Santilli, Martin Menem y Lule MenemNoelia Marcia Guevara

Entonces Karina ejerce mitad de presidente bis y mitad de jefe de Gabinete de facto; Lule Menem hace de jefe de Gabinete blue y de ministro del Interior bis; Santiago Caputo funge de asesor presidencial a tiempo completo y de controller part time de proyectos y decretos. Es un organigrama completamente desalineado.

Esta desconfiguración del esquema deriva en una parálisis de la gestión, porque hay decisiones que no se ejecutan y nadie sabe bien por qué se frenaron. Al mismo tiempo, los ministros más activos se quejan de que lo que hacen no tiene visibilidad porque todo queda eclipsado por el escándalo. El intento de la conferencia de prensa del viernes fue un ejemplo. El propio Adorni impulsó un formato híbrido en el que él sólo hizo de presentador y de catador de preguntas, en el que terminó exponiendo al principal ministro del Gabinete, Luis Caputo, junto con su colega Alejandra Monteoliva. Hubo consenso en el oficialismo en que fue un experimento fallido.

Manuel Adorni acompañado por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y el ministro de Economía, Luis Caputo, el último viernesPresidencia

Al impacto en la opinión pública, la desconfiguración del nuevo diseño del gabinete y la parálisis de la gestión, se suma otra derivación de esta historia: el silencioso pero notorio desplazamiento de los aliados del verano en el Congreso. Así como durante las sesiones extraordinarias un grupo de gobernadores y legisladores le permitieron al Gobierno sumar mayorías para proyectos sensibles como la reforma laboral o la ley de glaciares, ahora las señales que emiten las bancadas amigables son menos nítidas.

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Por eso hay dudas con el progreso de la reforma electoral y ruido con los pliegos de los jueces. Tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados las terminales libertarias están recibiendo mensajes de cierto desapego, producto del caso Adorni, y también por algunos incumplimientos en la remisión de fondos. “Nos ven más débiles y se suben el precio. Es el juego de siempre. Ya ocurrió el año pasado”, confesó uno de los negociadores.

Milei estableció un esquema de conducción que luce genuino y frontal, pero que le genera mucho desgaste a su gobierno. La irresolución de los problemas internos van minando la gestión y empobrecen las prestaciones que puede brindar. Cada traspié se transforma en una crisis interminable y no logra construir un esquema de debate ágil, que le permita evaluar alternativas y salir de las situaciones de conflicto. En el management político no hay una curva de aprendizaje natural. Así es Milei. La línea que separa la convicción de la obcecación es demasiado delgada.




Jorge Liotti,Conforme a

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El Gobierno denunció a Itaí Hagman, diputado de Grabois, y a otras cuatro personas por la toma del Palacio Pizzurno

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El Gobierno presentó una denuncia penal contra el diputado nacional de Unión por la Patria Itaí Hagman, dirigente del espacio político de Juan Grabois, por los incidentes ocurridos durante la toma del Palacio Pizzurno, donde funciona la Secretaría de Educación de la Nación. La información fue confirmada a Infobae por fuentes oficiales, que precisaron que la presentación fue realizada por el Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, e incluyó a otras cuatro personas identificadas por las autoridades. Los delitos denunciados fueron usurpación, resistencia a la autoridad, lesiones y daño.

La denuncia fue presentada este miércoles, después de que un grupo de estudiantes universitarios ingresara al edificio ubicado en Pizzurno 935, en Buenos Aires, para reclamar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. La protesta comenzó con una sentada frente a la sede educativa y derivó en la ocupación del hall central, pese a la intervención de efectivos de la Policía Federal Argentina que intentaron impedir el ingreso.

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El episodio provocó un enfrentamiento político entre el Gobierno y dirigentes opositores. El presidente Javier Milei cuestionó públicamente a Hagman, quien apareció en las inmediaciones del edificio durante el operativo policial. El diputado rechazó los cuestionamientos y explicó en sus redes sociales: “Me acerqué cuando me avisaron que estaban por reprimir a los estudiantes”.

La presencia de Hagman adquirió especial relevancia por sus antecedentes en otra ocupación de un edificio público. El 7 de junio de 2025, el legislador había participado, junto con Grabois y otros dirigentes del Frente Patria Grande, de la toma del Instituto Nacional Juan Domingo Perón, ubicado en Austria 2601, en Recoleta. Aquella protesta había sido organizada para rechazar el cierre del organismo dispuesto por la administración de Milei.

En esa oportunidad, unas 50 personas ingresaron al inmueble, donde funcionaban un museo y un centro de estudios dedicado a la historia del peronismo. Entre los participantes estuvieron también la diputada Natalia Zaracho y otros dirigentes del espacio. El operativo de desalojo terminó con la detención de Grabois, quien recuperó su libertad al día siguiente. Hagman había acompañado aquella medida y ahora volvió a quedar involucrado en una controversia por la ocupación de una dependencia estatal.

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En el caso del Palacio Pizzurno, el Ministerio de Capital Humano sostuvo que durante la manifestación se produjeron daños al patrimonio público y que la ocupación se desarrolló mediante acciones violentas. “Por la fuerza, nada”, escribió Pettovello después de los incidentes. La cartera afirmó que el derecho a manifestarse debía ejercerse dentro de la ley y con respeto por las instituciones democráticas.

Los estudiantes, por su parte, aseguraron que habían organizado una protesta pacífica para reclamar respuestas sobre la situación presupuestaria de las universidades nacionales. Participaron alumnos de la Universidad de Buenos Aires y de las universidades nacionales de La Plata, Quilmes y San Martín. Además del financiamiento universitario, reclamaron una actualización de las becas Progresar y solicitaron una reunión con el secretario de Educación, Carlos Torrendell.

En el Gobierno sostuvieron que la discusión sobre el financiamiento universitario se encontraba actualmente en el ámbito del Poder Judicial, donde tramitaba una causa con múltiples incidentes y presentaciones de las partes. Según la posición oficial, correspondía esperar una decisión definitiva de la Justicia sobre los alcances y la implementación de la legislación vigente.

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Itaí Hagman representa al espacio de Juan Grabois en la Cámara de Diputados

La administración nacional también destacó que el proyecto de Presupuesto 2027 había incluido aumentos en las partidas destinadas al sistema universitario, que consideraba alineados con la normativa vigente. Ese argumento formaba parte de la posición oficial frente a los reclamos presupuestarios y salariales de las universidades, que cuestionaban los recursos asignados y exigían la aplicación integral de la ley.

El conflicto judicial había sumado un nuevo capítulo el 6 de octubre, cuando el juez federal Martín Cormick declaró inconstitucional una cláusula del decreto 759/2025, mediante la cual el Ejecutivo había condicionado la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario a la definición de sus fuentes de financiamiento. El magistrado ordenó avanzar con su implementación inmediata y el Gobierno apeló la resolución.

La protesta ocurrió además en vísperas de la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para el 15 de octubre. En el Ministerio de Capital Humano interpretaron la ocupación como una acción de contenido político vinculada con esa movilización. La denuncia contra Hagman y las otras cuatro personas abrió así un nuevo frente judicial en medio de la disputa entre la administración nacional, los dirigentes opositores y el movimiento estudiantil.

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Iniciativas populares: lanzan una plataforma digital que permite verificar la autenticidad de las firmas

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La Cámara Nacional Electoral (CNE) lanzó una plataforma digital encaminada reunir adhesiones para iniciativas legislativas populares, donde se colectarán apoyos ciudadanos mediante una firma electrónica.

La nueva herramienta, creada por una acordada de la CNE, estará disponible para cualquier persona, agrupación política u organización de la sociedad civil que promueva una iniciativa legislativa popular y funcionará de manera complementaria a la recolección de firmas en papel en apoyo de esa propuesta.

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La decisión se adopta luego de la experiencia piloto autorizada por el tribunal en mayo de 2026. Las verificaciones realizadas permitieron comprobar la viabilidad técnica de vincular de manera segura la identidad de cada firmante con el documento firmado, así como garantizar la autenticidad de las firmas, la integridad de los documentos y la preservación de los datos personales.

La plataforma será administrada, mantenida y operada por la propia Cámara Nacional Electoral, a través de su Oficina de Coordinación General de Sistemas Informáticos Electorales, que también realizará el seguimiento técnico y el control periódico de los estándares de seguridad y autenticidad.

Los promotores de una iniciativa que quieran utilizarla deberán solicitar previamente su habilitación, sin costo alguno. La implementación de esta herramienta busca facilitar la participación ciudadana y modernizar el procedimiento de iniciativa popular, manteniendo las garantías de autenticidad y verificación previstas por la legislación vigente.

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La decisión fue firmada por los camaristas Alberto Ricardo Dalla Via, Santiago Hernán Corcuera y Daniel Bejas.

La idea es facilitar lo que establece la ley 24.747, reglamentaria de esa modalidad de participación ciudadana, que establece como condición para la presentación de iniciativas populares, la recolección de firmas de “un número de ciudadanos no inferior al 1,5% del padrón electoral utilizado para la última elección de diputados nacionales”, representativas de por lo menos seis distritos electorales.

La ley encomienda a la Justicia nacional electoral verificar la autenticidad de las firmas en un plazo no mayor a 20 días.

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La Cámara de Casación declaró prescripta una causa contra Petrobras por supuestos balances falsos

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La Cámara Federal de Casación Penal declaró prescripta por el paso del tiempo una causa contra la empresa Petrobras y sus directivos que estaban acusados por supuestos balances falsos y el ofrecimiento de acciones de manera supuestamente fraudulenta.

La Sala III del tribunal, integrada por los jueces Carlos Mahiques, Mariano Borinsky y Guillermo Yacobucci, confirmó por unanimidad la resolución de la Cámara en lo Penal Económico que había dispuesto, al igual que el juez de primera instancia, el sobreseimiento.

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La decisión afecta a la firma Petróleo Brasileiro SA, más conocida como Petrobras, y a algunas de sus autoridades.

Los jueces rechazaron en forma unánime el recurso de casación que había interpuesto el representante de Consumidores Financieros Asociación Civil para su Defensa, que era querellante en el caso.

En esta causa se investiga la oferta pública de acciones ordinarias y acciones preferidas de Petroleo Brasileiro SA que se habría efectuado en el mercado de capitales nacional, entre 2006 y diciembre de 2014.

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Allí presuntamente había afirmado, según la querella, circunstancias falsas al público inversor, consistentes en la tenencia de activos fijos por un valor supuestamente superior al real, a través de la consignación de datos de los balances de la empresa, supuestamente apócrifos.

La presunta maniobra habría consistido en que los estados contables presentados ante la Comisión Nacional de Valores habrían exhibido una sobrevaluación del rubro del activo denominado “propiedad, planta y equipo”.

Se habrían computado como costos de aquellos los sobreprecios o gastos adicionales pagados a contratistas y proveedores, con lo que aparecía distorsionada la imagen económica de la empresa frente a los accionistas y el público inversor.

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Las conductas objeto del proceso habían sido calificadas como constitutivas de los supuestos delitos de ofrecimiento fraudulento de valores negociables y consignación de datos falsos en los balances contables, cuya pena máxima es de 6 años de prisión, que es el límite temporal que se analizó a los fines de la prescripción.

El 17 de abril de 2019 el Juzgado Penal Económico 2 había dispuesto la citación a prestar declaración indagatoria de la firma y algunas autoridades.

Posteriormente se dictaron los autos de procesamiento de Silvia Foster de Barbassa y Petróleo Brasileiro SA y, de otro lado, fueron sobreseídos José Alcides Santoro Martins, José Carlos Cosenza, Ronaldo Batista Assuncao, José Antonio de Fuguiredo, José Miranda Fomigli Filho, Iván de Souza Monteiro, Roberto Motro, Jorge Celestino Ramos, Alberto Da Fonseca Guimaraes y Raúl Adalberto de Campos. Posteriormente fue sobreseído Mauro Gentile Rodrigues da Cunha en 2024.

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Petrobras, la empresa de energía más grande de BrasilEraldo Peres – AP

La defensa de Foster de Barbassa y Petroleo Brasileiro apelaron y, en 2025, la Sala A de la Cámara en lo Penal Económico revocó los procesamientos.

Consideró que las decisiones eran prematuras y que no se había acreditado el delito ni se había completado la investigación sobre la idoneidad de los programas de control interno, y encomendó profundizar la investigación.

Previo a que la Cámara revocara los procesamientos y durante la tramitación de los recursos de apelación, el juzgado había dado intervención a los querellantes que habían requerido elevar el caso a juicio.

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Sin embargo, en el caso se consideró que ese pedido no interrumpió la prescripción, porque la Cámara Penal Económico revocó los procesamientos.

Por ello, el 3 de septiembre de 2025 el Juzgado Penal Económico 2 declaró extinguidas las acciones penales contra Petróleo Brasileiro SA y todas las autoridades denunciadas.

Dijo que el plazo de prescripción aplicable era de seis años, correspondiente al máximo de la escala penal mayor prevista por los tipos penales involucrados y que ya se había cumplido.

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Si bien el curso de la prescripción se interrumpió el 17 de abril de 2019 con el llamado a prestar declaración indagatoria de los imputados, desde aquel acto hasta la actualidad transcurrió el plazo máximo de 6 años.

La decisión del juez de primera instancia fue confirmada por la Sala A de la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico y ahora por los jueces de Casación, que intervinieron ante el recurso de los querellantes, Consumidores Financieros.

El juez Carlos Mahiques consideró que lo resuelto en la Cámara Penal Económico se encontraba debidamente fundamentado.

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Entendió que no corresponde considerar aquí la imprescriptibilidad de los casos de corrupción, pues los tratados internacionales suscriptos por nuestro país en punto a la corrupción no habilitan por sí mismos a considerar imprescriptibles maniobras que se puedan vincular ya sea directa o indirectamente con ese fenómeno.

El camarista Carlos Mahiques

Ricardo Pristupluk

Finalmente, y frente a los reclamos de la parte querellante sobre supuestas dilaciones atribuidas a las defensas, Mahiques explicó que la extinción de la acción penal es de orden público y se produce de pleno derecho por el transcurso del tiempo.

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En un voto concurrente, el juez Borinsky comenzó recordando que, para computar el término de la prescripción de la acción en un proceso penal, debe estarse a la pena del delito más severamente reprimido de los atribuidos al imputado y a la posible calificación más gravosa.

Destacó que la penalidad máxima para los delitos atribuidos era de 6 años de prisión y que, teniendo en cuenta que el único acto interruptivo del curso de la prescripción fue el llamado a indagatoria del 17 de abril de 2019, transcurrió el plazo correspondiente.

Destacó asimismo que las referencias de la querella al delito de lavado de activos o a un delito continuado más allá de la fecha de cese fijada en autos, esgrimidas sin fundamentos ni pruebas que las avalen y al solo efecto de mantener vigente la acción penal, no encontraban sustento en alguna de las constancias de la causa.

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Por otra parte, Borinsky coincidió con el juez Mahiques en que el requerimiento de elevación a juicio presentado por la querella no tiene capacidad para interrumpir el curso de la prescripción, pues esta pieza fue presentada antes de que la Cámara Penal Económico revocara los procesamientos de los imputados.

Por su parte, el doctor Yacobucci compartió los argumentos de sus colegas y acompañó el rechazo del recurso de casación de la querella.




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